Luego de siete horas de sesión, al Consejo Municipal de la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, sólo le quedaba un punto más que tratar: la aprobación de una resolución exigiendo que la empresa Bechtel, dueña de Aguas del Tunari, desista de inmediato en su demanda contra la República de Bolivia por 25 millones de dólares en compensación por la pérdida de su concesión de agua.

En cuestión de minutos, la Resolución quedó aprobada: siete votos a favor, dos en contra y dos ausentes.

El terreno para esta decisión estaba preparado.  Meses antes, una red de organizaciones en Bolivia y Estados Unidos había empezado a analizar y actuar sobre el caso “Bechtel versus Bolivia”.  Enviaron cientos de correos electrónicos, habilitaron una página Web y, en momentos claves, miembros de la red visitaron San Francisco y Washington.

Tal como la Guerra del Agua es un símbolo de los conflictos sobre la privatización, la demanda de Bechtel contra Bolivia es un símbolo de cómo las reglas del comercio y inversión internacional —que permiten y protegen esas demandas— erosionan la soberanía, y ponen las ganancias de las transnacionales por encima de las necesidades de los países y la democracia.  Con la Resolución del Concejo Municipal de San Francisco, se empieza a demostrar la nueva e incipiente eficacia en la globalización “desde abajo”.

Antecedentes

El manejo del agua en Cochabamba y la legislación que lo habilitaba fueron cocinados al modo típico de las privatizaciones.  Llegar a los contratos de concesión requirió no menos de cuatro Decretos Supremos, mientras que la aprobación de Ley 2029 que lo amparaba se concretó en un pacto de caballeros –MNR, AND y MIR–, dizque en la casa de Gonzalo Sánchez de Lozada, actual presidente de Bolivia.

El 3 de septiembre de 1999 se firmaron los contratos de concesión, celebrados con champán y discursos floridos.  Entre otros, estaba el Presidente Banzer; el Ministro de Comercio Exterior, Carlos Saavedra; el Alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa; el Superintendente de Agua; Luis Uzín; y Geoffrey Thrope, gerente de Aguas del Tunari.  Afuera, la Central Obrera Departamental de Cochabamba protestaba, lanzando los petardos de costumbre.  Banzer comentó: “Estoy acostumbrado a esa música de fondo”.[i]

Esta música se convertiría en la sinfonía estruendosa y crisis general del Estado que hoy invocamos con sólo decir “abril del 2000”.  Esa movilización terminaría imponiendo cambios a la Ley 2029 y corriendo a Aguas del Tunari.  “Aguas del Tunari Go Home” decía una pancarta, pero resulta que ha vuelto, y demanda 25 millones de dólares de compensación en su condición de víctima holandesa, amparada por el Tratado Bilateral sobre Inversiones entre Holanda y Bolivia de 1992.

¿Holandesa? Resulta que Aguas del Tunari se convirtió en una humilde casilla postal en Amsterdam, luego de una cuestionable y posiblemente ilegal transferencia de domicilio de las Islas Caimanes a Holanda a finales de noviembre de 1999, aprobada por el “Súper” boliviano Uzín.

Al momento de la firma de los contratos, Aguas del Tunari era propiedad de –en orden inverso de importancia– cuatro empresas y empresarios bolivianos, con 5% cada uno; la empresa española de ingeniería Abengoa (negocios de 1,24 mil millones de dólares en 2001, con 25% de las acciones), y International Water Ltd.  (IWL), en ese momento una subsidiaria de la Bechtel Corporation de San Francisco, EE.  UU.

Pero el 4 de noviembre de 1999 Bechtel vendió la mitad de IWL a Edison S.p.A, una empresa italiana de energía y servicios.[ii] Aguas del Tunari “abandonó” las Islas Caimán y apareció en el holding International Water Holdings B.V., una casilla en las oficinas de la agencia de holdings Intra Beheer B.V., subsidiaria, a su vez, de ING Trust.[iii] ¿Todo claro?

