I) Marco político

Asistimos a la más pavorosa crisis de legitimidad del orden de desigualdades para los más y ganancias extraordinarias para muy pocos que caracterizara a la Argentina del último cuarto de siglo. Este régimen, que combina extrema pobreza con extrema riqueza y estancamiento estructural, que fuera impuesto por la dictadura pero profundizado durante 19 años de institucionalidad “democrática “ (particularmente, durante la década del noventa y comienzos de este siglo) ha demostrado hasta el limite que hoy observamos, su más absoluta contradicción con la posibilidad no sólo de profundizar la democracia sino de gestionar mínimamente las formas más elementales del Estado de Derecho. El deterioro democrático expresado en el desprestigio de la Corte Suprema, el Parlamento y el propio Ejecutivo, así como la evidencia de un verdadero Estado de No Derecho configurado por la consolidación y perfeccionamiento a lo largo del tiempo de un esquema institucional que refrenda actos ejecutivistas, que carece de iniciativa y control parlamentario, que despolitiza la toma de decisiones, y judicializa el conflicto social a manos de un sistema de Justicia que opera como coraza de las estrategias de dominación (resumiendo en una misma fracción del sistema político a la cúpula de los tres poderes del Estado) remite a la existencia de una profunda crisis de representación política que ha puesto en cuestión las prácticas tradicionales tanto en el terreno partidario como en el de las organizaciones sociales. La dimensión de la desigualdad es fácil de percibir al constatar que en la Argentina previa a la dictadura vivían 22 millones de habitantes y menos de dos millones se encontraban bajo la línea de pobreza. Hoy, sobre menos de 37 millones mas de 14 se encuentran en dicha situación. Esto indica, que en el ultimo cuarto de siglo, sobre un incremento poblacional cercano a los 15 millones, la pobreza se expandió en casi trece millones de personas. La connivencia y convalidación por parte de las diferentes instituciones de políticas de apertura, desregulación y privatizaciones, que posibilitaron la remanida persistencia del ajuste perpetuo sobre el nivel de vida de la población, acompañando de la expansión sistemática de beneficios para grupos empresarios, empresas privatizadas y grandes bancos locales y extranjeros, determina las condiciones y características de la crisis actual.

En este marco, el año 2001 puede ser visto como un verdadero punto de inflexión en el desarrollo de la experiencia popular. Se materializan en él años de resistencia cultural frente al pensamiento único, de construcción de nuevas experiencias organizativas tanto en el terreno social como institucional, y de expresión protagónica de la sociedad en las calles y en las decisiones. La reseña es larga e involucra desde el derrocamiento de López Murphy con su ortodoxia ajustista, pasando por las movilizaciones que en todo el país cuestionaron la lógica del déficit cero, expresándose en las elecciones del 14 de Octubre con su componente doble de cuestionamiento al gobierno y voto bronca-advertencia al conjunto del sistema partidario, profundizando su presencia en la Consulta Popular del 13 al 17 de diciembre donde más de tres millones de personas respaldaron la propuesta del shock distributivo, y protagonizando desde el 19 de diciembre en más (y más allá de todo tipo de operativo)el reclamo de democratización e igualdad que desplazara a De La Rua-Cavallo y Rodríguez Saá y la persistencia de un proceso de crispación popular que desborda las calles con reclamos que van desde la eliminación de las restricciones financieras, hasta la remoción de la Corte Suprema de Justicia, pasando por la situación de deudores, el repudio a la represión y los reclamos de una democracia mas sana y mas profunda.

Este es el Contexto en el que debe inscribirse el gobierno que hoy encabeza el Dr. Duhalde. Gobierno no electo por el mandato popular, y que si no legitima su accionar desplazando las influencias de los diferentes lobbies del poder, validando

en el terreno institucional las demandas de democratización y distribución justa del ingreso, corre el riesgo de conducir los destinos de la Argentina hacia un cuadro de eclosión social y definitivo riesgo institucional. Cuadro que además puede profundizar los niveles ya vigentes de fragmentación social y territorial dando lugar a la emergencia de mecanismos defensivos de naturaleza corporativa que operen

como nuevos centros de exclusión por un lado y como espacios de impugnación de la de la democracia y la paz por el otro. Desde esta definición y conscientes de la magnitud que la crisis adopta es que señalamos que el tipo de intervención política necesario para llevar paz social a los argentinos exige romper con el dispositivo, que acuñado en los últimos tiempos, no hace mas que mantener y reproducir al limite las condiciones de la crisis vigente. Este dispositivo remite a la persistencia de una estrategia sistemática de desigualdad que vulnera los derechos más elementales y propios de un régimen democrático, y que al expresarse en términos de una injusta distribución del ingreso, deprime el mercado interno, limita los recursos fiscales y obliga una y otra vez, en nombre de la sustentabilidad fiscal, a practicar la estrategia del ajuste perpetuo. El circulo tautológico de la crisis se cierra y reproduce del siguiente modo: desigual distribución del ingreso-crisis social -deterioro de la democracia-depresión del mercado interno-crisis fiscal-ajuste perpetuo-mayor desigualdad distributiva-mayor crisis social y menos democracia.

