El ¡bum! de la construcción
01/05/2014
- Opinión
En el año 2002, cuando los astutos líderes de las bandas más avezadas se dieron cuenta de que el país entero estaba en construcción, que las obras proliferaban, que los edificios se multiplicaban, incorporaron como su rubro estrella al sector Construcción, que ha crecido a un ritmo más acelerado que la propia economía del país. Desde 2004 hasta 2012, mientras el PBI nacional ha sido, en promedio, de 6,8%, en el ámbito de la construcción fue de casi el 11%. Según el INEI, en todos estos años este sector ha crecido en 128%.
La otra cara de este empacho de cifras fue que estas organizaciones criminales tuvieron la cancha expedita para sacar el máximo provecho de un sector tan informal. Una Policía en crisis existencial, un Poder Judicial laxo y un gobernante amigo fueron los ingredientes de este explosivo coctel.
La tragedia que vive Construcción desnuda, otra vez, la paradoja de nuestro país. El apabullante repunte de una actividad económica colinda con la miseria en sus círculos más próximos.
Durante la última gestión aprista, la delincuencia organizada se consolidó en un nuevo rubro mucho más rendidor y menos riesgoso. La extorsión a las empresas constructoras y la infiltración en las obras se convirtió en el delito de moda, al compás del despampanante crecimiento de la actividad inmobiliaria en nuestro país.
Las bandas osaron enfrentarse primero a las grandes empresas, a las que les cobraban hasta el 2% del costo de la obra. La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) entró a tallar contratando asesores en seguridad que les recomendaron a sus asociados una serie de medidas que han dado algunos resultados positivos.
En vista de que el piso se les empezaba a mover, la puntería de los delincuentes se enfocó en las empresas medianas y pequeñas, en los ingenieros responsables de las obras y en los propios obreros. Son centenares los empresarios que han sido extorsionados. En el año 2003 creció la violencia delincuencial en las obras de Puente Piedra y el Callao, promovida por el Cholo Jacinto, miembro de la ex banda “Los Destructores”, quien desde la cárcel monitoreaba las acciones dirigidas por su conviviente. Hace dos años, el criminal fue denunciado por el secretario general adjunto del Sindicato del Callao, base de la CGTP, Guillermo Yacila, quien fue asesinado días después.
“Antes amenazaban a los constructores, y cuando no les pagaban movilizaban entre 100 y 120 personas y atacaban la obra. Rompían todo. Esto ya no es tan frecuente en Lima. Ahora atacan vía la extorsión”, sostiene el teniente general de la Policía en retiro Víctor Gandolfo, asesor de seguridad de CAPECO.
Armados con pistolas al cinto, o lanzando disparos a diestra y siniestra, entran a marcar su territorio. Los lumpen-obreros llegan con sus bases conformadas por gente del lugar que está en los frentes de desocupados. Dicen que son del sindicato de la zona y exigen ser contratados. Su llegada causa zozobra entre los ingenieros contratistas y los maestros de obra. El trabajo de inteligencia que realizan es de primera: se acercan al Municipio y averiguan el valor calculado de la obra, haciéndose pasar por representantes de los frentes de desocupados. “Investigan la vida del ingeniero, lo llaman para amenazarlo y presionarlo. Le piden un porcentaje del costo de la obra y cupos de trabajo”, manifiesta Luis Villanueva, secretario de Organización de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú, base de la CGTP.
Las bandas utilizan la fachada del sindicato para negociar puestos de trabajo para su gente, que debe pagarles semanalmente una cuota sindical de 20 soles, o comprarles tickets de polladas para mantener a sus líderes en la cárcel. Por medio de las amenazas sus delegados van presionando hasta que logran que se contrate a un número considerable de los suyos. De esa manera controlan los comités de obra, que se encargan de la contratación del personal. También distribuyen a los “chalecos” (su seguridad armada) para que “cuide” la obra. Cuando se llega a esa situación, en la jerga de Construcción Civil se dice que la obra ha sido “secuestrada”. Los sindicatos de fachada se reparten el territorio y suelen armar combates callejeros cuando uno pone el pie fuera de su frontera. O cuando no llegan a acuerdos al repartirse el dinero.
