Mujeres contra el ALCA: razones y alternativas
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¿A quién le conviene el ALCA?
Alma Espino*
El Acuerdo de Libre Comercio “desde Alaska a la Patagonia”, ALCA, lanzado en 1994 por gobiernos de 34 países, sería la mayor zona de libre comercio del mundo: una población de 765 millones de habitantes (que representan el 14% de la población mundial), una extensión geográfica de 39.797.000 km2 (29.8% del total mundial), cuyo producto representa el 36% del Producto Interno Bruto (PIB) agregado de todos los países del mundo, y su comercio controlaría un 22% del total mundial.
Dentro del bloque existen fuertes asimetrías: el Producto Interno Bruto de Estados Unidos sumado al de sus socios México y Canadá (Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN) es 10 veces mayor que el del MERCOSUR. En comparación, el Producto Interno Bruto de las pequeñas naciones del Caribe alcanza menos de 500 millones de dólares individualmente.
El ALCA ¿es la vía para construir democráticamente proyectos nacionales de desarrollo sustentable capaz de lograr una inserción con ventajas en la dinámica económica mundial? ¿Cómo afecta un acuerdo de esta naturaleza la situación de las mujeres y las relaciones de género?
¿Puede mejorar la capacidad de acceso a los mercados y sus frutos para hombres y mujeres? ¿Dónde se ubica el poder de decisión en las negociaciones?
La integración económica en la región
Hacia fines del siglo XX América Latina intensificó las relaciones comerciales intraregionales, al mismo tiempo que fue procesando una mayor integración al mundo. Ello se reflejó tanto en el dinamismo de su comercio global como en el aumento de los flujos de inversión extranjera directa (IED) que recibieron los países de la región2.
El éxito de los procesos de asociación comercial debería medirse por su contribución al desarrollo tecnológico, a la productividad del capital y a nuevas y mejores condiciones laborales. Todo esto supone, en primer lugar, altos niveles de inversión en ciencia y tecnología, para lo cual existen visibles desigualdades entre los potenciales socios del Acuerdo que se propone.
Hoy es evidente que las transformaciones en la producción y sus consecuencias sobre las condiciones laborales, contrariamente a lo que pregonaba la teoría del libre comercio, han afectado los niveles y las condiciones de empleo de las y los trabajadores poco calificados del Sur, con un peso relativo central respecto al total de las y los trabajadores.
En qué consiste el Acuerdo de Libre
Comercio de las Américas
Siguiendo el modelo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (México, Estados Unidos y Canadá), con principios muy generales3, la agenda del ALCA, además de los temas tradicionales del comercio, contempla inversiones y política de competencia, extendiendo el alcance del libre comercio a nuevos sectores, sobre la base de las recientes disposiciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
El Acuerdo propone compatibilizar y armonizar las regulaciones económicas internas en torno a todos los temas mencionados. Pero, las disparidades estructurales que separan a los países latinoamericanos de los de América del Norte serían enfrentados solamente con instrumentos comerciales -como excepciones o mayores plazos- y no con programas de desarrollo económico y social.
¿Qué pretenden los gobiernos del ALCA?
El liderazgo de Estados Unidos para conformar el ALCA lo colocaría en una posición de poder extraordinaria en las negociaciones con otros bloques comerciales, en especial con la Unión Europea (UE). Para ésta, América Latina se ha convertido en un polo dinámico de atracción de las relaciones comerciales. En tanto la región latinoamericana aspira a diversificar sus mercados y fuentes de provisión de capitales y tecnología, Europa pretende consolidar y mejorar su posición comercial y tecnológica en el subcontinente. En consecuencia, para Estados Unidos se vuelve urgente desplazar esta potencial competencia y de ahí su interés en acelerar las negociaciones del ALCA.
Los países latinoamericanos esperan aumentar la captación inversión (IED) y las posibilidades de colocación de sus exportaciones. En cierta medida, sus expectativas son las de superar la poco alentadora experiencia que han tenido en la OMC, donde sus planteos han sido constantemente relegados.
¿Qué se negocia?
Las negociaciones abarcan el comercio de bienes y servicios, las inversiones, los derechos de propiedad intelectual. A la liberalización del intercambio de bienes por la vía de la eliminación de barreras arancelarias y para-arancelarias, entre otras, se agrega el capítulo de comercio de servicios, cuya meta es liberalizar estas transacciones en un marco de negociación compatible con el GATS (coordinado por la OMC)4 .
