“Crímenes contra la gente, crímenes contra la naturaleza: la impunidad de los señores de la guerra es hermana gemela de la impunidad de los señores que en la tierra comen naturaleza y en el cielo engullen la capa de ozono.

Las empresas que más éxito tienen en el mundo son las que más asesinan al mundo; y los países que deciden el destino son los que más méritos hacen para aniquilarlo”

(Galeano, 1998: 221)

“I can kill cause

in god I trust.

It’s evolution, baby!”

(Pearl Jam, Do the evolution)

1. Introducción

Hasta hace poco tiempo atrás, la problemática ambiental en Argentina era menospreciada o ignorada por distintos sectores sociales y tanto en el ámbito académico como en el político. En el mejor de los casos, pertenecía a grupos minoritarios, organizaciones no gubernamentales y ecologistas aislados. Sin embargo, el siglo XXI (muy tardíamente) vino a dar un fuerte sacudón a tanta displicencia. Más allá de las connotaciones políticas con las cuales cada uno siga el proceso, la Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú, en su férrea oposición a la instalación de las pasteras de celulosa sobre el Río Uruguay, ha puesto la cuestión del medioambiente en la agenda pública y política de un cimbronazo. No se trata de minimizar otros conflictos históricos de este tipo, tales como la contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Lo cierto es que los cortes de los pasos internacionales a Uruguay desde 2006 se convirtieron en un acontecimiento político de alcance internacional. Por primera vez eran movilizadas autoridades regionales y nacionales, se entablaba una disputa diplomática y se despertaba la opinión pública con el ruido de la cuestión ecológica. El pico más alto del reconocimiento oficial al tema se llevó a cabo el 5 de mayo de 2006 con el “Acto por la vida” en la localidad entrerriana, cuando el ex presidente Néstor Kirchner se comprometió a hacer de la protección del medioambiente una "política de Estado"¹.

No obstante, aquí no nos detendremos en la contaminación como único factor de la problemática ambiental. En todo el mundo, el aprovisionamiento de bienes naturales² resulta cada vez más complejo debido a su agotamiento y/o encarecimiento. Uno de estos bienes es la energía, por el cual se libra una carrera mundial (muchas veces armamentística) por el acceso a sus fuentes y que en nuestro país ha cobrado fama bajo la denominada “crisis energética” en los últimos dos años. El acuífero Guaraní también ha tenido su modesto lugar en la opinión pública cuando fue noticia la adquisición de tierras adyacentes por parte del empresario estadounidense Douglas Tompkins. Menos mediáticamente, gana importancia la extracción de minerales por parte de transnacionales en la Cordillera de los Andes.

Algunos expertos consideran a ambos problemas como parte de una “crisis ecológica global”, noción que confrontaremos con herramientas teóricas y con algunos ejemplos con la finalidad de descubrir sus desigualdades subyacentes. Uno de los propósitos de este trabajo es precisamente analizar las desigualdades ambientales constituidas a su vez por dos grandes variantes: la desigualdad en el acceso a un medioambiente sano y la desigualdad en el acceso y control de los bienes naturales.

Tampoco nos detendremos en una perspectiva exclusivamente ecológica sino que abordaremos su vínculo con la esfera económica, social, cultural y política. Como afirma Galafassi (2001) junto al incremento de las preocupaciones ambientales retorna en las últimas décadas la relación naturaleza-cultura, especialmente para las ciencias sociales. Pero “ya no interesa cuan natural o cultural es el ser humano y por qué caminos evoluciona, sino lo que interesa es cómo se vincula el ser humano en tanto ser cultural en su proceso de desarrollo social y económico con el ambiente físico y natural. En tanto ser cultural, es por lo tanto responsable e implicado en sus actos y consecuencias de los mismos en el medio natural y social”. Se ponen en consideración, también, las nociones de progreso infinito y crecimiento ilimitado que la ciencia moderna ha instalado desde el siglo XIX. Concepción de la ciencia que ha resultado muy fructífera para el proceso de acumulación capitalista; un vínculo sobre el que las ciencias sociales aún tienen hilo para enhebrar. De fondo, lo que se pone en juego es la evidencia cada vez más concreta del peligro que supone para la naturaleza una determinada formación histórica de producción y reproducción, al tiempo que se desenvuelven conflictos ambientales en todo el mundo.

Por tanto, el punto 2 del presente trabajo estará dedicado a discutir las causas estructurales de la problemática ambiental, rastreando los fundamentos del modo de producción capitalista y su relación con la naturaleza desde la óptica del marxismo ecológico.

De manera complementaria, abordaremos la desigualdad ambiental desde otros bagajes teóricos, como en el apartado 3.1 con la forma que adopta la desigualdad Norte-Sur.

Entendemos aquí a las desigualdades ambientales como una forma más de desigualdad social, así como existen desigualdades de clase, raza, género, etc. Aquí nos encontraremos con una primer dificultad: la imposibilidad de definir a las desigualdades ambientales como un compartimiento hermético al interior de las ciencias sociales. Como veremos en la sección 3.2, se entrecruza y moldea recíprocamente con otras desigualdades sociales. Es entonces cuando nos aproximaremos a las definiciones de ecologismo de los pobres, racismo ambiental y ecofeminismo.

Por último, en el punto 4, nos acercaremos a los conflictos ambientales de nuestro país haciendo eje en la acción colectiva.

2. Hacia una crítica marxista ecológica de la relación capital-naturaleza

Cambio climático es la consigna mediática en boga, como antes el agujero en la capa de ozono y el efecto invernadero. Discursos como el del ex vicepresidente de EEUU, Al Gore, y su película “Una verdad incómoda” sobre los peligros del calentamiento global ocultan más de lo que revelan. Hablar de “crisis ecológica global” sin más, conduce a que su procedencia y responsabilidad queden diluidas en el conjunto de la humanidad o en la civilización industrial. No es de todos igual, ni para todos igual. Vivimos en un mundo de desigualdades e injusticias cada vez más profundas; las causas y consecuencias de la destrucción de la naturaleza no escapan a ellas.

En este trabajo desarrollamos el concepto de desigualdad ambiental entendiendo que las causas de la “crisis ambiental” subyacen en el régimen capitalista de producción. Un régimen que en los últimos cuarenta años se ha “globalizado”, conquistando cada rincón del planeta y trocando absolutamente todo en mercancía. Estamos ante la subsunción real del trabajo al capital pero también ante la subsunción real de la naturaleza al capital. Como dice Enrique Leff: “...la naturaleza es cosificada, desnaturalizada de su complejidad ecológica y convertida en materia prima de un proceso económico; los recursos naturales se vuelven simples objetos para la explotación del capital” (Leff, 2005: 264).

Decíamos en la introducción que nos armaríamos con el marxismo ecológico como marco conceptual. Vale la aclaración: Marx no fue un ecologista. Tampoco queremos que lo sea ahora. Su obra sentó las bases críticas de la economía política y de la relación capital-trabajo. El mundo natural no era parte de sus preocupaciones inmediatas pero su teoría del valor y la mercancía se torna vital para una crítica de la relación capital-naturaleza. Con toda claridad, Marx señala que la naturaleza es, junto al trabajo, punto de partida de la producción de valores de uso. “En este trabajo de conformación, el hombre se apoya constantemente en las fuerzas naturales. El trabajo no es, pues, la fuente única y exclusiva de los valores de uso que produce, de la riqueza material. El trabajo es, como ha dicho William Petty, el padre de la riqueza, y la tierra la madre” (Marx, 2000: 10).

