Para elegir Asamblea Constituyente:

A las urnas

27/09/2007
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El próximo 30 de septiembre, más de 9 millones de ecuatorianos y ecuatorianas concurrirán a las urnas para escoger a 130 integrantes de la Asamblea Constituyente de plenos poderes que se encargará de elaborar una nueva Constitución y transformar el marco institucional del Estado.

Estas elecciones marcan diferencias sustanciales con procesos anteriores en los que imperaba y se imponía el poder del dinero, e introducen elementos nuevos que permiten abrir condiciones igualitarias y democráticas para la participación de los distintos actores políticos. El Estado ha destinado 30 millones de dólares para financiar la propaganda en los medios y en vallas publicitarias de todos los movimientos y partidos que participan en la contienda, prohibiéndose que se hagan “donaciones, dádivas o regalos”, según establece el Estatuto de la Asamblea aprobado en la consulta del pasado 15 de abril. Cabe indicar, sin embargo, que el Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN), encabezado por el magnate bananero Alvaro Noboa, incumplió esta disposición procediendo a entregar medicinas y camisetas, aunque no en la misma medida que en ocasiones anteriores. Respecto al reparto de las cuotas publicitarias por parte del Tribunal Supremo Electoral, se han registrado fallas y quejas de partidos, movimientos y medios de información que se han sentido perjudicados, pero éstas deberán corregirse en futuros procesos, siendo el principio igualitario el que debe mantenerse, señalaron analistas políticos.

Cabe expresar también que se ha garantizado, por primera vez, la participación paritaria de las mujeres, habiéndose previsto una representación de un 50% en las listas en forma alternada. Igualmente intervienen con candidatos a la Asamblea los migrantes ecuatorianos, que residen principalmente en España y Estados Unidos. De los 130 asambleístas que se elegirán para la Asamblea, 100 corresponden a circunscripción electoral provincial, 24 a circunscripción nacional y 6 por los residentes en Europa, Estados Unidos y Canadá y América Latina.

El escenario electoral ha estado marcado por una explosión de candidaturas (3.224 inscritos en 497 listas) pertenecientes tanto a los partidos como a los nuevos movimientos políticos y ciudadanos, lo que indica que tanto la elección, como el conteo de los votos y la proclamación de los resultadas tendrán cierta complejidad, aunque también esto es la expresión del pluralismo que ha habido en esta contienda.

El ministro de Gobierno, Gustavo Larrea, señaló que si bien en la campaña electoral se han expresado discrepancias entre las distintas fuerzas políticas, “esto no ha conducido a un clima de violencia” y mas bien la campaña se ha desarrollado en un clima en el que ha imperado la tranquilidad.

Con una derecha debilitada, una izquierda que se presenta fragmentada y un pueblo con grandes expectativas de cambio, el movimiento que se perfila como triunfador es Acuerdo Patria Altiva i Soberana (PAIS), del presidente Rafael Correa, que obtendría la mayoría absoluta en la Asamblea Constituyente, según algunos sondeos.

Este resultado marcaría una continuidad y una profundización de la tendencia hacia el cambio que le permitió a Rafael Correa ganar la Presidencia de la República y el referendo del 15 de abril de este año, donde el 82% de los votantes dijo SI a la instalación de una Asamblea Constituyente de plenos poderes.

El cumplimiento de las ofertas de campaña otorga credibilidad a la propuesta de Rafael Correa. Sus enfrentamientos con la banca, los medios y la derecha no han debilitado su popularidad que bordea el 75%, lo que abre la posibilidad de que su movimiento se imponga en la contienda electoral.

El primer candidato a asambleísta nacional por Acuerdo País, Alberto Acosta, explicó ante representantes de la prensa extranjera algunos de los lineamientos que seguirá su movimiento en la Asamblea Constituyente. Para Acosta con este proceso se trata de atacar el tema de las inequidades de todo tipo que imperan en el país, inequidades sociales, económicas, regionales, de género, etc. Así mismo, señaló, se trata de ir a una mayor politización en el sentido de fortalecer la participación de los ciudadanos y profundizar el proceso democrático.

