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Un reclamo justo

Opinión
08/06/2009
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¿Por qué una reacción tan grande ante unos decretos?, se preguntan algunos. Para comenzar, no son solo “unos” decretos. Hay entre éstos los que solapadamente se echan abajo la imprescriptibilidad de la propiedad comunal, los que dan pie a la expropiación de terrenos comunales, los que declaran propiedad del Estado a tierras “eriazas” no tituladas aunque estén poseídas o sean reclamadas por los pueblos indígenas y comunidades que llevan años esperando por títulos y ampliaciones.

En general, estos proyectos de ley y decretos han sido elaborados bajo la tónica de procurar eliminar el régimen comunitario y abandonar el criterio de necesidad de una legislación especial para los pueblos indígenas. Una reforma radical hecha subrepticiamente, a espaldas de los pueblos indígenas y de la ciudadanía. Si no hubiera sido por el escandaloso artículo “El perro del hortelano”, para muchos posiblemente habría pasado inadvertida esta intención que el APRA se cuidó de no anticipar en su programa de gobierno. Así, pues, no es un tema menor, ni se trata solo de refrasear algunos artículos de estas leyes.

El Gobierno se declara inocente y dice que solo quiere modernizar el país y darles a los pueblos indígenas y a la Amazonía “las mismas oportunidades y reglas que a otros”. Que no ha actuado para favorecer las plantaciones de etanol, soya o palma, ni para acomodarse a las exigencias de los grandes inversionistas. Pero admite, de paso, que encuentra que los pueblos, los regímenes especiales para los pueblos originarios, y los derechos consagrados en diversos instrumentos internacionales, constituyen una traba para el desarrollo tal como él lo imagina. Y cuando el movimiento indígena protesta, señala que debe haber de por medio intereses ocultos y ánimo subversivo, como si defender derechos de rango constitucional fuera ahora delito y requiriera instigadores.

En verdad, desde mi conocimiento, este reclamo parte de las familias, comunidades y federaciones locales que han empujado a las organizaciones regionales y a AIDESEP a liderar la protesta. En todas las zonas hay creciente intranquilidad. Lo he visto a lo largo de los dos últimos años en varias de ellas. La gente está agobiada, al punto que se multiplican las historias de la aparición de personajes extraños que llevan ropa que los hace inmunes a las balas, que secuestran mujeres, e historias de intenciones de desaparecer a los pueblos indígenas.

Y es que cualquier día llegan noticias a una comunidad de que su territorio “está en” tal o cual lote concesionado y que tal o cual empresa tiene planes de iniciar exploraciones allí, o, más bien, que ha iniciado ya alguna fase de éstas sin que se les haya preguntado nada. Pueblos indígenas como el shawi, al que pertenece el Presidente de AIDESEP, tienen superpuestos tres lotes ya concesionados; otro tanto o peor pasa con los demás. Las comunidades ven pasar comisiones que acuerdan privadamente con algún alcalde o alguna organización creada ad hoc por las petroleras los términos de alguna colaboración, o que simplemente llegan a informar que empezarán a operar por aquí o por allá. O a cada rato llegan noticias de que COFOPRI está por titular a los particulares mientras las solicitudes de ampliación de los títulos comunales se amontonan en las dependencias estatales. Por solo mencionar algunos de los motivos de sobresalto.

Pero precisamente gracias al trabajo organizativo, en casi todas partes las comunidades conocen la nefasta experiencia del río Corrientes. Les tomó a los achuar una década conseguir que el Estado admitiera a regañadientes la negligencia criminal de Occidental y Petroperú y las continuas prácticas de contaminación de Pluspetrol desde que se dictaron los reglamentos que establecían mínimos estándares ambientales en 1993. Y aun así se vieron obligados a hacer actos de fuerza años después para conseguir que se obligara a las operaciones petroleras a reinyectar las aguas pesadas. Pero el daño está ya hecho, y las imágenes que las comunidades amazónicas de distintas latitudes han visto en video hablan por sí solas. La gente ya sabe que cuando la industria extractiva es así de negligente, su vida está en peligro. Por eso exigen el derecho a ser consultados (de buena fe, previamente y de manera informada) antes de que el Estado y los particulares tomen decisiones que van a afectar su futuro.

¿Pueden estar seguros de que no volverán a ocurrir cosas equivalentes a lo sucedido en el Corrientes? El Estado no les ha dado señales de que se puede confiar en él, desde hace mucho tiempo. Apenas el presidente Paniagua había reconocido una deuda social histórica con los pueblos indígenas amazónicos, se olvidaron los compromisos adquiridos en una mesa multisectorial de alto rango. Ejemplos de falta de confiabilidad han tenido a montones.