Es por esto que frente al marco expuesto, el FRENAPO sostiene, que el único curso de acción que permite afrontar la desigualdad, consolidar la democracia y reactivar la economía; es el que se plasma en el shock distributivo que con instrumentos precisos de combate a la desocupación y a la pobreza fuera validado por más de tres millones de argentinos en la Consulta Popular realizada entre el 13 y el 17 de diciembre pasados. Shock distributivo que más allá de los instrumentos concretos que hoy lo simbolizan lleva implícito un abordaje distinto de la crisis que transitamos y que no configura, ni mucho menos, una mera estrategia asistencial sobre desocupados y pobres. Se trata de una manera diferente de mirar la economía y de encara la salida a la crisis actual.

Un abordaje económico sostenido desde la perspectiva distributiva remite a cuatro grandes definiciones.

En primer término, señala que un país que acepta que sobre 37 millones de habitantes, casi quince se ubiquen bajo la línea de pobreza, es un país que ha decidido carecer de mercado interno. La importancia del mercado interno se asocia a su capacidad de incrementar empleo, incorporar y crear cambio tecnológico a la vez que difundir socialmente los avances en la ciencia y en la técnica no solo destinándolos a la manera de producir sino, esencialmente, a la

forma de convivir sin bloqueos ni barreras aberrantes. Por lo tanto, y desde esta concepción, el enfoque distributivo es el mecanismo adecuado para GARANTIZAR NIVELES RAZONABLES DE DEMANDA EFECTIVA que permitan organizar un sistema productivo y económico sustentable.

En Segundo Lugar, si el 56 % de la población menor a 18 años se encuentra bajo la línea de pobreza y uno de cada dos pibes nace en dicha condición, es obvio

que la Argentina del futuro no va a tener mayores niveles de productividad y competitividad. Es decir, UNA VISION SERIA DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LARGO PLAZO en un mundo signado por el cambio tecnológico remite a la capacidad que la sociedad tenga de producir y reproducir una fuerza de trabajo con crecientes niveles de calificación. Por lo tanto, no hay mayor productividad futura vulnerando el nivel de vida presente de la población. Sucede que la caída de la calificación y el retroceso de la agregación local de valor obligan a sostener la competitividad encerrando a la sociedad en el circulo vicioso de la pobreza. Este implica menor remuneración para el trabajo para compensar la menor calificación lo cual obliga a una reproducción pauperizada de los trabajadores actuales y de los miembros de su grupo familiar. Proceso este que los aleja de puestos de trabajo donde se ejecuten tareas de mayor complejidad y donde a la población en su conjunto se la obliga a pujar entre si para vender su fuerza de trabajo devaluada y a participar en la producción de bienes que son castigados en su cotización internacional.

En tercer término, el abordaje distributivo de la crisis significa cuestionar en concreto las condiciones bajo las cuales se construye la ECUACION FISCAL Y EL CONSECUENTE ACCIONAR DEL PRESENTE ESTADO. Supone eliminar las condiciones de inmunidad fiscal que exhiben los capitales mas concentrados tanto en el terreno de la tributación como en el sostenimiento de subsidios ciertamente improductivos y estériles.

Por ultimo, el enfoque distributivo determina una forma diferente de pensar la ACUMULACION PRODUCTIVA Y LA INSERCION INTERNACIONAL. Cuestiona la estrategia que ha venido describiendo la economía local donde la obtención de rentas extraordinarias se vincula con el rápido expediente de profundizar la sobreexplotacion laboral, permitiendo la apropiación de ganancias monopolicas o dependientes de rentas naturales. Se trata de privilegiar una definición acorde con el mundo actual y situar, a partir del enfoque distributivo, que los comportamientos empresarios consistentes con un proceso de desarrollo deben fundarse en la obtención de rentas asociadas a mayores niveles de inversión y esfuerzo tecnológico.

