El río vino turbulento. Son casi dos meses y la Amazonía sigue rugiendo. Se trata de la resistencia indígena más prolongada de los últimos tiempos, y las ciudades estuvieron de espaldas, como si se tratara de otro país, hasta que el conflicto les estalló en pleno rostro: Corrió sangre en Bagua, a chorros.

Mil trescientas cincuenta comunidades están protestando. Se deslizan como las serpientes por el inmenso territorio que conocen y dominan, combinando una serie de acciones de distinto calibre e intensidad, afectando sobre todo a las grandes empresas extractivas que debieron tomar pactiña negra para la saladera.

El movimiento indígena no ha llegado a paralizar las setenta y cuatro millones de hectáreas que comprende el vasto territorio amazónico, pero se ha sentido su contundencia en las regiones donde se centró la protesta.

La cohesión y el aguante que se requiere para estar más de cincuenta días en huelga tiene una motivación inmediata: la derogatoria de nueve decretos legislativos cien por ciento inconstitucionales porque no les fueron consultados, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT.

Según Pedro García Hierro, abogado y asesor de AIDESEP por muchos años, “la consulta previa no es una cortesía”. Tampoco lo es otro derecho fundamental: la autonomía para gobernar sus territorios. Las Naciones Unidas les ha reconocido el derecho de libre determinación sobre sus recursos.

Hay tanto prejuicio y mala intención que cada día sale un nuevo vocero del gobierno lanzando ideas tan descabelladas como que los indígenas exigen territorios étnicos autónomos tipo las reservas indias norteamericanas.

¿La autonomía reconocida por las Naciones Unidas atenta contra la soberanía nacional, propicia el separatismo? García Hierro sostiene: “Salvo algunos casos que se amparan en derechos históricos especiales, como el caso de la Mosquitia en Honduras, no he escuchado a ningún pueblo indígena americano hablar de separaciones o cosas similares. Tampoco es cierto que los indígenas aspiren a que no se respete la ley nacional en sus territorios. Al contrario, sus luchas se orientan a que los Estados cumplan las normas y los compromisos jurídicos, que las empresas se sometan a los derechos constitucionales, que las reglas del juego no sean el arreglo furtivo y la exclusión como ocurre, por ejemplo, con la titulación de sus tierras”. (Actualmente, la titulación de los territorios que ocupan por cientos de años está obstaculizada por miles de trabas burocráticas, mientras que el peligroso decreto 1064 permite que invasores con solo cuatro años de establecidos se puedan apropiar de tierras comunales).

Las tribus de la selva

Así llama al movimiento indígena el delirante director del diario Correo, cuyas únicas referencias amazónicas deben ser las boas psicodélicas de los cuadros de Christian Bendayán. “Tenemos ad portas una insurrección de tribus en la selva, azuzada por ese irresponsable dirigente Pizango, los curas y varias ONGs extremistas, que amenaza dejarnos sin combustibles y producir un colapso energético”, escribió . Pero ha ido más lejos aún, sosteniendo que hay que combatirlos con la máxima energía: “Las Fuerzas Armadas deben imponer el orden en la selva con toque de queda incluido”, concluye indignado.

La ministra del Interior fue la que le tomó la palabra y la policía cumplió al pie de la letra: por tierra y aire llegó a la carretera Belaunde Terry, en Bagua, y baleó a diestra y siniestra.

Los defensores del gobierno se refieren al radicalismo de AIDESEP, (de la selva sus ultras), cuando saben que estas medidas fueron posteriores a varios desplantes groseros del gobierno y que, sin protesta, los chunchitos seguirían haciendo cola detrás de la ventanilla de algún ministerio.

Obviando a la única organización representativa, la Presidencia del Consejo de Ministros formó una inoperante Mesa de Diálogo, cuya secretaría técnica estaba a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, una entidad que no representa ni a la Tigresa del Oriente. Por eso, a raíz de de esta segunda huelga, conformaron otra que tenía a AIDESEP como protagonista, y en la que el Premier modificó tono, ánimo y nada más, porque dijo que no iban a derogar los decretos. “Lo máximo que se puede hacer es corregir algunos artículos ”, sostuvo. Después de la Cuarta Cumbre de los Pueblos Indígenas, realizada en Puno, se rompe el diálogo.

Como dice Mamerto Maicua, dirigente de la Organización Regional de Pueblos Aguajún de Manseriche , en el mismo pongo. “Esta protesta es una respuesta a la burla, a tratarnos como si no existiéramos. Pero le decimos al presidente que vamos a existir más fuerte que nunca”.