Se les dijo a los matsiguenga del Urubamba que todo iba a ser dicha cuando se pusiera en marcha Camisea, que iban a tener trabajo y desarrollo. Durante varios años soportaron hasta 7,4 horas diarias de vuelos de helicópteros durante los trabajos de sísmica y de la construcción de la planta de gas como parte de su cuota de sacrificio para que el país cambiara su matriz energética. Como atestiguara un misionero dominico de Kirigueti: “Los helicópteros sobrevuelan una y otra vez las comunidades […] Varias de las colpas (lugares donde los animales van a beber, comer o chupar salitre de la tierra) que la comunidad tenía como lugares habituales de caza ya no existen, porque el ruido de las aeronaves ha ahuyentado a los animales” véase

Eso sin contar el daño a la migración estacional de peces por el incesante movimiento de barcazas y las detonaciones para los trabajos de sísmica, además de los continuos problemas con el gasoducto desde que éste empezó a operar. Aunque ahora resulta que tal cuota de sacrificio fue en vano, porque no existen en Camisea las reservas que el Estado dijo que había. Y los matsiguenga no han encontrado ni trabajo ni la dicha. Nadie ha podido mostrar allí una historia de éxito para la población local.

¿Qué ha sucedido para explicar la reacción tan contundente del movimiento indígena amazónico en este Gobierno? No es solo la andanada de proyectos de ley que, por lo demás, vienen cocinándose desde antes. Ya Fujimori intentó algo en la línea de García con la ley 26505, aunque entonces esta medida no coincidió con un paquete de agresiones. Paralelamente, la ratificación del Convenio 169 de la OIT abría oportunidades para afianzar derechos para los pueblos indígenas. En verdad, el ritmo con que se suceden los cambios en la región amazónica es, desde hace más de una década, avasallador, y la gente lo siente en el deterioro de su base de recursos y en la sensación de haberse convertido en pobres de un momento a otro.

No solo está el intensivo programa de lotización petrolera, sino que actualmente, como en el tiempo del caucho, ya no hay esquina que se salve del avance de los proyectos madereros gracias a los tractores forestales. Y aunque el Estado se ha comprometido a controlar la tala ilegal, y se supone debe controlar la extracción de caoba, la madera sale por todas las rutas con la misma facilidad que la coca.

Dice el ministro Brack que él garantiza que nada de las visiones apocalípticas de contaminación, deforestación y privatización va a ocurrir. En primer lugar, Antonio Brack puede durar en el Ministerio lo mismo que una salva de cuetes. En segundo lugar, ya sabemos cuánto pesa la autoridad ambiental cuando hay fuertes conflictos con intereses económicos (véase el caso de la Cordillera del Cóndor). Pero las comunidades indígenas tienen más razones para dudar de la intención de que este organismo del Estado defina el futuro uso de la tierra con base en un expediente técnico. Más aun si todos saben que no existen los mentados 14 millones de hectáreas desboscadas y abandonadas en bloques suficientemente grandes para atraer a los inversionistas: las áreas deterioradas se presentan en parcelas dispersas por toda la región. La puntería está puesta sobre los bosques indígenas que el Estado entrega solo en concesión a las comunidades y sobre los terrenos comunales. Por eso asoma en la nueva legislación, con disimulo, el tema del abandono y la prescripción.

Dicen que a poco de publicar “El perro del hortelano”, y mientras estudiaba el mapa de la Amazonía, el presidente García preguntó “¿Qué hay aquí?”, refiriéndose al llamado Abanico del Pastaza. Le explicaron que era un área de humedales (incluida en la lista de la Convención Ramsar desde el 2002), y él respondió, como si nada: “Esto lo drenamos y nos ganamos los 3,8 millones de hectáreas”.

Me hizo recordar una historia que me contó en Chanchamayo una señora como explicación del origen de los 2 millones de hectáreas que a fines del siglo XIX adquirió la Peruvian Corporation en la selva central. Después de explicar que el Perú mantenía una deuda impaga con Inglaterra, contó que la reina británica habría preguntado con qué le habrían de pagar, a lo que la comisión encargada de la negociación le respondió mostrándole el mapa del Perú: “No tenemos así plata, más bien te puedes escoger”. La reina miró el mapa del Perú y preguntó “qué hay aquí”, señalando el Perené.

No estamos ya en esos tiempos cuando se podía arrimar a los indígenas para instalar una plantación de café o el campamento de una petrolera, porque ahora hay cómo denunciar los abusos. Pero tienen razón las organizaciones indígenas en sentirse sobreaviso. Los famosos decretos, la negativa a consultar bajo los parámetros que quedan establecidos en el Convenio 169 y la Declaración de los Derechos Indígenas de Naciones Unidas, y las amenazas de enjuiciar a los dirigentes, auguran una intención prepotente de reformar para mal las reglas bajo las cuales los pueblos originarios han sido integrados a la nación.

El movimiento indígena ha obtenido ya una victoria importante: la mayoría de los ciudadanos ha comprendido que su reclamo del derecho a ser consultado es legítimo.

- Frederica Barclay es Consultora en temas amazónicos

Fuente: Instituto de Defensa Legal, Perú.

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