Impunidad: razón de estado, desprecio e ignorancia
03/06/2013
- Opinión
El Presidente de la Suprema Corte de Justicia Jorge Ruibal Pino, el juez de lentes oscuros[1], había advertido públicamente a los Fiscales en abril: “Lo que es claro es que eventualmente van a encontrar una ‘muralla’ cuando llegue el momento en que expida el Tribunal o llegue el fin del expediente penal, y tenga la posibilidad de expedirse la Corte: se va a volver a la solución de la Corte, si es que en ese momento tiene la misma integración que ahora”.
La muralla recibió el primer golpe con la recusaciónde los cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia que fallaron la inconstitucionalidad de la ley interpretativa de la Ley de Impunidad por prejuzgamiento. Desde el 11 de abril se han sumado cinco fiscales que reclamaron el apartamiento de estos ministros de once causas por violaciones a los derechos humanos.
Esta semana, después de casi dos meses, el Juez Ruibal anunció: “Soy un ministro sospechado, de falta de parcialidad. Entiendo que por razones de delicadeza y decoro tengo que apartarme de esos expedientes… Yo siempre me arrepiento cuando hablo ante la prensa. En este caso, seguramente la mitad de la opinión pública del país interpretó lo que yo no quise decir. Siempre hablar con la prensa para quien no está acostumbrado a hacerlo no es fácil”[2].
Más allá de las contradicciones de Ruibal, que dijo claramente lo que dijo, sus nuevas palabras revelan que su muralla contra los procesos y las indagatorias contra los crímenes de lesa humanidad responden a un nuevo cimbronazo: la multitudinaria Marcha del 20 de Mayo, en la que confluyeron otros esfuerzos éticos y nuevas iniciativas en la materia.
En el Senado en París, la agrupación “¿Dónde están?” realizó el coloquio “Derecho de saber. Uruguay: los desaparecidos durante la dictadura 1973-1985” con la participación de Mariana Mota, Constanza Moreira, Mirtha Guianze, Macarena Gelman y Óscar López Goldaracena. En ese marco el jurista Louis Joinet manifestó: “El desafío de la justicia que está en juego en Montevideo va más allá de las fronteras del Uruguay y concierne a toda la comunidad internacional“. Y agregó: “Negar la imprescriptibilidad de esos crímenes de lesa humanidad” es “un grave precedente del cual pueden inspirarse los Estados depredadores que esperan dar vuelta a la página para que ésta no pueda ser leída”[3].
Tampoco es casual que las últimas declaraciones de Ruibal se den cuando visita Uruguay el jefe para América del Sur de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, el italiano Amerigo Incalcaterra. Según declaró Incalcaterra al diario El País las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia afectan la imagen del país a nivel internacional: “El mandato que tiene la Alta Comisionada, que fue aprobado por 192 países nucleados en Naciones Unidas, es que debe proteger todos los derechos humanos de los miembros adheridos. Y que se luchará contra la impunidad como una forma de defender los derechos humanos. La sentencia de la Suprema Corte de Uruguay genera la imposibilidad de que familiares o víctimas continúen las investigaciones sobre graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron en un período en la historia del país, en la cual hubo terrorismo de Estado y violaciones sistemáticas de esos derechos. Al imposibilitar que la víctima pueda perseguir una verdad judicial, en definitiva justicia, se estarían violando varios artículos de tratados internacionales, a los cuales el país ha suscrito en el pasado.” Concluyó que “hay un debe muy fuerte por parte de las estructuras del Estado que tienen que formar a jueces y a fiscales”.[4]
No es la primera vez que se subraya la necesidad de formación de magistrados y representantes públicos en materia de derechos humanos. En la misma línea esta semana el Dr. Baltasar Garzón ha criticado la mirada conservadora, restrictiva, contraria a la defensa de las víctimas y a los legítimos derechos a la verdad y a la reparación. Reafirma así una interpretación en defensa de la razón democrática frente a la razón de estado.[5]
Al respecto, el próximo 10 de junio a las 19 hs. se producirá otro hecho trascendente. La Mesa Permanente contra la Impunidad realizará en el Paraninfo de la Universidad una Mesa Redonda sobre “EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL TERRORISMO DE ESTADO”. En ella participará Baltasar Garzón y otros Juristas Internacionales. Será una nueva oportunidad para generar anticuerpos contra una doctrina de preservación del terrorismo de estado, una doctrina que envuelve al aparato judicial en harapos y -como la Castilla de Antonio Machado- desprecia cuanto ignora.
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