Desde este señalamiento y con esta concepción, no podemos menos que plantear nuestra preocupación frente a los pasos que exhibe la gestión gubernamental. En primer término, se optó por poner el eje en una salida devaluatoria cuando la necesaria recuperación de la política cambiaria requería de un conjunto de definiciones previas que permitieran retomar el control del proceso económico para luego estar en condiciones de gobernar el tipo de cambio. REDISTRIBUIR de manera más justa los ingresos para expandir el mercado interno, DESDOLARIZAR el funcionamiento de la economía, REPLANTEAR la relación del Estado con el sistema financiero, REVISAR LA APERTURA económica, REFORMULAR EL ESQUEMA FISCAL y REVISAR LAS RELACIONES CON LAS EMPRESAS PRIVATIZADAS Y EL CAPITAL EXTRANJERO, eran aspectos de una agenda inicial que debió haber precedido a la estrategia cambiaria. La decisión de devaluar agregó elementos de complejidad al cuadro por demás ya difícil que se transitaba y posicionó a la estrategia oficial en un punto donde el tema clave se transformó en cómo evitar los impactos de la devaluación sobre cada uno de los aspectos ya señalados. En este sentido, la estrategia adoptada implicó no discutir ya como se recomponen los ingresos de la población a efectos de inducir una estrategia reactivante, sino que la tarea pasó a ser cómo evitar que los precios deterioren aún más los magros ingresos que hoy exhibe una porción sustantiva de la población argentina. Al dotar de centralidad a la cuestión cambiaria el planteo de política económica se empequeñeció expulsando cuestiones centrales como el crecimiento y la distribución del ingreso. Para decirlo claramente, la política económica perdió los objetivos sociales de intervención en el ciclo económico para verse sometida al minúsculo y regresivo papel de un instrumento que busca un equilibrio inestable entre ofertantes y demandantes de divisas. Si bien es obvio que el tipo de cambio es un ordenador de los precios relativos y la moneda una institución que participa de la distribución de la riqueza social, en la lógica oficial sólo culminan apareciendo como simples mercancías que se venden en el mercado sin otra consecuencia que la propia variación de su precio.

Cabe subrayar frente a esto, que el juego de ofertantes e intermediarios donde se posicionan exportadores, importadores, bancos y fugadores de capital deja afuera a una inmensa mayoría de los argentinos. De igual modo, el propio argumento esgrimido por las autoridades y que indica que el comportamiento de los precios no será tan importante dada la recesión vigente, se asocia lamentablemente con el reconocimiento expreso de que la recesión adopta en este nuevo contexto una nueva forma de funcionalidad ya que es la garantía aducida para gobernar el nuevo sistema de precios. Más aún, es la expresa afirmación que el dispositivo de política económica adoptado no otorga viabilidad a una estrategia de reactivación y distribución del ingreso. Razón por demás suficiente para no considerarlo apto y adecuado en orden a la circunstancias de la Argentina actual. No obstante, resulta importante consignar, volviendo al tema de los precios, que si se cumpliera con la optimista hipótesis oficial de una inflación del 15% en el año, estaríamos arrojando a no menos de 1.700.000 argentinos más bajo la línea de pobreza. Asimismo, la opción devaluatoria también colocó en una posición defensiva al gobierno en la relación con las privatizadas ya que no esta en debate como reducir los niveles absurdos e irracionales que exhiben las tarifas sino que lo que hoy se discute es como evitar una suba mayor. Por cierto, tampoco son menores las dificultades que la devaluación le ha planteado a la resolución de la crisis financiera. En este sentido, y ratificando definiciones que fueran fundamento de la propuesta del FRENAPO, hoy queda absolutamente claro que la opción para la Argentina no era Dolarización o Devaluación, sino concretamente situar en el centro del debate una nueva estrategia de Distribución del Ingreso.

Pero además, la devaluación ha sido acompañada por un planteo que en lugar de administrar el tipo de cambio, operó primero un desdoblamiento del mercado para, en las últimas definiciones pasar a un régimen de libre flotación. Esta decision, en el contexto de un país que carece de financiamiento externo, que exhibe un déficit estructural en el balance de pagos y que mantiene un bajo volumen de reservas, elimina todo techo para el comportamiento del dólar y transforma a la evolución de la divisa en un mecanismo que vuelve a licuar los niveles de salarios y que por lo tanto no solo congela sino que profundiza los niveles de regresividad distributiva afirmados en la Argentina de los noventa. Por otra parte, la opción cambiaria adoptada hace depender la administración del esquema general de política económica de la apoyatura financiera asociada al respaldo del FMI. Ciertamente esto no es gratis y limita severamente la posibilidad de que la salida a la crisis pueda efectivamente inscribirse en otro proyecto de país que el que hasta hoy nos ha regido. La primer condición para hacer factible esta posibilidad es que la salida al atolladero actual no puede ser diseñada ni conducida por los mismos que nos hicieron llegar a esto. Si Cavallo no fue útil para salir de la Convertibilidad, el FMI y el Tesoro de los EE UU. no son los más indicados para reformular una política que, auspiciada por ellos, destruyó empleos y empresas, desestructuró y desfinanció al Estado y generó una pésima inserción internacional. El señuelo de los 15.000 millones de dólares de un eventual paquete de ayuda, además de incrementar la deuda pública en un 10%, implica un feroz estrechamiento de los márgenes de política económica futura. En este marco, no puede sorprender ni la definición de Mario Blejer al frente del Banco Central(miembro hasta hace muy poco del staff del FMI), ni la afirmación de una estrategia fiscal que reproduce en el terreno de las cuentas publicas el espíritu ajustista y recesivo, ni la posibilidad de que la salida del corralito se inscriba en la perspectiva de un sistema financiero que debilite aun más la presencia de la banca publica(proyecto del Banco Federal) y que favorezca la expansión de la banca extranjera. Mas aun, en el presente contexto internacional, haber transformado al paquete de ayuda en la condición necesaria para la consolidación de la estrategia en curso, limita también las posibilidades en materia de inserción internacional. Inclina la balanza en torno a un alineamiento estrecho con los EE UU, debilita la apuesta al Mercosur y cercenando las defensas frente a la estrategia del ALCA, lleva a reincidir en posturas absurdas como la de acompañar el voto contra Cuba junto a los EEUU, e induce las locuras belicistas que ya parecen haber emergido con la posible instalación de una base militar en la Isla de Tierra del Fuego.

