En un importante reconocimiento para el movimiento cooperativo, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 64ª  Reunión General declaró 2012 como Año Internacional de las Cooperativas. La Resolución, que lleva por título “Las Cooperativas en el desarrollo social”, invita y alienta a los Gobiernos a promover el crecimiento y sostenibilidad de todas las clases de cooperativas.

El año 2011 sin embargo no fue el más propicio como para augurar políticas públicas consistentes con el espíritu de las recomendaciones de Naciones Unidas. Tres casos latinoamericanos sucedidos en el correr de este año dejan algunas enseñanzas útiles acerca de cuál es el tratamiento al sector solidario de la economía por parte de diferentes Gobiernos.

El primero de ellos ocurrió en Brasil. A comienzos de año el Congreso Nacional propuso un proyecto de ley (PL 865) creando una Secretaría Especial de Micro y Pequeña Empresa, donde se reubicaría a la Secretaria Nacional de Economía Solidaria (Senaes). La intensa movilización del movimiento de economía solidaria en Brasil fue de fundamental importancia para que el Gobierno comprendiera que una forma alternativa de hacer economía poco tiene que ver con un recorte jurídico – empresarial como el de las Mypes, donde es posible encontrar cooperativas, pero también empresas (micro) capitalistas. Finalmente el proyecto no prosperó, pero dejó en evidencia a un Gobierno que aún no logra entender la verdadera identidad del sector asociativo.

El segundo de ellos es más actual. En el mes de Agosto el Poder Ejecutivo de Perú le remite al Congreso Nacional dos proyectos de ley que derogan anteriores leyes dirigidas al sector cooperativista, donde se reconocía el “Acto Cooperativo” y por lo tanto la naturaleza distinta de las cooperativas respecto a las empresas mercantiles. Como ha sucedido tantas veces en los últimos años en todos nuestros países, bajo el argumento de la equidad tributaria, y con el velado propósito de actuar a favor de las grandes corporaciones, se pretende tratar iguales a los diferentes, generándose un tratamiento injusto para con las cooperativas. Las intensas movilizaciones del mes de Noviembre llevaron a que el flamante gobierno de Ollanta Humala debiera retirar las referidas propuestas legislativas. Al igual que en el anterior caso, la propuesta inicial del Gobierno deja en evidencia la falta de conocimiento acerca de la identidad de las empresas cooperativistas.

El tercer caso corresponde a Colombia. La Ley 454 sobre Economía Solidaria, promulgada en 1998, creaba un sistema de políticas públicas donde la promoción y desarrollo del sector le correspondía al Departamento Administrativo Nacional de Economía Solidaria (Dansocial). Pues bien, mediante el decreto presidencial 4122 fechado el 2 de Noviembre de 2011, se decide transformar ese Departamento en una Unidad Administrativa dependiente del Ministerio de Trabajo. Si bien esta institucionalidad  es más de lo que tienen la mayoría de los países del continente, se trata sin duda de un retroceso para el caso colombiano. Al igual que lo visto antes, el Gobierno parece desconocer el papel de la economía solidaria y el cooperativismo, reduciéndolo en este caso, a su rol en el marco de las relaciones de trabajo.

Llegado a este punto deberíamos preguntarnos si nuestros Gobiernos están maduros para dar cuenta de las recomendaciones formuladas por las Naciones Unidas. A juzgar por los tres casos analizados, gobiernos de distintos colores políticos parecen desconocer la identidad del sector y la racionalidad con la que operan sus organizaciones cooperativistas. Al querer equiparar las economías solidarias con las micro y pequeñas empresas, se pierde de vista que el sector solidario puede dar lugar a organizaciones de diferente tamaño, pero por sobre todas las cosas, se parte de la base de considerar a las organizaciones solidarias  como expresiones más vinculadas al micro emprendimiento antes que a expresiones  alternativas en el plano socioeconómico. Al querer equiparar a las empresas cooperativas con las empresas mercantiles, subyace la idea que todos los formatos empresariales y todos los eventuales sectores de la economía deben tratarse en igualdad de condiciones, dejando al Estado sin la potestad de definir algunas racionalidades e instrumentos como más virtuosos que otros. Finalmente, al subsumir las funciones de promoción y desarrollo de una economía solidaria a  un Ministerio temático en particular, terminamos por reducir su papel, que en todo caso debe ser de coordinación con las diferentes áreas de gobierno para propender a generalizar la cooperación, solidaridad y participación democrática en el marco de una política de desarrollo socioeconómico que le resulte coherente. 

Es cierto que en 2011  hubo avances en el continente, guiados por el espíritu de la Resolución de las Naciones Unidas. Es el caso por ejemplo, de Ecuador, que en Mayo publica su Ley de Economía Popular y Solidaria; o de México, que acaba de aprobar su Ley de Economía Social y Solidaria. 

Tanto los avances legislativos así como las propuestas que generan un retroceso en la comprensión pública del cooperativismo y otras formas económicas solidarias, deben configurar un punto de partida para que 2012 sea un año de reflexión más comprometida acerca del rol que las economías solidarias juegan para el necesario cambio social.

- Pablo Guerra es Doctor en Sociología. Profesor e Investigador Universidad de la República – Uruguay. Integrante del Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Cooperativismo.