La estatua de la inmoralidad
01/05/2014
- Opinión
Hablando de etiquetas engañosas... el Seguro Social es la mayor falsedad. No es social ni seguro... Es un programa que impone malos impuestos para proveer beneficios injustos. Milton Friedman
Concluir mi primer video-documental relacionado al complejo tema de la reforma migratoria, en el controversial país donde la inmoralidad, más que la libertad, es representada por una estatua, la acumulación y el consumo compulsivo, me ha puesto en la no menos compleja situación de continuar en este enmarañado tópico de índole socio-político-económico y jurídico . El costo psico-emocional-económico abordado en el documental Unfreedom: Latino Immigrants in a Midwestern Town (Sin Libertad: Inmigrantes Latinos en una ciudad del Medio Oeste, 2014)[1], estrenado en la ciudad universitaria de Bloomington, estado de Indiana (EE.UU), es parte del enorme mosaico caótico en la cual se encuentran millones de personas indocumentadas en los EEUU. Separaciones familiares, detenciones extrajudiciales, deportaciones masivas, inescrupulosas fianzas que van desde los $2000 hasta los $15000 o $20000, explotación laboral y cobro de impuestos de personas sin autorización de trabajo, entre otros vejámenes es muestra de la institucionalizada violación de los derechos laborales y humanos muestra de la ruptura del sistema.
Cuestiones de fondo. ¿Será el cobro de impuestos a personas “in-autorizadas” o “indocumentadas” (illegal alien) un crimen sistemático e institucionalizadamente deliberado, tipificado por los mismos estándares jurídicos de los EEUU, en clara violación de los derechos civiles registrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y demás convenciones internacionales? ¿En qué consiste este fenómeno económico el cual a pesar de la recaudación de impuestos a personas “in-autorizadas” o “indocumentadas” no es tipificado como acto ilegal, crimen federal o actividad inmoral? ¿Dónde va a parar el dinero aportado por las personas indocumentadas si estas no recibirán retribución alguna debido a su status legal? ¿Existiría sanción internacional que penalice gobiernos que incautan tributaciones de personas tipificadas “in-autorizadas” o “indocumentadas”, por lo tanto trabajadores y trabajadoras fuera de toda protección laboral, a pesar que la normatividad jurídica de estos gobiernos no sancionen dichas prácticas las cuales quebrantan los derechos laborales (Organización Internacional del Trabajo, OIT), así como la libre movilidad y la libertad de residencia (Declaratoria de los Derechos Humanos art.13) ?
La gallina de los huevos de oro. Será una enmienda realizada a la Constitución de los EE.UU -en lo referente a tributación- la que cambiaría el rumbo de la captación de impuestos, nos referimos a la enmienda XVI ratificada el 3 de febrero de 1913 la cual señala: “El Congreso tendrá facultades para establecer y recaudar impuestos sobre los ingresos, sea cual fuere la fuente de que provengan (resaltado nuestro), sin prorratearlos entre los diferentes Estados y sin atender a ningún censo o recuento”.[2] La legislación originaria invalidaba al gobierno federal recaudar fondos individuales u otro tipo de impuesto directo lo cual quedó desbaratado en esta enmienda. Si existieron evasores de impuestos por ser considerados “ilegales”, con esta enmienda no importaría más su estatus legal quedando libre el camino para la aportación de impuestos, el ejercicio ilegal de actividades y la legitimización del tráfico de empleo informal.
