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FMI y el pago de pecados

19/02/2016
Opinión
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El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández cumplió dos años en el poder. Los logros más relevantes incluyen la reducción de los homicidios (60 decesos por cada 100,000 personas) según datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH, la masificación de los programas de compensación social ( 259,800 familias beneficiadas según cifras del gobierno) en el entendido que han servido para que los niños y niñas no abandonen las escuelas y mueran de desnutrición, las extradiciones de narcotraficantes a EEUU, la ejecución de obras de infraestructura económica y social en el marco de las alianzas publica-privadas y ejercicio de un liderazgo regional con la aprobación de los recursos para los países del Triangulo Norte y control de los niños y niñas migrantes.

 

Pero lo más destacado ha sido el logro de la mayor parte de las metas propuestas en el Convenio de préstamo suscrito con el FMI. El déficit fiscal se redujo de 7.9% en 2013 a 3.5% en 2015, una reducción de más del 55% en dos años. Este logro como resultado de un ajuste draconiano que incluye un “combo” de medidas de reducción de gasto corriente (incluyendo despido de empleados públicos y congelamiento de salarios), aumento de las tasas impositivas, privatización de empresas y servicios y contracción de la inversión pública real, sumado a la aceleración de la devaluación, sostenimiento de una tasa de política monetaria (TPM) alta y drenaje de recursos financieros al pago de un servicio de la deuda externa en ascenso.

 

El logro en las finanzas públicas le ha valido el mote al presidente Hernández de más papista que el FMI, ya que las metas anuales comprometidas con este organismo eran menores en cuanto a la reducción del déficit fiscal, lo cual remonta a los aplausos de los Chicago Boy al gobierno de Augusto Pinochet en Chile al cumplir más de lo convenido sin importar los daños colaterales, no ha servido para generar rápido crecimiento económico ni fuentes de trabajo. Un argumento del gobierno es que sus programas de compensación social y empleo temporal han generado en estos dos años más de 376.000 puestos de trabajo, pero no dice que estos son empleos espurios poco sostenibles, generando en la población falsas expectativas de trabajo seguro.

 

En complemento a lo anterior, la brecha en las cuentas externas se ha ensanchado. El déficit en balanza de bienes y servicios se acercó a los 2,500 millones de lempiras en 2015, aunque se observó una reducción en el déficit en cuenta corriente en 2014 y 2015 explicado por la caída en el precio del petróleo y aumento de las remesas familiares. Este déficit comercial se explica por el bajo ritmo del crecimiento de la producción agroalimentaria por problemas de cambio climático y ausencia de incentivos económicos visibles y suficientes, acompañada de la caída de precios de café, aceite de palma, camarón y azúcar. La dependencia de las importaciones es otro factor explicativo, ya que se observó un aumento importante en bienes incluso productos alimenticios que pueden producirse en el país y que por el contrario su importación deprime al sector productivo; más del 85% del arroz que consumen los hondureños se importa.

 

Aunque es evidente que el FMI está conforme con las medidas tomadas, el gobierno todavía no está preparado para pagar los pecados incurridos al ejecutar un programa económico que destruye sistemáticamente las fuentes de empleo de economía y ahorro de la población. El desempleo total supera los 2.3 millones de personas y muestra una crecimiento vegetativo cada año, igual hay evidencia que más de 54,000 microempresas han cerrado operaciones por la caída en las ventas y la persecución instaurada por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), a suponer que los grandes contribuyentes (muchos de ellos evasores confesos del fisco), son iguales que los pequeños.

 

Otro pecado es la destrucción de los recursos naturales por el poco apoyo brindado al sector forestal. El gorgojo de pino se acerca a la meta de afectar y destruir 500,000 hectáreas de bosque, un 26.3% del bosque de pino existente. Las instituciones del sector tienen un raquítico presupuesto comparado con Defensa y Seguridad, hay poca voluntad por definir acciones para estabilizar la situación del sector y su reactivación a mayor plazo. Esto es extensivo a los problemas que enfrenta el bosque de mangle por malas prácticas acuícolas y manejo de las fincas camarones, sumado a la perdida creciente de biodiversidad vegetal y animal.

 

También se ha pecado en la desarticulación de los programas preventivos en salud, lo cual ha incremento la incidencia de enfermedades trasmitidas por vectores como el dengue y el ZICA; pero además es evidente la desprotección social de jóvenes, niños y niñas, muchos de los cuales son parte de la limpieza social en barrios y colonias de la ciudad capital que denunció Casa Alianza.

 

El gobierno tiene en marcha un plan para generar 600,000 empleos en un año, pero todavía no se muestran los instrumentos para ello. Se habla de una fuerte inversión externa en infraestructura vial y portuaria, reactivación del sector agroalimentario, turismo y vivienda, pero la experiencia demuestra que en años políticos esto queda en papel. El bajo ritmo de crecimiento del PIB de 3.3% como promedio (2014-2015) es un indicador de lo poco que se puede realizar en materia de generación de empleos productivos y sostenibles, el otro indicador es la fuerte rigidez del presupuesto para liberar recursos y apoyar la inversión pública ya que el pago del servicio de la deuda y los compromisos financieros (cubrimiento de las transferencias, sueldos y salarios y fondos de contraparte) no lo permiten y van en contra de lo pactado con el FMI.

 

Una cura para estos pecados lo ha sido el incumplimiento del convenio con el FMI, por ser años políticos y electoreros. Se abandona la disciplina fiscal aumentando el gasto para apoyar la campaña del partido de gobierno, pero también para cubrir demandas de actores institucionales y locales como los diputados y alcaldes. Pero la cura más importante es cambiar el enfoque de estabilización del FMI, en especial las disposiciones en materia presupuestaria para permitir liberal recursos públicos a la inversión productiva como el principal aliciente para la generación de puestos de trabajo de buena calidad; ello complementado con incentivos fiscales y comerciales a empresas generadoras netas de empleo como las Mi pymes y sectores dinámicos como el sector forestal y agroalimentario. Esta cura todavía no la considera efectiva el gobierno, ya que a criterio del FMI ya fue probada y no dio resultados en otros gobiernos y países.

 

El mantener el rumbo del ajuste draconiano con el FMI puede pasar factura en las elecciones que se avecinan. El Partido de Gobierno e incluso el FMI (más de 7,000 millones de lempiras fueron aprobados para compensación social en el convenio de préstamo suscrito) confían en que los recursos de la compensación al ajuste recesivo más la cartera de proyectos en ejecución serán suficientes para retener el poder, capturando de las familias beneficiadas el voto requerido para alcanzar de nuevo la presidencia de la Republica (reelección) con JOH a la cabeza. Un análisis más independiente demuestra que todavía JOH no ha evaluado la magnitud del daño causado por la ejecución de este tipo de políticas económicas, mucho menos su incidencia en el proceso electoral y proyecto reeleccionista. No se ha evaluado también la fuerza de la oposición política (PAC y LIBRE) que lideran encuestas de opinión por sobre la popularidad publicitada de JOH.

 

Tegucigalpa, DC, 19 de febrero de 2016

 

http://www.alainet.org/es/articulo/175513

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