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¿Existe alternativa? - Nuestra esperanza: Una integración solidaria

Proceso del ALCA Área de Libre Comercio de las Américas

Opinión
27/10/2003
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Documento de trabajo de la Plataforma Continental América Latina (COPLA) de CIDSE

Octubre 2003

PRÓLOGO

He aquí el segundo documento de políticas de la Plataforma Continental América Latina (COPLA) de la red de agencias católicas de desarrollo CIDSE (Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Solidaridad) que agrupa 13 organizaciones de Europa y Canadá. Nuestro propósito principal es presentar la posición compartida entre los miembros de la COPLA sobre el proceso de creación del ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas).

Hemos escogido el ALCA como segundo tema de políticas[1] por dos razones principales. Por una parte, desde el punto de vista conceptual, somos conscientes de la importancia que ha tomado el fenómeno de la globalización con sus políticas basadas en la libertad de los mercados y en el libre cambio, lo que ha tenido y sigue teniendo efectos sociales muy importantes para las poblaciones más pobres de América Latina con las cuales estamos vinculados. Por otra parte, desde el punto de vista de la práctica, hemos participado colectiva y activamente como COPLA en la Segunda Cumbre de los Pueblos de América de abril 2001, junto con centenares de organizaciones del continente, teniendo así la oportunidad de sentir el movimiento social panamericano que ha dado nacimiento a la Alianza Social Continental esencialmente para resistir al actual proceso del ALCA y promover una forma alternativa de integración.

Al elaborar este documento, hemos tratado de unir la crítica con la propuesta, cuestionar el modelo de integración contenido en la propuesta del ALCA y sumarnos al modelo alternativo de integración propuesto por la Alianza Social Continental[2]. Dentro de este marco, consideramos que los acuerdos de librecambio como el ALCA tienen incidencia en el conjunto de las sociedades, mucho más allá de la mera esfera de circulación de los bienes. Es más, los dos elementos que nos parecen centrales tanto para la crítica como para la búsqueda de alternativa son las implicaciones en términos de desarrollo y de gobernanza.

Este documento está destinado a un público amplio: agencias de la CIDSE, contrapartes de América Latina, organismos internacionales, gobiernos europeos y americanos, alianzas o redes que actúan a escala continental y organizaciones de la sociedad civil de América y Europa.

Busca los siguientes objetivos:

· Definir una posición común sobre el ALCA que sea clara, concisa y con propuesta.

· Sensibilizar a la opinión pública de los países del Norte sobre las consecuencias del ALCA y el hecho de que una alternativa es posible, en el afán de favorecer la adopción de una posición activa y crítica frente al modelo de desarrollo que se defiende detrás de un tratado comercial con estas características.

· Manifestar nuestro compromiso frente al movimiento social surgido en América en torno al proceso de integración continental.

· Disponer de un instrumento para el trabajo de incidencia política.

Por último, queremos expresar nuestra satisfacción por toda la labor de redacción y revisión realizada por nuestra consultora Julia Almansa con el apoyo de un equipo de la COPLA integrado por Marco Gordillo, Cayetana Carrión y Paul Cliche.

Para cualquier sugerencia o comentarios relacionados con este documento, favor comunicarse con Genoveva Tournon del Secretariado de CIDSE:

E-mail: tournon@cidse.org

Tel: +32 2 233 37 50 / +32 2 230 77 22 Fax: +32 2 230 70 82

Dirección del Secretariado de CIDSE: 16, rue Stévin – 1000 Bruselas – BELGICA

Paul Cliche Christiane Overkamp

Presidente de la Plataforma Continental América Latina Secretaria General

INTRODUCCIÓN

América Latina sigue ostentando el doloroso título de ser el continente de la desigualdad[3], y junto con sus tremendas diferencias sociales cada vez aumenta más su vulnerabilidad política y económica. El espejismo que se vivió años atrás, de un continente que reorganizaba su vida política en democracia y con una economía en recuperación, se ha ido desvaneciendo en estos últimos años. Las incipientes democracias a las que se llegó tras fortísimas dictaduras militares son tremendamente vulnerables, y un análisis de quiénes son las clases dirigentes, de quiénes tienen el poder de los medios de comunicación, así como de la debilidad institucional, nos describen democracias más formales que reales. La economía por su parte, hizo evidente su vulnerabilidad en las crisis financieras de varios países en los finales de los noventa.

En el modelo impuesto en las dos últimas décadas del siglo XX, conocido genéricamente como “globalización neoliberal” confluyen aspectos de carácter sociopolítico, económico, tecnológico y cultural. Atreviéndonos a destacar algunas de las características más relevantes de este modelo podríamos señalar: la divulgación de un pensamiento único, la valorización de lo privado frente a lo público, la fuerte hegemonía de los EEUU, el creciente protagonismo de estructuras supranacionales tanto en el ámbito económico como en el político (OMC, FMI, UE, TCLAN), el poder político y económico cada vez mayor de las empresas transnacionales, la devaluación de la participación ciudadana, la desconfianza en la política etc.

Este modelo así como algunas de sus recetas, aplicadas casi al unísono por todo el continente, primero con los programas de ajuste y ahora con las llamadas estrategias de reducción de la pobreza, no han logrado aumentar los niveles de vida de la población, ni reducir las asimetrías.

Desde esta realidad, los países de América Latina y Caribe (AlyC) afrontan ahora un proceso de liberalización del comercio que es, sin duda, otra herramienta del modelo de globalización neoliberal y en el que una vez más los intereses económicos de unos pocos se anteponen a los intereses generales. Dicha liberalización puede realizarse mediante diferentes espacios o caminos. El proceso del ALCA es uno de ellos, siendo los otros las negociaciones dentro de la OMC o en el ámbito bilateral. Cabe notar que la multiplicación de acuerdos bilaterales bien podría ser la opción alternativa del gobierno estadounidense si el ALCA resultase demasiado difícil de concretar frente a las divergencias en la mesa de negociación o frente a la oposición de los pueblos.

Un elemento interesante a analizar es que el ALCA nació como un proyecto enmarcado en un proceso de integración más amplio, que teóricamente tendría además del acuerdo económico otros tres ejes de integración: el fortalecimiento de las democracias, la erradicación de la pobreza y la garantía de un desarrollo sostenible. Sin embargo, el ALCA constituye sin lugar a duda el principal interés de EEUU que le permitirá consolidar su hegemonía sobre el conjunto de las economías del continente. En este marco las economías pequeñas buscan evitar los costos que les ocasionaría su no-participación en un acuerdo en el que apenas pueden influir.

La “renuncia” a un proceso de integración que abordara la búsqueda de soluciones para los principales problemas de la región es reveladora, y ha permitido redactar un borrador del ALCA con muy pocos limitantes, en el que, como veremos más adelante, se va incluso en clara oposición con los objetivos globales inicialmente propuestos de reducción de la pobreza, fortalecimiento democrático y desarrollo sostenible.

