Estados Unidos ha instalado bases militares en América Latina desde comienzos del siglo XX,: Primero estableció campamentos de su  ejército en Cuba durante la guerra Hispano-Americana y luego en Panamá, al iniciarse  la construcción del Canal de EE.UU.  Estas bases han servido explícitamente para proyectar y proteger al gobierno de EE.UU. y sus intereses comerciales en la región, como parte de su  proyecto imperial.

Más recientemente, el gran interés militar y el financiamiento de EE.UU. para el Plan Colombia,  que ocurre luego del retiro de las bases militares estadounidenses de Panamá en diciembre de 1999, dio lugar a una proliferación de nuevas bases y  acuerdos de acceso militar en la región. El  incremento de bases  forma parte de un proyecto de descentralización de la presencia militar de EE.UU. en la región, constituye una  respuesta de Washington  a la resistencia  de los líderes regionales de albergar grandes bases militares o complejos de EE.UU, mientras se mantiene un afianzamiento militar más amplio.

Lo que el Comando Sur  llama la "arquitectura del teatro", es una  compleja red de instalaciones militares y  funciones de EE.UU. en la región. Esta estructura entrelazada está en transición. Las instalaciones militares de Estados Unidos   representan compromisos tangibles con relación a sus  prioridades políticas como asegurar el acceso a los recursos estratégicos, especialmente al gas y al petróleo, y desarrollar una guerra contra la droga por el lado de la oferta, que responsabiliza a los extranjeros del consumo de drogas en Estados Unidos.

El Pentágono también ha invertido en nuevas infraestructuras en la región, contando con cuatro nuevas bases militares en Manta, Ecuador; Aruba; Curazao  y Comalapa, en  El Salvador.  El Comando Sur también opera 17  radares, sobre todo en Perú y Colombia.

Las nuevas bases y radares monitorean el espacio aéreo y los mares de la región y son claves para las crecientes operaciones de vigilancia que lleva a cabo Estados Unidos en el marco de la guerra contra las drogas y el terrorismo en la región andina. Como parte de la creciente contribución militar de  EE.UU. al Plan Colombia,  estas bases conforman un cerco alrededor de Colombia. A pesar de que los acuerdos se enmarcan en la lucha contra las drogas, los acuerdos operativos de las bases en  Manta, Aruba, Curazao y El Salvador explícitamente establecen  que para el uso de sus instalaciones no están  prohibidas otro tipo de “organizaciones DOD" (Departamento de Defensa) siempre que se obtenga la aprobación de los militares de Estados Unidos[1]. Los aviones que operan desde la base de EE.UU. en Manta se han utilizado desde entonces para supervisar e incluso, según se reportó, para atacar los barcos de Ecuador que transportaban inmigrantes indocumentados.

El Pentágono está comenzando a subcontratar la mayor parte de las operaciones  y el mantenimiento de sus bases militares con empresas privadas. La fuerza aérea contrató a la Dyncorp para la mayor parte de la operación de la base de Manta, e incluso se iba a contratar a  una subcontratista militar de EE.UU[2]. para los vuelos sobre Colombia.

Estas bases complementan a las ya existentes en Soto Cano, Honduras, y en Guantánamo, Cuba, que no tiene fecha de terminación. Guantánamo ha servido como lugar de descanso para marineros e infantes de la Marina, lugar donde los barcos guardacostas se abastecen de combustible, y campamento para los refugiados haitianos. Estas actividades han sido eclipsadas por la controversia generada por la instalación de un campamento militar de  EE.UU. para prisioneros que se sospecha pertenecen a Al Queda, la violación de las normas de la Convención de Ginebra y las denuncias de torturas y abusos.

Las bases militares de los EE.UU. en América latina han tenido al menos nueve misiones específicas: intervenciones policiales; sanidad tropical; Defensa del Canal de Panamá, que fue interpretada a menudo a su conveniencia; entrenamiento de la tropa;  pruebas de armas y de otros equipos; ingeniería ambiental, particularmente en el entorno tropical; lucha contra-insurgente;  operaciones anti-drogas y tareas de inteligencia y de comunicación. Las bases de Panamá y  Puerto Rico sirvieron de plataformas para lanzar intervenciones hacia  países centroamericanos y caribeños, lo que Estados Unidos hizo con frecuencia desde 1900 a 1933. Aunque los estándares actuales limitan en escala las intervenciones militares, estas han sido normalmente suficientes para determinar el resultado de conflictos locales para favorecer los intereses comerciales de EE.UU.