Respecto a las críticas que la derecha y la mayoría de medios de información hacen al gobierno de Rafael Correa en el sentido de que estaría favoreciendo a Acuerdo País, Alberto Acosta dijo que ninguna ley prohíbe al Presidente emitir opiniones y que no se han utilizado recursos públicos para favorecer a su movimiento.

Acosta, quien fue ministro de Energía del actual gobierno, señaló que su movimiento propondrá en la Asamblea Constituyente que los actuales diputados “se vayan de vacaciones sin sueldo”, y que la misma deberá crear una comisión legislativa, ya que la existencia de dos poderes legislativos ha causado tensiones en el Ecuador en 1997-98, como en el caso colombiano en 1991 y actualmente en Bolivia.

El gobierno de Rafael Correa encargó al Consejo de Universidades y Escuelas Politécnicas (CONESUP) la elaboración de un borrador de Constitución que ya está terminado y servirá de insumo para la elaboración de la nueva Constitución.

Para el Ministro de Gobierno, Gustavo Larrea, la nueva Constitución debe establecer la gratuidad de la salud y la educación, aspectos que deben ser considerados como derechos y no mercancías por cuanto la actual Constitución, que se encuentra vigente desde 1998, abrió el camino para la privatización de estos servicios.

Asimismo, Larrea plantea, que “el Ecuador necesita un modelo que impulse la producción y que construya una sociedad de productores y de propietarios, y la Constitución no nos permite eso, es una Constitución que monopoliza la economía, que favorece al monopolio”.

El gobierno, según Larrea, es partidario de introducir un nuevo modelo administrativo de Estado que contemple la creación de siete regiones más equilibradas en “su peso demográfico, en su acceso a los recursos naturales, y, por lo tanto, en su representación política, lo que significará, hacia el futuro, mejorar la eficacia, eficiencia, calidez y calidad de los servicios”. En este esquema, las ciudades más grandes como Quito y Guayaquil serían considerados distritos metropolitanos con un régimen especial autónomo.

Por otro lado, Acuerdo País propone una profunda reforma del sistema financiero, como un prerrequisito para alentar la redistribución de la riqueza. En esta línea, se busca establecer un sistema en el cual “los banqueros sean banqueros y nada más que banqueros”. Con esto, se pretende impedir que los banqueros, aprovechándose del ahorro de sus clientes y de la información que éstos les entregan, puedan incursionar en actividades productivas de otra índole que las financieras. De esta forma, bajo ninguna circunstancia, la banca podría acceder a la propiedad o control de los medios de información, como sucede actualmente.

La derecha

“Aparentemente la derecha y los partidos tradicionales en general van a tener un bajón bastante grande, y esto me parece que es el punto más alto de un proceso de divorcio entre el sistema político partidario y la sociedad ecuatoriana y el sentimiento de las grandes mayorías que han estado por fuera de la expresión en la institucionalidad representativa del Estado, y, por tanto, por fuera de los discursos que se arman de los grandes medios de comunicación”, señaló a ALAI el sociólogo Mario Unda.

La derecha, representada por el PRIAN, el Partido Social Cristiano (PSC), la Unión Demócrata Cristiana (UDC), el Partido Sociedad Patriótica (PSP), liderado por el ex presidente Lucio Gutiérrez, han puesto toda la carne en el asador. El super millonario Alvaro Noboa, tres veces candidato a la Presidencia de la República, encabeza la lista de asambleístas nacionales de su partido, mientras Gilmar Gutiérrez, hermano de Lucio, ocupa el primer lugar en las listas del PSP, y por el PSC interviene, como candidato, el ex vicepresidente de la República, Blasco Peñaherrera.

Estos partidos, que se opusieron a la Asamblea Constituyente, en maridaje con los grandes medios, irán a la Asamblea parar intentar frenar o aplastar el proyecto de reformas que encabeza Correa, según han manifestado. Estos partidos se encuentran identificados con la Constitución de 1997-98 pues ésta, al proclamar la vigencia de la “economía social de mercado” y al permitir la privatización de áreas vitales de la economía y la explotación de los recursos naturales, les ha permitido realizar jugosos negocios.