Estructura accionaria de “Aguas del Tuanari”

Aunque voceros de Bechtel insisten que Aguas del Tunari no es una “subsidiaria” suya (Bechtel sólo tiene el 27,5% de las acciones), indiscutiblemente Bechtel es el poder detrás del negocio.[iv]

 Entonces, ¿qué es Bechtel?

La empresa de Mr.  Bechtel

La empresa fundada en 1898 por Warren Bechtel ha ejecutado más de 19.000 proyectos de ingeniería y construcción en 140 países.  [v] Según el ranking de la revista Forbes, es la sexta empresa norteamericana de patrimonio privado, por tanto no sujeta a las reglas de transparencia de las sociedades anónimas, y famosa por su carácter cuasi-clandestino e hiperagresivo.

Dirigiéndose a sus ejecutivos, el entonces presidente de Bechtel, Steven Bechtel Sr., aclaró: “Acuérdense: no estamos en el negocio de la construcción y la ingeniería; estamos en el negocio de hacer plata.”[vi] Bechtel reportó ingresos de 14,3 mil millones de dólares en 2001.  [vii] Sin contar el valor de los proyectos nuevos que duplicarían la cifra, el “producto” de Bechtel es casi dos veces el PIB y casi 10 veces el gasto público de Bolivia del mismo año.

Un sustento central para “hacer plata” son las relaciones fluidas e íntimas de Bechtel con el Gobierno de Estados Unidos.  Steven Bechtel Jr., nieto de Warren, fue asesor de las comisiones económicas de Nixon.  Por décadas, Bechtel se benefició con millones de dólares en créditos blandos del Export-Import Bank, agencia pública que apoya la exportación de servicios y productos, dirigida en los 70 por un “hombre Bechtel”: Henry Kearns.

Con Reagan en la Casa Blanca, los hombres Bechtel entraron al gabinete.  El presidente de Bechtel, George Shultz, fue Secretario de Estado; el Consejero General de Bechtel, Caspar Weinberger, fue Secretario de Defensa; y W.  Kenneth Davis, vicepresidente de Bechtel para “desarrollo nuclear”, ocupó el jugoso cargo de Vicesecretario de Energía.

A lo largo de su historia, los hombres Bechtel han sido consejeros de presidentes y príncipes (notoriamente en Arabia Saudita), emplearon batallones de lobbyists en Washington, y en varios momentos jugaron un rol íntimo y mutuamente beneficioso con la CIA.[viii]

En 2000 más de la mitad de los ingresos de Bechtel vinieron de actividades fuera de EEUU[ix], y sigue la relación simbiótica con el gobierno.  En testimonio ante la Comisión de Relaciones Internacionales del Congreso en 1997, el ejecutivo de Bechtel Sy Taubenblatt insistió que las transnacionales proporcionan una palanca importante al gobierno: “La capacidad de tener incidencia sobre el curso de eventos en cada uno de estas áreas – y el mundo en general – depende de la presencia económica de EEUU alrededor del mundo.”[x]

Hoy, desde su sede en San Francisco, el bisnieto de Warren, Riley Bechtel, maneja alrededor de 1,100 proyectos en 66 países en minería y metales, hidrocarburos, petroquímicos, energía nuclear, infraestructura civil, telecomunicaciones, y crecientemente, agua.

Fronteras por invadir: el agua

Bechtel, con su subsidiaria International Water Ltd., busca conquistar un pedazo del mercado global del agua.  En el negocio del agua, decía la revista Fortune en el año 2000, “los dólares en juego son fenomenales… es un negocio de 400 mil millones de dólares al año.  Esto es, el 40% del tamaño del negocio de petróleo, y un tercio más grande que el negocio global de farmacéuticos.”

 [xi] Johan Bastin, del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, dice: “El agua y sus infraestructuras son la última frontera que a los inversionistas privados les queda por invadir.”

 [xii]

Hasta principios del 2001, Bechtel-IWL tenía ocho operaciones de agua, en Asia Europa Central, Australia, Reino Unido, Estonia, y Ecuador, todos con su casilla postal holandesa.  Y Bechtel habría tenido nueve, si no fuera por la “música” cochabambina.