El múltiple rasero jurídico. La calidad ética de las fuentes en cuanto a la legalidad de las aportaciones, en la XVI enmienda de 1913, quedaron suprimidas en la ratificación de 1916 cuando textualmente la procedencia de la aportación no era valor a ser considerado. El hecho de solo haber tenido en cuenta aportaciones tributarias e índole “legal” (1913) recortaba la posibilidad de captar dinero proveniente de fuentes así consideradas “ilegales” (tráfico de todo género, dinero de no residentes, informalidad laboral, etc.) Para enlazar el resultado de dicha enmienda, a casi 100 años de su promulgación, tomaré el portal “Ayuda Legal Illinois”[3] quien asesora inmigrantes indocumentados y veremos cómo se resuelve nuestra pregunta sobre la legalidad o ilegalidad del impuesto proveniente de personas con status “in-autorizado” o “indocumentado”:
“¿Los inmigrantes indocumentados tienen que pagar impuestos en los Estados Unidos?Sí. Es un crimen trabajar en los EE.UU. y no pagar impuestos sobre sus ingresos. Usted debe pagar impuestos sobre cualquier tipo de ingreso que otenga (sic) trabajando en los EE.UU., incluso si usted no está legalmente en los EE.UU. ¿Por qué debo presentar una declaración de impuestos? Usted tiene la obligación de presentar declaraciones de impuestos si usted trabaja en los EE.UU. Al presentar su declaración de impuestos usted podría calificar para que le devuelvan parte de los impuestos que le quitaron de su cheque de pago. Declarar impuestos puede ayudar con un caso de inmigración. Por ejemplo, la presentación de sus impuestos es evidencia de que usted es una persona con buen carácter moral. Mostrar un buen carácter moral es importante para convertirse en ciudadano de los EE.UU. y en otros casos de inmigración. ¿Debo reportar mis ingresos si utilicé información falsa para obtener trabajo? Sí. A pesar de que es ilegal utilizar información falsa para obtener trabajo, no hay diferencia entre el ingreso legal e ilegal para el propósito de los impuestos. Los Ingresos ilegales todavía son ingresos y se deben presentar. Usted no va a ser investigado por delitos comunes ni entregado a Inmigración por pagar ingresos ilegales. [4]
En conformidad con la deontología jurídica estadounidense, el acto de evadir impuestos deliberadamente (tax evasiónwillful) es calificado como una acción criminal de índole inmoral. De acuerdo a la clasificación de actos criminales denominados en inglés Moral Turpitude la evasión de impuestos se encuentra clasificada dentro del rango de los crímenes cometidos en contra de la autoridad gubernamental (Crimes Committed Against Governmental Authority). Por tal razón, y para institucionalizar la captación de ingresos fuera de las leyes laborales, en 1996 el Departamento del Tesoro de los EEUU (Department of the Treasury)propuso el uso del Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés) a ser usado solo para la declaración de impuestos federales (TD. 8671, 1996-1 CB314). Número de identificación que no permite obtener permiso de trabajo o residencia como lo señala el mismo formulario W-7(SP): “El número de identificación personal del contribuyente del Departamento de Comunicaciones del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) se utiliza únicamente para propósitos de los impuestos federales. No presente este formulario si tiene, o cumple los requisitos para obtener, un número de Seguro Social (SSN, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos. La obtención de un número de identificación personal del contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés) del Servicio de Impuestos Internos no cambia su condición migratoria ni su derecho de trabajar legalmente en los Estados Unidos; tampoco le da derecho al crédito por ingreso del trabajo (EIC, por sus siglas en inglés)”. Es decir que independientemente del estatus de indocumentado que la inválida de ejercer trabajo alguno, no obstante de aceptárseles documentación fraguada, se les “incauta” el dinero engrosando las arcas del fondo de pensiones (SSN) y del seguro de salud conocido como Medicare.[5]
Cabe recordar que cuando hablamos de inmigrantes “in-autorizados” o “indocumentados” nos estamos refiriendo no solo a los provenientes de América Latina o más específicamente de México. Una aproximación porcentual nos indica que los 3/4 de la población de inmigrantes “in-autorizados” (76%) son Hispanos. La mayoría de este porcentual provienen de México alcanzando alrededor las 8 millones de personas. Zonificando los flujos migratorios las personas provenientes de Asia representan un 11%, América Central 11%, Sur América (11%), Caribe (4%) y Medio Este menos del 2%.[6]
Las espadas de Damocles. Llamaré espada a cada una de las armas legales del sistema estadunidense las cuales se encargaran de demostrar por sí misma la institucionalización del crimen organizado en el cual se encuentra el régimen tributario y laboral. A partir de los atentados del 11 de septiembre del 2001 se crea el denominado Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (Department of Homeland Security, DHS). Ministerio que se encarga de proteger a los EEUU dentro y fuera de sus fronteras en especial con asuntos relacionados con ataques así denominados “terroristas”. Dicha entidad gubernamental describe una serie de actividades ilegales en tema de inmigración de las cuales citaremos las concernientes a: Departamento de Comunicaciones del Servicio de Impuestos Internos (IRS), Summary of Federal Immigration and Nationality Act Section 8 USC 1324, Reclutamiento y empleo de residentes ilegales y crímenes de impuestos.
