Los campesinos colombianos son los más afectados por la violencia política. La guerra de guerrillas y su contrapartida la guerra contrainsurgente del Ejército y los paramilitares se adelanta principalmente en el campo. Son también campesinos humildes los que tradicionalmente han sufrido el reclutamiento forzado para prestar el servicio militar en las Fuerzas Armadas. De otra parte los campesinos son las principales víctimas de la exclusión y la violencia social. El índice de desnutrición de la población campesina adulta ascendió en un 119% entre 1978 y 1988, la mortalidad infantil es del 80 por mil, el 84% de la población rural no dispone de acueducto y el 31% de las mujeres entre 15 y 49 años de edad no han asistido nunca a la escuela. El 64% de la población campesina vive en estado de pobreza, y un 37% de ellos sobrevive en condiciones de miseria. Por otro lado hay más de un millón de familias campesinas sin tierra. La tendencia ha sido la del despojo y la concentración de la propiedad en pocas manos: en 1960, el 67% de los campesinos poseían en parcelas de menos de cinco hectáreas el 6% de la tierra y los grandes latifundistas controlaban el 46% en haciendas de más de 200 hectáreas. Para 1992 el 55% de los campesinos propietarios no tenían más que el 2.8% de la tierra, mientras que menos del 0.5% poseía el 35% de la tierra; en el mismo año, el 7% de los propietarios controlaban las tres cuartas partes de las tierras. Consecuencias de la violencia Las estadísticas refieren una violencia más que secular en el campo, la contrarreforma agraria sigue incrementándose con el trinomio ganaderos, gamonales y narcotraficantes. Esto ha originado que en las últimas tres décadas se haya invertido la tasa de población en Colombia: en los años sesenta el 70% de la población vivía en las áreas rurales, y el 30% en pueblos y ciudades, hoy ese porcentaje no solamente se ha invertido sino que tiende a agravarse. En el último lustro cerca de un millón de personas han sido obligadas a dejar sus tierras producto de la violencia política, concentrándose la mayoría de ellas en los tugurios periféricos de las grandes urbes. Sólo durante 1996 fueron desplazadas por la violencia un total de 36.202 familias según el Fondo de las Naciones Unidas y el Sistema de Información sobre Desplazamiento y Derechos Humanos: De acuerdo con esas estadísticas, cada hora, dentro del territorio nacional, se desplazan por causa de la violencia cuatro hogares (El Colombiano 11-3-97). Uno de cada 36 colombianos ha sido víctima del desplazamiento forzado, la mayoría mujeres viudas y niños huérfanos provenientes de zonas rurales del país. La política estatal El Estado colombiano ha estado ausente tradicionalmente de las necesidades de la población campesina, representando sobre todo los intereses de la clase terrateniente. Los esfuerzos progresistas de algunos gobiernos liberales no han llegado a fructificar aunque se hayan traducido en leyes. Tal es el caso del gobierno de Alfonso López Pumarejo, llamado de la Revolución en Marcha, quien en 1936 hizo aprobar en el Congreso la llamada Ley 200 o de Tierras, al tiempo que se reformó la Constitución estableciendo que la propiedad debía cumplir una función social. La Ley de Tierras fue un intento para neutralizar las protestas rurales que se iniciaron en los años veinte en las que se desarrollaron: "...conflictos de una intensidad y una organización sin precedentes en los que la unión de colonos y aparceros adoptó un sesgo ofensivo a partir de 1926... Se constituyen ligas campesinas y sindicatos agrarios y se generalizan los movimientos sociales para obligar al Gobierno a intervenir para dividir algunas de las grandes propiedades cafetaleras", según señala el investigador agrario Pécaut Daniel. Con dicha ley se pretendía, como escribe Silvia Rivera Cusicanqui, "dar un impulso sustancial a la utilización económica del suelo, clarificar los derechos de propiedad y posesión sobre baldíos, y encuadrar los conflictos agrarios a un nuevo orden jurídico, a través del arbitraje del Estado". Los intentos reformistas y de modernización del Estado de la Revolución en Marcha quedaron sólo en eso, en intenciones, por la oposición de la élite a la que López Pumarejo pertenecía: La herencia colonial, los comportamientos de casta, la conformación elitista del poder político, las jerarquías del prestigio y del abolengo habían contribuido a reforzar un sentido de pertenencia adscriptiva al círculo de los poderosos, una suerte de "manejo en familia" de los asuntos nacionales, que bloqueaba la emergencia de sectores de la burguesía capaces de encarnar un programa de modernización capitalista con contenidos antioligárquicos.. Las iniciativas reformistas de López fueron asumidas en un lenguaje más