El marco del tratado sobre servicios establece entre sus principales puntos de acuerdo: cobertura sectorial; tratamiento de nación más favorecida (el acceso que un país del continente otorgue a una empresa de servicios de otro país miembro del ALCA deberá otorgarse a las empresas de todos los países socios del acuerdo); tratamiento nacional para todas las inversiones pertenecientes a cualquier país del acuerdo (con lo que ningún país puede discriminar a favor de proveedores de servicios nacionales); transparencia de información. Con este acuerdo, por ejemplo, quedaría prohibido a todo gobierno ofrecer financiamiento preferencial a proveedores nacionales en diversos servicios como sanidad, educación, servicios municipales o cultura.
La combinación de este amplio acuerdo de servicios y la extensión de las reglas de inversión otorga poderes sin precedentes al ALCA y a los intereses privados que promueve. Por primera vez en un acuerdo comercial, las empresas de servicios transnacionales contarían con derechos competitivos en una gama completa de suministros de servicios gubernamentales y tendrían el derecho de enjuiciar a cualquier gobierno que se resista (Barlow, M. 2001).
En lo que tiene que ver con las inversiones se ha avanzado considerablemente en aspectos de interés para las grandes empresas del Norte: tratamiento de nación más favorecida (el acceso que se otorga a inversionistas de un país miembro del ALCA deberá otorgarse a los inversionistas de todos los países socios del acuerdo); tratamiento nacional (ningún país puede discriminar a favor de su sector nacional); expropiación e indemnización por pérdidas; requisitos de desempeño. En virtud de estos dos últimos, un inversionista puede reclamar indemnización financiera por ganancias y negocios que se pierdan debido a la creación o implementación de reglamentos, incluso leyes ambientales por parte del Gobierno de otro signatario del tratado, en tanto que queda limitado o eliminado el derecho de un país a exigir requisitos de desempeño en relación a inversiones extranjeras; siendo así, no le es posible promover en forma soberana y democrática el desarrollo económico y social de sus pueblos.
A pesar del aparente consenso que va surgiendo de reforzar las medidas de control para combatir las crisis financieras internacionales, el texto del ALCA amplía el tipo de transferencias de capital permitidas. Es decir, se abren mayores espacios para la libre circulación de capitales. De este modo, se continúa reduciendo la capacidad de los Estados para establecer y conducir las políticas públicas de manera soberana y en consonancia con los intereses nacionales.
Las negociaciones sobre derechos de propiedad intelectual se orientan a reconocer los derechos sobre lo producido por la mente humana: invenciones científicas, artesanías, músicas, libros. Involucran a todo tipo de propiedad intangible que, como las patentes, actúan como certificados de “propiedad” para otorgar al titular un poder exclusivo de uso y de reclamo de ingresos cuando se habilita su utilización a terceros. Sin embargo, en teoría, los acuerdos deberían facilitar la transferencia de tecnología para reducir las brechas técnico-científicas entre naciones. A los Estados Unidos le interesa fortalecer el sistema de protección de la propiedad a expensas de la libertad de comercio. ¿Hasta qué punto les conviene a los países latinoamericanos profundizar esta protección, frente a sus necesidades de desarrollo tecnológico y socioeconómico?
El ALCA insta a abrir todos los contratos, servicios y bienes gubernamentales a licitaciones en las que podrán participar las empresas de los países integrantes. De esta manera, las restricciones en materia de compras del sector público, que permiten a los gobiernos proteger a los proveedores locales, se verán sujetas a cuestionamientos a causa de la expansión del mandato de las disposiciones sobre compras del sector público. Estas compras pueden actuar como estímulo para el desarrollo regional y local, actuando en el sentido de desconcentrar la producción y la riqueza. Pueden favorecer prácticas productivas sustentables, buscando la generación de puestos de trabajo, y viabilidad económica de la producción. Constituye un instrumento soberano de promoción de las políticas públicas y deberían ser utilizadas de manera transparente al servicio del bienestar social.