Espada #1. La primera actividad ilegal relacionado en el tema de inmigración tiene que ver con el Servicio de Rentas Internas (IRS) el persigue a aquellos que violan deliberada e intencionalmente su deber legal conocida como la presentación voluntaria de declaraciones de impuestos y / o el pago de la cantidad correcta de los ingresos, el empleo, o los impuestos sobre consumos específicos. Como lo vimos anteriormente, es considerado delito, sea cual fuere el estatus legal, no pagar impuestos sin importar la procedencia de las aportaciones. Espada #2. La segunda actividad ilegal se refiere a tres casos los cuales son considerados “traición federal” (federal felony): Según la sección 274 sobre felonías bajo el Acto federal de Nacionalidad e Inmigración INA 274A(a) (1) (A) sostiene que las personas u organizaciones que 1. Asistan a un alíen (inmigrante) que es conocedor de su status ilegal en los EEUU o que carece de autorización laboral, por medio del transporte, alojamiento o mediante la ayuda para obtener empleo; o 2. Anime al extranjero a permanecer en los EE.UU. refiriéndolo a un empleador o actuar como empleador o agente de un empleador en cualquier forma, o 3. Asista a sabiendas a extranjeros ilegales, debido a sus convicciones personales merece o merecen a. Sanciones penales, prisión y confiscación de vehículos e inmuebles utilizados para cometer el delito, b. Cualquier persona que emplee o contrate a un extranjero ilegal, sin verificar su estado de autorización de trabajo es culpable de un delito menor, c. Los extranjeros y los empleadores que violan las leyes de inmigración están sujetos a arresto, detención e incautación de sus vehículos o bienes y d. Las personas o entidades que se dedican a las empresas que cometen el crimen organizado (o conspiran para cometer) delitos relacionados con la inmigración son objeto de demandas civiles privados de daños triplicados y desagravio por mandato judicial.
Espada #3. La tercera actividad ilegal, está relacionada en forma directa con la contratación laboral de personas que carecen de documentación. Según las especificaciones es considerado ilegal contratar a una persona extranjera sin autorización para trabajar incumpliendo los requisitos de contratación. Los requisitos de contratación incluyen examinar los documentaos de identidad y llenar el formulario I-9. La única actividad exenta de esta normativa es el servicio doméstico esporádico realizado en una casa privada. Entre otras observaciones, se considera como actividad ilegal que organizaciones sin fines de lucro o entidades religiosas ayuden a sabiendas a un empleador a violar las sanciones de empleo, independientemente de las afirmaciones de que sus convicciones les obligan a asistir a los extranjeros.
Espada #4. Interesante notar que en alusión a la Primera Enmienda constitucional de la Constitución norteamericana la cual reza: “El Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado o se prohíba practicarla libremente, o que coarte la libertad de palabra o de imprenta, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios”, la cuarta actividad ilegal señala “la acogida o la ayuda de extranjeros ilegales no está protegida por la Primera Enmienda. Se trata de un delito grave de establecer una empresa comercial con el propósito de evadir cualquier disposición de la ley federal de inmigración. Los infractores pueden ser multados o encarcelados hasta por cinco años”. La última actividad considerada ilegal con relación a la inmigración en los EE.UU se refiere al crimen sobre el pago del impuesto el cual señala a la letra: “Los empleadores que promuevan o estimulen la preparación de declaraciones de impuestos falsas al no pagar la renta o los impuestos de Seguridad Social para los trabajadores extranjeros ilegales, o que a sabiendas realizan pagos utilizando nombres o números de Seguro Social falsos, están sujetas a IRS sanciones penales y civiles. Esa por si sola se sostiene la tesis que la misma espada jurídica que señala la ilegalidad de las actividades relacionadas a la población de inmigrantes indocumentados se levanta en contra de la misma práctica asumida por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) mediante su Número de Identificación del Contribuyente (ITIN).
La situación de indocumentación, a todas luces, viola toda normativa laboral existente en relación a los trabajadores y trabajadoras inmigrantes. Normativas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como los Convenios de 1949 (núm. 97) 1975 (núm. 143) y las recomendaciones sobre trabajadores inmigrantes.[7] Los grupos humanos de mayor vulnerabilidad son explotados laboral y tributariamente ajenos a cualquier tipo de protección. Mujeres dedicadas a oficios domésticos, trabajadoras de la industria del sexo, niñas y niños víctimas de redes clandestinas, trabajadoras y trabajadores contratados con falsa documentación corren la desgracia de ser indocumentados para vivir una vida digna, pero documentados para pagar sin beneficio alguno, en pocas palabras: Indocumentados para vivir, documentados para pagar.