Un capítulo aparte merece la estrategia de pesificación adoptada. El nuevo esquema confisca riqueza a los ahorristas e incrementa la deuda pública con el objeto de hacer compatible la licuación de las deudas en dólares con la devolución de ahorros en pesos a un tipo de cambio mayor, minimizando los costos del sistema bancario. Para ser más precisos, si estimamos los ahorros totales (depósitos bancarios y no bancarios dados en préstamos, hipotecas o entre particulares, ahorros en seguros de retiro y obligatorios en las AFJP) estos suman 75.000 millones de dólares, pesificados a $ 1.40 representan unos 105.000 millones de pesos que considerados al dólar libre ($ 2) equivalen a U$ 52.500 millones. La diferencia entre U$ 75.000 mill. y U$ 52.500 mill., es decir U$ 22.500 mill., es la pérdida inicial de los ahorristas. Para el caso de los ahorristas bancarios con depósitos inferiores a menos de U$ 30.000, estos podrían optar por recibir un bono dolarizado a cargo del Estado.

Más allá del plazo de gracia que éste tenga y por más baja que sea la tasa de interés, esta definición en el contexto de un dólar libre, le traslada un elevado costo al Estado argentino. Asimismo, el Estado asumirá otro bono de deuda por la diferencia que los bancos tengan por cobrar deudas a $1 y retornar depósitos a $ 1.40. Diferencia esta cuyo monto se ubica entre $ 15.000 y $ 18.000 millones. Parte de esta mayor deuda pública se compensa con la pesificación del canje local a $ 1.40, que en la práctica implica una menor renta para los afiliados a las AFJP, los ahorristas de las aseguradoras de retiro y los depositantes bancarios.

Merece precisarse por último el carácter de la licuación de pasivos resultante de la pesificación 1 a 1 de las deudas en dólares. Debe consignarse que la licuación sólo opera para aquellos que realizan actividades comerciales y productivas en divisas (exportadores), para quienes disponen de dólares acumulados en el exterior y para las firmas que forman parte de una corporación trasnacional. Allí, la comparación entre una pesificación 1 a 1 de la deuda versus el valor más alto del dólar libre que revaloriza sus activos, les permite una interesante ganancia patrimonial. No ocurre lo mismo con quienes jpesifican 1 a 1 pero sus ingresos dependen de un mercado interno en franca contracción. Para estos, y más allá de la tregua de 180 días establecida sobre las cuotas, la actualización por el costo de vida puede implicar un incremento en el valor de la deuda y la consiguiente pérdida patrimonial. Situación que se repite para el resto de los contratos (deudas bancarias, alquileres) y que en un marco de ausencia de indexación salarial vuelve a minar los ingresos de la población.

Finalmente, es indispensable reafirmar el carácter “trucho” de la pesificación impuesta. En tanto la misma se trasforma en un mecanismo de redistribución del ingreso hacia sectores trasnacionalizados que tienen en el dólar su unidad de cuenta y reserva de valor, se continúa reforzando el proceso de dolarización de la economía argentina. Ciertamente, instituir un signo monetario nacional requeriría potenciar a los sujetos no trasnacionalizados y que actúan dominantemente en el mercado local, al tiempo que reclama nuevas regulaciones sobre los ya trasnacionalizados.

