Colombia

Crímenes del Palacio de Justicia: “Que si está la manga no aparezca el chaleco”

José Hilario López Rincón

06/02/2012

Opinión

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En materia de respeto por las decisiones judiciales del Gobierno de Uribe Vélez (2002-2010) al de Santos Calderón (2010- ?) poco y nada ha cambiado en el país. La sentencia de segunda instancia, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que resolvió el recurso de apelación contra la condena impuesta a Luis Alfonso Plazas Vega, ha generado las mismas ponzoñosas reacciones que en su momento produjo la decisión de la Juez Tercera Penal del Circuito Especializado de Bogotá el 9 de junio de 2010.

Seguramente sin conocer el texto de la sentencia (968 folios) aprobada el 30 de enero de 2012 y mucho menos el proceso, el Presidente y los Ministros de Justicia y del Interior, de manera irresponsable e insolente se han pronunciado en términos desobligantes para con la administración de justicia, llamando a desobedecer el mandato judicial.

Lo primero que debe reafirmarse es que el ex coronel del Ejército Luis Alfonso Plazas Vega, no fue condenado por la acción militar de “recuperar” el Palacio de Justicia. Fue condenado, en primera instancia, a 30 años de prisión, por la desaparición forzada de once personas en desarrollo de la operación militar de retoma del Palacio de Justicia, los días 6 y 7 de noviembre de 1985.

La responsabilidad de la toma del Palacio de Justicia es del M-19, pero la responsabilidad sobre los desaparecidos corresponde al Ejército, a la Policía y a los organismos de inteligencia del Estado colombiano.

En el fallo de segunda instancia, el Tribunal no confirma en su integridad la sentencia de la Juez Tercera Penal del Circuito Especializado de Bogotá. El Tribunal decidió confirmar parcialmente la condena, únicamente en relación con dos de los once desaparecidos (IRMA FRANCO PINEDA y CARLOS AUGUSTO RODRÍGUEZ VERA) y además, anuló parcialmente la investigación, a partir de su cierre, respecto de los otros nueve desaparecidos (CRISTINA DEL PILAR GUARÍN CORTÉS, DAVID SUSPES CELIS, BERNARDO BELTRÁN HERNÁNDEZ, HÉCTOR JAIME BELTRÁN FUENTES, GLORIA STELLA LIZARAZO FIGUEROA, LUZ MARY PORTELA LEÓN, NORMA CONSTANZA ESGUERRA FORERO, GLORIA ISABEL ANZOLA DE LANAO Y LUCY AMPARO OVIEDO BONILLA).

Más allá de la decisión estrictamente jurídica, la providencia del Tribunal ha generado violentas reacciones en dos puntos específicos: que el Ejército deba pedirle perdón a los colombianos y que la Corte Penal Internacional eventualmente investigue al ex presidente Belisario Betancur.

Sobre tales aspectos, en un acto público en Cali, Santos Calderón manifestó que “no tiene ningún sentido ni jurídico ni de ninguna naturaleza” la invocación a la Corte Penal Internacional. Por tanto, le pedía perdón “al presidente Betancur por haberlo puesto en esa situación nuevamente”. Agregó que “lo mismo le diría a nuestro gran Ejército Nacional que tanto se ha sacrificado para que nosotros tengamos libertad…”.

El Presidente y sus Ministros desconocen los argumentos del Tribunal. La Corte Penal Internacional sí puede investigar al expresidente Belisario Betancur en tanto la justicia nacional, es decir la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes no le “ha adelantado ningún juicio penal porque en Colombia, la actividad jurisdiccional queda totalmente atada a las razones políticas y de conveniencia que libre y autónomamente valora el Congreso de la República, lo que lleva a que las posibles tipicidad y responsabilidad de su conducta no hayan sido examinadas por juez alguno hasta ahora y, dado que las normas sobre fuero se mantienen vigentes en la actualidad, no existe pronóstico favorable o razón que permita pensar que ello ocurrirá en el futuro” (folio 604 de la sentencia).

