Como su propio nombre indica, Ecuador está situado geográficamente en el centro del mundo. Todo lleva a creer que el neoliberalismo ha decidido llevar a cabo su agenda de fin del mundo en este país. Como es sabido, el neoliberalismo es la versión más antisocial del capitalismo global porque está estrictamente vinculada a los intereses del capital financiero. No reconoce otra libertad que la libertad económica, por lo que le resulta fácil sacrificar todas las demás.

Por cierto, es bueno que los portugueses sepan esto con respecto al partido Iniciativa Liberal, la versión más tardía del liberalismo en forma de bancarrota. La especificidad de la libertad económica es que se ejerce en la medida exacta del poder económico que uno tiene para ejercerla y, por tanto, su ejercicio siempre implica una forma de imposición asimétrica sobre los grupos sociales que tienen menos poder y una forma de violencia brutal sobre los que no tienen poder, la gran mayoría de la población empobrecida del mundo. Tal imposición y violencia siempre se traduce en la transferencia de riqueza de los pobres (traducida en las magras políticas de protección social del Estado) a los ricos y en el saqueo de los recursos naturales, así como de los activos económicos, cuando los hay. El Fondo Monetario Internacional es el agente encargado de legalizar el robo en el que se traducen las políticas de austeridad impuestas por el capitalismo financiero. 

El robo es tan evidente hasta el punto de que el montante de los préstamos casi siempre equivale a los beneficios públicamente contabilizados que se ofrecen a los acreedores internacionales y a las grandes corporaciones multinacionales que se articulan con ellos.  Los casos más recientes de este proceso van desde Grecia hasta Portugal (2011-2015), desde Argentina hasta Brasil y muchos países africanos. Lo que está sucediendo en Ecuador representa el paroxismo, el momento de máxima intensidad de la voluntad destructiva del neoliberalismo. Con el fin de salvaguardar el derecho al robo legal por parte de los acreedores y las empresas multinacionales, el país se incendia socialmente, se declara un estado de excepción rápidamente legitimado por una Corte Constitucional cómplice, se movilizan las Fuerzas Armadas entrenadas por la infame Escuela de las Américas (hoy con un nombre diferente que borra la historia para mantener los propósitos) a fin de ejercitarse en la lucha contra los enemigos internos, es decir, las grandes mayorías empobrecidas, se asesina y hiere a los manifestantes y se provoca la desaparición de cientos de niños. Es una estrategia maximalista y de fin del mundo dispuesta a arrasar el país para hacer cumplir la voluntad imperial y de las élites locales a su servicio.

Lo más trágico de todo es que Ecuador fue el país de la esperanza en la primera década de este siglo. Tuve el placer de ser consultor en la elaboración de una de las constituciones más progresistas del mundo, la Constitución de 2008, la primera que en su articulado consagró los derechos de la naturaleza y ofreció una alternativa al desarrollo capitalista. Una alternativa que se basaba en los principios de armonía con la naturaleza y de reciprocidad que los pueblos indígenas siempre han practicado, un modelo de vida que, por resultar tan extraño a la lógica occidental, tuvo que consagrase en su versión original, en lengua quechua, el suma kawsay, traducido imperfectamente por buen vivir. Los años siguientes fueron años de experimentación innovadora y grandes expectativas, de manera especial para los pueblos indígenas que, sobre todo desde 1990, venían luchando por el reconocimiento de sus derechos, el respeto de sus formas de vida y la dignidad de su existencia como supervivientes del gran genocidio colonial moderno, perpetuado hoy por el nuevo colonialismo y el racismo que durante décadas caracterizó tanto a los partidos políticos de derecha como de izquierda.