¿Legal o Ilegal millonaria recaudación? Según la Administración del Seguro Social (SSA en inglés) en el 2007 el fondo de impuestos había recibido de manera neta entre $120 billones (mil millones) y $240 mil millones de impuestos pagados por inmigrantes indocumentados, es decir, entre el 5,4 por ciento y el 10,7 por ciento de los fondos recibidos en esos años. Según datos del 2009 los empleadores reportaron salarios de casi $73 billones de dólares de 7,7 millones de trabajadores que no fueron identificados por su número de seguro social. En el 2010, el Instituto de Fiscalidad y Política Económica (ITEP por sus siglas en inglés) estimó que solamente Colorado recibió cerca de 115 millones de dólares en impuestos estatales y locales pagados por los hogares encabezados por inmigrantes indocumentados. Finalmente el ITEP señala que “inmigrantes in-autorizados” pagan alrededor de $10.6 billones por año ya sea en impuestos locales o estatales.[8] El reporte siguió señalando que las personas indocumentadas actualmente pagan $1.2 billones por concepto de propiedad y $8 billones por ventas y demás impuestos en general.[9]
¿Dónde va esta multimillonaria recaudación de impuestos? Dinero que dicho sea de paso pasan a ocupar estándares de beneficios sociales que las personas indocumentadas no reciben como el fondo de pensiones (Social Security) o Medicare (sistema de salud dedicado principalmente a los jubilados mayores de 65 años). Todo indica que esta cuantiosa cantidad de dinero se encuentra en el denominado “archivo de ganancias suspendidas” que vendrían a ser todas aquellos impuestos no coinciden con el nombre y número del seguro social del trabajador.
Deportación, método de incautación financiera. ¿Y qué del dinero de aquellos que aportaron sus impuestos y son diariamente deportados? Jugando con las estadísticas, en lo que va del 2014 (del 1 de octubre del 2013 al 8 de marzo de este año), la oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE, por sus siglas en inglés) deportó a 129.361 indocumentados. En el 2009, el primero del mandato de Obama, alcanzó los 389.834; en 2010 se registraron 392.862; en 2011 se contaron 396.906; en 2012 la cifra subió a 409.849; y en 2013 bajó ligeramente a 368.644. El total de deportados en los primeros cinco años fiscales (2009-2013) suman 2.087.456 deportados. Según el DHS señala que el 60 por ciento de los deportados tenía antecedentes criminales y el 40 por ciento no tenía faltas, excepto no tener permiso de estadía legal en el país. Especialistas indican que la permanencia indocumentada en Estados Unidos sigue siendo una falta de carácter civil no criminal. El promedio de personas deportadas diariamente son 1.220[10], lo equivale a unas 50 personas por hora.
¿Teología metodista de la deportación o del lucro? Cual habrá sido nuestra sorpresa cuando nos dimos por enterados del método de deportación usado por hospitales metodistas en los EE.UU. El 8 de mayo de 2013, la Coordinación de Comunicación Social del Partido del Trabajo de México presentó un Comunicado de Prensa. La vocera, senadora Ana Gabriela Guevara, Presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios realizó severas denuncias en la cual informo que en los últimos cinco años han sido deportados un promedio de 600 casos de inmigrantes en contra de voluntad por razones médicas.[11] El proceso denominado “repatriación medica” consiste en colocar a los pacientes, mayormente en estado de coma, al interior del avión y repatriarlo a su país de origen. Los costos son asumidos por los hospitales remitentes. Al ser preguntada una vocera del Departamento de Inmigración y Aduanas de los EE.UU señaló que su departamento: “no tiene ningún papel en la decisión de cualquier entidad de salud de transferir de manera privada a pacientes a su país de origen…, (estas deportaciones) no son el resultado de una orden o acción federal.” Repatriaciones ejecutadas, como por ejemplo, por el Centro Médico Metodista de Iowa en Des Moines quienes deportaron a dos ciudadanos mexicanos en el 2008 quienes se encontraban en estado de coma. Al preguntársele a la administradora Jan Stipe del Hospital Iowa sostuvo que el objetivo de las repatriaciones es: “llevar a los pacientes a donde están sus redes de apoyo, donde sus seres queridos, la gente que les dará el cuidado y atención que necesitan". [12] La pregunta inmediata es sobre los códigos éticos que rigen el comportamiento de un centro de salud, más aun de índole religiosa. Este Hospital Metodista en donde seguramente cumplen rigurosamente con horarios religiosos de lectura bíblica, oraciones y evangelización, contraviniendo todo principio de fe y ético basado en las tradiciones bíblicas deporta, sin su consentimiento, a personas en estado de severa gravedad.