El tratamiento nacional concedido a las empresas extranjeras reduce la capacidad de los Estados de dirigir sus gastos para promover políticas públicas autónomas. El gobierno comprador solo puede exigir requisitos técnicos de calidad al producto final que se ha adquirido. Esto implica la renuncia a utilizar las compras gubernamentales para fomentar criterios de generación de empleo, impactos ambientales, organización de la producción, estimular a las pequeñas y medianas empresas.
Las medidas para profundizar el proceso de integración económica: modernización de los mercados financieros; ciencia y tecnología; cooperación energética regional; infraestructura hemisférica, no presentan avances significativos.
Si bien en teoría el ALCA considera las diferencias en el desarrollo de los países del continente, no se estipulan criterios ni métodos para evaluar esas asimetrías y lograr la integración regulada y planificada de las zonas económicas con mayores rezagos. También quedan sin resolver los problemas de dependencia financiera y la carencia de programas de cooperación para el desarrollo.
¿A quién beneficia el ALCA?
¿Qué barreras se aspira a derribar?
Los aranceles aplicados en Estados Unidos no son la barrera más importante para las exportaciones de América Latina y el Caribe5 . No obstante, aún se mantienen una serie de aranceles altos (máximos arancelarios) que afectan a productos agrícolas e industriales. Así mismo, la progresividad arancelaria hace que algunos aranceles aumentan según las etapas de procesamiento por las que atraviesan las materias primas para convertirse en productos terminados, con lo cual se favorece la penetración “barata” de insumos y materias primas, y se frena la de productos manufacturados.
Para América Latina, la posibilidad de ampliar sus tarifas preferenciales es limitada, en la medida que justamente sus exportaciones de materias primas e insumos ingresan al mercado estadounidense con tarifas ya muy bajas. Son otras las medidas que aumentan los costos de exportar a Estados Unidos y a Canadá.
Las principales dificultades que enfrentan los países latinoamericanos para avanzar en el intercambio comercial con Estados Unidos se vinculan al uso de barreras no arancelarias6 , y a su condición de mayor desarrollo relativo (lo mismo que sucede con Canadá). Esto último resulta clave, porque es fruto de la efectiva respuesta que obtienen las demandas de los grupos de la sociedad civil a sus reclamos en las economías desarrolladas, que disponen de los medios económicos y de la voluntad política para hacerlo. Esto queda de manifiesto, por ejemplo, en los programas de crédito y de préstamos preferenciales y subsidios con que Estados Unidos defiende a su producción agrícola. Las medidas antidumping que aplica Estados Unidos para imponer restricciones al comercio, son una de las preocupaciones de los gobiernos de América Latina.
Otro aspecto que influye decisivamente en el desempeño comercial de Estados Unidos proviene de las medidas de apoyo a su producción nacional como los programas de garantías de créditos de exportación7 ; de garantías de crédito a los proveedores8 , y de crédito para infraestructura9 .
La liberalización en materia arancelaria es una concesión que beneficia fundamentalmente la entrada de productos de Canadá y Estados Unidos al mercado latinoamericano. El equilibrio de la negociación requeriría que, a cambio, existieran concesiones relativas a las principales barreras que enfrentan los países de la región en aquellos países. La mayoría de las estimaciones realizadas apuntan en una dirección común: la ganancia potencial de los países de la región con un Área de Libre Comercio con Estados Unidos resultaría bastante modesta10 .
¿Las naciones latinoamericanas están preparadas para un proceso de integración como el ALCA?
La evaluación de algunos aspectos de experiencias similares, incluso restringiéndose a los temas tradicionales del comercio (es decir, la propuesta del arancel cero), muestra que las reducciones arancelarias en el marco de la ALADI llevaron cerca de 25 años y aún se mantienen importantes “lagunas” en la conformación de una Zona de Libre Comercio de dimensión regional11 .
Por su parte, la construcción de la Comunidad Económica Europea ha puesto en evidencia que los procesos de integración son complejos y largos, incluso a pesar de tratarse de países con niveles de desarrollo similares y de haber partido sobre la base de unos pocos rubros (acero, carbón y mineral de hierro). Ello implicó una gran cantidad de medidas provisorias de adaptación, creando cupos y aprobando subsidios a los productores con problemas.
La incorporación de nuevos países a la Comunidad Económica fue muy gradual y precedida por amplios debates entre las partes interesadas. En el caso latinoamericano, la asociación que se plantea integraría a todo el hemisferio a un tiempo, en un espacio económico con grandes asimetrías. La integración puede reforzar (en lugar de atenuar) las disparidades en los niveles de desarrollo, al desencadenar lógicas acumulativas de polarización de las inversiones y al potenciar los efectos de concentración sólo en ciertas regiones.
