México.- La matanza perpetrada por un grupo armado de filiación priísta en la comunidad de Acteal, el pasado 22 de diciembre, conmovió al país y tuvo un impacto tremendo en la opinión pública internacional. Cuarenta y cinco indígenas fueron masacrados con saña inaudita. Todos los informes indican que los asesinatos se inscriben en la estrategia contrainsurgente diseñada por el gobierno desde tiempo atrás. Casi todo se ha dicho ya en términos de la indignación que provoca este acto de barbarie y de lo que implica como fracaso de la estrategia adoptada por el gobierno. Se puede agregar otra lectura: la matanza como intento fallido de detener la lucha autonomista de los pueblos indígenas de Chiapas. Acteal, en efecto, debe situarse en un contexto más amplio: el de las transformaciones que impulsa el zapatismo, sobre todo desde 1996, mediante el establecimiento de las autonomías de hecho, concretadas en la configuración de gobiernos autónomos municipales y regionales. En Chiapas se produjo una rebelión el 1 de enero de 1994; en la segunda mitad de 1997, los síntomas de que se estaba gestando una revolución en las zonas de influencia del zapatismo ya eran evidentes. El principal motor de esta revolución en marcha eran, sin duda, los gobiernos autónomos. Durante el impasse en que cae la negociación a partir de septiembre de 1996, ninguna de las partes permaneció inactiva. Básicamente el gobierno continuó con sus desordenados programas asistenciales y su "plan de campaña" contrainsurgente. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, por su parte, ante la evidencia de que el gobierno no se proponía cumplir los acuerdos de San Andrés, decidió dar un paso adelante: comenzar a aplicarlos. Los gobiernos autónomos: ?una revolución soterrada? De esta manera, los municipios "en rebeldía" de 1995 empezaron a transformarse en "municipios autónomos". A finales de 1997, se hablaba de casi cuarenta municipios autónomos. Muy pronto fue patente que éstos eran verdaderas alternativas de poder. Estaban disputando no sólo la legitimidad política a los gobiernos "oficiales", sino también sus funciones. Todo ello significaba el inicio de un cambio en aquellas regiones chiapanecas, enfilado a la transformación de viejas relaciones de control y dependencia. En suma, implicaba el ataque de todo un modelo de dominación nacional en las zonas indias, al oponer a la heteronomía de los gobiernos oficiales la autonomía de los gobiernos de filiación zapatista. El carácter autonómico de los diversos "concejos municipales autónomos" se expresaba no sólo en su actuación sino también en su forma de constitución y renovación. La estrella priísta comenzó a eclipsarse en muchas comunidades, mientras crecía el prestigio y la influencia de los gobiernos autónomos. Estaba en juego el control y el ejercicio del poder mismo. La reacción fue virulenta. En los círculos de poder se vio la necesidad de parar en seco este proceso. Las acciones violentas que proliferaron en Los Altos de Chiapas, particularmente durante la segunda mitad de 1997, en esencia eran la respuesta gubernamental al impulso zapatista de las autonomías. No se trataba de pleitos familiares o de enfrentamientos inter o intracomunales, sino de los fragores de una contienda entre dos proyectos. Así, pues, la mayoría de los hechos violentos en la región, incluyendo los actos de los grupos paramilitares, han sido la reacción oficial frente a la callada revolución que allí se incubaba. Se trataba de desbaratar la estructura amenazadora (los "concejos autónomos") y de dispersar las fuerzas del adversario. Acteal era seguramente una operación, entre otras, destinada a contener y revertir los efectos del autonomismo zapatista en marcha. En resumen, el desarrollo de una estrategia zapatista de autonomías de facto es un factor interviniente y detonador de la matanza del 22 de diciembre. Dado que, además, el proceso autonómico zapatista se realizaba bajo una interpretación amplia del modelo de autonomía contenido en los Acuerdos de San Andrés, los efectos del mismo comenzaban a configurar elementos de cambios inquietantes. En septiembre un salto se hizo evidente: comenzaron a organizarse las "regiones autónomas" y surgieron los "parlamentos regionales autónomos". Así, los zapatistas no sólo alentaban la construcción de las autonomías sin esperarse a su declaratoria legal, sino que además las construían a una escala supracomunal que atacaba directamente la organización del poder local y regional establecido. Los Acuerdos, la sangre y la legalidad Esta vez el espanto se apoderó de los operadores políticos y de los diversos sectores directa o indirectamente afectados. En riguroso orden comenzaron a pronunciarse sobre las "calamidades" que implicaba la nueva estrategia zapatista. Los primeros que expresaron su alarma por las "declaratorias" de gobiernos autónomos fueron los abogados chiapanecos del ala más conservadora. En noviembre la preocupación oficial se manifiesta por voz del entonces comisionado para la paz, quien sostiene que el EZLN busca "su reposicionamiento local", mediante la "estrategia de crear municipios autónomos". A fines de diciembre, mientras crece la indignación por la matanza de Acteal, el secretario de Gobernación sugirió que la culpa de los hechos de sangre había que buscarla en la creación de gobiernos autónomos por parte de los zapatistas. Y amenazó: el gobierno "irá a las causas del conflicto e investigará a quien promueve los concejos municipales paralelos (autónomos)". El