Bechtel intenta, ahora, presentarse como víctima inocente de políticos inescrupulosos, basándose en mentiras comprobadas sobre el origen y magnitud del tarifazo que detonó la “Guerra del agua” en abril de 2000.[xiii] Pero, hay que recordar: fue un proceso de negociación directa y no competitiva, en el que Bechtel tenía al frente a un gobierno débil y desesperado.  Según participantes de la negociación, Bechtel cocinaba activamente el tarifazo, imponiéndose a cada paso.

No es creíble que semejante empresa sea víctima de nuestros politiqueros de turno, por muy astutos que sean.  Los editores de la principal periódico de San Francisco, el San Francisco Chronicle (29 de abril de 2001) concuerdan: “En reunión con nuestro consejo editorial la semana pasada, ejecutivos de Bechtel intentaron presentar a la empresa como una víctima en Bolivia.  Pero no podían responder satisfactoriamente la pregunta más obvia: ¿Acaso no debieran haber previsto y asumido el riesgo de semejante negocio en un ambiente de inestabilidad política? No es sorpresa que un tarifazo conduzca a una rebelión anuladora de negocios en un país pobre”.[xiv]

Buscando market share en el negocio mundial del agua, en Bolivia Bechtel se jugó a cosechar ganancias jugosas y perdió.  Consultado sobre el caso, un experto británico en el negocio del agua comentó: “Como mi antiguo profesor Milton Friedman siempre decía, el capitalismo no funciona al menos que haya inversionistas estúpidos que pierdan su capital.[xv] Si la empresa es víctima de algo, es de su galopante avaricia y estupidez.

Aguas del Tunari S.A.  versus Republic of Bolivia

Y ahora quieren “pasarnos la cuenta”.  ¿Cómo?

En la globalización dominada por el capital proliferan los tratados bilaterales y multilaterales que buscan ampliar y profundizar la liberalización del mercado y las protecciones para la inversión directa extranjera (IDE).  Algunos son conocidos, como los acuerdos del la OMC, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, modelo para el futuro Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).  Otros son menos conocidos, como los Tratados Bilaterales sobre Inversiones, o BITs, el instrumento que usa Bechtel en su demanda contra Bolivia.

Las protecciones a la IDE surgieron en los años 50, cuando los países del sur pasaban por procesos de descolonización o independencia.  Los inversionistas buscaban crear un “escudo” de protecciones ante la amenaza de la expropiación de sus inversiones, por lo general tangibles, como plantas productivas, minas y pozos petroleros.

Con la ofensiva neoliberal de los años 80, el propósito y alcance de estas medidas cambiaría radicalmente: de un “escudo” protector se convertían en una “espada” ofensiva de liberalización, ocupando un lugar importante al lado de la artillería pesada neoliberal de “condicionalidad” en los programas de ajuste. 

Usando los tratados de comercio y inversión, hoy estas “protecciones” permiten a los inversionistas atacar y cambiar leyes locales, reconfigurar el terreno en que invierten y sacar compensaciones jugosas.[xvi]

Estos tratados contienen un repertorio standard de elementos.  Cláusulas de “trato nacional” exigen que los gobiernos den un trato igual o mejor a la inversión extranjera que a la nacional, prohibiendo, por ejemplo, favorecer a los proveedores nacionales en compras del sector publico.  Otros artículos impiden que los gobiernos impongan “requerimientos de desempeño” a la inversión extranjera.  Por ejemplo, está prohibido exigir que la IED dé preferencia a insumos nacionales, use o transfiera tecnologías, o emplee personal profesional nacional.  Estas medidas de hecho delimitan radicalmente la capacidad del Estado para fomentar el desarrollo. 

A este repertorio, el NAFTA y los BITs introducen nuevos elementos radicales.  El primero de ellos es el “mecanismo inversionista-Estado” que coloca a las transnacionales a nivel de los países, otorgándoles el derecho de enjuiciar directamente a gobiernos por ganancias perdidas a raíz de acciones del gobierno.