Los defensores del proyecto de creación del ALCA insisten en considerar que se trata estrictamente de un acuerdo de libre comercio y cuyo ámbito se limita a los aspectos comerciales. Así mismo afirman que muchas críticas formuladas contra el ALCA son injustas y equivocadas en el sentido de que yendo mucho mas allá del ámbito comercial, cuestionan aspectos que no obedecen a este proyecto sino a políticas de desarrollo. Este razonamiento parece sensato pero omite dos factores fundamentales. Primero se olvida de los efectos de la apertura comercial sobre el proceso de desarrollo, en especial en países con economías pequeñas. Segundo no considera el hecho que los acuerdos de libre comercio no son sino un mecanismo que se combina con los planes de ajuste estructural y las estrategias de reducción de la pobreza. Por lo que la crítica al ALCA ha de venir de la crítica al modelo que lo sustenta.

Este documento recoge el posicionamiento común frente al ALCA de las diferentes organizaciones de cooperación al desarrollo de la red CIDSE, la COPLA (Plataforma Continental de América Latina de CIDSE). Escribimos el mismo:

· desde la seguridad de que la puesta en marcha del ALCA tal y como está en este momento puede condicionar seriamente el desarrollo de los países latinoamericanos profundizando la desigualdad, aumentando la pobreza y debilitando las democracias (sin por lo tanto caer en una visión simplista que identifique el proceso del ALCA como el único gran peligro del desarrollo equitativo de ALyC);

· desde el convencimiento de que los efectos de la globalización de corte exclusivamente neoliberal son el resultado de decisiones que pueden ser modificadas;

· desde las relaciones solidarias y de cooperación que mantenemos como Agencias de cooperación con nuestras contrapartes y por tanto con la sociedad civil latinoamericana.

El documento consta de tres partes. En la primera describimos brevemente el proceso de negociación sobre el ALCA, su estructura y contenidos fundamentales. En la segunda parte hacemos una valoración crítica de lo que la puesta en marcha de este acuerdo puede significar para los países latinoamericanos, poniendo especial énfasis en el modelo de desarrollo que subyace a dicho modelo. En la tercera parte nos interrogamos sobre la búsqueda de alternativas para otro tipo de integración de las Américas y explicitamos algunos de nuestros compromisos como agencias católicas de cooperación para promover una integración basada en las relaciones solidarias y de cooperación entre los pueblos.


Iª Parte: ¿Qué es el ALCA?

Una integración a la “americana”

ORIGEN

En 1994, Bill Clinton propone en la 1ª Cumbre de las Américas crear un proceso de integración continental con cuatro ejes de acción prioritarios:

1. La preservación y el fortalecimiento de la comunidad de democracias de las Américas.

2. La promoción de la prosperidad mediante la integración económica y el libre comercio (ALCA).

3. La erradicación de la pobreza y la discriminación en el nuevo Hemisferio.

4. La garantía de desarrollo sostenible y la conservación del medioambiente para generaciones futuras.

Pero el origen del ALCA hay que buscarlo en 1990 cuando G. Bush (padre) propone crear un Área de libre comercio para las Américas, denominada Iniciativa para las Américas. En ese momento no se concedió la importancia que tenía la propuesta por considerar que las diferencias entre los países eran insalvables. Sin embargo Bill Clinton tuvo la visión estratégica de “maquillar” el proceso de liberalización como un proceso de integración continental que contemplaba la cuestión comercial como un tema más junto con otros.

Se trata pues de crear un área de libre mercado para todo el continente (34 países sin contar con Cuba) que posibilite la libre circulación de capitales, bienes y servicios, constituyendo un mercado de 800 millones de consumidores, con un producto interior bruto de 11 mil millones de dólares.

Para los EEUU es importante consolidar su hegemonía sobre el conjunto de las economías del continente, en un momento en el que siente que esta puede peligrar por la “incursión” de otros mercados, como el de la UE o Japón. En este sentido el ALCA ha sido considerado, por diversos autores[4], como una prolongación de la doctrina Monroe. Esta doctrina propuesta en 1823, que determinaría la política de EEUU en América Latina y el Caribe en los siglos XIX y XX, está basada en la “convicción” de la necesidad de una hegemonía política y económica de EEUU sobre el resto de los países del continente y se resume en la frase “América para los americanos”. Así pues y desde esta perspectiva, tanto el ALCA como el Plan Colombia, la Iniciativa Andina, el Plan Dignidad de Bolivia o El Plan Puebla-Panamá, pueden entenderse, entre otras cosas como instrumentos de control (económico, político y militar) de los EEUU sobre el continente.

Sin embargo es importante recordar que los Estados Unidos podrían a través de acuerdos bilaterales (tal y como lo ha hecho con el último acuerdo con Chile) imponer su hegemonía si el proyecto ALCA no saliera adelante. Al final sea por la vía multilateral o bilateral, el objetivo es el mismo. Este último punto es necesario tenerlo en cuenta pues los acuerdos bilaterales, en cualquier caso, no favorecerían a los países más pequeños.

CRONOLOGÍA DEL PROCESO DE NEGOCIACIÓN

Podríamos decir que el proceso de negociaciones del ALCA tiene tres periodos diferenciados:

Periodo 94-98: Con un ritmo lento de propuesta, se establecen los principios y la estructura de las negociaciones y se inician las mismas. En este momento todavía reinaba un clima de triunfalismo político en EEUU como consecuencia de la caída de la URSS, donde la idea del pensamiento único y la situación de omnipotencia, frente a las endeudadas economías latinoamericanas, posibilitaban esta estrategia.

Periodo 98-01: El contexto internacional cambia debido a las fuertes crisis económicas vividas en los últimos años (crisis asiática de 1997, rusa de 1998 y brasileña de 1999). Hay que añadir además los síntomas de desaceleración de la economía de EEUU y la necesidad de neutralizar a Europa y a Japón como competidores en el mercado latinoamericano. Se acelera entonces el proceso de negociación, a partir de la labor de 9 grupos de trabajo: Agricultura, Compras del Sector Público, Inversión, Acceso a Mercados, Subsidios antidumping y derechos compensatorios, Solución de controversias, Servicios, Derechos de la propiedad intelectual, Política de competencia. Se crean también 4 grupos consultivos: comité de expertos en sector publico, comercio electrónico, sociedad civil y economías más pequeñas. Durante estos años el Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) elabora un primer borrador de la propuesta, que se mantiene en secreto y se hace parcialmente público en junio del 2001, dos meses después de la cumbre de Quebec.

Periodo 01–05: Los primeros años del siglo XXI vienen marcados por una recesión económica, a la que se suma una respuesta social cada vez más fuerte. Esto ha provocado una “cierta prisa” por avanzar en el proceso de negociación acortando los plazos marcados. La aprobación en EEUU del fast track o vía rápida (fórmula que permite al Presidente de EEUU afrontar acuerdos de comercio internacional sin que tenga que ser refrendado por el Congreso) posibilitará la aceleración de las negociaciones del ALCA. La CNC presenta un segundo borrador en noviembre del 2002 tras la reunión de ministros de Quito. La previsión es firmar el acuerdo definitivo en enero de 2005 entre los jefes de Estado y de Gobierno de las 34 democracias de la región, y ponerlo en ejecución a finales de ese mismo año.