Apartándonos de su forma histórica, en toda sociedad el trabajo es el momento de intercambio con la naturaleza, es la actividad con la cual el hombre se apropia de su entorno y lo transforma para encaminarse a la satisfacción de sus necesidades (alimento, vivienda, vestimenta, etc.). En el proceso de trabajo interviene no sólo el trabajo del hombre sino también el objeto sobre el cual se realiza y los medios de trabajo. El objeto de trabajo primario lo brinda la naturaleza, condición ineludible para cualquier sociedad. Con los medios de trabajo sucede algo similar: “Entre los objetos que sirven de medios para el proceso de trabajo cuéntanse, en un sentido amplio, además de aquellos que sirven de mediadores entre los efectos del trabajo y el objeto de éste y que, por tanto, actúan de un modo o de otro para encauzar la actividad del trabajador, todas aquellas condiciones materiales que han de concurrir para que el proceso de trabajo se efectúe. Trátase de condiciones que no se identifican directamente con dicho proceso, pero sin las cuales éste no podría ejecutarse, o sólo podría ejecutarse de un modo imperfecto” (Marx, 2000: 133).

Las condiciones de la naturaleza exterior al hombre se presentan de dos formas si a los medios de trabajo adicionamos los medios de vida. De esas condiciones dependerá la productividad del trabajo y la producción de plusvalía. “Si prescindimos de la forma más o menos progresiva que presenta la producción social, veremos que la productividad del trabajo depende de toda una serie de condiciones naturales. Condiciones que se refieren a la naturaleza misma del hombre y a la naturaleza circundante. Las condiciones de la naturaleza exterior se agrupan económicamente en dos grandes categorías: riqueza natural de medios de vida, o sea, fecundidad del suelo, riqueza pesquera, etc., y riqueza natural de medios de trabajo, saltos de agua, ríos navegables, madera, metales, carbón, etc. En los comienzos de la civilización es fundamental y decisiva la primera clase de riqueza natural; al llegar a un cierto grado de progreso, la primacía corresponde a la segunda” (Marx, 2000: 429). Más de ciento cuarenta años después de la publicación de este libro, el capitalismo ya está explorando cuán imperiosas resultan esas condiciones naturales de producción: tierra cultivable, energía, minerales, agua, biodiversidad.

Galafassi (1998) enseña que la relación sociedad-naturaleza se compone de dos facetas. La primera forma de articulación tiene que ver con la apropiación de los elementos de la naturaleza para transformarlos a través del trabajo y luego su consumo. La segunda, se refiere al dominio y grado de control de esos elementos que dependen de la valoración estético-afectiva y las formas de representación simbólica e ideológica de la naturaleza. Ello varía en cada formación socio-histórica y resulta fundamental en la construcción del ambiente/entorno. El hombre se apropia de la naturaleza a través de valores e identidades predominantes a nivel social e histórico. En el régimen capitalista, la forma predominante es la apropiación privada y la mercantilización; la producción está dirigida a la obtención de valor de cambio y maximización de ganancias; y el mercado, signado por la competencia entre capitales individuales. Con esas características, la reproducción en escala ampliada del capital consolida la concentración y estimula la centralización no sólo de los medios de producción. Para un perspectiva ecológica, cabe enfatizar una restricción cada vez más pronunciada en el acceso y control de los bienes naturales, que no es más que la riqueza natural de medios de vida y objetos/medios de trabajo.

Asimismo, la apropiación material depende del desarrollo de las fuerzas productivas ya que, a medida que avanza, se incrementan las mediaciones tecnológicas entre el proceso de trabajo y la naturaleza. La ciencia juega un rol protagónico al servicio del capital³, construyendo un horizonte de progreso infinito y de dominio absoluto del mundo natural.

Con el desarrollo tecnológico los procesos de mediación se hicieron más complejos y “la separación de la naturaleza se hizo cada vez más intensa, creándose un ambiente humano predominantemente configurado por estructuras de origen socio-cultural”. El proceso de producción y reproducción capitalista se organiza a partir de “una cadena de procesos de trabajo sucesivos y/o simultáneos, en donde los componentes de la naturaleza intervienen como tales solo en algunos eslabones de la cadena, generalmente en el inicio. Pudiendo participar como objetos o medios de trabajo, continúan el ciclo bajo la forma de productos elaborados (cosas a las cuales se les ha aplicado trabajo) que siempre provienen de algún elemento natural. Estos productos, bajo distintos grados de transformación, circulan en la dinámica social regresando en la mayoría de los casos al medio natural como desperdicios” (Galafassi, 1998).

Por lo general, en la continuidad del ciclo de producción y reproducción capitalista, el origen natural de las mercancías y su destino, una vez desgastadas, es desconocido para millones de consumidores. La propiedad privada establece la cosificación del objeto natural y la alienación respecto a la naturaleza, fundamentos del agotamiento de los bienes naturales y de la contaminación ambiental.

James O`Connor esgrime una metáfora en la cual la naturaleza “es un punto de partida para el capital, pero no suele ser un punto de regreso. La naturaleza es un grifo económico y también un sumidero, pero un grifo que puede secarse y un sumidero que puede taparse (...) El grifo es casi siempre propiedad privada; el sumidero suele ser propiedad común” (2001:221).

Retomando las mencionadas condiciones que brinda la naturaleza ¿qué sucede con ellas cuando son degradadas o alcanzan un límite físico dada su sobreexplotación?

El marxismo ecológico es una corriente teórica y política que se propone explorar las relaciones entre economía y naturaleza, más exactamente, analizar la contradicción entre el capitalismo como sistema autoexpansivo y la naturaleza, inherentemente no autoexpansiva.

Uno de los mayores exponentes de esta vertiente del marxismo es O`Connor, quien parte del concepto “condiciones de producción” del capital, que rastrea en los Grundrisse de Marx. Se trata de todo aquello que compone el marco de la producción capitalista y que no es producido como una mercancía aunque es tratado como si lo fuera. Quiere decir que no son productos del trabajo ni reglados bajo la ley del valor, con lo cual no tienen valor pero sí precio⁴, dada la lógica mercantilista del capital y la apropiación privada. Es lo que Polanyi (1989) denominó “mercancías ficticias”⁵. El problema es que no se encuentran disponibles en la cantidad, momento y lugar requeridos por el capital.

Las condiciones de producción se componen de tres partes: las condiciones externas o medioambiente (capital natural), aquellos elementos naturales que intervienen en el capital constante y variable. Anteriormente, hemos denominado a éstas como las condiciones materiales o naturales, según se expresa Marx en el primer tomo de El Capital, y haremos hincapié en ellas. Los otros componentes son las condiciones personales (capital humano), o sea, la fuerza de trabajo; y las condiciones comunales generales (capital comunitario), la infraestructura y espacio urbano.

Por tratarse de mercancías ficticias, el Estado cumple un rol destacado como mediador entre el capital y la naturaleza, regulando el acceso a las condiciones de producción. Hasta mediados de los años setenta, los Estados nacionales valoraban el petróleo, el gas, las minas, la tierra, el agua como recursos geopolíticamente estratégicos y los mantenían en propiedad estatal o ejercían un riguroso control sobre ellos (Giarracca, 2006). Pero este modelo sufrió una “gran transformación” a partir de las políticas de desregulación y liberalización de los mercados de bienes naturales y la privatización de empresas públicas que administraban aquellos⁶. De esta manera, el Estado traspasa al mercado funciones clave en la regulación de las condiciones de producción, al tiempo que omite controles para la protección del medioambiente. La asignación de bienes por parte del mercado es inherentemente no planificada y se rige por la obtención de ganancias y la competencia. El capital tiende a la destrucción y agotamiento de los mismos, generando escasez y aumento de los costos y gastos improductivos.