radical de naturaleza populista en la persona de Jorge Eliécer Gaitán quien se avizoraba como presidente indiscutible como principal figura del Partido Liberal, discurso que incomodaba a las élites tradicionales de su partido y del Partido Conservador. Gaitán fue asesinado el 9 de abril de 1948 en un momento en que las clases dominantes: "...se daban a la tarea -señala Silvia Rivera Cusicanqui- de reforzar la confrontación interpartidista como modalidad de bloqueo a la autonomía popular, y como forma de captación de los sentimientos y lealtades políticas habituales. La lucha interpartidista se constituía así, paradójicamente, en un complemento eficaz de la acrecentada cohesión de las clases dominantes, de la disolución de las fronteras ideológicas entre ambos partidos y del creciente peso de los gremios empresariales en las estructuras de poder". La lucha interpartidista se trasladó a las masas campesinas movilizándolas hacia la agresión y destrucción del "adversario" en torno al sectarismo y el odio. Con el asesinato de Gaitán se desató la más cruenta guerra civil del siglo, que de 1946 a 1954 costó la vida de 300 mil colombianos, la mayoría campesinos; a esta confrontación se le ha denominado como La Violencia. La Violencia conllevó a una inmensa desorganización social cuyos aspectos más notorios fueron las migraciones, el terror, el bandolerismo y, por otra parte la consolidación de redes de influencia política...dejó también focos de tensión extremadamente agudos. El objetivo prioritario del programa de reforma agraria iniciado en 1961 con la fundación del INCORA (Instituto Colombiano de Reforma Agraria) fue atenuar dichos focos, aunque era difícil olvidar el traumatismo. En los años 60 había muchas regiones donde la situación agraria continuaba siendo explosiva. De "hijos predilectos" a perturbadores En 1967 fue creada la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos -ANUC- por el Gobierno de Carlos Lleras Restrepo con el propósito de neutralizar los peligros de una creciente polarización política del campesinado ...que en la década del 60 comenzaba a dar muestras de creciente iniciativa política a través de organizaciones gremiales, movilizaciones espontáneas por la tierra y apoyo directo o indirecto a la guerrilla...-en el que la ANUC serviría- para integrar las demandas y reivindicaciones campesinas en el esquema de las mediaciones estatales necesarias para la "Transformación Nacional" ...sostenido por la ilusión de que los evidentes síntomas de malestar rural permitirían superar la "funesta ceguera" que había distinguido la actitud de las clases propietarias frente al movimiento campesino. La "funesta ceguera" se mantuvo y lo que pudo ser la canalización institucional del conflicto agrario se desbordó ante la insatisfacción de los reclamos campesinos. Al comenzar la década del setenta la ANUC congregaba 800 mil campesinos, que procedieron en varias regiones, sobre todo en la Costa Atlántica, a invasiones de tierras sin precedentes en la historia del país; las marchas, los paros, la ocupación de edificios públicos y la politización revolucionaria de gran parte de los líderes campesinos molestó a las clases dirigentes que optaron por la división del movimiento, la represión y la eliminación legal de las alternativas reformistas: Para 1972, la cifra de detenciones a campesinos se eleva a dos mil ochenta y cuatro casos, que contrasta con los ochocientos cuarenta y cinco registrados en el año anterior. La intervención policial es sustituida y/o reforzada por la creciente militarización de los conflictos desatados por la invasión de tierras y las movilizaciones gremiales. Los campesinos de la ANUC, otrora "hijos predilectos" del régimen, pasan a engrosar las filas de los antisociales y perturbadores del orden público. La lucha gremial de los campesinos fue debilitándose al punto de que la lucha central por la tierra cedió ante otras prioridades impuestas por la guerra sucia, entendida como el asesinato de dirigentes populares y de izquierda por fuerzas militares o paramilitares desde la segunda mitad de los ochenta...A las luchas tradicionales por la tierra y la política agraria se han unido en estos últimos años protestas por derechos humanos y necesidades básicas (infraestructura y servicios). Estas últimas integran crecientemente a los campesinos en el torrente de las luchas cívicas : 27 de las 158 luchas agrarias durante los últimos cuatro años fueron paros cívicos con participación campesina; 82 fueron movilizaciones y 43, tomas de entidades. Movilizaciones recientes Durante 1996 las luchas más representativas de los campesinos, se expresaron, de una parte en la resistencia pacífica de 170 familias desplazadas de sus tierras, en los límites de la hacienda Bellacruz