¿La integración que plantea el ALCA fomentaría la convergencia al crecimiento y al desarrollo de los países latinoamericanos? La vulnerabilidad de las economías de la región, puesta nuevamente de manifiesto en las crisis recientes, es sin duda una de las principales advertencias a tener en cuenta para el avance de la integración.
El ALCA desde la perspectiva de género
El proceso de globalización, integración económica y libre comercio ha transformado profundamente las vidas de los hombres y mujeres en las Américas. Pero, debido a sus diferentes roles sociales y expectativas, a la existencia de discriminación y, por lo tanto, a las diferencias en el acceso a los recursos, hombres y mujeres viven de manera diferente los impactos de este nuevo contexto.
Las teorías económicas tradicionales y las políticas macroeconómicas, en particular la comercial, contienen una visión que pretendiendo ser neutra es “ciega” al género. Este enfoque se transmite a los acuerdos comerciales, como en el caso del ALCA. En este sentido, si el acuerdo abre un panorama de incertidumbre para nuestros países, en la medida en que su participación parece mostrarlos como altamente vulnerables, aun más pueden reproducirse estas condiciones de fragilidad dentro de cada país.
Los acuerdos comerciales deberían internalizar el valor del trabajo no remunerado de las mujeres –relacionado con la reproducción social y biológica, que no se valora económicamente–, y reconocer su valor como parte fundamental del mantenimiento de la economía. Sin embargo, la liberalización y la desregulación que promueve el acuerdo amenaza con debilitar sistemas como los de salud, educación, seguridad social, lo que tiende a perjudicar en mayor medida a las mujeres, debido a su mayor vulnerabilidad relativa y a la sobrecarga que puede originar en el área de la reproducción (son quienes terminan tomando a su cargo las tareas de cuidado de la niñez, enfermo/as, anciano/as, cuando el Estado o las instituciones no lo hacen). La reestructuración del aparato productivo de los países involucrados en el ALCA pone en juego el rol femenino tanto en la producción como en la reproducción social.
¿Serán las mujeres las más afectadas por el nuevo marco de competencia que crea el ALCA? Es indudable que existen diferencias considerables en el acceso que mujeres y hombres tienen a las estructuras económicas y a las oportunidades de ejercer el poder en este ámbito. Es escasa o nula la presencia de mujeres en los niveles de toma de decisiones económicas, incluida la formulación de políticas financieras, monetarias, comerciales y económicas de otra índole, así como en los sistemas fiscales y los regímenes salariales; pero es en el marco de esas políticas, donde mujeres y hombres deciden, entre otras cosas, cómo dividir su tiempo entre el trabajo remunerado y el no remunerado.
Al no incorporar un análisis sobre la forma en que el ALCA podría afectar a las mujeres y a los hombres de manera diferenciada, el Acuerdo está destinado a incrementar la carga del trabajo de las mujeres, a profundizar su indigencia y a desestimar el impacto de severas transformaciones en la esfera económica y social.
El género es transversal al conjunto de aspectos que deben ser incorporados en los acuerdos comerciales, tales como los derechos humanos, las migraciones, los derechos de propiedad intelectual, los aspectos laborales y sindicales. Considerarlo no solo podría contribuir al mayor conocimiento de los efectos económicos y sociales de los acuerdos: permitiría garantizar la igualdad de oportunidades para ambos sexos como una condición de la equidad social y de la eficiencia en la asignación de los recursos.
Las propuestas de las mujeres
Las organizaciones de mujeres del continente han reclamado la especificación de los aspectos institucionales del Acuerdo, que tienen que ver con la adopción de normas internacionales de derechos de las trabajadoras y su observancia y, en general, con el reconocimiento de los innumerables roles económicos, sociales y culturales de las mujeres en el terreno de la actividad remunerada y no remunerada.
Se ha reivindicado la necesidad de incorporar mujeres en los espacios de negociación y en las delegaciones comerciales, como forma de garantizar los puntos de vista defendidos por el movimiento de mujeres y sus organizaciones.