Además de la demanda del mercado, otro factor que interviene simultáneamente en el “valor” de las condiciones naturales de producción son las luchas ambientales, ya que buscan determinar los límites en el uso y apropiación de la naturaleza. No son los precios sino los movimientos ambientalistas los que ponen de manifiesto los costos ecológicos y que impulsan la internalización de los mismos por parte de las empresas. Por lo tanto, se trata de luchas anticapitalistas.

En el marxismo clásico el sujeto de cambio es básicamente el movimiento obrero, ya que su eje de análisis es únicamente la contradicción capital-trabajo y el problema del capital en la realización del valor y del plusvalor, por el cual tiende a la crisis de sobreproducción. Justamente, Martínez Alier (1992) critica su economicismo y su falta de una visión materialista-energética que resalte las dificultades que la escasez de bienes naturales y la contaminación crean a la acumulación de capital. Muchas veces ha pecado de un progresismo ingenuo de las fuerzas productivas y ha considerado la provisión de la naturaleza como ilimitada, tal como supone, por ejemplo, la economía neoclásica.

Por el contrario, el marxismo ecológico incorpora el análisis de lo que se denomina la segunda contradicción del capital, ahora entre el capital y la naturaleza. El capital socava sus propias condiciones de producción cuando trata a elementos de la naturaleza como mercancías y cuando degrada sin miramientos el ambiente, especialmente cuando la regulación estatal es débil o nula. El movimiento ambientalista no reemplaza al obrero, sino que actúa sobre un aspecto complementario de las contradicciones capitalistas. Una forma más de crisis se abre para el capital: el encarecimiento de materias primas y la internalización de los costos ecológicos pueden forjar un problema de producción de plusvalor con una tendencia hacia la crisis de subproducción. Para el marxismo ecológico existe una barrera externa a la acumulación de capital (O´Connor, 2001).

El análisis del capitalismo debe ser complementado por los aportes de la economía ecológica ya que, como dice Vega Cantor (2007), ha demostrado que “la economía es un sistema abierto pero inserto en un ecosistema cerrado (la tierra), o, más exactamente, que la tierra constituye un sistema abierto con respecto a la energía solar pero un sistema cerrado respecto a los materiales. Por esto, la actividad económica está sometida a las leyes de la termodinámica y no puede eludir el gasto de materia y de energía y los desechos que de allí se derivan. Asimismo, la economía ecológica recalca que la lógica de la economía capitalista con su concepción de crecimiento ilimitado choca con la disponibilidad limitada de materiales y energía, o, en otros términos, que la economía debe considerar, porque finalmente está limitada por ellos, a los ritmos naturales, en cuanto a la cantidad y tipo de recursos (renovables o no renovables), así como el reciclaje de los desechos”.

Por lo expuesto en este apartado, podemos concluir que no es posible el “desarrollo sustentable” bajo el régimen de producción y reproducción capitalista. Desarrollo supone más acumulación de capital pero al mismo tiempo y contradictoriamente una mayor velocidad del agotamiento de las condiciones naturales que la impulsan y la degradación del ambiente, representando la elevación de costos, en este caso ecológicos.

3. La desigualdad ambiental y sus formas

Hasta aquí hemos visto las características específicas del modo de producción capitalista en lo que hace a su relación con la naturaleza. Ahora debemos responder por qué su accionar destructivo sobre ella no afecta a todos por igual. Para ello desglosaremos la problemática de la desigualdad ambiental con la ayuda de distintos autores y con aportes propios, haciendo una operación analítica ya que las categorías se superponen con frecuencia. Por un lado, existen dos formas en las que se manifiesta la desigualdad ambiental: la desigualdad en el acceso a y control de los bienes naturales y la desigualdad en el acceso a un ambiente sano. La primer forma se refiere a las asimetrías de poder existentes para disponer, aprovechar, utilizar bienes esenciales para la vida, tales como agua, tierra y energía. A ellos debemos agregar la pesca que sirve de alimentación a una multitud de comunidades que viven a la vera de ríos, lagos o mares. También las medicinas ancestrales de pueblos originarios y campesinos son objeto de apropiación de multinacionales que las patentan sin reconocimiento alguno. A esta forma de apropiación se la ha denominado biopiratería. Otro tanto ocurre con los mismísimos genes humanos.

La segunda forma está relacionada con la protección del medioambiente y con las asimetrías de poder en la distribución de la degradación ambiental derivada de actividades económicas y productivas. Emana de la contaminación del aire, del agua, de los alimentos provocada por industrias, transporte, disposición de residuos o grandes obras como represas y complejos turísticos.

En el caso de la actividad extractiva de la minería y de los hidrocarburos se conjugan ambas formas de desigualdad, ya que en todo el mundo son apropiadas por poderosos capitales transnacionales en detrimento del acceso de poblaciones locales, que además sufren desplazamientos territoriales, y se realiza con bajos costos económicos y altísimos costos ecológicos, dada la utilización de grandes cantidades de agua, contaminación con químicos, quema de gases, etc. También resultan peligrosas estas actividades en su transporte, sea por la roturas de mineraloductos, oleoductos y gasoductos o las pérdidas en barcos petroleros.

Injusticia ambiental es un término que nació en EE.UU. pero que hoy en día utilizan numerosos movimientos y autores de todo el mundo. “Es el mecanismo por el cual las sociedades desiguales, desde el punto de vista económico y social, concentran los recursos ambientales bajo el poder de los grandes intereses económicos y destinan la mayor carga de daños ambientales del desarrollo a las poblaciones de baja renta, a los grupos raciales discriminados, a los pueblos étnicos tradicionales, a los barrios obreros, a las poblaciones marginales y vulnerables” (Acselrad, 2003). La definición de Acselrad colabora con nuestra comprensión de las dos formas de desigualdad ambiental. Asimismo, nos esclarece el significado de justicia ambiental: “Por justicia ambiental, por el contrario, se entiende un conjunto de principios y prácticas que: a) aseguran que ningún grupo social, sea étnico, racial o de clase, soporte una parte desproporcional de las consecuencias ambientales negativas de operaciones económicas, de decisiones de políticas y de programas federales, estadales, locales, así como de la ausencia u omisión de tales políticas; b) aseguran acceso justo y equitativo, directo e indirecto, a los recursos ambientales del país; c) aseguran un amplio acceso a las informaciones relevantes sobre el uso de los recursos ambientales y el destino de desechos y localización de fuentes de riesgos, bien como procesos democráticos y participativos en la definición de políticas, planes, programas y proyectos; d) favorecen la constitución de sujetos colectivos de derechos, movimientos sociales y organizaciones populares para ser protagonistas en la construcción de modelos alternativos de desarrollo, que garanticen la democratización del acceso a los recursos ambientales y la sustentabilidad de su uso”.

Por otro lado, la desigualdad ambiental atraviesa distintos tipos de desigualdad social que generan nuevos actores afectados por los mismos. A la acciones colectivas⁷ desencadenadas por estos actores Giarracca (2006) las denomina disputas por la apropiación y/o mantenimiento de los recursos naturales. Aquí añadimos en la definición que también son disputas por el acceso a un ambiente sano o por la protección del medioambiente. De manera similar, Martínez-Alier (2005) utiliza el concepto de conflictos ecológico-distributivos para designar el desigual impacto del uso que la economía hace del ambiente natural.