El marco expuesto determina que, el diseño general de la política económica se asemeja mucho mas a una estrategia de reorganización del bloque dominante dirigida a recomponer bases de gobernabilidad para el mismo orden de dominación, que a un cambio general en el esquema de ganadores y perdedores de la Argentina de los últimos veintiséis años. En este sentido, queda claro que la variante devaluacionista en ejecución mejora las condiciones de rentabilidad de quienes exhiben una fuerte inserción exportadora y que posibilita que los que fugaron excedentes (dueños de los 130.000 millones de dólares afuera) puedan comprarse el país por dos pesos. Esta reorganización supone el reposicionamiento del lobbie normalmente expresado en el denominado Grupo Productivo (conformado por los grupos empresarios locales y extranjeros que constituyen la cúpula histórica de la Argentina), implica el mantenimiento de estrategias que garanticen el salvataje de la Banca Privada y plantea un cierto desplazamiento del polo de poder que expresan las empresas privatizadas. Es este contexto el que le otorga sentido a las alusiones que hasta el momento ha hecho el oficialismo referidas a la aplicación de un supuesto Seguro de Empleo y Formación en el marco de un supuesto plan que atienda la emergencia ocupacional. De acuerdo a lo que hasta el momento se ha comunicado este instrumento(para el cual se asignarían unos 1.000 millones de dólares), así como el plan alimentario (otros 350 millones) se transformarían en el modo de intervención frente a la crisis social. Si bien aún faltan precisiones respecto a la cobertura que alcanzara esta estrategia, ciertamente la definición trascendida que ubica el seguro en un nivel de hasta $200 y que elimina del paquete general las asignaciones por hijo y para mayores de 65 años que la reciente Consulta Popular validara, termina despojando a la propuesta de su componente distributivo y reactivante, así como eliminando el pacto intergeneracional que supone una intervención que opera sobre niños, adultos y ancianos. En suma, lo expuesto por la propuesta oficial lejos de acercarse a la estrategia de combate a la pobreza planteada por el FRENAPO y respaldada por más de tres millones de argentinos, mantiene los viejos y ya fracasados criterios con los que la política tradicional ha tratado de afrontar los problemas que plantea la desigualdad. Es decir, un carácter compensatorio de la asistencia social como parte de un dispositivo más general de control de la conflictividad social.

Estamos en presencia de una estrategia que pretende resolver los problemas de gobernabilidad planteados frente al colapso económico, social y político de la Argentina en base al fortalecimiento y la relegitimación del sistema político tradicional, pretendiendo ganar eficacia en los mecanismos de compensación social pero excluyendo de toda discusión el capítulo correspondiente a la desigualdad y la distribución del ingreso. Los limites de un planteo como el expuesto y el señalamiento de que el mismo termina afirmando un cuadro de autoritarismo político no es necesario buscarlos en el futuro, ya están presentes en la evidencia del centenar de presos y los mas de 2.800 procesados por cuestionar el ajuste que exhibe la Argentina actual.

II) Una salida frente a la crisis

a) El Shock Distributivo como eje de la Reactivación

El FRENAPO ratifica que el problema principal de la Argentina es el crecimiento de la pobreza y el empequeñecimiento de la democracia. Desde esta perspectiva es que sostenemos que el Shock Redistributivo exhibe absoluta pertinencia como estrategia de salida frente a la crisis actual. Se trata del tipo de intervención que permite conjugar en un solo movimiento la tarea de afrontar la desigualdad -por lo tanto afirmar la estrategia democrática –reactivar la economía y gestar condiciones que permitan un proceso cierto de sustentabilidad fiscal.

Una presentación elemental de la discusión macroeconómica que permite entender lo hasta aquí afirmado consiste en señalar que la reactivación puede pensarse sobre tres bases: mayor dinamismo exportador -expansión de la inversión o expansión del consumo popular. Esta claro que en los dos primeros casos dada la baja participación que la inversión y las exportaciones tienen en el conjunto de la demanda, así como por el escaso volumen de empleo y el bajo nivel de presión impositiva asociado a las mismas, una reactivación sostenida en ellas tiene dos dificultades sumamente serias para operar en el presente contexto de la Argentina. No inducirían una reactivación significativa, no generarían efectos relevantes en materia de empleo y obligarían a mantener una estrategia de ajuste

fiscal. En suma, mantienen las condiciones del ajuste perpetuo y por lo tanto no solo no resuelven sino que agudizan las condiciones de desigualdad y restricción al funcionamiento de la democracia.

b)El Shock Distributivo en la Crisis Actual

En las presentes condiciones de la crisis, seguir sosteniendo la propuesta del shock distributivo supone inscribirlo en un programa de emergencia cuyo objetivo sea aprovechar la suspensión vigente de los pagos de la deuda externa para retomar el control del proceso económico nacional y poner en marcha una nueva estrategia de desarrollo. Desde esta perspectiva las definiciones básicas deben ser:

- Reconocer que la disponibilidad de divisas (dólares) de la economía nacional esta agotada y determinar por lo tanto que las reservas actuales y futuras deben definirse como propiedad de la Nación y como un bien social cuya utilización y disponibilidad remite a los objetivos que en materia de distribución del ingreso-empleo y crecimiento se fije la Argentina, y no al atesoramiento en manos de particulares. La contrapartida a la libre disponibilidad de dólares ha sido la fuga de capitales y el aumento de la deuda publica para financiarla.

- Modificar la ley de entidades financieras y la Carta Orgánica del BCRA a los efectos de determinar que el sistema financiero se encuadra en la totalidad de sus agentes y operaciones dentro del régimen de servicio publico. Esto implica asumir que la concentración y extranjerizacion de la Banca no solo no mejoró la asignación del crédito al aparato productivo, sino que incentivo la valorización financiera y la fuga al tiempo que no doto(pese al remanido discurso dominante)de mayor solvencia al sistema. En suma, conformo una banca rápida para depredar e incapaz de devolver los fondos a los particulares.

-Reformular el régimen de ingreso y egreso de capitales en atención a los criterios de balance positivo de divisas-radicación de plantas productivas y aportes de fondos propios en relación con la inversión a realizar.