La existencia de un complejo de bases militares en el área del Canal de Panamá y la relación clientelar existente entre EE.UU. y el Estado panameño hizo del istmo un lugar adecuado como base de las actividades que ayudaron a EE.UU. a proyectar su poder en el Continente y el Pacífico. Durante la Segunda Guerra Mundial, EE.UU. mantuvo unos 63.000 soldados en Panamá y forzó a suscribir un acuerdo para establecer más de cien bases militares al  interior de Panamá, aparentemente para defender el canal. Sin embargo, algunas de estas tropas fueron desplegadas para un proyecto de pruebas de armas químicas, con el objetivo de ver cómo reaccionan éstas en las selvas tropicales, durante la preparación de una anticipada guerra química contra los japoneses en el Pacífico.

De la misma manera, Estados Unidos amplió  dramáticamente su presencia militar en Puerto Rico antes y durante la Segunda Guerra Mundial, estableciendo la estación naval de Roosevelt Roads y expropiando tierras para área de bombardeo y maniobras en las islas de Vieques y de Culebra[3]. Las instalaciones militares de EE.UU., especialmente bases aéreas, fueron establecidas durante la guerra en muchos países del Continente (Ecuador, Perú, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua), lo que se puede comparar con el crecimiento actual del número de bases de EE.UU. alrededor del mundo, en la “guerra contra el terrorismo”[4]. Después de la guerra, la mayoría de estas bases fueron cerradas, pero la Marina mantuvo sus bases en Puerto Rico.

Durante la guerra fría, la doctrina militar de Estados Unidos para América Latina y el Caribe se centró en el aumento de la capacidad de los militares nacionales para  "defensa interna," es decir para combatir a las fuerzas que al interior de los países de América Latina desafiaban el orden existente. La doctrina frecuentemente no distinguía entre levantamientos armados, manifestaciones pacíficas e  incluso la oposición cívica. El fuerte de Gulick en Panamá albergó a las instalaciones militares de EE.UU. conocidas como la Escuela de las Américas, que entrenó a 29.000 militares  latinoamericanos entre 1949 y  1984, cuando la Escuela fue llevada a Georgia, mientras que la fuerza aérea y la Marina también entrenaban a miles de soldados latinoamericanos en otras instalaciones en Panamá[5]. Pero Estados Unidos también entrenó y aprovechó  a Panamá para sus propias aventuras militares, especialmente en el Sudeste asiático.  En los polígonos  de tiro situados en las zonas tropicales de este país se probaron  armas (misiles, gas nervioso nervio, uranio empobrecido) y otros equipos militares.

A diferencia de las bases de EE.UU. en Panamá,  el  entrenamiento de la Marina en Vieques tuvo que ver tanto con las  misiones militares de los EE.UU. en Iraq y Europa, como con las   operaciones en América latina, ya que grupos de combate se desplazaron directamente desde Puerto Rico al Mediterráneo y al Golfo Pérsico, donde realizaron bombardeos regulares incluso antes de que  Estados Unidos invadiera a Iraq en el 2003.

Luego de que las fuerzas de EE.UU. fueron retiradas de las bases de Panamá, a la mayoría de ellas se las reubicó en las bases de Puerto Rico. La oposición al bombardeo de  Vieques estalló en abril de 1999 después de que un piloto dejara caer dos bombas fuera del blanco en la zona de Vieques y matara a un guardia civil puertorriqueño. En días posteriores, los manifestantes ocuparon algunos lugares de la zona activa de bombardeo, donde permanecieron durante más que un año.

La operación y luego el cierre temporal de la zona de bombardeo de Vieques, y con ella la estación naval Roosevelt Roads, mostró el entramado de una serie de instalaciones militares aparentemente distintas. Además de la mencionada zona de bombardeo en Vieques, la Marina también operaba en un radio de acción externo de casi 200.000 millas cuadradas, que parece no fue afectado  por el cierre de Vieques, una zona subacuática para submarinos, y una zona de guerra electrónica en aguas cercanas a Vieques[6].