en el sur del César, por grupos paramilitares al servicio de una familia terrateniente; y por otra en las más grandes movilizaciones campesinas de las últimas décadas en diferentes regiones del país que congregaron alrededor de 300 mil campesinos que buscaban una política de sustitución de cultivos de las plantaciones de coca, en cambio de las políticas represivas del Estado a través de fumigaciones indiscriminadas y la militarización de sus tierras. /1 Los campesinos desplazados de Bellacruz se tomaron las instalaciones del INCORA en tres oportunidades y la Defensoría del Pueblo en otra; pese a sus reclamos pacíficos y a la legitimidad de la posesión de sus tierras, el Estado no sólo que no les garantizó el retorno a sus predios sino que toleró que el grupo paramilitar continuara actuando impúnemente cobrando la vida, a febrero de 1997, de 35 personas de la comunidad campesina. Por la presión de la comunidad internacional el Gobierno se vió obligado a dialogar con los campesinos y a buscar una salida negociada. El Gobierno tuvo además que solicitar la dimisión de su embajador, Carlos Arturo Marulanda, ante la Unión Europea y los gobiernos de Bélgica y Luxemburgo, por ser uno de los dueños de la Hacienda Bellacruz, y señalado por los campesinos de haber promovido contra ellos diferentes crímenes. De otro lado el gobierno no ha cumplido los acuerdos con los campesinos cocaleros para la sustitución de cultivos. Por el contrario, los dirigentes agrarios han ido siendo asesinados uno a uno, sólo en el departamento de Caquetá : De los 27 delegados de los campesinos cocaleros que conformaban la mesa departamental de trabajo, apenas quedan 4 (El Tiempo, 8-3-97). Los dirigentes campesinos fueron acusados por las Fuerzas Armadas de ser voceros de la guerrilla. Uno de los interlocutores de la movilización campesina, Víctor Julio Garzón Hernández, dirigente nacional agrario fue asesinado el 7 de marzo de 1997 en su oficina en la ciudad de Bogotá, él era Secretario General de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO). Los incumplimientos gubernamentales y la represión contra los dirigentes campesinos contribuyen a la perpetuación de la violencia política : Es como si nuestra clase dirigente hubiera quedado para siempre con el vicio de quienes pactaron con los Comuneros hace doscientos años: primero negarse a negociar, luego incumplir lo pactado y finalmente reprimir. Superar la guerra, establecer un tejido social solidario tanto en el campo como en la ciudad, en últimas, construir la paz en Colombia pasa necesariamente por una verdadera reforma política y agraria que entusiasme la vida y la producción en el campo. Hoy esa posibilidad es más cercana con la promulgación el 19 de diciembre de 1996 de la ley 333 o ley de extinción del derecho de dominio sobre bienes adquiridos en forma ilícita que permitirían distribuir, para comenzar, entre los campesinos marginados e indígenas los 4 ó 5 millones de hectáreas de las mejores tierras del país que hoy se encuentran en poder de los narcotraficantes. /2 Notas 1. En los meses de julio, agosto y septiembre de 1996 más de doscientos mil campesinos recolectores de hoja de coca se movilizaron en los departamentos de Guaviare, Putumayo, Meta, Caquetá, Guainía, Cauca, Bolívar y Santander para protestar contra las fumigaciones de glifosato que destruyen no solamente las hojas de coca, sino los cultivos de pan coger, envenenan las aguas, deterioran la tierra, enferman a los habitantes y los dejan sin oportunidades de subsistencia. Producto de la represión del ejército perdieron la vida 18 labriegos, doscientos más resultaron heridos, centenares resultaron encarcelados y un número indeterminado fueron desaparecidos. El Gobierno luego de darle un tratamiento militar a las protestas optó por negociar con los campesinos un programa de sustitución de cultivos. En Colombia hay 300 mil hectáreas de tierra sembradas de coca, lo que ocupa 250 mil personas en el trabajo de siembra y recolección beneficiando indirectamente a más de medio millón de personas que sobreviven de esta economía. 2. Según un informe elaborado por la Dirección Nacional de Estupefacientes, DNE, los narcotraficantes poseen tierras en 409 municipios del país, es decir, en el 42% de los 1.039 municipios analizados en 28 departamentos... según expertos agrarios, dicha extensión fluctúa entre tres y cinco millones de hectáreas, que constituyen una inmensa fortuna, dado que en ellas están las mejores tierras del país, la inmensa mayoría de ellas dedicadas a la ganadería extensiva, poco tecnificada y que prácticamente no generan empleo. El Ministerio de Agricultura estima que este año podría decretarse tal extinción por lo menos sobre un millón de hectáreas. El País, 2 de enero de 1997.