Alzheimer histórico. Después de este rápido escaneo por una de las situaciones más sensibles de millones de personas es evidente que las personas responsables de que la Reforma Migratoria continúe bloqueada no entienden que ellos y ellas mismas son resultado de movimientos migratorios provenientes de Europa a partir del siglo XVII en el famoso barco Mayflower (Flor de Mayo) que en 1620 surco mares desde las costas inglesas. Queda claro que las empresas penitenciarias, las cuales cobran del gobierno federal por cada día que los detenidos ocupen sus celdas. Estas redes privadas de detención serian unas de las principales entidades perjudicadas si prospera el proyecto de ley S. 744 de la Reforma Migratoria, así como las redes dentro y fuera de los EE.UU encargadas de traficar con la comercialización de personas indocumentadas. Miles de familias quebrantadas diariamente, separadas de sus familiares y sin poder ir a sus países con la seguridad de poder regresar, obligaciones tributarias aportando al fondo de pensiones (Social Security) y Medicare, servicios que no verán nunca más al haber sido deportados, mediocres reformas donde los estudiantes indocumentados son tratados como estudiantes internacionales siendo obligados a pagar estratosféricas sumas de dinero sin poder acceder a becas federales.
En fin, movilizaciones y pronunciamientos como el de los 750 internos del centro detención de inmigrantes de Northwest, en Tacoma, Washington los cuales iniciaron el 6 de marzo una huelga de hambre o el de la Acción Nacional del Pueblo (National People's Action), una red de 30 organizaciones comunitarias en 17 estados, y de la Alianza Nacional de Trabajadores Domésticas, o el documental Unfreedom: Latinos Immigrants in a Midwestern Town (Sin Libertad: Inmigrantes Latinos en una ciudad del Medio Oeste, 2014) se unen diariamente al concierto de voces que claman por justicia para millones de personas excluidas de su justa residencia y movilidad como los señalan el art 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: (a)Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. (b)Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. La Organización Internacional del Trabajo debería ser uno de los entes, así como la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas (CIJ), quienes propongan severas sanciones contra el sistema laboral norteamericano, así como de otros contextos geopolíticos, que impunemente infrinjan los derechos laborales y humanos protegidos por todas la convenciones internacionales.
Finalmente, le concedemos la palabra a Karl Marx: “El capital, que tiene ‘tantas y tan fundadas razones’ para negar las torturas de la generación trabajadora que le rodea, no se siente contenido en sus movimientos prácticos ante la perspectiva de que la humanidad llegue un día a pudrirse, ni ante la curva de despoblación que a la postre nadie podrá detener; todo esto le tiene tan sin cuidado como la posibilidad de que la tierra llegue un día a estrellarse contra el sol. Todos los que especulan con acciones saben que algún día tendrá que estallar la tormenta, pero todos confían en que estallará sobre la cabeza del vecino, después que ellos hayan recogido y puesto a buen recaudo la lluvia de oro”. (El Capital, Hamburgo 1867)
[2] “The Congress shall have power to lay and collect taxes on incomes, from whatever source derived, without apportionment among the several States, and without regard to any census or enumeration”.
[3] Fuente: http://www.ayudalegalil.org
[4]Subrayado nuestro.
[5]Medicare es un programa de cobertura de seguridad social administrado por el gobierno de Estados Unidos, el cual provee atención médica a todas las personas mayores de 65 años o más jóvenes consideradas discapacitadas debido a graves problemas de salud, como cáncer, insuficiencia renal con necesidad de diálisis, etc. El programa también financia los programas de formación de médicos residentes en Estados Unidos. Medicare opera como un seguro de personas. http://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10043.pdf
[6] Fuente: www.pewhispanic.org
https://www.alainet.org/es/active/73425
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