La Justicia internacional actúa cuando la justicia nacional no quiere o no puede hacerlo. Y en el caso del expresidente Belisario Betancur resulta plenamente claro que no ha habido la más mínima intención de investigar por parte de la Comisión de Acusaciones.

No es cierto, como lo afirma el Ministro de Justicia que la decisión del Tribunal deslegitime la administración de Justicia, por cuanto en el caso del expresidente Betancur, su juzgamiento no corresponde al Poder Judicial sino al Congreso de la República. ¿Quién resulta entonces deslegitimado?

Si bien los hechos a investigar ocurrieron en 1985, antes de la creación de la Corte Penal Internacional (julio de 1998), el delito de desaparición forzada es una conducta imprescriptible según el artículo 7 de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, adoptada en Brasil el 9 de junio de 1994. De otra parte es una conducta criminal que permanece en el tiempo: los desaparecidos tras la incursión del Ejército de Colombia en el Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985, continúan desaparecidos hoy.

Lo que muestran las reacciones a la decisión del Tribunal es la genuflexión del Gobierno, de éste y de los anteriores, al poder de los militares. Es evidente su permanente actitud de congraciarlos, de no incomodarlos, tal vez ante el temor que vuelvan sus armas, ya no contra los ciudadanos, como lo han hecho, sino contra ellos mismos, contra los propios gobernantes.

Desde Turbay Ayala, para no ir tan lejos, unos y otros han callado ante los desafueros de los militares y eso los hace cómplices de sus atrocidades. Ahí encaja el afán de modificar el alcance del fuero militar, que actualmente se tramita en el Congreso en el marco de la llamada reforma a la justicia.

Que el propio Santos Calderón contradiga el mandato de la sentencia y como Comandante Supremo de las Fuerzas Militares, en cambio de pedir perdón a las víctimas, pida perdón a los victimarios es todo un despropósito y una afrenta a los familiares de los desaparecidos. Hace falta, para que emule a su antecesor, que le organice un banquete de desagravio al condenado Plazas Vega.

¿A cuál “gran Ejército Nacional” se referirá Santos Calderón, al que le pide perdón abusivamente, en nombre de todos los colombianos? ¿Será al mismo que se alió con los paramilitares para sembrar de terror el país entero? ¿Será el mismo que asesinó a cerca de tres mil ciudadanos bajo la modalidad infamemente llamada “falsos positivos”, mientras él, Santos Calderón, era el Ministro de Defensa? ¿Ese es el “gran Ejército Nacional” que tanto se ha “sacrificado”?

En sus diferentes manifestaciones, el Gobierno de Santos Calderón muestra preocupación por el fallo contra Plazas Vega, pero ninguna frente a las víctimas, ninguna frente a los familiares de los desaparecidos, cuya incertidumbre sobre el paradero de sus seres queridos aún persiste.

Más que pedir perdón, los militares deberían confesar qué hicieron con los cuerpos de los desaparecidos del Palacio de Justicia.

El episodio del Palacio de Justicia está lejos de cerrarse, menos cuando la misma cúpula del Gobierno asume la defensa de los victimarios e ignora el dolor de las víctimas. En estos hechos, deberían ser tenidas en cuenta por encima de cualquier consideración jurídica o política, las víctimas: su dolor, su eterno sufrimiento ante un duelo inacabado.

Finalmente, recordemos que la investigación debe continuar, hasta esclarecer, por ejemplo, ¿quién asesinó al magistrado Carlos Horacio Urán Rojas, quien salió vivo del Palacio de Justicia y luego apareció muerto dentro del Palacio con un disparo a quemarropa?

- José Hilario López Rincón es Abogado-Corporación por la Dignidad Humana

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 289, Semana del 3 al 9 de Febrero de 2012. Corporación Viva la Ciudadanía. http://www.viva.org.co/

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