La Red Internacional de Género y Comercio (Capítulo Latinoamericano) ha planteado que un cambio de perfil del ALCA sólo será compatible con la meta de crecimiento y desarrollo con equidad, si se logra una orientación clara respecto a:
* Desarrollar e implementar procesos y estructuras formales para asegurar que las mujeres y sus organizaciones representativas sean incluidas e involucradas en el debate sobre el comercio.
* Desarrollar un grupo de trabajo en el ALCA que examine de qué manera los acuerdos afectarán a las mujeres, al desarrollo social y a los derechos humanos, teniendo entre sus cometidos relacionar e informar al resto de los grupos de trabajo.
* Evaluar el impacto sobre la situación de las mujeres y las relaciones de género disponiendo de los instrumentos necesarios, tales como el relevamiento y procesamiento de información económica y sociodemográfica desagregada por sexo, su difusión y disponibilidad, con el fin de permitir futuros análisis en un plazo razonable.
* Establecer políticas y programas que permitan que el cuidado de la familia sea accesible y seguro para las mujeres con niños que trabajan fuera del hogar.
* Desarrollar y reforzar políticas y regulaciones para asegurar que las mujeres disfruten de total protección de sus derechos civiles, laborales, reproductivos, sexuales y humanos en general.
* Incluir entre los acuerdos del ALCA la Cláusula de «Derechos de las Trabajadoras y los Trabajadores” en los acuerdos internacionales de comercio, que obligue a empleadores y gobiernos a encarar las frecuentes violaciones de los derechos fundamentales laborales consagrados en los Convenios de OIT y a respetarlos. Esto tiene relación con la abolición del trabajo forzoso (Convenios 29 y 10); libre asociación, negociación colectiva, actividad sindical, elección de representantes sindicales sin la intervención de empleadores o el gobierno, derecho a huelga (Convenios 87 y 98), igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, prevención de discriminación en el empleo (Convenios 100 y 111); edad mínima de admisión al empleo (prevención del trabajo infantil) (Convenio 138).
Comentarios finales
No parecerían existir razones para suponer que las asimetrías Norte-Sur, que caracterizan el intercambio continental en las condiciones actuales, pudieran superarse en el camino del ALCA. La dirección que finalmente tomen las negociaciones depende críticamente de la posición que adopten las economías latinoamericanas: Estados Unidos y Canadá tienen mucho que ganar, parecen saberlo y diseñan las propuestas que son funcionales a sus estrategias.
Para nuestros países es vital que las negociaciones se desarrollen sobre la base de los principios de reciprocidad y transparencia. Por su interés económico, deberían incluir los temas relacionados con la agricultura, la política de subsidios, la política de créditos, las disposiciones sobre competencia, entre otras cuestiones.
Si se decide marchar en las negociaciones, es importante contar con una agenda lo suficientemente amplia como para permitir un avance equilibrado que refleje los intereses de todos los participantes y que tienda a reducir las asimetrías iniciales existentes. Es necesario que un acuerdo de la envergadura del ALCA contemple los intereses particulares de cada uno de los participantes y no sólo de los socios más poderosos, de lo contrario es discutible que revista alguna ventaja para los países latinoamericanos.
Alcanzar una Zona de Libre Comercio continental requiere la construcción de acuerdos y la aceptación de reglas comunes. No obstante, debido a las evidentes disparidades entre las economías involucradas, la necesidad de estándares compartidos no debe ignorar las diferencias en términos de desarrollo y tamaño. Reconocer estas diferencias depende del esfuerzo que se realice para admitir la necesidad de estudiar los casos particulares, de establecer plazos diferenciales, de instrumentar regímenes de transición y de analizar, en particular, la problemática de cada sector y producto. Implícitamente, esto significa que debería abogarse por la existencia de un espacio abierto a la hora de definir las modalidades de cumplimiento y las exigencias del acuerdo.
En síntesis, para los Estados latinoamericanos y caribeños que serán parte del ALCA, los principales desafíos planteados residen en adquirir capacidades para: identificar los intereses nacionales con respecto a ramas, sectores, bienes y servicios, definiendo los instrumentos y las medidas de política comercial más adecuadas; sistematizar la acción negociadora mediante planteos consistentes a lo largo de toda la materia incluida en esa negociación, sabiendo que los instrumentos de lealtad comercial internacional (medidas antidumping y derechos compensatorios), también pueden superponerse con los de defensa de la competencia; compatibilizar (y exigirlo a los demás Estados parte) las preferencias negociadas en el acuerdo de que se trate, con las negociadas, en otros.