- Definir la lucha contra la pobreza como el objetivo central de las políticas del Estado en todos sus niveles dotando de aplicación practica a lo establecido por la constitución nacional en el articulo 75 inciso 2 referido a que todos los habitantes del país son titulares de los mismos derechos.

-Replantear el esquema fiscal y revisar las políticas de producción y apertura comercial de la economía argentina a los efectos de hacer consistente las condiciones productivas y de financiamiento con el objetivo expuesto en el punto anterior.

c) El Presupuesto como instrumento de Intervención frente al ciclo recesivo

La estrategia que sostenemos funda su viabilidad, en una activa reformulación del esquema presupuestario, en el dinamismo económico que dicha reformulación impulsa, y en un nuevo diseño político estratégico. Avanzando con el objeto de precisar lo expuesto corresponde realizar una serie de puntualizaciones respecto

al comportamiento esperado de la economía (evolución del PBI) y su correlación con la situación fiscal:

• El PBI habría declinado en aproximadamente un 2,5% durante el tercer trimestre del año 2001(contra igual periodo del año anterior)y podría bajar nuevamente en alrededor de un 6,6% en el cuarto trimestre.

• La información disponible indica que el año cerraría con una declinación internaba del orden del 3% como mínimo, lo cual significa un arrastre estadístico negativo de alrededor de -4,4% para el corriente año.

• Por lo expuesto, es altamente probable que la actual acentuación de la declinación del PBI persista al menos hasta bien entrado el segundo trimestre del 2002. En tal caso la caída del producto real en el primer trimestre del presente año respecto a igual periodo del 2001 superaría el 11%. De modo que a precios corrientes (cuestión relevante para la evolución de la recaudación tributaria), la declinación podría superar ese porcentaje.

• Si la declinación que anticipamos para el primer trimestre efectivamente se produjera, se requeriría un crecimiento no menor al 10% a partir de ese momento, simplemente para evitar una contracción mayor al arrastre del -4,4% ya mencionado. Es obvio que sin alterar la lógica de funcionamiento de la economía, la caída real del producto para el año 2002 podría duplicar dicho arrastre estadístico.

Los datos consignados indican que la persistencia del proceso recesivo dota de una inviabilidad estructural a la programación presupuestaria. Es más, si las tendencias del ciclo son asumidas como datos para la confección del presupuesto y no se transforma a este en un instrumento de política económica dirigido a intervenir en el ciclo, lo obvio y probable es que se mantengan y fortalezcan las tendencias regresivas en materia de gasto (desaparición del incentivo docente, limitación en los fondos de coparticipación, situación crítica en materia de salarios y haberes jubilatorios abonados por el Estado, posible desaparición del aguinaldo, limitaciones del presupuesto universitario, etc.). Si este es el caso, el Presupuesto se transforma en una herramienta de carácter restrictivo que se consensúa afuera con el FMI para imponerse adentro, en lugar de abordar una discusión con dicho organismo internacional sobre la base de una estrategia de redistribución del ingreso que optimice la tasa de crecimiento de la economía y que fortalezca la capacidad de negociación política del gobierno.

d) Propuesta Presupuestaria y Nuevo Compromiso Federal

Asumiendo lo expuesto el replanteo presupuestario que impulsamos identifica cuatro fuentes de fondos que reconocen objetivos de mínima y de máxima en materia de recursos y que suponen la aplicación de medidas inmediatas o de emergencia así como también definiciones de mas largo plazo y de carácter estructural. El marco político que debe sostener el desarrollo de la propuesta requiere poner en debate no solo el presupuesto nacional sino el conjunto de los presupuestos provinciales y se asienta en el diseño de un NUEVO COMPROMISO FEDERAL que lejos de parapetarse en un federalismo mal entendido y corporativo sitúe la construcción de esta perspectiva en el marco de una profunda democratización. Elemento este que debe relazarse con la profundización de los reclamos a nivel provincial y municipal para imponer y ejecutar el presupuesto participativo.

Señalaremos a continuación las cuatro fuentes de fondos que pueden tomarse en cuenta para financiar el shock distributivo discriminando en cada una de ellas las medidas para la emergencia y las definiciones más estructurales.

Estas son:

- Revisar el régimen privado de fondos de pensión vigente(AFJP) atendiendo a cerrar el desfinanciamiento estructural que el mismo le impone al Sector Público argentino. En términos inmediatos surge claro que si la salida de la recesión esta íntimamente asociada al shock distributivo(sin el cual se ponen en riesgo incluso los empleos presentes)resulta plausible suspender por un año y desviar el conjunto de los aportes del sistema de capitalización al sistema publico con su correspondiente porcentaje, lo cual permitiría financiar unos 4.300 millones dólares. En el curso del año en cuestión y habida cuenta de las deficiencias que hoy caracterizan al régimen vigente, podría impulsarse una discusión y decision colectiva en el marco de una Consulta Popular con el objeto de resolver respecto a la cuestión de fondo atinente al tipo de régimen previsional que debe tener la Argentina. Es decir, definir si en el presente contexto corresponde mantener el régimen de capitalización privado, si se requiere retomar el control publico sobre este aspecto de la Seguridad Social, y si se debe hacerlo bajo la forma histórica del régimen de reparto, si es conveniente organizarlo sobre la base de un sistema fundado en rentas generales, o de capitalización publica, o algún mix que pueda dar respuesta a la situación imperante.