Así encontramos nuevos conflictos o disputas en viejas relaciones desiguales, como el clásico intercambio desigual entre los países del “Norte” y los países del “Sur” que, moldeados por las dos formas de desigualdad ambiental, generan los términos imperialismo ecológico y deuda ecológica. En segundo lugar, dentro del ámbito nacional, las desigualdades de raza, género y clase engendran los movimientos contra el racismo ambiental, el ecofeminismo y el ecologismo de los pobres, respectivamente.

3.1 Desigualdad ambiental Norte – Sur

Hablar de países del Norte y países del Sur es un tanto arbitrario y difuso. No nos podríamos guiar por la línea del Ecuador porque encontraríamos que buena parte de lo que entendemos por países del Sur están al norte de ella. Y a la inversa, países que están al sur de ella desarrollan políticas similares a las del Norte. En efecto, empresas de capitales australianos afectan a comunidades de otras naciones en su afán de obtener preciados minerales. O, a modo de ejemplo un poco más cercano, el caso de la brasileña Petrobrás en litigio con Bolivia por la extracción de hidrocarburos y apropiación de su renta económica.

Sin embargo, habitualmente se utiliza esta relación conceptual para abarcar las desigualdades entre los países más ricos y los más pobres, entre los más poderosos económica y militarmente y los más débiles. En todo caso, no debemos tomar literalmente los mapas mundiales.

El desarrollo desigual y combinado se refiere a la distribución espacial desigual en el planeta, históricamente producida, de la producción, comercio, consumo, etc., y a cómo se combinan regiones enteras con formas económicas, sociales y políticas nuevas y regiones con formas viejas (O`Connor, 2001:225). Es un proceso característico de la acumulación capitalista y que en tiempos de globalización se ensancha y ahonda. Es de vital importancia para comprender la distribución de las desigualdades ambientales.

El Norte “desarrollado” (EE.UU., Europa, Japón) concentra en su territorio el capital dinero y los dividendos del capital industrial (que se asienta en países con una fuerza de trabajo barata y disciplinada, por ejemplo China, Malasia, Taiwán). Sus niveles altísimos de consumo lo ubican como el mayor demandante de bienes naturales y mayor productor de residuos y contaminación atmosférica. Mientras que en el Sur “subdesarrollado” es característica la dependencia política, la pobreza y bajos niveles de consumo. En la renovada división internacional del trabajo, América Latina y el Caribe y África les son asignadas funciones de provisión de bienes naturales y depósito de desechos tóxicos e industrias contaminantes.

En América Latina, la presión de la deuda externa que ejercen organismos internacionales y el Norte favorece un modelo económico dirigido a la exportación de materias primas con un tipo de cambio favorable que incline la balance comercial de manera positiva hacia la obtención de divisas extranjeras y con una nula regulación ambiental por parte del Estado. Con este saldo a favor, los países deudores pagan sus compromisos a costa del desabastecimiento de alimentos, combustibles, pobreza, desocupación y contaminación. La fórmula se cierra con el auspicio de los organismos financieros internacionales, OMC, FMI, Banco Mundial, entre otros⁸.

En cuanto a los bienes naturales, desde la remota llegada de Colón, América Latina ha sido venerada por sus innumerables riquezas. No es para menos. “Los pueblos de América Latina y caribeña habitan un territorio en el que crecen el 25% de los bosques y el 40% de la biodiversidad del globo. Casi un tercio de las reservas mundiales de cobre, bauxita y plata son parte de sus riquezas, y guarda en sus entrañas el 27% del carbón, el 24% del petróleo, el 8% del gas y el 5% del uranio. Y sus cuencas acuíferas contienen el 35% de la potencia hidroenergética mundial” (Seoane, 2005). La instrumentación del despojo hace necesario abrir los cauces de extracción. La Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) anunciado en el año 2000 y financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es un megaproyecto que busca unir y entrelazar rutas, caminos, puertos con el fin de extraer bienes naturales y su salida hacia mercados europeos y los del Asia Pacífico, y en los dos flancos territoriales de la economía estadounidense (Ceceña, Aguilar, Motto, 2007).

Al mismo tiempo que el Norte compra bienes que abastezcan su altos estándares de vida y los engranajes de la maquinaria industrial, envía “ropa sucia afuera”. Pero esto revela lo que se está poniendo en juego en el presente.

Si la degradación ambiental cada vez más profunda queda a merced de que las empresas internalicen los costos del daño ecológico o que el Estado se haga cargo de ellos elevando los impuestos, cae la acumulación de capital. “No hay salida” en palabras de Wallerstein. No hay salida dentro de los términos de lo que él llama economía-mundo capitalista, que requiere acumular y expandirse sin tropiezos. No obstante, gobiernos y empresas pueden “comprar tiempo”, o sea, desplazar el problema desde el Norte hacia el Sur, desde los países más ricos a los más pobres. Las vías para lograr esto son dos: la primera es la descarga de todos los residuos en el Sur; la segunda consiste en forzar a los países del Sur a aceptar severas limitaciones a la producción industrial o la utilización de formas de producción ecológicamente más saludables (pero más caras), imponiéndole la posposición de su “desarrollo” (Wallerstein, 1998).

Un concepto que resulta muy útil para graficar las desigualdades ambientales es la huella ecológica. Es un indicador que mide la cantidad de superficie biológicamente productiva que es necesaria para mantener el nivel de consumo de bienes naturales en un país determinado, y para absorber sus desechos, utilizando la tecnología actual. Se basa en el consumo medio per cápita de alimentos, productos forestales, combustibles, producción oceánica y capacidad de absorción de dióxido de carbono en un área geográfica determinada (Dillon, 2000).

En la actualidad, los estudios de huella ecológica indican que la humanidad consume más bienes de los que la naturaleza puede regenerar cada año. Pero aquí reaparecen las desigualdades globales y el peso de las economías más poderosas. Afirma Dillon que “cuando la huella ecológica de un país es mayor que su capacidad ecológica de carga, ese país tiene que “importar” capacidad de carga de algún otro sitio y/o consumir su capital natural a un ritmo mayor que el de la regeneración de la naturaleza. Esto se logra importando alimentos, combustible o productos forestales o agotando su provisión de recursos renovables y no renovables (por ejemplo, combustibles fósiles). También puede “exportar” desechos, como el exceso de emisiones de dióxido de carbono que su masa forestal o los océanos circundantes no pueden absorber”.

La excesiva emisión de gases por parte de los países del Norte ha afectado a la capa de ozono, provoca el aumento del efecto invernadero y el cambio climático e implica la apropiación desproporcionada de la capacidad de absorción de dióxido de carbono que tienen los océanos y bosques del planeta.

Algunos autores incorporan el término comercio ecológicamente desigual ya que las mercancías son exportadas a precios que no tienen en cuenta los costos sociales y ambientales de su extracción o producción.

Otro aspecto de la desigualdad es la biopiratería. La Fundación Internacional para la Promoción Rural (RAFI), organización no gubernamental internacional, define la biopiratería como “el uso de leyes de propiedad intelectual (patentes, derechos de los obtenedores de plantas) para lograr el control monopolista exclusivo sobre recursos genéticos obtenidos del conocimiento y la innovación de campesinos y pueblos indígenas” (RAFI, citado por Dillon, 2000). A tal fin, recolectan especimenes de plantas, animales y microorganismos en los países del Sur. Como si fuese poco, empresas farmacéuticas también reúnen muestras de ADN de seres humanos de poblaciones o grupos tribales que manifiesten algún tipo de inmunidad a ciertas enfermedades o que tengan algún otro rasgo especial.