En estas elecciones, los partidos de derecha han seguido dos líneas gruesas. Por un lado defienden posiciones político ideológicas de la corriente, entre ellas, establecer la dolarización a perpetuidad, garantías ilimitadas a la inversión privada (incluida la exoneración del impuesto a la renta), defensa a ultranza de la propiedad privada. Por otro lado, siguen una línea demagógico-coyuntural que ha sido pródiga en “ofrecimientos como utilizar temas sensibles que les puedan dar votos, intentando aglutinar el voto conservador en general, indistintamente si es conservador político o no”, según Mario Unda.

En esta línea, los hermanos Gutiérrez han ofrecido bajar los precios de los víveres y de las tasas de interés, el Partido Social Cristiano se han enfocado en los temas de la seguridad ofreciendo endurecer las penas, en tanto que otros grupos de la misma tendencia se oponen a la despenalización del aborto y al matrimonio de los homosexuales, etc.

En cuanto a otras agrupaciones que antes ocupaban el espacio de centro, como la Izquierda Democrática (ID, socialdemocracia) y la Red Etica y Democracia (RED), que dirige León Roldós, ex candidato presidencial y cabeza de la lista nacional de asambleístas, se han ido desplazando paulatinamente hacia la derecha.

“Nosotros hemos visto que en el Congreso, RED y la Izquierda Democrática son las que han llevado más virulentamente la oposición a las políticas del gobierno. Son los diputados de la ID, los que han impulsado el juicio político a Correa. Estos partidos que eran de centro quedaron atrapados en la telaraña de los intereses económicos y políticos de la derecha y buena parte de la votación de centro podrá ser recogida por las listas del gobierno y del Acuerdo País”.

En relación a las agrupaciones de izquierda (Partido Socialista, Pachakutik, Polo Democrático) y de los movimientos sociales, Unda señala: “El gobierno también va ocupando el espacio que van dejando las posiciones de izquierda de los movimientos sociales y la izquierda política que han tenido una actuación poco acorde con el avance de la movilización social en este periodo de gobierno. Por ejemplo, me parece un desperdicio ciertas expresiones de algunas figuras importantes del Polo Democrático, como Eduardo Delgado, de lanzarse a una oposición contra el gobierno, en momentos en que para todo el mundo era bastante claro que el conflicto fundamental era entre el gobierno y la derecha”. Y agrega: “Yo particularmente creo que la idea de ir generando un campo popular y de izquierda que se diferencie del gobierno es acertada pero uno no puede diferenciarse del gobierno atacando al gobierno en este momento, la manera de diferenciarse del mismo es enfocando la lucha primeramente contra la derecha que está claramente en la consciencia de la mayoría de la población”.

Apoyar ciertas tesis por las que ha venido luchando la izquierda y que han sido recogidas por el gobierno como el rechazo al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, a la presencia militar norteamericana en la base de Manta y al Banco Mundial no debe ser obstáculo para criticar al gobierno en temas como la minería, en el que “es bastante claro (que) la posición del gobierno es una posición bastante más cercana a las empresas transnacionales mineras que a las comunidades que están luchando contra la actividad de la minería”, según Mario Unda.

Sean cuales sean los resultados de las elecciones, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) ha elaborado algunas propuestas que serán entregadas a la Asamblea que se instalará posiblemente a finales del mes de octubre en la ciudad de Montecristi, cuna del revolucionario Eloy Alfaro. En ellas se contempla como ejes la construcción de un Estado plurinacional, la nacionalización y no privatización de la biodiversidad y los recursos naturales, que los servicios no pueden ser tratados como mercancías sino como responsabilidad pública y la construcción de “un modelo económico, social, solidario, ecológico, equitativo, soberano, planificado e incluyente”.

El próximo 30 de septiembre el Ecuador se encuentra en una encrucijada: o se ratifican las esperanzas de cambio o el país queda atrapado en las redes de los intereses de los grupos minoritarios que se resisten a abandonar sus privilegios.


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