mismo día, el presidente de la organización de iglesias evangélicas, acusó al EZLN de ser "corresponsable" de los crímenes de Acteal, dada su "actitud política de querer continuar con el establecimiento de gobiernos autónomos". El obispo católico de Tapachula también insinuó una relación causal entre los hechos de Acteal y las autonomías de facto, pues "las autonomías practicadas en forma arbitraria por iniciativa de algunos líderes y sin sustento jurídico reconocido sólo generan enfrentamientos y muerte". Ante tales razonamientos, una pregunta quedaba flotando: ?las "culpas" del autonomismo zapatista explicaban, o quizás justificaban, los actos de Acteal? En todo caso, lo que hasta aquí quedaba claro era que, para diversos sectores chiapanecos y para el gobierno federal, lo de Acteal se relacionaba estrechamente con un hecho evaluado por ellos en forma negativa: el proceso autonómico impulsado por los zapatistas. El 29 de diciembre de 1997, la dirección zapatista defendió la legitimidad y la legalidad de los gobiernos autónomos. La legitimidad de los "gobiernos indígenas autónomos", alegaron, deriva de "las comunidades que los nombraron y a las que sirven?; su legalidad "está contemplada en los acuerdos de San Andrés...y por lo tanto tienen sustento jurídico". La respuesta oficial fue inmediata. En un comunicado del 1 de enero de 1998, la secretaría de Gobernación alegó que "esos consejeros autónomos no derivan de ningún procedimiento legal, asumen facultades arbitrariamente seleccionadas y las ejercen en territorios arbitrariamente delimitados". Además, preguntó el gobierno, "?cómo es posible que [el EZLN] invoque los acuerdos supuestamente no cumplidos para fundamentar la legalidad de las "autoridades en rebeldía"? ?Quién tiene la razón? ?Se sustentan los planteamientos zapatistas o están en lo cierto los alegatos de Gobernación? Evidentemente, los argumentos de tipo jurídico, por sí solo, son de poca ayuda para comprender o evaluar procesos sociopolíticos como el de las autonomías practicadas por los indígenas chiapanecos. El hecho de que el organismo oficial no pueda entrar al análisis de la legitimidad de los gobiernos autónomos, lo coloca inmediatamente en una posición desventajosa. En este caso, el razonamiento legalista, centrado exclusivamente en las formalidades del derecho, resulta vacuo, pues no atina a iluminar las implicaciones profundas de procesos que se sitúan precisamente al margen o en los linderos de las formalidades legales porque éstas resultan demasiado estrechas y alejadas de la realidad del país. Pero no debe evadirse la vertiente jurídica de la cuestión. También en este terreno los argumentos esgrimidos en el documento de Gobernación adolecen de serias debilidades. Alegar, como lo hace el comunicado de marras, que no se puede invocar la legalidad de unos acuerdos dado que éstos todavía no se cumplen -en referencia a que los Acuerdos de San Andrés todavía no pasan a ser letra constitucional "no parece muy consistente. Todo indica que el equipo oficial jamás ha entendido o asumido claramente que los Acuerdos de San Andrés son más que un mero arreglo entre partes, que carecerían de carácter jurídico mientras no se convirtiesen en parte del orden legal merced a las reformas constitucionales". Se olvida que tales acuerdos fueron el fruto de negociaciones realizadas por mandato de una ley federal. Esto es, se pretende pasar por alto que: 1) la "Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas", aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial el 11 de marzo de 1995, determinó las partes que debían sentarse a negociar, y definió al EZLN como "una organización de ciudadanos mexicanos"; 2) la misma ley estableció que, con la parte negociadora llamada EZLN, el gobierno debía buscar "un acuerdo de concordia y pacificación", encaminado a alcanzar "una solución justa, digna y duradera al conflicto armado", y 3) la ley comprometió al gobierno a pactar bases para atender "las causas que originaron el conflicto y promover soluciones consensadas a diversas demandas de carácter político, social, cultural y económico". Por lo tanto, los resultados (esto es, los acuerdos firmados) tienen ya un fundamento jurídico indiscutible; ya son materia jurídica, con independencia de la voluntad o los deseos de las autoridades del gobierno. Por más vueltas que el gobierno le dé al asunto, no podrá escapar de esta realidad: los acuerdos obligan jurídicamente al gobierno y es la ley la que le impone su pleno cumplimiento. El hecho de que todavía no se conviertan en parte de nuestra Carta suprema no cambia las cosas. Decir que el fundamento jurídico de los acuerdos no es tal porque, haciendo caso omiso de éstos, una de las partes (el gobierno, por cierto) no ha hecho lo que le corresponde para que resplandezcan en la constitución, es una fórmula marrullera. En este sentido, y a propósito de incumplimientos por parte del gobierno, habría que recordar un viejo principio: una parte no puede alegar en su favor lo que es fruto de su propia falta. Durante unos días, después de la barbarie de Acteal, brilló levemente la probabilidad, la esperanza de que tal sacrificio contribuiría a tomar el definitivo camino del diálogo y la negociación, de la política como única salida a la crisis. Pronto las inercias del gobierno, y la negativa a definir una estrategia realmente nueva para encarar los problemas, nos volvieron a la realidad. Con esa dirección de la cosa pública, ?qué lugar queda para el optimismo?