Bajo amenaza

La toma de hidroeléctricas, el cierre de una válvula del oleoducto de Petroperú, la ocupación de las instalaciones donde se controla la salida del gas de Camisea, o el bloqueo de carreteras y ríos son acciones estratégicas, pero que ya les trajeron serios problemas legales a los dirigentes (más denuncias contra Pizango, una orden de detención y su pase a la clandestinidad), e inconvenientes a los pobladores de las ciudades (Bagua parece una ciudad en guerra. En Yurimaguas el balón de gas está costando 120 soles). Además, ha quedado demostrado lo riesgosas que son porque ponen en peligro la vida de los manifestantes, más aún, con una declaratoria de emergencia de por medio. (Aunque arriesgar la vida en esa inmensa alfombra verde es cosa cotidiana: hasta ahora los asháninkas mantienen sus comités de autodefensa ante la ausencia de un Estado que los proteja, y los achuar mueren lentamente por enfermedades incurables producidas por la contaminación que los asfixia) .

Empezó la protesta con la toma de la planta de Pluspetrol en Andoas, seguida de un cerco alrededor de la estación 6 del oleoducto Nor Peruano en Morona, Loreto. Petroperú tuvo que interrumpir el bombeo de petróleo paralizando el oleoducto por el que pasan 40 mil barriles de crudo por día. Los trabajadores de Repsol y Petrobras no pudieron llegar a sus campamentos debido a la toma del aeródromo en Atalaya. Las embarcaciones de la empresa Perenco Perú no lograron atravesar el río Napo (y la Marina mandó un buque que embistió, a lo Goliat, a los peque peques quichuas y arabelas que les bloquearon el paso).

El terror del gobierno es que “los cara pintada puedan espantar a los inversionistas”. Por eso, con la torpeza de un Tarzán fuera de forma, Alan García los acusa de haber usurpado las tierras amazónicas cuando “estas son de todos los peruanos”. Él sabe perfectamente que tres cuartas partes de la Amazonía ya está concesionada, y no exactamente a todos nuestros compatriotas. Según Pedro García Hierro, “en la expresión del presidente hay un llamado explícito al Far West, a la limpieza étnica, a la invasión. Las tierras amazónicas o son propiedad privada, o están en posesión legítima de los pueblos indígenas”.

El presidente sigue sin entender: Acaba de ofrecer tres millones de hectáreas de bosques primarios para la producción de biocombustibles, cuando el propio Banco Mundial ha sostenido que ese tipo de cultivos en la selva son poco rentables.

Parece una subasta pública dirigida por un estrambótico vendedor de teleavisos. El turismo ecológico, la venta de la captura de gases invernadero, o los bionegocios son alternativas alienígenas para él.

La eternidad y un día

La protesta se está prolongando. Los pueblos indígenas saben que pueden resistir por un tiempo largo ¿pero cuánto? Según Carlos Soria, del Instituto del Bien Común, “un año es lo calculado. Esto es posible ahora que tienen el respaldo de la población mestiza, algo que era impensable hace algunos años. Son alrededor de mil bases, más algunas de la CONAP, que se han alejado del discurso de su dirigencia. Las que más protestan son las que ya tienen actividades extractivas en su zona y han sufrido las consecuencias”.

Se ubican en los lugares estratégicos; conocen los puntos vulnerables de ese territorio gigante.

“Nosotros sabemos exactamente por dónde cerrar el río Napo. Los bloqueamos por las comunidades Negro Urco, San Rafael y Pantoja”, nos dice Beltrán Sandi, presidente de la Federación del río Curacay.

Transgresiones amazónicas

“ No mordemos, no tenemos rabia, ni hemos reaccionado violentamente”, sostiene Daniel Marzano, dirigente de cinco bases con mayoría asháninka en Atalaya.

Se concentraron en la plaza donde sobresale el monumento de Juan Santos Atahualpa y decidieron tomar el aeródromo. (Muy simbólico eso de reunirse alrededor del líder rebelde que resistió durante diez años en la selva central). “Mandamos un oficio al gobernador y a los policías. Recién en la noche rodeamos el lugar y realizamos una toma silenciosa”, relata el dirigente.

En Tarapoto no hay río, pero sí congestionadas carreteras que fueron bloqueadas por diez días seguidos. Las filas de autos varados produjeron la ira de los sudorosos transportistas cuyos productos se pudrieron, mientras quichuas, awajun y shawis se sentaron sobre el asfalto caliente impidiéndoles el paso.

Toribio Amasifuén es el coordinador de las treinta comunidades nativas de San Martín: “No hemos bloqueado la carretera todo el tiempo. Hemos abierto el tránsito por turnos, hemos dado tregua mientras esperábamos resoluciones del gobierno”.