ESTRUCTURA DE LAS NEGOCIACIONES

A continuación presentamos, el esquema que han seguido las negociaciones y permite conocer los posibles ámbitos de influencia y presión política.



OBJETIVOS OFICIALES DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

Los objetivos para cada uno de los grupos de trabajo, que a su vez representan los capítulos de negociación del acuerdo son[5]:

1. AGRICULTURA

- Asegurar que las medidas sanitarias y fitosanitarias no se apliquen de manera que constituyan una restricción encubierta al comercio internacional, a efecto de prever las prácticas comerciales proteccionistas.

- Eliminar las tarifas agrícolas incluyendo los subsidios a las exportaciones agrícolas, las barreras no arancelarias, etc. que afectan al comercio del hemisferio.

- Identificar otras prácticas que distorsionan el comercio de productos agrícolas.

- Garantizar que los niveles de seguridad alimentaria no supongan restricciones al comercio.

2. COMPRAS DEL SECTOR PÚBLICO

Crear un mercado único que permita maximizar las oportunidades de acceso a los mercados por los proveedores de bienes y servicios originarios de las partes y reducir los costos comerciales de los sectores públicos.

3. INVERSIÓN

Establecer un marco jurídico justo y trasparente que permita crear un ambiente estable y previsible para proteger a las inversiones, sin crear obstáculos a los inversionistas extra-hemisféricos.

4. ACCESO A MERCADOS

Establecer reglas que eliminen progresivamente aranceles, barreras no arancelarias y otras medidas que restringen el comercio.

5. SUBSIDIOS, ANTIDUMPING Y OBLIGACIONES COMPENSATORIAS

Explorar caminos para profundizar reglas existentes sobre subsidios y medidas compensatorias y para mejorar reglas y procedimientos en torno a las leyes de comercio para no crear barreras injustificadas.[6]

6. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Establecer mecanismos supranacionales para resolver las disputas entre los inversores y los estados en torno a supuestas violaciones de las reglas del ALCA.

7. SERVICIOS

El propósito oficial es liberalizar progresivamente los servicios para incorporarlos al mercado y, en muchos casos, privatizarlos. Los servicios abarcan muchos campos de gran importancia tales como la electricidad y el agua.

8. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Regular los derechos de propiedad intelectual (derechos de posesión y protección legal de las ideas, creación artística e innovaciones tecnológicas).

Si bien está basado en los ADPIC, Acuerdos de Derechos de Propiedad Intelectual relativos al comercio de la OMC (TRIPS en Inglés – Trade related Intellectual Property Rights) tiene disposiciones todavía más agresivas, en lo que se ha venido en llamar TRIPS plus. Propone aumentar los periodos de validez de las patentes, limitar las excepciones que facilitan la introducción de medicamentos genéricos, etc.

9. POLITICAS DE COMPETENCIA

Impedir que las prácticas anticompetitivas que van en detrimento de los consumidores sean un obstáculo para la ubicación de recursos.


IIª parte ¿Qué criticamos del ALCA?

Desde el fondo hasta la forma

Nuestra crítica al ALCA es doble, es una crítica al fondo y a la forma. Criticamos el fondo porque entendemos, tal y como señalábamos en la introducción, que el ALCA es una herramienta más de un modelo que ha demostrado ser excluyente para millones de latinoamericanos. Las diferencias económicas y sociales entre los 34 países que firmarían este acuerdo son muy grandes y sin embargo el proceso de negociación, a pesar de haber configurado un grupo consultivo ad hoc, está obviando estas diferencias entre los países. Esta ignorancia sistemática de las diferencias es algo que sin duda ha favorecido durante la negociación a los más poderosos y al mismo tiempo ha debilitado a los pequeños, y los debilitará aún más si el acuerdo se pone en marcha. Estamos ante un acuerdo injusto y desigual en el que el 80% del PIB del continente es generado tan solo por Estados Unidos y Canadá, el 12% por México y Brasil, y el restante 8% por los otros 30 países que forman parte del tratado. Ante estas enormes desigualdades ¿es posible sostener que la liberalización del mercado beneficiará a los países con menor capacidad productiva y comercial, con bajos índices de educación y tecnología?

Criticamos la forma porque el proceso de elaboración y discusión del ALCA, con su falta de transparencia y democracia, ha impedido la participación de la sociedad civil en un acuerdo que afectará enormemente sus vidas y ha cerrado cauces para la presentación de otras formas de integración regionales, incluyentes. En tal proceso, hasta los representantes elegidos por los pueblos han sido excluidos de la negociación, resultando una casi ausencia de debate en el seno de una institución considerada como el pilar de la democracia, es decir el Parlamento.

DESDE EL FONDO: CRÍTICA AL MODELO DE INTEGRACIÓN

El proyecto ALCA de apertura radical a los bienes, servicios y capital extranjeros constituye un desafío para el desarrollo latinoamericano, cuyo efecto preciso dependerá de la forma concreta que tome al final del proceso de negociación. Sin embargo es de prever que un tratado de libre comercio como el ALCA, que incrementa la importancia del mercado y el poder de las empresas especialmente de las transnacionales , se insertará dentro de un modelo de desarrollo que ha generado ya una dependencia, una depredación del medio ambiente[7] y una concentración de la riqueza. Es razonable pensar por tanto, que estas dos tendencias se amplifiquen con la implantación del ALCA, lo cual generará un desarrollo aún menos sostenible social y ecológicamente. Tras el análisis del impacto en México del TLCAN[8] parámetro y modelo para las negociaciones del ALCA, tras más de 8 años de vigencia, es posible prever que el ALCA incrementará la vulnerabilidad del sistema político y contribuirá a profundizar en un modelo económico todavía más dependiente.

El ALCA favorece un modelo político vulnerable en el que se ignora a la sociedad civil dificultando su participación. Esto unido a que el ALCA otorga a los inversores y las empresas un elemento de control social, más allá del control ciudadano y de la propia autoridad de los gobiernos, debilitará a medio y largo plazo a las democracias de AlyC. Un ejemplo de esto son las instancias de arbitraje internacional previstas para la resolución de conflictos, que sólo podrán utilizar los gobiernos y los inversores y que excluye la participación de organizaciones sociales y otros poderes locales o regionales

Un modelo económico de desarrollo que genera dependencia. El modelo propuesto se basa en las exportaciones y en la apertura del mercado a las importaciones, y así el ALCA se basa en el principio de reciprocidad (yo abro mi mercado, si tú abres el tuyo) lo que supone tratar como iguales economías que son desiguales y no permite la concesión de trato especial y diferenciado a países de menor desarrollo económico relativo (trato diferencial). El principio de reciprocidad, no produce igualdad, sino que incrementa las diferencias y las dependencias.