Luis Villanueva sostiene que su gremio estuvo aguantando la arremetida de estos lumpen-sindicatos hasta que se vieron desbordados cuando los sicarios contratados por los líderes de las bandas delincuenciales comenzaron a eliminar selectivamente a varios de sus principales dirigentes, ya sea porque se les enfrentaron o porque no los pudieron comprar. Hasta el momento, son 9 los dirigentes que ocupaban cargos importantes como secretarios de Organización o secretarios generales de sindicatos de construcción afiliados a la CGTP, que han sido asesinados en el Callao y en las provincias cercanas a Lima entre los años 2011 y 2013. La misma han corrido 41 obreros afiliados a los gremios de la Federación.
II. Dos extraños aliados
Carlos Marx no lo hubiera soñado ni en sus peores pesadillas. Tampoco Mario Huamán hace solo algunos años. Que una central “comunista” marche por la paz de la mano del principal gremio de empresarios de la construcción parece una alucinada de la mala. Antes, hablar de buenas relaciones entre la CGTP y los empresarios hubiera sido literatura fantástica. La magia ha sido posible a partir de esta serie de acontecimientos trágicos.
El gremio de Construcción Civil siempre fue el de los revoltosos, el de los rudos, el de los violentos que rompían lunas en las marchas, el de los intolerantes a la hora de negociar los pliegos de reclamos. La incomodidad y la desconfianza mutua han dado paso a una alianza que se está manteniendo debido a que cada una de las partes está siendo duramente golpeada.
Antes se sabía quién era quién y, mal que bien, aunque se miraran de reojo, la convivencia pacífica funcionaba. En Lima, por ejemplo, solo existían dos sindicatos: el de los Trabajadores de Construcción Civil de Lima y Balnearios, y el de los Balnearios del Sur, ambos afiliados a la Federación, base de la CGTP, que tenía una capacidad organizativa y una convocatoria que llenaba de envidia a la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), una histórica central de filiación aprista. En los buenos tiempos del sindicalismo le disputaba espacios —como el gremio de transportistas— a la CGTP vinculada al Partido Comunista - Unidad, aunque su número de afiliados siempre fue minoritario en comparación con la organización de Mario Huamán.
Los malos tiempos del sindicalismo empezaron con la progresiva disminución de los gremios. La privatización que impuso el gobierno de Fujimori estuvo acompañada de un régimen laboral avasallador. El recorte de los derechos laborales llegó hasta la desaparición de los sindicatos. Muchas empresas se sintieron envalentonadas por el aval del gobierno y prohibieron que sus trabajadores se asociaran.
Los nuevos tiempos del sindicalismo, acorde con su debilitamiento y precariedad, incorporan al lumpen a sus filas. Según datos del Ministerio de Trabajo, la cifra más alta de trabajadores formales en obra ha sido de 189 mil. Para el INEI, los que trabajan en ese sector son 940 mil, lo que demuestra que la informalidad se ha multiplicado. A pesar de que la Federación ha perdido fuerza, hay 120 mil trabajadores afiliados a sus 160 sindicatos a escala nacional.
El asesor en seguridad de CAPECO hace un claro deslinde entre los lumpen-sindicatos y las bases de la CGTP: “Nada tienen que ver con ellos. La CGTP hace esfuerzos por identificar a esta gente infiltrada y están en una lucha constante contra ellos”, aclara.
Cuando los asociados de la Cámara inician una obra, coordinan con la Federación y realizan algunas acciones conjuntas. Deciden la contratación del personal y la constitución del Comité de Obra. Ambos tienen buena relación con la División de Protección de Obras Civiles de la PNP (Divproc), creada en Lima en 2010 y que, desde ese año hasta el 2013, ha realizado 1385 operativos en los que ha intervenido a 8273 personas y desarticulado a 109 bandas. En lo que va de este año ha ejecutado 200 intervenciones y ha desarticulado 2 bandas.
