La negativa del ex vicepresidente de Estados Unidos y activista ecológico, Al Gore, de asistir a un foro en la ciudad de Miami para evitar encontrarse con el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez por sus nexos con el narcoparamilitarismo, así como la suspensión por parte del Senado norteamericano de una partida del orden de los 55 millones de dólares con destino al Ejército colombiano, hasta tanto no se aclare los nexos de uno de su generales con organizaciones paramilitares, son apenas algunas de las consecuencias políticas derivadas de los bien sustentados debates en el Congreso de la República del principal partido de oposición, el Polo Democrático Alternativo (PDA).

Incluso, el escándalo político-mafioso colombiano ha generado inquietud en Europa, hasta tal punto que varios eurodiputados solicitaron al representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Javier Solana suspender el proceso de un acuerdo de asociación con la Comunidad Andina de Naciones (CAN) hasta que se aclare el tema de la incidencia del narcoparamilitarismo en la política y el gobierno de Colombia.

Hasta la conservadora revista The Economist en su edición de la tercera semana de abril hace serios interrogantes respecto de la gobernabilidad de Uribe Vélez, dado que los hechos de los últimos meses comprometen seriamente a más de una veintena de dirigentes de la bancada uribista en el Congreso con el proyecto político-paramilitar que se ha implantado a la fuerza en buena parte de las regiones de Colombia.

Un presidente desencajado

Tras conocer el pasado jueves 19 de abril, durante una reunión con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet de visita en Bogotá, que el Departamento de Estado norteamericano le había aconsejado al ex vicepresidente Gore no asistir a un foro en el que participaría Uribe Vélez, dado la crisis ética que enfrenta su gobierno, el mandatario colombiano se desencajó y durante una rueda de prensa conjunta con la mandataria del país austral mostró su irascibilidad, saliéndose de casillas para denigrar de sus opositores.

En la noche de ese mismo jueves convocó a determinados medios de comunicación a una rueda de prensa en vivo y en directo por todas las estaciones de radio y televisión, en horario triple A, para tratar de hacer los descargos a las graves denuncias que hizo el senador del PDA, Gustavo Petro en un debate en el Congreso el pasado 17 de abril.

Uribe en la conferencia de prensa se veía desencajado aunque hacía esfuerzos por mostrar tranquilidad. Tanto él como sus ministros han salido a señalar que los argumentos de Petro son simplemente calumnias, aunque hasta el momento no han procedido a denunciarlo ante la Corte Suprema de Justicia.

Lo que dijo Petro

En el debate, Petro hizo graves denuncias contra la familia de Uribe Vélez. Con documentos y fotografías en la mano demostró los estrechos vínculos de algunos de sus integrantes con miembros de las peligrosas bandas paramilitares que han asolado mediante la violencia cruel amplias zonas geográficas del país.

Se refirió a la manera cómo Uribe Vélez cuando fue gobernador del departamento de Antioquia (1995-97) promovió bandas de vigilancia privada conocidas como Convivir, la mayoría de las cuales se convirtieron en grupos de autodefensa que cometieron masacres y causaron desplazamiento de pobladores.

Para Petro tres fueron los pilares que dieron origen al fenómeno paramilitar en Colombia: la alianza de militares “de línea dura anticomunista” con hacendados, la presencia de grupos de justicia privada y el narcotráfico. “El invento se volvió funcional al narcotráfico”, aseguró.

Explicó que algunos sectores del Estado han hecho alianzas con el delito “para acabar con el crimen”. Afirmó que el mejor ejemplo de ello fue la persecución y muerte del capo del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria y jefe del Cartel de Medellín, en la que participaron fuerzas del Estado y la mafia.

En la conjunción política, paramilitarismo y narcotráfico que comenzó en la década de los 80, siempre Uribe Vélez ha estado en el ojo del huracán, pues su pasado como alcalde de Medellín, congresista y gobernador de Antioquia ha estado salpicado por sus vínculos non sanctos.

Durante su gestión como gobernador de Antioquia las muertes en este departamento se incrementaron de 250 a 2800 según cifras oficiales. La violencia arreció como consecuencia del accionar de los grupos de autodefensa que legalizó Uribe gracias a una disposición normativa de carácter nacional.

Parauribismo

Uribe Vélez llega a la Presidencia de Colombia en 2002 gracias a su campaña de desprestigio contra el proceso de paz que había iniciado el gobierno de Andrés Pastrana (1998-200) con el grupo insurgente de las FARC y que terminó en fracaso.

Una vez en el poder, Uribe promovió un simulado “proceso de paz” con los jefes del paramilitarismo. Simulado porque no puede haber proceso de paz entre dos partes amigas. Como es obvio los grupos de autodefensa han servido al Estado colombiano para hacerle la “guerra sucia” y de paso, convertirse en un proyecto político-mafioso que domina una amplia extensión de la geografía colombiana.

El proyecto de Uribe Vélez en ese sentido consiste en legalizar a los paramilitares, bajo una seudo Ley de Justicia y Paz que según sus postulados busca además la verdad y la reparación de las víctimas. Dicha ley en la práctica no es ni de justicia, ni de paz, y menos de verdad y reparación. Simplemente la política del gobierno colombiano busca dejar en completa impunidad los crímenes de lesa humanidad cometidos por las bandas de paramilitares, mediante penas privativas de la libertad mínimas, por un lado, y legalizando las cuantiosas propiedades adquiridas ilícitamente, por otro.

Estas gabelas del gobierno de Uribe a los jefes paramilitares, garantizó de cierta manera su reelección inmediata en 2006, pues su continuidad en el poder les permitirá seguir con el proceso.