El modelo privilegia el mercado y la inversión privada, especialmente extranjera. En este modelo competitivo, la “ventaja comparativa” de los países latinoamericanos es el bajo costo de la mano de obra, las leyes laborales flexibles, lo cual conlleva una tendencia hacia el mantenimiento de salarios bajos y malas condiciones de trabajo. Por ello, se dice que este modelo tiende a ejercer una presión para el mantenimiento de la pobreza, ya que la pobreza se convierte así en un factor positivo para la competitividad. Además, como la producción se orienta hacia la exportación, los consumidores potenciales se encuentran en el extranjero –en general en el Norte y consecuentemente, no se necesita defender el poder adquisitivo, ni de los trabajadores ni de los campesinos que producen esos bienes.[9]

Entre los sectores que tendrán más probabilidad de crecer se encuentran la minería, la agricultura y las maquilas[10]. Aunque las empresas de estos sectores con frecuencia tienen acceso a las tecnologías de punta, ello corresponde siempre a un desarrollo de carácter desigual y periférico, ya que, incluso en este caso, la remuneración en los países de la región es siempre inferior, inclusive muchísimo más baja, que en los países más ricos situados en el centro del sistema mundial. Por otra parte, cuando las reglas de juego prohíben a los Estados apoyar a las industrias nacionales o fijar requisitos para el desempeño de los inversionistas extranjeros, esto tiende a obstaculizar el efecto

multiplicador de las inversiones que es generador de riqueza y trabajo. Es más, a imagen del TLCAN en su capitulo XI, el ALCA permitirá a las transnacionales querellarse con los Estados por acciones gubernamentales que vayan en detrimento de su inversión, limitando así la capacidad de los gobiernos en el control medioambiental[11]. Podríamos concluir que los intereses de las multinacionales primarán sobre cualquier otro interés, y que tendrán aun un mayor poder, ya sea directa o indirectamente.

Un modelo menos sostenible social y ecológicamente

Estamos pues ante un modelo que, como hemos señalado, agudizará la exclusión social favoreciendo cada vez más la vulnerabilidad de los derechos sociales. Un acuerdo como el ALCA dificultará el acceso a servicios esenciales a la población más desfavorecida, precarizará el empleo, agravará la pobreza, profundizará la exclusión de género ya existente e impedirá garantizar los derechos culturales de las minorías.

El acuerdo permite que se incorporen al mercado servicios considerados hasta ahora derechos sociales básicos (acceso a educación y salud de calidad ). No cabe duda que hoy en muchos países latinoamericanos estos derechos no están garantizados. Pero entendemos que la propuesta del ALCA de convertir los derechos en artículos de consumo implicará un agravamiento en la vulneración de estos derechos. La privatización de estos sectores supondrá una reducción al acceso y la calidad de los mismos, especialmente para los más pobres, ya que dependerá de la capacidad individual de pago.

En el caso de la salud, el acuerdo va más allá al otorgar a las compañías el derecho a monopolizar medicinas y a oponerse a la producción de medicamentos genéricos, lo que supondrá un control de acceso a medicamentos por parte de las compañías farmacéuticas.

En el ámbito laboral, tal y como hemos señalado, se incrementará aun más la precariedad laboral y la pérdida de empleos, ya que la competitividad se basará en la bajada de salarios, en aquellos países con salarios más altos se movilizarán las inversiones a países de menores condiciones laborales. Además se producirán migraciones internas y aumentará el número de los migrantes indocumentados ya que el ALCA pretende una zona de libre comercio, de bienes, servicios e inversiones, pero no de personas, por lo que indudablemente se generarán desplazamientos internos hacia los lugares donde se concentren los puestos de trabajo, con el consiguiente mantenimiento de la pobreza.

A pesar de la ausencia de estudios sobre las repercusiones de un proceso como éste en las mujeres y de que el acuerdo ni siquiera tiene en consideración un espacio para tratar las cuestiones de género, los antecedentes de liberalización del continente, nos permiten prever que las mujeres verán cómo aumenta la brecha de la desigualdad entre los sexos, ya de por sí deficitaria en contra de la mujer. Como ejemplo, cabe señalar que el 70% de los trabajadores despedidos en el sector de los servicios, tras el plan de privatización en Nicaragua propuesto por el FMI en el campo de la salud y la educación, fueron mujeres.

Por último el acuerdo aumenta el riesgo de la pérdida de sustentabilidad ecológica, al no priorizar los acuerdos ambientales internacionales sobre las reglas comerciales y al no permitir a los gobiernos utilizar el criterio precautorio.[12] Pero además es muy grave el “efecto mancha de aceite” con el que se está extendiendo a otros acuerdos comerciales. Así MERCOSUR, que llevaba prácticamente una década discutiendo un protocolo medioambiental, aprobó en abril del 2001 el Acuerdo Marco sobre Medioambiente Mercosur (AMMM) en el que deja fuera el principio precautorio.

De todo lo anterior se desprende que el ALCA, no solo no contribuirá a la consecución de los Objetivos del Milenio para la reducción efectiva de la pobreza de la ONU[13], sino que va en clara oposición a los mismos.

Desde nuestras prioridades de trabajo como agencias de desarrollo hemos querido detener nuestra atención de una manera especial en las posibles repercusiones del ALCA sobre la tierra, su distribución y posesión, la producción y las relaciones agro-comerciales.

Entre las consecuencias más inmediatas nos encontramos con las siguientes:

· La reducción de la seguridad alimentaria, al incorporar los productos agrícolas como un producto más, ignorando su importancia para la Seguridad Alimentaria de un país y limitando la misma en función de los intereses comerciales.

· La pérdida de la soberanía alimentaria, con una orientación hacia una agricultura de exportación y siguiendo el principio de complementariedad, que obliga a los países a producir solamente determinados productos alimenticios.

· La ruptura de economías pequeñas, ya que las compañías agroalimentarias impondrán el uso de semillas. En el Capítulo sobre Propiedad Intelectual se otorga a las compañías el derecho de patentar materias orgánicas (semillas) y existen varias propuestas que restringen el derecho de los agricultores a utilizar semillas tomadas de las plantas. Esto condicionará las pequeñas economías favoreciendo indirectamente la migración a las ciudades.

· El condicionamiento de la ayuda alimentaria[14], siguiendo como criterio el que esta no sea obstáculo para los intereses comerciales.

· La imposibilidad de afrontar reformas agrarias que promuevan una distribución justa de la tierra y favorezcan la viabilidad de la pequeña agricultura.

· La Falta de garantía de acceso a los mercados, por parte de los pequeños productores.

· Los daños ecológicos

DESDE LA FORMA: CRÍTICA A CÓMO SE HA REALIZADO LA NEGOCIACIÓN

La forma como se han llevado a cabo las negociaciones es muy significativa y muestra el talante que subyace en los contenidos. La falta de transparencia y participación así como la imposición hegemónica de los EEUU y la omisión en acuerdo de materias tan importantes, como sustentabilidad, derechos humanos, género, etc. son algunos de los elementos más relevantes de cómo se ha desarrollado hasta ahora la negociación.