La eficacia del “mecanismo inversionista-Estado” para la IDE descansa sobre dos perversiones jurídicas.  Primero, se acopla a definiciones amplias y difusas de “inversión”.  Por ejemplo, en el BIT utilizado por Bechtel contra Bolivia la inversión comprende, pero no se limita, a sociedades, acciones, bonos, obligaciones, derechos contractuales, contratos de producción o de participación en los ingresos, concesiones, propiedad tangible e intangible, arriendos, hipotecas, propiedad intelectual, etc., etc.  En fin, cualquier cosa relacionada puede clasificarse como inversión y gozar de protecciones.[xvii]

En segundo lugar, el concepto de expropiación sufre una transformación parecida.  En el pasado, tratados y leyes nacionales otorgaba compensación cuando un gobierno tomaba bienes de los inversionistas en función del bien o necesidad pública.  En el NAFTA y muchos BITs, este concepto se amplía para incluir cualquier acción del gobierno de expropiación directa, indirecta, e “igual a” (tantamout to) expropiación. 

En la práctica, esto significa que casi toda regulación estatal puede ser redefinida como una “toma regulatoria” o expropiación.  Armada con estos conceptos y instrumentos, la IDE hoy demanda compensación por la pérdida potencial o real de ganancias presentes o futuras producto de cambios regulatorios.  Comenta un analista: “Toda regulación gubernamental se vuelve un blanco potencial.”

Por ejemplo, si una municipalidad decide reducir el nivel de emisiones tóxicas permitidas, y requiere la instalación de tecnologías más limpias, un inversionista extranjero puede demandar al Estado y ganar compensación por la implementación de medidas que “expropian” su “inversión”.  Antes, el empresario que contaminaba tenía que compensar a la sociedad; hoy, se ha invertido la lógica: hay que compensar a la empresa para que deje de contaminar. 

Estos casos de “expropiación” se tratan en cortes especiales y secretas llamadas “paneles de arbitraje”.  Los paneles están compuestos por tres personas: un representante del demandante, otro del demandado y un tercero acordado entre partes.  Los procesos son cerrados al público, desconocen leyes nacionales o locales, carecen de las garantías de procedimiento o evidencia de cortes nacionales y sus decisiones son inapelables. 

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, (CIADI o ICISID por su sigla en inglés), dependiente del Banco Mundial, se ha vuelto el “tribunal” favorito de los inversionistas.  Es ahí donde Bechtel ha entablado juicio a Bolivia.  Cuando un país pierde en estas cortes secretas, tiene tres opciones: puede cambiar la regla o ley que afecta a las ganancias de la empresa; puede pagar una indemnización en efectivo; o puede verse sujeto a sanciones comerciales. 

En los últimos 5 años han proliferado los tratados que protejan la inversión y el uso del arbitraje como “espada” de la liberalización.  A principios de los ‘90, habían solo 385 Tratados Bilaterales sobre Inversiones (BITs) en el mundo; a mayo de 2001 habían más de 1,850.  Bolivia tiene 17, 16 suscritos desde 1990.  Desde su fundación en 1965, el CIADI ha tratado 84 procesos de arbitraje,

 [xviii] de los cuales unos 40 tenían que ver con un BIT[xix], y más de la mitad se han iniciado en los últimos cuatro años (ver gráfico). 

Casos presentados al CIADI, 1980 a 2001[xx]

Los ejemplos de estos procesos perversos abundan; mencionaremos tres:

·        Metalclad Corp.  (EE.UU.), empresa que procesa desechos tóxicos enjuicia a México porque el Estado de San Luis Potosí no otorgó permiso para la constricción de una instalación para la eliminación de desechos tóxicos.  Los San Luis Potosinos pagaron $16.7 millones en compensación por el derecho de no ser contaminados.

·        Ethyl Corp.  (EE.UU.), empresa productora MMT, un aditivo para gasolina considerado cancerígeno, enjuicia a Canadá que ordenó el retiro paulatina de este aditivo.  Ethyl ganó, y obligó a Canadá a revocar la legislación que prohibía la venta transfronteriza de MMT.  Desde entonces el Congreso de Canadá no ha logrado aprobar ninguna nueva legislación medioambiental, por miedo a ser sujeta a demandas similares.