CAPECO ha firmado un convenio con esa entidad policial por el cual recibe apoyo logístico. “Si el afiliado es extorsionado y se niega a pagar generalmente nos avisa, y comenzamos el operativo de inteligencia y policial a través de la Divproc”, manifiesta Gandolfo.
Hace cuatro años, en un Directorio CAPECO aprobó la directiva de no pagar cupos. “Si un empresario se deja extorsionar se convierte en caserito. Así pase a otro sector, lo van a perseguir para seguir extorsionándolo”, añade. Lo que el asesor no puede asegurar es que la directiva se cumpla al 100%. Lo que sabe a ciencia cierta es que las empresas medianas y pequeñas no denuncian las extorsiones.
Pero, a pesar de estos esfuerzos, la multiplicación de las bandas es imparable. Ambas, CAPECO y la CGTP, sostienen que los delincuentes capturados por la Divproc suelen ser liberados porque no existe una política interconectada entre la PNP, la Fiscalía y el Poder Judicial. Demandan que se formen fiscalías especializadas en crimen organizado. Según Gandolfo, la aplicación del nuevo Código Procesal Penal está interfiriendo en la eficacia de la Policía. Afirma: “Ahora que el fiscal es el responsable de la investigación, pone trabas. Si evalúa que será muy trabajoso denunciar, no lo hace. El año pasado fueron liberados 9 extorsionadores a los que se les encontró con armamento de guerra. El fiscal a veces ni se aparece, y el detenido es liberado luego de 24 horas, así se le haya capturado en flagrante delito”.
Desde el año 2008 a la fecha, el Ministerio de Trabajo ha otorgado el registro de sindicalización a 49 seudosindicatos solo en Lima. “No han seguido el trámite regular, sino que han sido legalizados a través de registros automáticos. Otros delincuentes actúan por su cuenta sin haberse constituido como sindicatos”, precisa Villanueva.
Estas supuestas organizaciones sindicales son conformadas principalmente por excarcelados y desocupados que se prestan para chantajear, extorsionar y dañar las obras donde trabajan obreros de Construcción Civil con años de experiencia en el oficio.
Uno de los casos más escandalosos ocurrió en la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Piura, que hace tres meses aprobó la inscripción del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil del sector noroeste del distrito de Castilla, cuyo secretario general es Dennis Cruz Cruz, y el secretario general adjunto es Jhonathan Febres, el primero líder de la banda “La Gran Cruz”, y el segundo su lugarteniente, detenidos a fines de enero de este año.
¿Qué fue de los tiempos de la mano de obra calificada, de los expertos en encofrados y en acabados, en los que los obreros operativos se capacitaban en Sencico, y los técnicos de mando medio salían de los institutos tecnológicos después de varios años de carrera?
"A pesar de que se estaban matando dirigentes y la CGTP denunciaba a los cuatro vientos su tragedia, desde el Ejecutivo no se hizo nada significativo para atacar este problema de manera integral"
III. Los ahijados
Esta “política laboral” se inicia durante la segunda parte del gobierno aprista, y no fue parte de una corriente de democratización sindical.
Cuando Vicente Aponte convocó a sus recién estrenados sindicalistas para decirles que el presidente García lo había llamado para expresarle personalmente su apoyo, algunos creyeron que se trataba de otro acto demagógico.
Los hechos que siguieron demostrarían que esta vez el gran líder no estaba hablando en balde. El respaldo fue consistente y trágico: el 2008 Aponte, Dolmos y Roncagliolo tuvieron una reunión con el presidente García en Palacio para ponerse de acuerdo en algunas acciones contra la Federación de Construcción Civil de la CGTP.