Las negociaciones han sido secretas durante más de 7 años, excluyendo a la ciudadanía y a los movimientos sociales del análisis y debate de las propuestas. Pero la falta de participación se perpetuará, de salir aprobado el acuerdo tal como recoge el borrador, al excluir la intervención de la sociedad civil en capítulos tan importantes como la Resolución de controversias, donde los únicos actores reconocidos para litigar serán las empresas por un lado, y los gobiernos nacionales, por otro.

La negociación no ha sido equilibrada, y así EEUU, máximo defensor del liberalismo, está manteniendo un doble juego, y mientras protege su economía, en lo que se ha venido en llamar “proteccionismo contingente”[15], a los asociados les obliga a liberalizar. EEUU, está manteniendo un fuerte proteccionismo para su agricultura a través de medidas de apoyo a la producción y de medidas no arancelarias a las exportaciones.[16] A modo de ejemplo, cabe recordar que en mayo del 2002 EEUU decidió aumentar los subsidios a los agricultores en $ 70 mil millones.[17] Del mismo modo que unos meses antes se apresuró a agravar las importaciones de acero para eludir la quiebra de su siderurgia.

En definitiva, el proceso del ALCA, tal como ha sido concebido hasta ahora, no constituye una verdadera oportunidad de desarrollo para los países de América Latina, en especial para los sectores sociales más pobres. Por lo contrario, es susceptible de generar mayor desigualdad, vulnerabilidad y dependencia, tres condiciones inherentes a un desarrollo de tipo limitado y excluyente.


IIIa PARTE: BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS

Y COMPROMISOS DE LA COPLA

MODELO DE DESARROLLO EN EL QUE CREEMOS:

Frente al modelo de integración regional que propone el ALCA, consideramos que existe un modelo de desarrollo sostenible que cuestiona la jerarquía única del mercado, que favorece una intervención política y de la sociedad civil para, entre otras cosas, proteger el medio ambiente y redistribuir la riqueza, y que permite crear un proceso de integración equitativo que no genere más pobreza, en el que la ética es el elemento regulador de las sociedades. Por tanto apostamos por un modelo que en conjunto entendemos que es:

- económicamente solidario

- políticamente democrático

- socialmente justo

- ecológicamente sostenible

LA ALTERNATIVA:

Es posible una globalización solidaria donde los procesos de integración sean procesos de inclusión y no de exclusión. Desde este convencimiento compartimos los principios que, como alternativa, presenta la Alianza Social Continental (ASC):[18]

· El comercio y la inversión no deberán ser fines en sí mismos, sino instrumentos para alcanzar un desarrollo justo y sostenible.

· Los ciudadanos y las ciudadanas deben tener derecho a participar en la formulación, implementación y evaluación de políticas sociales y económicas continentales.

· Las metas centrales de estas políticas deberán ser la promoción de la soberanía económica, el bienestar social y la reducción de la desigualdad en todos los niveles.

Hacemos nuestra la alternativa de la ASC en la que además de los capítulos abordados en la agenda oficial de las negociaciones se consideren algunos temas de gran importancia social que en la negociación oficial se han ignorado y que entendemos deben ser considerados como un paquete integral de propuestas para una integración económica positiva.

Entendemos por tanto, que es fundamental que los derechos humanos, las políticas de sustentabilidad, la protección medioambiental, los derechos de las mujeres, los derechos de los trabajadores y de los inmigrantes, se primen por encima de los tratados comerciales. Del mismo modo, entendemos que el acuerdo debe explicitar el respeto a los derechos de los indígenas, de modo que se garantice la preservación de su identidad y cultura, el reconocimiento de sus territorios y la protección de sus saberes ancestrales, impidiendo que éstos se conviertan en un artículo de consumo en manos de patentes transnacionales

Consecuentemente es necesario limitar el alcance de los acuerdos comerciales, a través de convenios internacionales, así como sustituir la competitividad por la cooperación.

Así recogemos en este documento una síntesis de la alternativa planteada por la ASC en los diversos temas:

1. Derechos humanos: Construcción de una agenda común sobre derechos humanos que abarque todas las políticas continentales, y que prevea las instituciones y los mecanismos necesarios para garantizar su implementación total. Esta agenda deberá promover la más amplia definición de derechos humanos, cubriendo los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, la equidad de género y los derechos en torno a los pueblos y las comunidades indígenas.

2. Medio ambiente y recursos naturales: Los gobiernos deben mantener el derecho de dirigir inversiones hacia actividades ambientalmente sostenibles y rechazar la privatización de recursos naturales. El uso de recursos naturales debe estar al servicio de las necesidades básicas de la gente, y no ser un mero objeto de transacciones del mercado. Los países ricos deben asumir su deuda ecológica, se debe dejar a los estados aplicar el principio de precaución en sus regulaciones y asegurar la libre circulación de conocimientos y acceso a los recursos genéticos.

3. Sustentabilidad: Los acuerdos deben comprometer a los países miembros, a través de convenios y tratados internacionales, a proteger el medio ambiente, las minorías, los derechos de los trabajadores y de las mujeres, y otras conquistas sociales. Además, es necesario disponer de los medios prácticos para hacer efectivos esos acuerdos en el ámbito nacional permitiendo el principio de precaución.

4. Género: Las mujeres deben tener un acceso equitativo a la educación, al crédito y otros recursos. Las mujeres deben tener mayores oportunidades para participar en la elaboración de políticas. Es importante realizar una evaluación del impacto de género de políticas comerciales, más poder en las negociaciones de mujeres y grupos de mujeres, reconocimiento de los derechos de las mujeres y del trabajo no remunerado de las mujeres.

De manera específica y a modo de ilustración entendemos que los gobiernos deberán establecer leyes nacionales que garanticen un cuidado de los hijos accesible; ataquen el hostigamiento sexual laboral e implementen la iniciativa 20/20 de la ONU para asignar el 20% de los presupuestos a programas sociales.

5. Trabajo: Las políticas continentales han de buscar garantizar los derechos básicos de hombres y mujeres trabajadores, sin importar su estatus migratorio. Crear un fondo para compensaciones a trabajadores y comunidades que padezcan la pérdida de empleos y promover el mejoramiento de niveles de trabajo y de vida de los trabajadores y de sus familias. Es necesario que el acuerdo tenga una cláusula de derechos laborales y sociales, en la que se garantice el seguimiento por parte de la OIT de la situación laboral, así como establecer mecanismos de sanciones a gobiernos y empresas, y de protección a los trabajadores que sufren los efectos de la integración.

6. Inmigración: La meta es lograr una situación de “puertas abiertas” en el continente. Para ello es necesario incluir el tema de inmigración en el acuerdo, asegurando el respeto a los derechos humanos y laborales de los migrantes. Algunas medidas en las que habría que avanzar es la concesión de amnistía a todos los trabajadores indocumentados, la desmilitarización de zonas fronterizas.