·        Methanex (Canadá), la empresa más grande del mundo productora de metanol, un aditivo a la gasolina, enjuicia al gobierno estadounidense debido a que el Estado de California ordenó en 1999 retirar paulatinamente este aditiva, que esta contaminando fuentes de agua.  Demanda $970 millones; el caso esta pendiente.

“Bechtel contra Bolivia” es otro ejemplo nítido.  Haciendo uso del BIT Bolivia-Holanda, el 25 de febrero de 2002 el CIADI registró formalmente la demanda de Bechtel.  La empresa mete juicio al Estado, alegando una expropiación bajo un concepto difusa de inversión.  Aunque no invirtió casi nada – no puso cañería, ni equipos, ni refaccionó oficinas – demanda $25 millones por la perdida de su concesión, una promesa de ganancias jugosas a futuro – el contrato fijo un retorno mínimo de 16% por año, durante 40 años.

 “Bechtel contra Bolivia” es un ejemplo nítido de cómo funcionan estos procesos.  Haciendo uso del BIT Bolivia-Holanda, el 25 de febrero de 2002 el CIADI registró formalmente la demanda de Bechtel.  La empresa inició juicio al Estado, alegando expropiación bajo un concepto difuso de inversión.  Aunque no invirtió casi nada – no puso cañería, ni equipos, ni refaccionó oficinas – demandó 25 millones de dólares por la perdida de su concesión, una promesa de ganancias jugosas a futuro (el contrato fijó un retorno mínimo de 16% por año, durante 40 años).

Para los cochabambinos, el costo de haber opinado y decidido sobre el manejo del agua conlleva una multa de 25 millones de dólares.  Para Bechtel, este monto es 0,017% de sus ingreso del año pasado.  Para nosotros es el equivalente de salarios anuales para 3.000 médicos rurales, 12.000 profesores fiscales o 125.000 nuevas conexiones de agua en Cochabamba.

¿Que hacer?

El panel de arbitraje se conformará pronto.  Lo primero que hará es establecer las reglas de confidencialidad.  La posibilidad de hacer escuchar voces ciudadanas en estos procesos es muy limitada.  Una vez establecidas las reglas de confidencialidad, se cierre completamente.  Sin embargo, el árbitro del Gobierno de Bolivia puede exigir transparencia.  Por tanto, es urgente que los bolivianos —a quienes se pasará al final la cuenta millonaria— exijan una posición transparente y de defensa del país por parte del Gobierno.  En Bolivia, Estados Unidos y Holanda crece la red de organizaciones que busca revertir el proceso. 

Las demandas son simples: a Bechtel, ni un centavo; a Holanda, que deje de proteger a extorsionadores; y al Gobierno boliviano, que sea transparente en el manejo del caso y consecuente con los intereses del país.  Al BM – y el CIDAI, su corte comercial secreto – insistimos que es inconcebible que se admita este caso, por dos razones: ha sido parte del conflicto, siendo el BM es uno de los mas ávidos promotores de la privatización del agua en Bolivia, por tanto no puede ahora ser juez; y en segundo lugar porque asunto públicos bolivianos deben tratarse en Bolivia, de frente al y con la participación de los afectados – el pueblo boliviano.

Un primer paso fue la Resolución del Consejo Municipal de San Francisco.  Los siguientes pasos incluyen medidas para asegurar que el Banco Mundial no procesa este caso a nuestras espaldas, mientras se sigue insistiendo – con el Consejo Municipal de San Francisco – que Bechtel desista en su demanda.

Corre el reloj, pero no es tarde.  Para sumarse a las campaña con Bechtel, comuníquese con nosotros en stopbechtel@hotmail.com, y manténgase al tanto de la campaña por medio de la página http://www.democracyctr.org.

Bechtel versus Bolivia en Cifras

¿Que significa $25 millones?

* Una versión resumida de este articulo se publicó en Pulso, 12 a 18 de julio de 2002.

** Tom Kruse. Investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, (CEDLA), La Paz y Cochabamba, Bolivia.  tkruse@cedla.org

Notas