Hay un audio del 8 de septiembre del 2008 en el que se escucha a Aponte relatándoles a sus bases el encuentro. (La conversación con el entonces presidente no está registrada.) Según éste, mientras lo saludaba, un sonriente García le dijo: “Así que usted es el terrible Aponte”.
Lo de “terrible” nace de una historia que no justifica para nada la sonrisa y la camaradería de García. Un año antes, en mayo del 2007, el dirigente había sido detenido por la Policía con armas de fuego. Se le acusó de estar extorsionando a los constructores en el balneario de Naplo. La República informó el 17 de mayo de 2007: “Vicente Aponte tenía 18 denuncias de la Policía Nacional ante el Ministerio Público que datan desde el 2002, con orden de captura. Debido a ello, las autoridades decidieron intervenirlo. En el momento de la detención, los agentes hallaron en poder del controvertido y polémico ex secretario general del Sindicato de Construcción Civil de Lima y Balnearios dos pistolas automáticas de 9 milímetros y una escopeta de retrocarga”. Un año después estaba sentado a la diestra del mandatario, según la versión que no ha sido desmentida por García.
“Todas estas personas tienen antecedentes delincuenciales. García les dijo que iba a dar una directiva para que las empresas públicas trabajen con sus sindicatos de Construcción”, afirma el dirigente de la CGTP Luis Villanueva. Pero en este caso Dios no siempre es omnipotente. Las mafias no pudieron entrar en todas las obras estatales. En el caso del Tren Eléctrico, la empresa Graña y Montero averiguó qué trabajadores le querían imponer y no aceptó, pues ya tenía referencias de sus prontuarios.
Villanueva ratifica que Aponte estuvo afiliado a la Federación en el Sindicato de Lima. “Nosotros lo expulsamos porque el año 2006 recibimos denuncias de empresarios. En su calidad de secretario general del sindicato de Lima presionaba a las empresas para que le den dinero. Después que sale se une a estos grupos, y el 2008 tiene su reunión con García”, refiere.
Éste no ha sido el único caso en el que delincuentes, bajo el paraguas de dirigentes sindicales, han sido vinculados con el partido de la estrella. En el año 2012 Carlos Alberto Roncagliolo era el vicepresidente de la Confederación de Trabajadores del Perú y secretario general de un sindicato de construcción civil de Lima Norte. Compartía sus dos cargos sindicales con el liderazgo en una organización criminal. Su chapa en el mundo del hampa era Colchón. El compañero Roncagliolo había sido uno de los miles de beneficiados por los megaindultos del presidente García.
El 7 de agosto del año pasado fue capturado luego de una minuciosa investigación policial realizada a partir de la denuncia de Abengoa Perú, una empresa de construcción e ingeniería que decidió enfrentar las constantes extorsiones de Roncagliolo y su banda.
El 10 de marzo del 2012 la Policía capturó a otra banda que se dedicaba a cobrar cupos a los empresarios y a los trabajadores en Villa El Salvador, y que se había infiltrado en obras públicas como la construcción del hospital de ese distrito. El jefe de la banda era Augusto Ramos Dolmos, quien a su vez era el secretario general de la Nueva Federación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil, que en realidad no tenía nada de federación, ni de trabajadores, ni de construcción, pero si estaba adscrita a la CTP. Junto con las armas y municiones se encontraron sus respectivos carnés de afiliación. Lo que no logró la CTP ni en sus tiempos de oro durante el primer gobierno de García —ser la sombra de la CGTP— lo quiso conseguir a la fuerza, a las malas y a las balas, durante su segundo mandato.
El mismo año 2008 Alan García se reunió con empresarios de Construcción y uno de ellos denunció que un tal Dolmos lo estaba extorsionando en las obras de Plaza Lima Norte. Cuentan que García le ordenó a Grijalba, el secretario general de la CTP, que sacara a Dolmos de ese lugar. ¿Fue así como llegó Augusto Ramos Dolmos al cono sur? Años atrás el Cholo Dolmos, tal como se le conoce entre los presos, había estado vinculado al MRTA, siempre en el rubro de las extorsiones.