• Replantear los Planes Sociales hoy existentes no sólo a nivel de la Nación sino también a escala provincial y municipal. Entendemos que los fondos hoy disponibles a nivel del Sector Público Nacional ascienden aproximadamente a unos u$3.700 millones y que computando lo disponible en las distintas jurisdicciones la cifra se acercaría a unos u$6.000. Esta masa de fondos debiera tender a integrarse en el marco de un Sistema Unico de Políticas Sociales dotado de las tres características que definen a los instrumentos que componen el shock distributivo. Por un lado, el carácter universal de los mismos (lo cual acota severamente la posibilidad de discriminación o el manejo clientelístico en su asignación); en segundo término, su asociación con la restitución concreta de derechos (a la Salud, la Educación, la Previsión, el Empleo y la Formación) lo cual posibilita criterios de autofocalización que mejoran la eficacia de las prestaciones y por último, la intervención en el mercado laboral (vía el Seguro de Empleo y Formación) dirigida a alterar su funcionamiento actual (es decir, sin piso salarial) reponiendo las condiciones para la vigencia del salario mínimo. Con estas características el Sistema Unico de Políticas Sociales, que requiere tener carácter nacional, control participativo y ejecución descentralizada, debe tener como objetivo, norte y parámetro para la determinación de los valores que se asignen a cada instrumento, la decision de establecer una renta mínima al conjunto de los hogares que les permita colocarse por encima de la línea de pobreza. Es suma, el combate a la desocupación y a la pobreza reclama una expresa estrategia nacional ya que los flagelos expuestos no reconocen diferencia entre las distintas jurisdicciones. Si bien lo expuesto supone una tarea de largo plazo, nuestra estrategia reconoce como primera medida de emergencia la decision de unificar -hasta donde sea posible- los planes vigentes a nivel nacional. En segundo término y para construir las condiciones de largo plazo del planteo general, debiera constituirse una Mesa de Concertación con representación de los gobiernos provinciales y presencia de las distintas organizaciones de la comunidad, un espacio de trabajo dirigido a sintetizar las distintas estrategias hoy vigentes en el campo social y construir el ya señalado Sistema Unico De Políticas Sociales. Estamos convencidos que la síntesis de los planes a nivel nacional permite asignar de inmediato unos u$1.000 millones.

• Impulsar una drástica reforma tributaria que altere el signo de inmunidad fiscal que hasta el presente exhiben los poderosos. Esto supone adaptar la estrategia impositiva a las nuevas formas de propiedad que evidencian las corporaciones empresarias. En este sentido, resulta indispensable aplicar dos criterios que si bien están planteados en la legislación actual no se aprovechan en términos prácticos. Nos referimos a la aplicación de los criterios de renta mundial y a la consideración de los denominados “precios de transferencia”. En el primero de los casos comenzaríamos a capturar parte del rendimiento que obtienen los capitales fugados y en el segundo se trata de desarrollar el instrumental necesario que permita identificar la transferencia de ganancias por vía de las modificaciones administradas de precios al interior de un mismo conglomerado. Proceso este que no solo alude a las empresas transnacionales sino que involucra también a los grupos empresarios de capital local. Sostenida en estos criterios la reforma debe seguir una orientación dirigida a gravar rentas, patrimonios, a restituir contribuciones patronales y a presionar sobre el consumo superior. Con esta decision debe tomarse en cuenta que las menores ganancias que se exhiban como consecuencia de la depresión económica obligan a incrementar la presión sobre las manifestaciones de riqueza(es decir de ganancias acumuladas en los últimos tiempos). Esto revaloriza el papel de impuestos tales como el inmobiliario rural y urbano, bienes personales, patentes, la necesaria restitución del impuesto a la herencia, etc. En el caso de las contribuciones patronales cabe consignar que su sola restitución para los grandes contribuyentes del comercio, los servicios y las finanzas implicaría recuperar aproximadamente unos u$600millones. No obstante la reciente devaluación permitiría expandir el universo de actividades que podrían afectarse. Una estrategia de este carácter no solo exige una importante convocatoria para movilizar a la sociedad en orden a un régimen de mayor equidad sino que exige de una elevada Coordinación entre la Nación y las provincias con el objeto de calzar la recaudación de ganancias y bienes personales a nivel nacional con la recaudación del impuesto inmobiliario rural y urbano, con el de patentes y el de ingresos brutos. Asimismo, esta Coordinación implica una nueva ley de Coparticipación Federal y el replanteo de los distintos regímenes de Promoción hoy vigentes los cuales, en gran medida, se han transformado mas en mecanismos que potencian la elusión fiscal antes que instrumentos que favorezcan al desarrollo. La estrategia expuesta requiere también la eliminación de las exenciones que a nivel nacional y provincial afectan la recaudación de gravámenes sobre rentas y patrimonios. La línea de acción que aquí se sugiere requiere diseñar mecanismos interjuridiccionales de cooperación fiscal (Nación-Provincias-Municipios) y la confección de un padrón único de contribuyentes. La estrategia fiscal expuesta supone políticas de largo aliento en capacidad de elevar sustancialmente (claramente por encima de los u$10.000 millones)los niveles de recaudación nacional y provincial. No obstante, en la emergencia consideramos indispensable avanzar en dos líneas simultaneas. Por un lado eliminando las exenciones que afectan la recaudación nacional de ganancias y bienes personales(esto permitiría obtener no menos de u$3.000 millones), y por otro, estableciendo una contribución de emergencia sobre las utilidades de los ganadores de la ultima década. La observación de los montos de utilidades netas entre el año 1991 y el 2000 para las privatizadas y los bancos privados, asciende a la cifra total según balance de u$28.758 millones. Esta contribución de emergencia puede calcularse poniendo como referencia el objetivo social de financiar el Seguro de empleo y formación (representa aproximadamente el 14% del total de utilidades consignadas), o bien compensando el esfuerzo de endeudamiento que el sector público debió realizar durante todos estos años para financiar la apropiación de rentas en moneda dura por parte de las firmas y bancos mencionados (plus de tasa de interés que debió pagar anualmente sobre la tasa internacional el Estado argentino). Se adjuntan cuadros 1 y 2 que fundamentan lo expuesto:

CUADRO NRO. 1

CUADRO NRO. 2

AÑO	RESULTADO / PAT. NETO	PATRIMONIO NETO (*)	RENTABILIDAD
	%	Millones de U$s
1991	9.4	3.494	328.4
1992	12.2	4.500	549
1993	17.1	5.500	940.5
1994	4.2	6.500	273
1995	1.1	7.331	80.6
1996	5.5	8.024	441.3
1997	6.2	11.360	704.3
1998	4.3	12.110	520.7
1999	4.5	12.295	553.3
2000	0.4	12.158	48.6
TOTAL			4.439,8

(*) Los patrimonios de los años 1992, 1993 y 1994 fueron estimados

Fuente: Elaboración propia en base a BCRA

- Incremento de recaudación como resultado del impacto sobre consumo y expansión de la actividad económica que implica la propuesta distributiva. En este sentido, señalamos que de manera inmediata se podrían recuperar no menos de u$2.520 millones y que si además se observan efectos multiplicadores (lo cual seria lógico) la recaudación adicional podría bordear incluso los u$5.000millones.

Como puede observarse, en la emergencia y de mínima, una estrategia presupuestaria como la expuesta permite obtener los siguientes recursos:

Cifra que supera las necesidades de financiamiento de la propuesta y que ni siquiera contempla la posibilidad de expandir recaudación gravando el consumo superior ni tampoco considera la utilización de por lo menos parte de las posibilidades de emisión monetaria que resultan de la aplicación de la nueva paridad cambiaria (aproximadamente u$4.000 millones). Aspecto plenamente justificable cuando se sabe que el impacto inflacionario asociado a la devaluación incrementa él numero de hogares que caen bajo la línea de pobreza.

Tal cual señaláramos anteriormente la estrategia que estamos planteando debe

sostenerse en un diseño estratégico dirigido a poner en debate el conjunto de los presupuestos provinciales y a construir un NUEVO COMPROMISO FEDERAL. Este permitirá avanzar desde la emergencia hacia las definiciones de fondo y de mayor contenido estructural. El compromiso debe fundarse justamente recuperando las definiciones de largo plazo que se mencionaron al señalar los distintos ejes de la reformulación presupuestaria. El Nuevo Compromiso debe fundarse en:

- Coordinación tributaria Nación-Provincias dirigida a cobrar impuesto sobre quienes detentan capacidad contributiva.

- Construcción de un Sistema Unico de Políticas Sociales

- Definición de una nueva estrategia productiva.

En suma, la estrategia del shock distributivo es absolutamente viable en términos fiscales pero supone y depende de un enfoque diferente en materia de política económica.

Ciertamente resulta “impracticable” si la prioridad es licuar los pasivos de los grandes grupos empresarios, salvar a los bancos y sujetarse a las exigencias del FMI. Actores estos que son responsables expresos de la crisis que hoy atravesamos. Manteniendo una economía abierta y con los presentes contenidos de “trasnacionalización y dolarización”, lo que desaparece del horizonte de la política económica es la posibilidad de distribuir con mayor justicia los ingresos. La discusión, por lo tanto, no es fiscal sino política y, consecuentemente, de política económica.