7. El papel del Estado: Las políticas continentales no deberán mermar la capacidad de un Estado-nación para cubrir las necesidades sociales y económicas de sus ciudadanos. Los Estados-nación deben tener el derecho a mantener corporaciones del sector público y políticas que apoyen las metas de desarrollo nacional. La meta de las regulaciones nacionales en el sector privado deberá ser la de garantizar que las actividades económicas promuevan un desarrollo justo y sostenible.

Se propone en definitiva el impulso a Estados socialmente responsables que buscan y vigilan el bien común y que ejercen un papel regulador en función de este objetivo.

8. Educación: La educación no es una mercancía; es un derecho social universal y fundamental que se debe asegurar mediante un servicio público financiado y bajo responsabilidad del Estado. Debe ser excluida de los acuerdos sobre la liberalización del comercio de servicios. La educación por tanto debe ser gratuita y plenamente accesible en todos los ámbitos y durante toda la vida.

9. Comunicación: La comunicación constituye un derecho humano universal que abarca tanto el derecho de producir como de recibir información. Debe ser considerada como un bien público y debiera ser preservada y regulada, quedando excluida del acuerdo comercial. La comunicación y los medios deben ser regidos por principios de ética inspirados en una cultura de la vida y de lo humano. Los medios comunitarios e independientes deben ser reconocidos. Debe haber un acceso justo y equitativo a todos los medios de comunicación, incluida la Internet. Respetando la soberanía de los Estados, debe haber cuerpos de regulación nacional e internacional que sean transparentes y con participación ciudadana.

10. Inversión: Los gobiernos deben tener el derecho a fijar requisitos para el desempeño de inversionistas y rechazar cualquier inversión que no haga una contribución neta al desarrollo, sobre todo en los flujos de capital especulativo. Los grupos ciudadanos y todos los niveles de gobierno deben tener el derecho a demandar a inversionistas que hayan violado reglas de inversión. El mecanismo del TLCAN que permite a los inversionistas demandar directamente a los gobiernos debe ser abolido y prohibido en otros acuerdos.

11. Finanzas: El sistema financiero internacional debería servir para canalizar el capital productivo. Las instituciones financieras internacionales deberían promover la sustentabilidad. Debería haber una auditoría de las deudas externas (origen y legitimidad), se deberían cancelar las deudas ilegitimas y renegociar las deudas que impiden la sustentabilidad[19].

12. Propiedad intelectual: Los gobiernos deberán tener la capacidad de establecer reglas de propiedad intelectual que reflejen sus contextos sociales, culturales y económicos específicos. Esto deberá incluir el derecho a ciertas disposiciones que garanticen el acceso a medicinas esenciales y habrá de proteger la biodiversidad, los saberes indígenas y de las comunidades tradicionales y campesinas. Ninguna forma de vida podrá ser patentada.

Los derechos humanos y la Convención sobre diversidad biológica deben tener primacía sobre las reglas de propiedad intelectual. En particular, se debe proteger los derechos de las comunidades indígenas y la soberanía de los pueblos indígenas y las leyes de derecho de autor deben proteger ante todo a los trabajadores culturales (y no sólo a las empresas).

13. Agricultura: Se debe garantizar la seguridad y soberanía alimentarias, lo cual implica: garantizar alimentos, hacer reformas agrarias, no patentar formas de vida, garantizar los derechos de los trabajadores agrícolas y promover un desarrollo sustentable.

Además debe haber una democratización en el sector agrícola que involucre a pequeños productores en la creación de políticas agrícolas, pesqueras y ambientales, y en particular la reforma agraria.

14. Acceso a mercados: El actual principio dominante de “trato nacional”, que exige a los gobiernos no tratar a los inversionistas extranjeros ni a sus productos de una manera menos favorable que a los domésticos, restringe severamente la planificación nacional del desarrollo. Se debe permitir a los gobiernos fomentar políticas que fortalezcan la demanda interna, en lugar de apoyarse por completo en los mercados externos. Los gobiernos deberían tener derechos soberanos para dar subsidios e incentivos fiscales para servicios productivos que reflejan intereses sociales legítimos.

La meta de las negociaciones deberá ser establecer reglas claras y justas para un acceso permanente y anunciado a los mercados que beneficie a los consumidores, genere empleos y bienestar para la población, fortalezca la capacidad productiva y proteja el ambiente.

Un trato justo implica un trato diferenciado y preferencial para atender las desigualdades entre los países y al interior de cada país para apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa así como a empresas sociales y comunitarias. En la operacionalización, la liberalización del comercio, reducción de aranceles y definición de reglas de contenido o de origen deben ser transparentes y respetar la soberanía de cada país.

15. Servicios: Los servicios básicos como educación, atención a la salud, energía, agua y otras utilidades deben estar disponibles para todas las personas que habitan el continente. Para alcanzar esta meta, esos servicios públicos no deberían ser privatizados. Se debe respetar la soberanía nacional, dejando la posibilidad de mantener empresas públicas proveedoras exclusivas de servicios vitales para la población y de establecer un trato especial y diferenciado para enfrentar las diferencias en tamaño y niveles de desarrollo.

16. Cumplimiento y resolución de disputas: Los mecanismos de resolución de disputas han de estar orientados a reducir las desigualdades, y estar basados en procesos justos y democráticos. Debería hacerse mediante tribunales públicos y transparentes compuestos por expertos en derechos humanos y representantes de sectores afectados.

Se deben crear incentivos que impulsen su cumplimiento. Esto implicaría una evaluación del cumplimiento en cada país, así como la creación de planes de acción para eliminar los obstáculos al cumplimiento y, como último recurso, la negación de beneficios del acuerdo comercial para los violadores corporativos y/o gobiernos.

Lineamientos que se desprenden de la propuesta en su conjunto

En una panorámica de conjunto, esta visión opuesta de integración de las Américas se traduce en unos cuantos valores y principios que habría que incorporar en el proceso de negociación. Esquemáticamente, se trataría de:

1) Asegurar la primacía sobre los acuerdos comerciales de:

- Los derechos humanos en un sentido amplio (de los ciudadanos en general, trabajadores, mujeres, pueblos indígenas, comunidades campesinas, migrantes, etc.).

- Un desarrollo sostenible.

- La producción doméstica (mercado interno).

- La seguridad y soberanía alimentarias.

- Los factores ambientales (incluyendo el principio de precaución ambiental).

- La soberanía nacional y la capacidad reguladora de los Estados.

- Los convenios, convenciones y tratados internacionales para proteger los derechos sociales y el medio ambiente.

2) Incluir en el acuerdo:

- Una cláusula de derechos laborales y sociales.

- Un mecanismo multilateral para regular los flujos de capital especulativo.

- Mecanismos transparentes y con participación ciudadana que respeten la soberanía nacional, incluyendo la resolución de disputas.

- Un trato diferenciado y preferencial en materia de acceso al mercado y comercio de servicios para enfrentar las desigualdades entre países y al interior de cada país.