Este dato tampoco pareció importarle a Mauricio Mulder, quien hizo de nexo para la reunión entre los seudosindicalistas y el ex presidente García, según él mismo reconoció a La República.
En el audio famoso, Vicente Aponte les dice a las masas apristas que tienen necesidad de vincularse con un nuevo sector de dirigentes que carece de ideología y al que es necesario ganar: “Ya no son dirigentes sindicales con formación ideológica y política; ahora hay otros dirigentes que están compitiendo con nosotros y a quienes hay que saber ganar”. (Ese nuevo sector al que hace alusión tiene un vasto prontuario delictivo, empezando por el orador.)
“La reunión que he sostenido con el presidente de la república es un espaldarazo a nuestro glorioso sindicato —continúa—; un reconocimiento expreso de que este sindicato existe y se está ganando el reconocimiento no solo de los funcionarios del gobierno sino de la opinión pública. A pesar de los ataques, está avanzando”.
A partir de entonces, y durante todo el gobierno aprista, las bandas criminales que usaban a los sindicatos de Construcción como coartada crecieron exponencialmente. Y las veces en que sus cabecillas fueron detenidos en flagrante delito, tuvieron la “buena estrella” de ser liberados al poco tiempo, o ser favorecidos con alguno de esos famosos megaindultos, como en el caso de Roncagliolo.
Sin embargo, para ser justos con el Partido Aprista y con la política peruana, éste no fue el único partido que cobijó a los delincuentes de la Construcción. Roncagliolo estuvo bailando con Lourdes en las últimas elecciones, y Aponte candidateó el 2006 por el Frente de Centro al lado de gente de Acción Popular y Somos Perú.
IV. Bandas norteñas
Luego de 12 años la fiebre de la construcción es imparable y seguirá en ascenso. Los proyectos corporativos de torres de cristal templado para oficinas premium que cuentan con helipuertos son una realidad en zonas como Surco. La mira de las bandas sigue enfocada en ese sector. Solo que si bien la violencia está aparentemente controlada en los distritos más prósperos de la capital, sigue golpeando con fuerza en la periferia de Lima y sobre todo en provincias.
Los delincuentes están migrando fuera de Lima, hacia donde no existe una voluntad estatal que promueva la presencia descentralizada de la Divproc. En los distritos de menores recursos los delincuentes no les hacen asco a las obras pequeñas y tampoco discriminan entre pueblos jóvenes y urbanizaciones populares. El negocio es redondo. Viejo Paco, el terror de Chiclayo, al momento de ser capturado había amasado una fortuna de 50 millones de soles y comprado 6 empresas de transporte.
Ángel León Arévalo, alias Viejo Paco, capturado el año pasado, es el líder de “La Gran Familia” y el principal extorsionador de las obras de construcción en el departamento de Lambayeque, que crece a pasos agigantados y de manera caótica. Dividió el territorio por sectores —José Leonardo Ortiz, Pomalca y anexos, Lambayeque, la zona sur, las urbanizaciones— y se las asignó a sus secuaces que cobraban los cupos, luego de amenazar de muerte y agredir físicamente a los ingenieros responsables de las obras.
La infiltración de delincuentes que fungen de obreros de Construcción Civil es alarmante. Según los informes de la Policía de la zona, 9 delincuentes, entre ellos Mostro Tiravanti, Narizón Iván, Lázaro, Pajita, Boquitas y Chete tuvieron a su cargo las obras de ampliación del centro comercial Real Plaza, las tiendas Oechsle y Tottus, y el saneamiento básico de la residencial El Jockey. En el populoso distrito de Leonardo Ortiz, 6 lúmpenes eran los encargados de cobrar los cupos de las obras de saneamiento, desagüe y postes de alumbrado del pueblo joven Villa Hermosa. Ni el asilo de ancianos de la urbanización Carlos Stein fue exonerado.