Están bien organizados: En las asambleas, con la venia de los señores apus y de los agentes municipales, se formaron comités de lucha y de logística donde participaron cinco mil nativos, la mayoría hombres, porque las mujeres se quedaban en la chacra y desde ahí les mandaban provisiones. “Ellas acumulan cien raciones de plátano, cincuenta tercios de leñas, mandan sus achauchas, sus gallinas”, cuenta Amasifuén.

Desde el año pasado Daniel Marzano estuvo hablando con la gente. Su mensaje puede sintetizarse en una idea central que se repite (como en las canciones de Juaneco) : La Amazonía no se vende.

“Las sesenta y cuatro comunidades han venido rotando cada semana. Unas venían a Atalaya, mientras que otras regresaban a sus tierras para ocuparse de sus chacras. Por eso no se han cansado y pueden resistir”, agrega. Llegaron a pie o por el río con sus familias, trayendo sus yucas y plátanos. Levantaron su campamento prefabricado para protegerse de la lluvia. Las mujeres preparaban la olla común mientras los profesores dictaban clases a los niños. Ocho mil mestizos los apoyaron formando piquetes.

En esa zona no ha habido ni un policía herido. El acuerdo era retirarse cuando llegaran, evitando el enfrentamiento, y pedir la intervención de la Defensoría del Pueblo. “ Hemos aplicado la metodología de Gandhi, sin violencia”, nos dice Marzano.

Esta táctica no funcionó en Bagua, durante la toma del puente Corral Quemado. La policía disparó y dejó un saldo de varios heridos. La segunda intervención policial, en la curva del diablo, fue a la mala y a la bruta. Más de veinte indígenas muertos han puesto al pueblo awajun alerta y en duelo.

En Nieva, Amazonas, la estación 6 de Petroperú sigue cercada por unos cinco mil indígenas. El ambiente es tranquilo. Los awajun, armados solo con lanzas, han llegado a un acuerdo de no agresión con la DIROES. “Pero su decisión es clara: no se va a dejar bombear el petróleo hasta que se levante la huelga”, sostiene Paul Maquet, de Forum Solidaridad, que estuvo en el lugar. “Cuando llegué, encontré cargamentos de plátanos y yucas enviadas por las comunidades, y toneladas de víveres donados por los mestizos de las ciudades”. Ahí no corren los miles de dólares para sostener la movilización, como dicen algunos medios”, agrega. (El cuco de los fondos venezolanos que le dicen ).

Derogatoria bendita

Incluso los nueve obispos de la Amazonía se han pronunciado por la derogatoria de los decretos que han encendido la selva.

Hasta Hollywood ha alzado su voz. La Pocahontas peruana, Q’oriana Kilcher, organizó una manifestación de apoyo al movimiento indígena peruano en Los Ángeles. La apoyan Colin Farrel y Woody Harrelson, actores bastante conocidos.

Los benditos decretos se promulgaron después de la firma del TLC con Estados Unidos. Según Carlos Soria, el Ejecutivo se puso más papista que el Papa y “ lanzó el paquetazo para contentar a los nuevos socios que, en verdad , solo les habían exigido la firma de una adenda forestal en la que el Perú se comprometía a respetar la legislación forestal vigente en ese momento y a fortalecer la ambiental”.

El problema está en la trampa que viene con estas leyes. “Los decretos no causarían problema si el respeto a la seguridad jurídica de la propiedad comunal estuviera garantizado, pero no es así. Se termina fraccionándola y convirtiéndola en privada”, enfatiza Soria.

Dos decretos han sido declarados inconstitucionales por la Comisión de Constitución del Congreso: el 1090 o ley forestal, en la que los bosques no son considerados patrimonio de las comunidades, y el decreto 994, de promoción a la inversión privada en proyectos de irrigación, por el que las tierras comunales no tituladas podrían pasar a dominio del Estado.

SOS

En la selva, el tiempo es otro, no se mide en horas ni en días. Si no hay acuerdo, la resistencia podría hacerse interminable, exasperando los ánimos y trayendo una violencia de consecuencias inesperadas. Amedrentarlos con denuncias como la del Ministerio de Justicia contra Alberto Pizango por rebelión, sedición y conspiración lo único que produce es que las asperezas no se limen ni con manteca de gallina.

El empecinamiento en defender un modelo de desarrollo que puede generarle beneficios económicos al Estado y a las empresas a corto plazo, sólo traerá daños ambientales a largo plazo.

Ya se han deforestado diez millones de hectáreas de bosques justamente en las áreas donde se concentra la propiedad privada. Por el contrario, este atentado ecológico se atenúa en el territorio indígena.

Los guardianes de los bosques son los únicos que defienden el derecho de los árboles a morir de pie.

Fuente: Instituto de Defensa Legal, Perú.
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