Del mismo modo, es moneda corriente la venta de plaguicidas prohibidos en el Norte y el ensayo de armas químicas y nucleares en el Sur.

El conjunto de estos mecanismos perpetrados por las economías más poderosas es lo que Vega Cantor (2006) define como “imperialismo ecológico”.

De esta manera, la relación entre las economías del Norte con las del Sur se invierte. Ya no se puede hablar de deuda externa sin contemplar las consecuencias ecológicas de las primeras sobre las segundas. Numerosas organizaciones ambientalistas introducen el término deuda ecológica. Una de ellas, Acción Ecológica de Ecuador, define la deuda ecológica como “la deuda contraída por los países industrializados del Norte con los países del Tercer Mundo (especialmente los pobres) a causa del saqueo de los recursos naturales, los daños ambientales y la libre utilización de espacio ambiental para depositar desechos, tales como los gases de efecto invernadero, producidos por esos países industrializados” (Dillon, 2000). Desde este punto de vista, los países del Norte son deudores y los pueblos del Sur, acreedores.

3.2 Clase, raza y género en la problemática ambiental

Describimos las desigualdades ambientales “globales”, ahora es el turno de las desigualdades “locales”. La desigualdad en el acceso a los bienes naturales y a un medioambiente sano atraviesa otras categorías sociales en lo que hace al orden interno de cada país. Si bien la pobreza estará más bien asociada con los países del Sur, la discriminación racial y la discriminación de género aparecen también en el Norte rico. La desigualdad de clase es primogénita en el régimen de producción capitalista pero se combina con otras formas de desigualdad a pesar de los discursos universalistas en relación a los derechos humanos.

“¿No es contradictorio con la lógica de la economía generalizada y del derecho individualista? En absoluto. Pensamos ambos que el universalismo de la ideología burguesa (y, por lo tanto, de su humanismo) no es incompatible con el sistema de jerarquías y de exclusión que se manifiesta ante todo mediante el racismo y el sexismo” (Wallerstein y Balibar, 1991: 23).

No toda desigualdad ambiental supone un conflicto. Para que esa relación desigual se torne conflictiva es necesaria la presencia de una acción colectiva contenciosa. Además, veremos que en cada disputa existe una lucha en torno a las distintas concepciones de la reproducción material de la vida y de la cultura.

3.2.1 Racismo ambiental

Tania Pacheco (2006) narra que el concepto de racismo ambiental surge entre los negros de la región sudeste de Estados Unidos, al final de la década de 1970. Se descubrió que gran parte de los depósitos de residuos tóxicos estaban localizados en barrios habitados por negros, a pesar de que en la región sumaban apenas el 25% de la población.

Para Alfredo Seguel (2005) el racismo ambiental “es una forma de discriminación ocasionada por las políticas públicas o privadas, que se manifiesta en la intención de que los costos ambientales sean asumidos por un grupo determinado de la población o en la exclusión manifiesta de este grupo en la toma de decisiones que afectan sus vidas”. Como podemos apreciar, la definición no se restringe al impacto sobre grupos o comunidades de raza o color. Coinciden Seguel, Bullard y Pacheco que el racismo ambiental afecta también a poblaciones indígenas, regiones pobres y, en el caso de EEUU, a inmigrantes latinos, afro-americanos, afrocaribeños y asiáticos.

Además del traspaso inequitativo de los costos ambientales a ciertos grupos y la exclusión de estos grupos en la toma decisiones que los afectan, los Equipos de Trabajo del Observatorio de Derechos de los Pueblos Indígenas y la Red de Acción por los Derechos Ambientales (2006) agregan como un elemento más del racismo ambiental “la discriminación en el seguimiento y la fiscalización de las regulaciones y leyes relativas al medioambiente y a la participación para ubicar depósitos tóxicos y establecer industrias contaminantes en torno a comunidades determinadas por su condición social, étnica, religiosa o de cualquier tipo”.

Al caso “fundacional” de los negros afectados en EE.UU., podemos agregar el de los negros en Brasil. Estadísticas elaboradas por el PNUD y reunidas en el Atlas Racial Brasileño son una muestra elocuente: el 65% de los pobres y 70% de los indigentes son negros y la tasa de mortalidad infantil hasta un año de edad es 66% mayor entre los niños negros (Pacheco, 2006). A la discriminación racial se suma el factor ambiental: industrias contaminantes, grandes complejos energéticos y monocultivos perjudican en mayor medida a la población negra. Sin embargo, los esfuerzos de Pacheco se dirigen a demostrar que el racismo ambiental en su país “trasciende el color de piel” actuando no sólo sobre los negros sino también sobre los pobres, los pueblos originarios y los nordestinos.

El pueblo mapuche en Chile también es víctima de distintos atropellos por parte de empresas transnacionales. Algunos ejemplos: la construcción de gigantes represas hidroeléctricas que implica la inundación de miles de hectáreas de territorio mapuche, la ubicación de basurales en cercanías de sus comunidades y la expansión de la industria forestal, que afecta no sólo la disputa por la posesión de las tierras sino también la calidad de vida con el uso indiscriminado de plaguicidas, sequía, pérdida de suelos agrícolas, pérdida bosque nativo y transgénicos (Seguel, 2005).

3.2.2 Ecofeminismo

El ecofeminismo se propone entrelazar las luchas ambientalistas con las de género con un denominador común: la dominación patriarcal sobre la mujer y la naturaleza. Con esta corriente de pensamiento y acción, el problema ecológico incorpora la mirada feminista y se desplaza del antropocentrismo hacia el androcentrismo, un “modelo cultural en el que se imponen las visiones masculinas sobre las femeninas, consideradas inferiores, ignoradas e incluso invisibilizadas” (Herrero, 2007).

Resulta interesante el vínculo feminismo-ecologismo en tiempos de globalización. En su estudio sobre las bases de los movimientos sociales, Della Porta detecta que la participación femenina está directamente ligada al activismo ambiental (Della Porta, 2006: 20) ¿Cuál es la causa de tal vinculación?

Siguiendo a Alicia Puleo, podemos apreciar que no existe un solo ecofeminismo, sino que muestra algunas variantes. El ecofeminismo clásico de fines de los `70 y década del `80 presenta un tinte biologicista, asociando la sensibilidad y la naturaleza orgánica de las mujeres con el cuidado de la naturaleza. Entiende a la esencia masculina como agresiva, competitiva y destructiva, mientras que la mujer posee un erotismo no agresivo e igualitarista, además de una predisposición maternal hacia el pacifismo y la ecología. Entre sus mayores exponentes se cuenta a Mary Daly.

Otras variantes abandonan este “esencialismo ingenuo” y la demonización del varón para abocarse a teorías de raíces religiosas. Una de ellas es el ecofeminismo espiritualista del Tercer Mundo, con Vandana Shiva entre sus referentes y el movimiento de mujeres de Chipko⁹ como estandarte de lucha. El desarrollo técnico occidental equivale a un “proceso de mal desarrollo” ya que ataca tanto a la mujer como a la naturaleza bajo el patrón patriarcal de homogeneidad, dominación y centralización. Las mujeres son más proclives a la protección de la naturaleza ya que tendrían un lazo espiritual con ella que no tienen los varones.