En agosto del 2012, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Chiclayo, base de la CGTP, Rubén Soberón Estela, fue asesinado por unos sicarios. Todas las miradas apuntan a “La Gran Familia”.
No queda un solo hueco libre en ese territorio norteño. Otra banda que fue desbaratada es “El Nuevo Clan del Norte”, liderada desde la prisión por Juan Carlos Vásquez Clavijo, que operaba en las zonas que “La Gran Familia” no ocupaba. Cinco peligrosos maleantes y más de una docena de policías que formaban parte de esa organización han sido capturados. La banda controlaba las canteras de grava, hormigón, piedras y arena de Ferreñafe.
Cuando todo indicaba que su accionar había sido breve, a principios de este año se comprobó que ambas bandas siguen en actividad: se han unido para asfixiar a los transportistas que trasladan el material de las canteras a las construcciones, a los que han vuelto a cobrarles cupos. Han tomado posesión de la garita de control y les cobran 10 soles por carga.
Más al norte, a fines de enero de este año, fue capturado Dennis Cruz Cruz, un fornido piurano de rostro relleno al que apodan Cara de Bola, cabecilla de la banda “La Gran Cruz”. La Policía capturó a varios dirigentes de Construcción Civil a los que investigaron por extorsión, tráfico de tierras y otros delitos. Ellos eran Dennis Cruz Cruz, Héctor Pacheco, Jhonatan Febres y 9 más, entre los que figuraban 2 mayores de la PNP.
Cruz Cruz formó su sindicato con todas las de la ley. Solicitó pertenecer al gremio, tal como lo confirmó el Sindicato Unificado de Construcción Civil de Piura. No lo conocían, pero un pedido de afiliación es generalmente bienvenido en estos tiempos de vacas flacas. En una asamblea regional se aceptó su solicitud. Contaba con los registros correspondientes, incluyendo su inscripción en el Ministerio de Trabajo (registro 24062-2013-GRP-DRTPE-DPSC). La sorpresa fue grande cuando Dennis comenzó a hacer de las suyas. No lo expulsaron a tiempo, y solo cuando el extorsionador fue capturado salieron a deslindar responsabilidades.
V. Atados de manos
Luego del cambio de gobierno, la nueva gestión se encontró con una papa caliente: una incontrolable escalada de violencia en Construcción Civil. El Ministerio de Trabajo, lejos de haber planteado medidas que ayudaran a mejorar la situación, había autorizado sindicatos al por mayor que, en muchos casos, eran solo la cobertura legal de las bandas que estaban sembrando el caos.
Hablan las cifras: entre el año 2004 y 2005, tiempo en que empieza a gestarse esta violencia producto del boom inmobiliario, no se registra ningún sindicato nuevo. El año 2006 se recibió la inscripción de uno. El 2007, año en el que las bandas se concentran en esta modalidad de crimen, se autorizan cuatro sindicatos y una federación. A partir de esa fecha empezó el festín de los registros. Al final del mandato de García se llegó a autorizar 49 asociaciones gremiales entre sindicatos y federaciones, solo en Lima. Todo un récord. También se superaron las marcas de violencia y destrucción en las obras.
Como consecuencia de las constantes denuncias que la CGTP y CAPECO hacían sobre el accionar de las bandas, la PCM decidió crear una comisión multisectorial cuya misión consiste en encontrar una solución a la violencia delincuencial en las obras. El equipo, capitaneado por el Ministerio de Trabajo e integrado por los sectores de Vivienda e Interior y por los gobiernos regionales, ha elaborado un informe que revela el desinterés que existió por este tema durante el mandato de García: “Ausencia de estadísticas o información actualizada y centralizada sobre el número de trabajadores, número de obras, ubicación de las obras, el número de organizaciones sindicales y el nivel de representatividad de las mismas. Esta situación se presenta porque no existen registros sistematizados que contengan esta información y origina una incapacidad para ‘mapear’ adecuadamente la situación”.
