Uno de los principales encargos hechos a la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) – que presentó su informe final el 28 de agosto pasado (www.cverdad.org.pe) - fue el de recomendar propuestas de reparación y dignificación para los afectados de las violaciones a los derechos humanos durante dos décadas de violencia interna. Esto constituye un paso muy importante por parte del Estado en el reconocimiento de su deber ético, jurídico y político sobre este tema. Miles de peruanos y peruanas vieron truncados sus proyectos de vida, sufriendo en carne propia desapariciones, asesinatos, torturas, violaciones sexuales, desplazamiento, prisión injusta, secuestro, reclutamiento forzado, entre otras violaciones a los derechos humanos. Frente a esto ni el Estado ni la sociedad pueden permanecer indiferentes. El Grupo de Trabajo sobre Reparaciones (GTR), conjunto de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el proceso de verdad y justicia (integrado por Coordinadora Nacional de Derechos Humanos - CNDDHH, Comisión Episcopal de Acción Social - CEAS, Mesa Nacional de Desplazados - MENADES, Asociación Paz y Esperanza, Servicios Educativos Rurales - SER, Asociación Pro Derechos Humanos - APRODEH, Amnistía Internacional- sección Peruana, Centro de Atención Psicosocial- CAPS, Comisión de Derechos Humanos - COMISEDH, Consejería de Proyectos - PCS, Instituto de Defensa Legal - IDL, Oxfam GB, Red por la Infancia y la Familia – REDINFA), considera fundamental que en el debate público abierto con la presentación del Informe Final de la CVR esté presente el imperativo de la reparación. El Plan Integral de Reparaciones que la CVR propone, recoge los aportes de las organizaciones de afectados de las regiones del país más golpeadas por el conflicto armado, organizaciones de derechos humanos, y expertos nacionales e internacionales; lo que le da legitimidad y nos compromete a defenderlo. El Plan Integral de Reparaciones considera una serie de criterios para entender y atender la reparación, entre ellos el Grupo de Trabajo sobre Reparaciones GTR quiere resaltar algunos que fueron difundidos en una nota de prensa: "la reparación no es una dádiva sino un derecho de todas y todos los peruanos que hayan sufrido violaciones a sus derechos fundamentales. Dar respuesta a este derecho se convierte en un deber del Estado. La reparación contribuye al proceso de la justicia restituyendo derecho de las víctimas y reivindicando la ciudadanía de millones de peruanos y peruanas. Las reparaciones deben ser integrales, es decir materiales, simbólicas, individuales y colectivas. No se limitan a las indemnizaciones. Se trata de medidas específicas que no deben confundirse con políticas sociales para superar la pobreza". El objetivo central de las reparaciones es reconocer las violaciones a los derechos individuales y colectivos y resarcir a las personas y comunidades afectadas. La nota elaborada por el Grupo de Trabajo sobre Reparaciones GTR enfatiza la importancia de "adoptar políticas de Estado que asuman el Plan Integral de Reparaciones propuesto por la CVR, que aplicado de manera progresiva involucre a todas las instituciones públicas a nivel central, regional y local, así como al conjunto de actores políticos; para lo cual se debe crear un Organismo de Seguimiento a este proceso con la participación de organizaciones de la sociedad civil. De esta manera el proceso de consolidación de una democracia inclusiva y el futuro de convivencia nacional se verán fortalecidos. El documento concluye solicitando "al gobierno del Perú renovar su compromiso con todos los afectados por la violencia política, asumiendo las recomendaciones hechas en materia de reparación integral por la CVR. Invocamos todos los ciudadanos a hacer una lectura reflexiva del Informe Final y en especial de las recomendaciones, y confiamos que con ello haya una mejor comprensión y respaldo al proceso de verdad y justicia". Este proceso de búsqueda de reparaciones tiene la colaboración del Centro Internacional para la Justicia Transicional ICTJ (www.ictj.org ) de New York (USA). Desde febrero de 2001, el ICTJ ha estado trabajando con actores locales en Perú en asuntos de justicia transicional, primordialmente relacionados con la Comisión de la Verdad y Reconciliación y también con ONGs como la Asociación Pro Derechos Humanos APRODEH (www.aprodeh.org.pe ), con la cual ICTJ elaboró una investigación orientada a identificar "Criterios para un Programa Nacional de Reparaciones". *Cristiano Morsolin, periodista italiano fundador del "Observatorio Independiente sobre la área Andina" SELVAS (www.selvas.org), operador de redes internacionales. Lima (Perú), martes 9 de septiembre del 2003