Por su parte, el ecofeminismo latinoamericano se nutre de la teología de la liberación para dirigir su mirada crítica a la imagen patriarcal de Dios como dominador y el dualismo cuerpo/espíritu de la antropología cristiana tradicional. De esta manera, piensa a la trascendencia más cercana a la materia y a la relación con la naturaleza. Yvonne Gevara, teóloga brasileña, es una de las representantes de esta postura que conjuga la lucha contra el sexismo, el antropocentrismo, el racismo y el elitismo.

Por último, las teorías constructivistas descartan cualquier tipo de explicación biológica y espiritual para realizar una construcción socio-histórica de la diferencia de los sexos. Autoras como Bina Agarwal y Val Plumwood se adentran en las relaciones de poder, distribución de la propiedad y en la división sexual del trabajo y entienden que es la interacción más asidua con el medioambiente la que favorece una conciencia ecológica en las mujeres¹⁰. La racionalidad dominante masculina, separada de su propio cuerpo y sus afectos, de las mujeres y de los seres vivos y de la naturaleza, es una construcción histórica que rastrean desde la filosofía griega. Desde este punto de vista, el patriarcado sería la causa principal de la destrucción ecológica y del dominio de la mujer, portando los valores de productividad y crecimiento ilimitado.

Leff no es muy optimista respecto a una visión naturalista como tampoco a una visión constructivista de la relación entre la mujer y el medioambiente. A cambio, propone una “política de la diferencia” que describe de la siguiente forma:

“La política de la diferencia indaga lo propio del género, de la división de los sexos en su relación con el pensamiento y la construcción de la realidad; busca entender cómo se enlaza la división de los sexos y la constitución del orden simbólico con la disyunción del ser y el ente, la cosificación del mundo y el establecimiento de jerarquías sociales, es decir, la constitución y legitimación de relaciones de dominación del hombre hacia la mujer y hacia la naturaleza. La ecología política enlaza así el orden de la naturaleza, el lenguaje, la cultura y el género como agentes conjugados en la construcción de las relaciones cultura-naturaleza.

En esta perspectiva, lo que distingue a la mujer del hombre, no es tanto su afinidad con la naturaleza por las funciones orgánico-naturales que cumple como mujer (gestación, maternidad, cuidado de la casa y la progenie), sino en su resistencia a subsumirse dentro de un orden plenamente racional, su amalgama de inteligencia y sensibilidad y su renuncia a doblegar las emociones y sentimientos bajo el régimen de la lógica racional” (Leff, 2004).

Juncadella (1994) añade a la lista el ecofeminismo socialista, el cual claramente responsabiliza de los problemas medioambientales al patriarcado y al capitalismo. Esta perspectiva destaca la explotación de las mujeres y, a su vez, la invisibilización de su participación en el trabajo productivo y reproductivo. Con toda claridad, Juncadella describe la crítica que realiza el ecofeminismo socialista: “El capitalismo está acabando con otros medios de producción como la agricultura de subsistencia y la artesanía, en los que hombres y mujeres participaban en condiciones de mayor igualdad; adjudicando el trabajo asalariado a los hombres y la reproducción, gratuita, devaluada e invisible, a las mujeres”¹¹. Solamente en el marco de una sociedad socialista es posible una nueva relación entre los géneros y una relación distinta con la naturaleza.

3.2.3 Ecologismo de los pobres y Ecosocialismo

A menudo, se ha relacionado al ecologismo con los sectores más pudientes de la sociedad, o por lo menos con aquellos que tienen acceso a determinados recursos monetarios u organizacionales. Según Della Porta, el movimiento ecologista tiene por lo general una fuerte procedencia de clase media, o “nueva clase media”, como suelen identificarla algunos investigadores, que, ante los cambios de la “sociedad postindustrial”, está constituida por sectores de la población con un alto nivel de educación y trabajan en el sector servicios (Della Porta, 2006: 22 y 23). Vale la pena aclarar que el estudio de esta investigadora se basa principalmente en Europa y EE.UU..

Sin embargo, la hipótesis fuerte de Martínez Alier rompe con esta imagen común para buscar en los sectores sociales más necesitados el nuevo protagonista del activismo ambiental. Remarca los movimientos de países como India o Brasil, donde en 1988 fue asesinado el líder de los recolectores de caucho, Chico Mendes, y se convirtió en noticia mundial.

“Los movimientos sociales de los pobres están frecuentemente relacionados con sus luchas por la supervivencia, y son por tanto ecologistas – cualquiera sea el idioma en que se expresen – en cuanto que sus objetivos son definidos en términos de las necesidades ecológicas para la vida: energía (incluyendo las calorías de la comida), agua, espacio para albergarse. También son movimientos ecologistas porque tratan de sacar los recursos naturales de la esfera económica, del sistema de mercado generalizado, de la racionalidad mercantil, de la valoración crematística (reducción del valor a costos – beneficios) para mantenerlos o devolverlos a la oikonomia (en el sentido con que Aristóteles usó la palabra, parecido a ecología humana, opuesto a crematística)” (Martínez Alier, 1992).

Martínez Alier no niega que exista un ambientalismo de los países del norte ni de los ricos. En todo caso, se trata de un “ecologismo de la abundancia” que expresa una correlación directa entre riqueza y producción de desechos y agotamiento de recursos. En cambio, el ecologismo de los pobres en su lucha por la supervivencia expresa una relación inmediata con la conservación de la naturaleza. Las luchas por el acceso a la tierra, al agua, bosques contra su privatización (y estatización, en los casos de propiedad comunal) apuntan a mantener estos bienes naturales apartados de la economía mercantil. Como vimos, el capital no está interesado en cargar con los costos ecológicos ni en conservar aquellos bienes.

Hemos visto con anterioridad el análisis que realiza el marxismo ecológico de la actual crisis ecológica en el modo de producción capitalista. Entonces ¿es posible conjugar el movimiento de trabajadores con el movimiento ambientalista? ¿Es posible amalgamar la acción crítica marxista con una conciencia ecológica? El Ecosocialismo puede ser una respuesta a estos interrogantes siempre y cuando desde el marxismo se rompa con el culto a las fuerzas productivas y con las tendencias hacia el progreso infinito plasmados en los socialismos reales. Siempre y cuando desde el ambientalismo se entienda la imposibilidad de un desarrollo sostenible capitalista. Asimismo, dice Martínez Alier (1992) que “el ecosocialismo es más propio del Sur que del Norte”, más propio del ecologismo de los pobres que del ecologismo de la abundancia.

“Se trata de una corriente de pensamiento y de acción ecológica que integra los aportes fundamentales del marxismo, liberándose de las escorias productivistas; una corriente que entendió que la lógica del mercado capitalista y de la ganancia –así como la del autoritarismo tecnoburocrático de las difuntas “democracias populares”– son incompatibles con la defensa del medio ambiente” (Lowy, 2002).