Es indispensable que los tratados comerciales respeten los convenios internacionales suscritos por cada país en diversos pactos, tratados y convenios: el Pacto de San José sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Declaración de Beijing sobre la eliminación contra toda forma de discriminación hacia las mujeres, o las convenciones de la agenda 21 de Naciones Unidas, particularmente la convención sobre cambio climático.
Diversas organizaciones de la sociedad civil han promovido intensas movilizaciones y foros de debate acerca de la proyección del ALCA y sus consecuencias. El ALCA está en proceso y la participación ciudadana, de mujeres y hombres desde su diversidad de intereses, que presiona por la democratización de las negociaciones, es la única garantía de que estas negociaciones aseguren un camino hacia el desarrollo humano sustentable. El comercio debe ser una herramienta para el desarrollo y no un fin en sí mismo. Debe alentar el desarrollo económico, social, cultural y político de ciudadanas y ciudadanos, particularmente de los y las más pobres. Los acuerdos comerciales deben contribuir a la equidad social y de género, y negociarse de manera democrática, abierta y transparente.
Bibliografía
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Notas:
* Economista uruguaya. Integrante de la Red Internacional Género y Comercio, Uruguay.
1 Este artículo está elaborado en base a Comercio Internacional y Equidad de Género. Espino, A. y Azar, P., Red de Género y Comercio (Cap. Latinoamericano), UNIFEM. En imprenta.
2 Entre 1990 y 1998 se duplicó la participación de las importaciones globales de la región en el total mundial, pasando de 2.5% a 5%. Y el ingreso neto anual de IED se multiplicó por 10 entre 1990 y 1999 (ALADI, 2000).
3 La preservación y el fortalecimiento de la comunidad de democracias de las Américas; la promoción de la prosperidad mediante la integración económica y el libre comercio; la erradicación de la pobreza y la discriminación en nuestro hemisferio; la garantía del desarrollo sostenible y la conservación de nuestro medio ambiente para las generaciones futuras.
4 Las negociaciones sobre el GATS en la OMC se encaminan hacia la definición de «listas positivas» que permitan determinar qué segmentos del sector de servicios se van a liberalizar en cada país, de acuerdo a su grado de desarrollo y a los intereses nacionales. Para muchos analistas, el tratado de servicios del ALCA tiene un alcance más amplio que el definido por la OMC.
5 El arancel promedio que reciben los productos que ingresan a Estados Unidos ha bajado de 3.3% en 1992 a 2.0% en 1998 y a 1.8% en 1999. Además, gran parte de las importaciones de Estados Unidos provenientes de América Latina y el Caribe ingresan al país sin pagar derechos: en 1999, el 76%.
6 Sanciones al dumping; salvaguardias; derechos compensatorios; reglamentaciones sanitarias y fitosanitarias; subsidios directos e indirectos.
7 Procuran aumentar las exportaciones a los países donde se necesitan créditos para financiar las compras y donde las instituciones financieras privadas no proporcionan los fondos sin la garantía de la Corporación de Crédito para Productos Básicos. Habitualmente el programa asegura hasta el 98% del capital y una parte de los intereses.
8 Su objetivo es alentar a los exportadores estadounidenses a que amplíen, mantengan o desarrollen mercados para los productos básicos agrícolas en las zonas en que no puedan acceder al financiamiento comercial sin el pago de una garantía por parte de la Corporación de Crédito para Productos Básicos.
9 Busca crear infraestructura relacionada con la agricultura en los mercados emergentes y aumentar las ventas a los mercados que, al no contar con instalaciones adecuadas para el almacenamiento, procesamiento o manipulación, puedan restringir la demanda.
10 Algunos estudios cuantifican el efecto, señalando un aumento del comercio de 8,8% si se eliminan las barreras no arancelarias y de 6,6% si sólo se suprimen las tarifas normales.
11 Las relaciones bilaterales aún no cubiertas por los acuerdos de libre comercio representan un 20% del comercio intrarregional. Los productos “sensibles” no incluidos, o cuya liberación ha sido postergada a plazos que van más allá de 2001, dan cuenta de casi un 10% del comercio al interior de los acuerdos de ese tipo.