Sin embargo, recién comenzado el segundo mandato de Uribe Vélez y gracias a las denuncias políticas y judiciales de dirigentes y parlamentarios del Polo Democrático Alternativo la estructura del uribismo comenzó a desmoronarse.

Alrededor de dos docenas entre funcionarios del propio gobierno, congresistas y dirigentes de la causa gobiernista han terminado en la cárcel comprometidos seriamente por vínculos con el paramilitarismo.

María Consuelo Araújo, ministra de Relaciones Exteriores y el ex jefe de Inteligencia de Uribe, Jorge Noguera, a quien Estados Unidos le quitó la visa, salieron por la puerta de atrás. La primera, dado que su hermano, senador de la República, terminó preso y su padre un hacendado y ex ministro de Estado se encuentra prófugo de la justicia. Y Noguera, porque está seriamente cuestionado por haber convertido la principal agencia de inteligencia del Estado colombiano en una estructura al servicio del paramilitarismo.

Desde hace un año, no hay semana en que las autoridades judiciales no llamen a un político uribista a declarar penalmente. Esta situación llevó al congresista del PDA, Jorge Enrique Robledo a calificar este fenómeno político-mafioso como “Parauribismo”.

Respuestas endebles

No obstante, el gobierno de Uribe trata de descalificar a sus opositores y dar explicaciones a todas las denuncias, aunque sus respuestas son endebles frente a las evidencias. El mandatario se sostiene en que no asume ninguna responsabilidad política por todo lo que está aconteciendo en su entorno.

Por el contrario, en la conferencia de prensa del pasado 19 de abril se sostuvo en que gracias a las Convivir se logró “pacificar” Antioquia y ellas han servido como experiencia para que desde la Presidencia de la República se haya podido implementar un programa de “cooperantes”, o como se conoce en el argot popular, de “soplones”. Varias de las investigaciones contra dirigentes uribistas comprometidos con acciones criminales terminaron archivadas por el anterior Fiscal General de la Nación, el conservador Luis Camilo Osorio, quien fue premiado por el presidente Uribe primero con la embajada en México, y luego con la legación en Italia.

El ideólogo: el primo de Pablo Escobar

Uribe tampoco acepta que de su entorno hacen parte paramilitares o amigos de paramilitares y narcotraficantes como se lo dijo un periodista de una agencia internacional durante la rueda de prensa. No solo tiene estrechos vínculos con la veintena de congresistas actualmente procesados por la justicia, sino que cuenta con funcionarios de su gobierno con vínculos nada claros como es el caso de su ideólogo José Obdulio Gaviria, primo hermano del capo del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria.

Obviamente, Gaviria no tiene la culpa de ser primo de Pablo Escobar, lo grave es que siempre hizo parte del entorno íntimo del capo del narcotráfico. No obstante, José Obdulio ha tratado por todos los medios de esconder sus nexos con su pariente, a quien visitaba en la famosa cárcel La Catedral en Medellín.

Aunque Uribe dice que nunca ha tenido contacto con paramilitares, lo cierto es que su hacienda El Ubérrimo de más de mil hectáreas de extensión, localizada entre los departamentos de Antioquia y Córdoba, está rodeada de encalves de grupos de autodefensa. Vecino suyo, por ejemplo, es el jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Y varios de los congresistas de su bancada están vinculados de hacer parte de estas organizaciones criminales.

El gobierno de Uribe insiste en que gracias a su Ley de Justicia y Paz se logró el desmonte del fenómeno paramilitar en Colombia, dado que según cifras que no se han logrado verificar, se han desmovilizado 30 mil combatientes. Sin embargo, ha sido la acción política y jurídica del Polo Democrático Alternativo y algunas voces provenientes del exterior las que han desenmascarado la connivencia entre política, paramilitarismo y narcotráfico.

Persecución a la oposición

Han sido tan contundentes las denuncias de la oposición que el gobierno de Uribe, como lo confirmó el propio Presidente en la rueda de prensa, le ha montado inteligencia a los dirigentes y voceros del Polo Democrático Alternativo y algunos congresistas del Partido Liberal, hasta el punto que son monitoreados cuando salen del país por las agregadurías militares y de policía de las legaciones diplomáticas colombianas.

Las visitas de trabajo que realizan los congresistas de la oposición a los Estados Unidos a denunciar la situación político-mafiosa colombiana o a criticar el leonino Tratado de Libre Comercio, son controladas miniciosamente por inteligencia militar.

Incluso existen denuncias de que desde las embajadas de Colombia en diversos países europeos se hace seguimiento a las actividades de activistas y defensores de derechos humanos.

¿Qué sigue?

El paramilitarismo en Colombia constituye un fenómeno político-mafioso que ha terminado por empoderarse de las administraciones de varias ciudades y departamentos del país. Además, hay un resurgimiento de nuevas células de grupos de autodefensa que continúan en su accionar.

Los interrogantes en torno de lo que pasará con el proceso de desmovilización de buena parte de los jefes paramilitares es una incógnita, pues si ellos revelan toda la verdad de lo que ha sucedido en los últimos 20 años en este país de seguro terminarán desenmascarando no solamente a dirigentes políticos sino empresarios, altos mandos militares y dirigentes gremiales que están comprometidos con este fenómeno criminal.

El reto ahora es de Uribe, quien debe enfrentar los cuestionamientos en el ámbito internacional, pues tendrá que esforzarse para echar por el piso, lo que él califica como “simples calumnias de la oposición”, las cuales han terminado por complicarle su vida personal y la gobernabilidad de su administración.