3) Excluir del acuerdo:

- La privatización de los recursos naturales y los servicios públicos.

- La educación (que es un derecho social universal y fundamental).

- Las emisiones públicas de los medios de comunicación (servicio gubernamental).

- Las patentes de toda forma de vida.

- Los servicios vitales para la población.

4) Evaluar:

- El impacto de género de las políticas comerciales.

- El origen y legitimidad de las deudas externas (auditoría)

- El cumplimiento del acuerdo en función del mejoramiento de los niveles sociales.

NUESTROS COMPROMISOS Y EXIGENCIAS COMO RED CIDSE Y COMO AGENCIAS DE COOPERACIÓN[20]

Queremos por lo tanto manifestar también nuestro compromiso como red CIDSE y como Agencias Católicas, europeas y norteamericanas, por una globalización justa y solidaria.

Creemos que es posible construir acuerdos comerciales entre las naciones que favorezcan el crecimiento económico y al mismo tiempo preserven la dignidad y la vida de los más pobres, que respeten el medio ambiente, la diversidad cultural y la autonomía de los pueblos.

Y por eso también manifestamos nuestro compromiso de acompañar solidariamente la lucha de los pueblos de América frente al ALCA, apoyando por los distintos medios a nuestro alcance la realización de los plebiscitos nacionales, las campañas de información y todas aquellas iniciativas de la sociedad civil que ayuden a un conocimiento más amplio y a un posicionamiento crítico respecto del ALCA. Nos comprometemos también a trabajar para dar a conocer en nuestras sociedades del hemisferio norte el ALCA y sus consecuencias sociales en América así como el contenido de la propuesta de la Alianza Social Continental (“Alternativas para las Américas”). Por último, nos comprometemos a participar en la medida de nuestras posibilidades en el trabajo de incidencia, en particular en los momentos de la negociación.

Y desde este compromiso, queremos dirigirnos con fuerza a diferentes instancias, para además de manifestar nuestra opinión, formular las exigencias de lo que nos parece urgente y necesario:

Pedimos a los gobiernos de América:

· Que aseguren la democratización y transparencia de cualquier proceso de negociación de acuerdo de libre cambio, tanto multilateral como bilateral, lo cual significa un proceso abierto y público con plena participación tanto de los parlamentarios como de las organizaciones de la sociedad civil.

· Que busquen un modelo sostenible de integración que incluya mecanismos de protección del medio ambiente, sea susceptible de reducir la pobreza y las desigualdades sociales, respete la soberanía nacional y garantice los derechos sociales, culturales y económicos de los pueblos, protegiendo especialmente a los segmentos más pobres de la población.

· Que busquen el apoyo de los ciudadanos para afirmar su independencia frente a los intereses de las empresas transnacionales y de las corrientes políticas neoconservadoras.

Pedimos a los gobiernos europeos:

· Asumir el compromiso ético de conocer el ALCA y sus consecuencias para las sociedades del continente americano, rompiendo la aparente neutralidad o indiferencia ante este proceso.

· Hacer un esfuerzo real y permanente por plantear modelos alternativos de globalización y de acuerdos comerciales, que no repitan ni profundicen la lógica excluyente y asimétrica del ALCA.[21]

· Elaborar instrumentos de control y de medición de impacto sobre los efectos sociales y medioambientales de las inversiones realizadas por empresas europeas en el continente americano.

Pedimos a las sociedades europeas:

Igual que los gobiernos, creemos que la sociedad civil de los países europeos no puede permanecer indiferente, y ha de asumir también, por exigencia ética, una postura más activa y crítica ante este proceso:

· Conociendo y profundizando el significado del ALCA para los pueblos americanos.

· Creando nuevas formulas de “observación social” y de presencia en los acontecimientos con relación al ALCA y con cualquier otro acuerdo con similares características, poniendo especial interés en los acuerdos tejidos entre Europa y países de América.

· Luchando activamente para conseguir que los pueblos de América Latina puedan disfrutar de los mismos derechos básicos y sociales que existen en los países del Norte y de los cuales todos nos beneficiamos.

Pedimos a las agencias y organizaciones de cooperación al desarrollo:

· Una postura firme y crítica frente al ALCA, que se manifieste en un apoyo decidido y claro a las iniciativas de la sociedad civil de los pueblos de América frente al Acuerdo.

· Su compromiso mediador para sensibilizar tanto a la sociedad civil como los ámbitos políticos de Europa y América del Norte, a través de sus propios recursos de lobby, medios de comunicación y todos los medios disponibles.

· Su solidaridad desde una concepción de “desarrollo” que se comprometa con los sectores más vulnerables y excluidos de los pueblos de América, que defienda la dignidad, el protagonismo de los pobres en su propia vida y en la de sus países.

Manifestamos a la sociedad civil de América:

· Nuestra solidaridad con sus organizaciones en cada país y en el ámbito continental, con las propuestas alternativas que generan y con las acciones y luchas que emprenden para que se difunda, discuta e implante otro modelo de integración coherente con una visión de desarrollo sostenible social y ecológicamente.

CONCLUSIÓN

Somos conscientes de que las negociaciones sobre el ALCA siguen adelante y que cada vez disponemos de menos tiempo para actuar. No obstante esperamos que la lucha que en los últimos años ha emprendido la sociedad civil del continente americano, cargada de esperanza y de utopía, creyendo que la construcción de otra integración de las Américas es posible, llegue a buen término, haciendo real la construcción de unas relaciones solidarias y de cooperación entre los países.

A este propósito, hacemos nuestras las recientes palabras de los obispos de Sudamérica, que declaran:

Puede parecer que la implementación del ALCA es irreversible. Sin embargo es también posible cambiar algunos de sus términos para que los países en vías de desarrollo tengan preferencias competitivas, se respete su soberanía y autodeterminación y sus recursos naturales estratégicos no sean susceptibles de apropiación privada. En este sentido es importante reconocer y participar en la construcción y fortalecimiento de bloques regionales y subregionales en nuestro continente.

Un verdadero proceso de integración de América debe basarse en una política continental que tenga en cuenta los derechos humanos y los principios de la soberanía, la justicia, la solidaridad y el respeto a las identidades culturales de los pueblos.

Una vez más afirmamos, inspirados en la Doctrina Social de la Iglesia, que la economía debe estar al servicio de la persona humana y respetar los derechos fundamentales de los pueblos[22].

Reiteramos nuestro compromiso para apoyar la construcción de una integración justa y solidaria de los pueblos americanos y concluimos nuestro documento manifestando nuestro profundo conocimiento de que desde la solidaridad, la lucha cotidiana, el aunar esfuerzos entre los pueblos y los continentes

OTRO MUNDO ES POSIBLE… OTRA AMERICA ES POSIBLE.