Para Lowy, una ética ecosocialista que rompa el paradigma productivista y de expansión ilimitada, debería ser al mismo tiempo social, humanista, igualitaria, democrática y radical. Una ética social dirigida a satisfacer las necesidades sociales no puede restringirse a acciones individuales sino que requiere el protagonismo de movimientos sociales, partidos políticos, etc. para alcanzar un cambio de estructura económico-social. Humanista también, ya que implica un cambio de paradigma civilizatorio y compete a toda la humanidad, sin distinción de clases. Aquí debemos apuntar nuestro desacuerdo con Lowy si no precisamos cuáles son las responsabilidades que les toca a cada clase social en la degradación ambiental. Además, ante la crisis ecológica pone por delante a la supervivencia de nuestra especie por sobre la flora, la fauna, la biodiversidad y se opone a las visiones antiantropocéntricas que anteriormente describimos desde el racismo ambiental y el ecofeminismo. Es igualitaria, dada la amplia desigualdad entre el Norte y el Sur se hace necesario una redistribución planetaria de la riqueza, un desarrollo en común de los recursos, la apropiación colectiva de los medios de producción y la distribución de bienes y servicios “a cada uno según sus necesidades” (al decir de Marx). Tampoco una ética ecosocialista puede regirse por los dictámenes de una oligarquía capitalista o burocrática sino que debe democratizar las decisiones sobre la producción y distribución. Y por último, no hay lugar para el reformismo ni los cambios a medias. Es imperiosa una transformación revolucionaria, que atienda no sólo a las relaciones sociales de producción sino que ponga en cuestión el desarrollo de las fuerzas productivas y el proceso de producción. De esta forma, una ética radical exige la introducción de tecnologías respetuosas con el medioambiente y el uso de energías renovables.

4. Conflictos ambientales y acción colectiva. El caso argentino

Llegados a este punto, haremos un intento por ilustrar la situación ambiental en nuestro país. Argentina es un país profundamente desigual, en el sentido amplio del término. Las asimetrías se ahondaron a partir de la última dictadura militar y con el devenir del modelo socioeconómico neoliberal. En materia ambiental, ambas formas de desigualdad son cada vez más apremiantes dado el accionar voraz de las empresas transnacionales y el papel del Estado supeditado a la obtención de divisas provenientes de exportaciones primarias. La legislación ambiental es débil o ignorada por las agencias estatales nacionales y provinciales en beneficio del flujo de inversiones extranjeras. La desigualdad respecto a los bienes naturales se manifiesta en el acceso y control de las tierras cultivables, bosques, alimentos, energía, minerales y agua. En tanto que la desigualdad en el acceso a un ambiente sano se hace palpable en la disposición final de residuos y elementos químicos tóxicos y en la contaminación de cursos de agua que abastecen a la población y al riego.

Si a lo largo de nuestra historia ha sido codiciado nuestro fértil suelo por su aporte de granos, alimentos, ahora se impone con fuerza el modelo sojero. Un monocultivo impulsado por grandes capitales que erosiona la tierra, utiliza transgénicos, usurpa terrenos (antes marginales) de población indígena y familias campesinas y se destina a la exportación. Se estima que se han perdido casi dos tercios de los bosques originarios durante el siglo veinte. Gran parte de ese territorio está ahora ocupado por cultivos de soja, algodón y maíz transgénicos (140.000 km2) y plantaciones de pinos y eucaliptos (Villarroel, 2006). Organizaciones campesinas e indígenas del centro y norte del país vienen denunciando y resistiendo largamente sus consecuencias. Otro peligro inminente es la expansión de los biocombustibles.

Asimismo, el modelo sojeroexportador se complementa con el interés que los capitales transnacionales posaron sobre los hidrocarburos y la minería a partir de la apertura, privatización y desregulación de los noventa.

Gran parte de la población desconoce el potencial minero que tiene, fundamentalmente, la Cordillera de los Andes. Si bien se extraen minerales desde hace muchísimo tiempo, en los últimos quince años ha cobrado una magnitud sin precedentes. En muy poco tiempo, la actividad agrícola-ganadera ha perdido terreno frente a un nuevo modelo que el imperialismo ecológico pretende asignar a Argentina dentro de la división internacional del trabajo: el modelo minero-exportador¹². En 2006 las exportaciones llegaron a los 2.758 millones de dólares, siendo el tercer sector por volumen detrás de la soja y los autos. Según especialistas del sector, para 2010 la Argentina ya contará con al menos diez grandes emprendimientos y podrá ser considerado un país minero con exportaciones no menores a los 5/7000 millones de dólares anuales. Los más aventurados calculan que en un lustro la minería podría desplazar al complejo sojero como principal rubro de exportación (Diario Clarín, 18 de febrero de 2007). Argentina es la sexta reserva mundial de minerales, el 75% de ellos no ha sido explotado aún y con la sanción de un marco regulatorio ampliamente favorable¹³ se ha convertido en objeto de ambición de grandes empresas mineras con bandera canadiense, inglesa, australiana, entre otras. La continuidad entre las políticas menemistas y kirchneristas (en 2004 fue lanzado el Plan Minero Nacional para captar más inversiones) ha resultado sustancial para la vitalidad creciente del sector.

Los minerales metalíferos, especialmente, constituyen la materia prima para la obtención por medio de la metalurgia de los metales y son indispensables para sostener la maquinaria industrial capitalista¹⁴. Suelen presentarse en yacimientos “diseminados o porfíricos” donde el mineral útil se encuentra esparcido por todo el suelo o subsuelo en pequeñas cantidades en los poros (“porfírico”) y en venillas (“storkwork”). O sea, se encuentra en pequeña ley en un gran volumen. El tipo de explotación es a cielo abierto (no subterránea), y consiste en extraer mediante grandes maquinarias inmensos volúmenes de rocas para su posterior procesamiento y separación del mineral objeto de la explotación. Para extraer los minerales las empresas vuelan 240.000 toneladas diarias de montaña con explosivos en cada uno de los grandes emprendimientos, generando la suspensión en el aire de un conjunto de sustancias tóxicas, que por efecto del viento llegan a las comunidades cercanas. La minería a cielo abierto utiliza cianuro, mercurio y otros elementos tóxicos para separar los minerales del concentrado de barro extraído de la montaña y luego van a las vertientes de agua que consume directamente la población. Generan un problema adicional con el uso de agua que se calcula en 100 millones de litros diarios, restando su aprovechamiento para riego y consumo hogareño, y con el consumo de enormes cantidades de combustibles y energía.

Bajo La Alumbrera (Catamarca) y Veladero (San Juan) son dos de los megaemprendimientos que están en marcha desde la década del noventa¹⁵. En las ciudades aledañas (Andalgalá, Santa María Belén, en la primera, y Jáchal y Calingasta, en la segunda) se han conformado organizaciones compuestas por “vecinos autoconvocados”¹⁶. La acción colectiva ha recurrido a un amplio repertorio, desde movilizaciones y peticiones hasta cortes de ruta como el que llevan desde hace un año organizaciones vecinales de La Rioja en el acceso a la mina que intenta explotar Barrick Gold. Un gran aliento vino a dar el freno que puso la población de Esquel (Chubut) a la empresa Meridian Gold con una consulta popular en 2003 que resultó en un 81% No a la mina.

Son regiones poco pobladas y en las que abunda la pobreza. El conflicto por el acceso y control del agua, la energía y el paisaje turístico, es una lucha por la supervivencia característica del ecologismo de los pobres que adquiere dimensiones globales producto del intercambio desigual Norte-Sur. Se agregan conflictos ambientales también en el transporte dada la frecuente rotura de mineraloductos que vierte tóxicos sobre ríos y canales, como sucede con aquel que recorre el trayecto de Bajo La Alumbrera a Cruz del Norte, en Tucumán.