¿Tanto abandono fue solo por casualidad o incompetencia? Apatía cómplice, más bien. A pesar de que se estaban matando dirigentes y la CGTP denunciaba a los cuatro vientos su tragedia, desde el Ejecutivo no se hizo nada significativo para atacar este problema de manera integral. El trabajo de la Divproc es insuficiente y ha sido entorpecida por el Ministerio Público, el Poder Judicial y el propio Ejecutivo.
A partir del informe de la comisión multisectorial, el Ministerio del Trabajo elaboró tres normas que luego se convirtieron en decretos supremos. El primero crea el Registro Único de Trabajadores de Construcción Civil, el segundo instaura normas especiales para el registro de organizaciones sindicales de construcción, como, por ejemplo, que todos sus afiliados pertenezcan al Registro Único. El tercero tiene que ver con el Registro Nacional de Obras.
Lo que se pretende con estos decretos es poner un filtro en la actividad de construcción sin vulnerar la libertad de asociación sindical, ya que uno de los principales cuestionamientos al Ministerio de Trabajo es la facilidad con que acepta la inscripción de los sindicatos.
Lo cierto es que en ese aspecto nada puede hacer el Ministerio. Si sus funcionarios se ponen muy observadores, podrían crear problemas con la Organización Internacional del Trabajo. La legislación internacional protege el derecho a la sindicalización y es muy sensible a toda acción que, por más bien intencionada que sea, la limite. Por eso no se podría prohibir la inscripción de sospechosos y expresidiarios.
El director regional de Trabajo, Gastón Remy, sostiene: “Hay una serie de personas que siendo delincuentes se inscriben en los registros y forman un sindicato. La autoridad administrativa de Trabajo es respetuosa de los derechos sindicales, que no solo están consagrados en la Constitución sino a nivel internacional, y no puede intervenir si el Poder Judicial no se ha pronunciado. Legalmente no podemos disolver o dejar sin efecto la inscripción de un sindicato”. (Solo como dato curioso: a la fecha, ningún sindicato de construcción civil ha sido cancelado por una orden judicial.)
Así la lista que presenten esté conformada en su totalidad por ex moradores de Sarita Colonia y Lurigancho, al Ministerio no le queda otra que darle luz verde, tal como corrobora el funcionario. Los requisitos para la inscripción de sindicatos son bastante elementales. Solo se necesita el acta de formación, la lista de afiliados y los estatutos. Nada que Azángaro no pueda resolver. Ya quisieran los demás trabajadores del país, sobre todo los de industrias textiles y megatiendas, que se proteja sus derechos con ese mismo celo.
¿Qué papel puede jugar entonces el Ministerio de Trabajo en este entuerto? La creación del Registro Único de Trabajadores de Construcción Civil permitirá que solo aquéllos que estén inscritos puedan pertenecer al sindicato y trabajar en el sector. Suena bien. Si el Ministerio detecta que en un sindicato hay mucha gente que ha estado vinculada con el crimen organizado, podrá brindar esta información a la Policía para que realice una labor de inteligencia o de prevención del delito.
Pero como se trata de un registro único, solamente funcionará a cabalidad cuando la inscripción finalice en todo el país, y apenas han empezado en la región San Martín. Mientras tanto, la urgencia es mucha, y la lentitud y la falta de reflejos, enormes.
Si bien el Registro Único es un buen paso, no será suficiente para solucionar el problema. Tal como hemos visto, las ramificaciones de estas bandas cubren todo el ámbito del poder y revelan que hay un gran problema social detrás. Tal como concluye el informe de la comisión multisectorial, se trata de la actividad económica más precaria: no hay necesidad de profesionalización, y la capacitación es mínima. Es el cobijo de los expresidiarios. En Construcción hay sitio para todos. Pero la magnanimidad del sector debe estar acompañada y controlada. Sin embargo, los sucesivos gobiernos hace rato que se encomendaron a la inercia del crecimiento económico, y han permitido la construcción de esta lumpenería de cemento.
Ideele Revista Nº237
https://www.alainet.org/es/active/73420
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