Las bases que pertenecen a los militares latinoamericanos pero construidas o utilizadas por soldados de  EE.UU.,  no se consideran bases de  EE.UU., sin embargo a menudo responden a propósitos similares. 1.400 militares y personal contratado de EE.UU. que operan en Colombia a tiempo completo, por ejemplo, están hospedados nominalmente en bases colombianas. Para que los militares de EE.UU. estén presentes en un país ya no se requieren instalaciones permanentes sino acuerdos bilaterales para operaciones y maniobras militares. Las tropas de EE.UU. utilizan las instalaciones de los países  anfitriones para sus propios objetivos de entrenamiento militar, evitando hacer un título de propiedad, lo que le convertiría en una “base de EE.UU.”.

Los problemas con las bases de los EE.UU en la región

Los soldados y el personal contratado que EE.UU. tiene en las bases de América Latina y el Caribe exceden con creces al  personal de las agencias civiles de  EE.UU. en la región. La presencia de tanto personal en misiones militares fuera de las fronteras de EE.UU. envía un mensaje: Estados Unidos prefiere la fuerza a la diplomacia para solucionar los  problemas en la región, incluyendo los  problemas que implican conflicto con el propio Estados Unidos.

Los nuevos Puestos de Seguridad Cooperativa, aparentemente creados para supervisar el tráfico de drogas, no tienen ningún mecanismo transparente o de monitoreo por parte de  la sociedad civil, y por lo tanto pueden asumir misiones, tales como la contra-insurgencia, la captura de inmigrantes en el mar y como plataforma para apoyar otras acciones militares de  EE.UU.

Muchas bases militares en América latina - como las de Estados Unidos y en cualquier otro lugar- dejan un legado ambiental devastador. En Vieques, algunos estudios han encontrado altos índices de cadmio, plomo, mercurio, uranio, y  otros contaminantes  en los suelos, la cadena alimentaria  y los cuerpos de los habitantes de la Isla. Estos contaminantes han conducido a altos índices de enfermedad entre los  habitantes de Vieques, que tienen  incidencias  de cáncer en un 26.9% mayor que otros puertorriqueños[7]. En Panamá, los propios militares estiman que dejaron abandonadas  más de 100.000 piezas de artillería sin explotar en las zonas de fuego y en la zona de crecimiento rápido del canal[8]. Estados Unidos no reconoce las mismas obligaciones de limpieza en el extranjero que las que cumplen en sus instalaciones locales. Una vez que se va el Pentágono, Estados Unidos abandona la jurisdicción y la responsabilidad de la contaminación que sus militares han causado.

Para estar a la altura de los ideales democráticos, Estados Unidos debe adoptar una nueva doctrina en América Latina y el Caribe que valore los lazos con los civiles más que los  lazos con los militares, así como el ámbito donde se toman las decisiones democráticas. Esta doctrina debería dedicar más recursos para tratar las causas económicas del conflicto,  antes que construir instalaciones diseñadas para el uso de la fuerza. También debería comprometer a Estados Unidos a ser más transparente con sus propósitos, actividades y efectos de las bases militares estadounidenses existentes en la región, especialmente si eso significa que las bases son eliminadas mediante una política democrática.

A más de revisar los fundamentos de la política para las bases militares en la región, se debe suprimir cuestiones objetables, tales como el amplio acceso militar de EE.UU. a los puertos de la nación y al espacio aéreo e inmunidad diplomática para el personal militar de  EE.UU.  Para asegurar la transparencia y la responsabilidad, la base de los acuerdos debería ser enmendada para garantizar  que los funcionarios del sector de la salud pública y del medio ambiente de los países anfitriones y los representantes de las comunidades afectadas por las bases estadounidenses tengan la autoridad para examinar todas las instalaciones de las bases con un breve aviso previo.

Además,  Estados Unidos no debe  intentar establecer acceso militar o realizar misiones militares polémicas a través de medios privados, tales como la subcontratación  de operaciones militares.

Para tratar los problemas ambientales generados en las bases militares estadounidenses  en América Latina así como en otras regiones,  Estados Unidos debe reconocer su responsabilidad y financiar la limpieza de la bases actuales y la ex bases, de acuerdo a los estándares que protegen a las poblaciones vecinas y el ambiente de la contaminación y de los peligros que afectan a la seguridad.

Introducir estos cambios podría comenzar a cambiar la percepción de que los líderes estadounidenses se consideran fuera de la ley y de las obligaciones éticas mutuas. 

John Lindsay-Polland es coordinador del Grupo de Trabajo del Fellowship of Reconciliation sobre América Latina y el Caribe, San Francisco –EE.UU.