En relación a los hidrocarburos, Argentina cuenta con reservas suficientes para autoabastecerse pero no puede considerarse país petrolero. Sin embargo, a partir de la privatización de la empresa estatal YPF en los noventa, junto a la desregulación y apertura del sector, las petroleras transnacionales se han encargado de exportar indiscriminadamente no sólo combustibles y derivados sino también petróleo crudo. Durante el mandato de Kirchner, se labró una legislación ampliamente favorable para las empresas, concediendo beneficios fiscales para la exploración y explotación de nuevos yacimientos. La apropiación privada de los hidrocarburos conlleva consecuencias importantes a nivel económico y social. Se destaca la crisis energética de los últimos tres años debido a la falta de gas para uso doméstico e industrial, desabastecimiento y encarecimiento de combustibles para automóviles, transporte público y de mercancías y también para el campo mismo. Las reservas de petróleo y gas han caído abruptamente desde la privatización y se vuelve necesario importarlos a precios internacionales. El desprecio por el medioambiente es otro efecto de la rapiña de estas compañías. En Neuquén, quienes más sufren el impacto de la explotación de hidrocarburos por parte de Repsol-YPF en el yacimiento Loma de la Lata son las comunidades mapuches. La contaminación del suelo, aire y agua trae aparejado serias consecuencias en la salud de sus miembros: “no natos con malformación, sin cabida cerebral (anancefalia); crías de animales con malformaciones; familias enteras con envenenamiento por materiales pesados y científicamente comprobado (plomo, cadmio, arsénico y níquel, aluminio, manganeso, etc.)”, detalla Seguel (2005). Este también se remite a las secuelas del establecimiento del Complejo Turístico Chapelco, principalmente con la contaminación del agua que utilizan comunidades mapuches.

Un caso de contaminación por transporte tuvo lugar en diciembre de 2007 cuando un barco derramó petróleo en Caleta Córdova, zona de embarque cercana a Comodoro Rivadavia en la provincia de Chubut. El derrame que provocó la contaminación de la costa y el envenenamiento de animales tuvo un alto impacto ambiental ya que ni siquiera la empresa responsable dio aviso del mismo a tiempo. Actualmente, las autoridades de Chubut están investigando y demandarán a los culpables pero se trata del mismo gobierno que el año pasado prorrogó la concesión de Cerro Dragón, uno de los más grandes yacimientos hidrocarburíferos del país, por 40 años a la empresa Pan American Energy a cambio de una cifra en millones de dólares que no alcanzará para importar petróleo cuando se agoten sus reservas.

En la región metropolitana de Buenos Aires, es cada vez más acuciante el conflicto en torno a los basurales a cielo abierto que funcionan bajo la órbita del CEAMSE. La ciudad de Buenos Aires y las localidades linderas producen a diario toneladas y toneladas de desperdicios que son depositados en rellenos sanitarios. Son altamente contaminantes para el aire y las napas, produciendo enfermedades cancerígenas, de piel, respiratorias. Los mismos están ubicados no casualmente en zonas con población de bajos recursos, como por ejemplo en González Catán, partido de La Matanza. Allí también se han conformado organizaciones de vecinos autoconvocados, que no sólo pelean contra la contaminación sino también contra la exclusión, la pobreza y la desocupación. En numerosas ocasiones han bloqueado la entrada y salida de camiones recolectores de basura en la puerta del predio, al tiempo que proponen alternativas como el reciclado y la reducción de los desechos generados por grandes empresas. De manera similar, ocurre con el PCB, sustancia química altamente peligrosa para la salud humana, utilizada en los transformadores de baja y media tensión eléctrica por parte de las empresas distribuidoras de energía. A pesar de que en EE.UU. y Europa ha sido prohibida, sus grandes fabricantes proceden de allí. Se conjugan entonces el ecologismo de los pobres con el imperialismo ecológico y la deuda ecológica.

Niños contaminados por desechos de plomo de una empresa cerrada en Abra Pampa, Jujuy; “guerra” por el agua entre viñedos, mineras, petroleras y pobladores en la provincia de Mendoza; y podríamos elaborar una lista todavía más extensa.

Los conflictos ecológicos en nuestro país son vastos y emergen en todos los puntos del territorio. No se reducen para nada al rechazo del pueblo entrerriano a la instalación de una industria tan contaminante como la pastera en el margen oriental del Río Uruguay. A pesar de los discursos tan bien intencionados del ex presidente Néstor Kirchner, la desigualdad ambiental es más que profunda, tanto en lo que respecta a la desigualdad en el acceso y control de los bienes naturales como a la desigualdad en el acceso a un ambiente sano y combina los procesos de imperialismo ecológico, deuda ecológica y ecologismo de los pobres. Sin embargo, las perspectivas de la creación de un movimiento ambientalista son aún débiles y lejanas, dada la fragmentación y atomización de las disputas y la desarticulación y desentendimiento con organizaciones de trabajadores, sindicatos y partidos políticos.

5. A modo de cierre

Atrás hemos dejado los esquemas que querellan por entero a la especie humana por la “crisis ecológica global” (cambio climático, efecto invernadero, escasez de bienes naturales, etc) para verificar que las responsabilidades no son de todos y que sus efectos no recaen sobre todos por igual. Cierto biologicismo se muestra en este entrevero, donde las ciencias sociales deben asumir un papel protagónico para explorar las conexiones entre naturaleza y sociedad y develar las desigualdades existentes.

Hemos descrito distintos enfoques teóricos y utilizado sus herramientas conceptuales para indagar un tema relativamente nuevo en nuestro país. El esfuerzo ha estado empeñado en la complementación e integración de los mismos pero empleando como premisa la crítica de la relación contradictoria entre capital-naturaleza desde las ventajas teóricas que otorga el marxismo, ahora en su vertiente ecologista. Un análisis eco-marxista puede y debe integrarse con otros enfoques teóricos que nacen de los mismos conflictos ambientales. Las poblaciones negras e indígenas, los sectores y regiones más pobres y las mujeres suelen estar más expuestas a las desigualdades que genera el régimen capitalista, sobre todo en lo que hace a las consecuencias nefastas para el medioambiente. La disputa no es sólo patrimonio de la clase trabajadora.

Desde ya que los conceptos vertidos aquí merecen más espacio, rigurosidad e interconexión. Pero no es menor la tarea emprendida. Arriesgamos definiciones para la desigualdad en el acceso y control de los bienes naturales y para la desigualdad en el acceso a un ambiente sano. A su vez, graficamos estas dos formas de desigualdad ambiental exponiendo las desigualdades “globales” (Norte-Sur, imperialismo ecológico y deuda ecológica) y las “locales” (racismo ambiental, ecofeminismo, ecologismo de los pobres), hasta llegar a las propuestas del ecosocialismo. Nos adentramos también en la dilucidación de los conflictos (o disputas) ecológicos, examinando a la acción colectiva como condición.

Quedan aspectos considerables para seguir indagando como la militarización de regiones ricas en bienes naturales, la guerra y la represión de la acción colectiva. Lo mismo sucede con la “vía diplomática” empleada por organismos financieros y los tratados internacionales sobre comercio, inversiones y compromisos relacionados al medioambiente. También queda pendiente un análisis más pormenorizado y exhaustivo de los conflictos ecológicos en nuestro territorio y su articulación con procesos similares en otros países de América Latina.

Este trabajo lejos está de ser un estudio exhaustivo de las desigualdades ambientales; más bien ha sido una primer aproximación a una nueva terminología para las ciencias sociales en Argentina. El desafío estuvo puesto en abrir un abanico de investigaciones futuras para comprender cada vez con más profundidad los conflictos ambientales y el porvenir del movimiento ecológico.

- Ignacio Sabbatella es Licenciado en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires.

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