LISTA DE ABREVIATURAS

CIDSE Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Solidaridad

COPLA Plataforma Continental América Latina

ALCA Area de libre comercio de las Américas

CCCB-CECC Comisión de Asuntos Sociales de la Conferencia de Obispos Católicos de Canadá

OMC Organización mundial del Comercio

FMI Fondo monetario internacional

UE Unión europea

TCLAN Tratado de libre comercio de América del norte

AlyC Países de América Latina y Caribe

CNC Comité de Negociaciones Comerciales

ADPIC Acuerdos de Derechos de Propiedad Intelectual

CEPAL Comisión económica para América Latina

CELAM Consejo Episcopal Latinoamericano

USCCB United States Conference of Catholic Bishops

MERCOSUR Mercado común del Sur

AMMM Acuerdo Marco sobre Medioambiente Mercosur

ASC Alianza Social Continental

OIT Organización internacional del trabajo



[1] El primer tema abordado fue: “La tierra en el desarrollo de América latina y el Caribe - Alternativa desde la esperanza” Documento de posición de la Plataforma Continental América Latina (COPLA) de CIDSE, revisado en Junio 2003

[2] Estamos también tomando en cuenta la importante reflexión hecha por la Comisión de Asuntos Sociales de la Conferencia de Obispos Católicos de Canadá (CCCB-CECC) en Vendiendo el futuro“ (Ottawa: CCCB-CECC, CELAM, USCCB; 2002).

[3] Comparativamente respecto a África y Asia, América latina es el continente donde hay las mayores desigualdades sociales (PNUD Informe sobre el desarrollo humano 2002: 194-197).

[4] Emir Sader, Fernando Villavivencio, César Neto, Manuel Salgado

[6] El objetivo del grupo es suficientemente ambiguo ya que es un tema que a EEUU no le interesa negociar en el marco del ALCA y sí en el marco de la OMC[6], ya que le afecta directamente. Es por ello que aun siendo uno de los capítulos más importantes es de los menos desarrollados en el borrador.

[7] Más de las tres cuartas partes de las variedades de cultivos agrícolas han desaparecido en el curso del siglo XX y, en la sub-región de América Central, desde 1960, la mitad de los bosques han sido talados. Así mismo, de los diez países del mundo con mayor peligro de desertización, siete están en América Latina (ver COPLA/CIDSE « La tierra en el desarrollo de América Latina y el Caribe » 2002.).

[8] Algunos datos que ejemplifican y sustentan este análisis de impacto son:

- La tasa media de crecimiento anual del PIB por habitante durante la vigencia del TLCAN es de sólo 0.94%, la más baja comparada con todas las estrategias económicas impulsadas en dicho país en este siglo.

- El costo de la degradación y deterioro ambiental ha sido en promedio durante cada año de vigencia del TLCAN el equivalente a 10% del PIB.

- No se han creado ni suficientes ni buenos empleos: a) En los primeros 7 años del TLCAN se generaron en el país 6,200,426 empleos nuevos, pero ello significa un déficit de 40% respecto a la gente que cumple edad de trabajar. b) Estos pocos empleos son malos empleos: El 48% de los empleos nuevos generados no cumplen con las prestaciones de la ley, y suponen inseguridad laboral, largas jornadas, contratación temporal y fuerte e ilegales presiones para impedir su sindicalización”. c) El sector manufacturero (incluyendo la maquila) concentra el 87.26% de las exportaciones totales del país, el 51% de la inversión extranjera directa. Es un sector exitoso: crece 37.36% y su productividad 52.7%. Sin embargo, después de 8 años y medio del TLCAN hay hoy un 8.5% menos empleos. (Declaración de la Alianza Social Continental ante la Declaración Ministerial de Quito.)

[9] Este modelo se distingue netamente de la política económica promovida anteriormente por la CEPAL (Comisión económica para América Latina) y aplicada en la mayor parte de los países del continente, la política de desarrollo del mercado interno mediante una industrialización de sustitución de importaciones. Es cierto que dicha política se basaba en la demanda solvente correspondiente sobre todo a la de los estratos sociales medios y que, por lo tanto, no ha estado ligada a un aumento importante del poder adquisitivo de los estratos populares.

[10] Las maquilas son plantas de montaje o de subcontratación de una parte de un determinado producto, vinculadas a una compañía transnacional. Éstas se expanden cada vez más en América Latina y se establecen para beneficiarse de las condiciones existentes (bajos salarios, leyes de trabajo flexibles, normas ambientales poco exigentes y tasas mínimas de tributación).

[11] En la actualidad en el TCLAN se han presentado más de 15 demandas en el marco del capítulo XI (Extracto de casos de Análisis realizado por grupos de investigación de la Alianza Social Continental recogido de Comisión de Asuntos Sociales Conferencia Canadiense de Obispos(I/2002) “Vendiendo el futuro“ Conferencia Episcopal Canadiense, Ottawa (CCCB-CECC, CELAM, USCCB).

[12] Por lo que los gobiernos sólo podrán rehusar el otorgar patentes por motivos ambientales cuando el uso comercial de los inventos cause serios daños a la naturaleza o al ambiente, obligando a los gobiernos a presentar pruebas científicas muy costosas para demostrar el posible daño.

[13] Compromisos de 191 países para el 2015 frente a la pobreza y la desigualdad
(cfr.
www.un.org/spanish/millenniumgoals ).

[14] Capítulo sobre agricultura www.ftaa-alca.org.org

[15] Vaillant M. “Análisis de sensibilidad del comercio exterior, países de la ALADi con los Estados Unidos” Estudio 107 25 marzo 1998.

[16] Anderson S. (2002), "Visiones opuestas para el continente El borrador oficial el ALCA Vs. Alternativas para las Américas a partir de ASC, Alianza Social Continental www.asc-hsa.org

[17] Alfredo J. Gonçalces Brasilia/ Df 20 mayo 2002

[18] La Alianza Social Continental tuvo sus inicios en la tercera cumbre sindical paralela a la reunión ministerial del ALCA en mayo de 1997, y desde entonces ha elaborado muchas propuestas para promover un desarrollo equitativo y sostenible. Se trata de organizaciones sindicales, populares, de medioambiente, de mujeres, grupos de derechos humanos de solidaridad internacional, asociaciones indígenas, campesinas, grupos de estudiantes y grupos ecuménicos de todos los países de América.

[19] Véase “La vida antes que la deuda” CIDSE - Caritas Internationalis, 1998 (www.cidse.org)

[20] Para esta sección nos inspiramos y hacemos nuestros, como Plataforma Continental, parte de los compromisos que el Grupo de trabajo Brasil de la COPLA-CIDSE asumió en su declaración de Bruselas (seminario sobre el ALCA y sus consecuencias sociales en Brasil, junio 2002)

[21] En estos momentos la UE está avanzando en acuerdos de libre comercio con Mercosur, la CAN (Comunidad Andina de Naciones) y los países centroamericanos, y ha establecido ya acuerdos bilaterales de libre comercio con México y Chile.

[22] Declaración de los Obispos del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), y de Bolivia y Chile, en el IV Encuentro realizado en Montevideo, septiembre de 2003. Puntos 9 10 11

https://www.alainet.org/es/active/4879

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