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En la encrucijada

12/06/2007
Nunca como hoy, desde la época del conflicto armado, se respiraba tanta incertidumbre y tanta preocupación por la violencia, esa que, como antes, nos estalla en la cara y nos hace sentir angustia cada vez que uno de nuestros familiares sale a la calle, especialmente si debe viajar en trasporte público. La violencia ha contribuido a profundizar la desigualdad, ya que las personas con menos recursos están más expuestas a ser violentadas, incluso a perder la vida.

Como siempre, y esperamos que no para siempre, los más pagan por las irresponsabilidades o la falta de visión de Nación de los menos. A pesar de los grandes cambios que se han producido en el mundo, de la transformación de las relaciones de producción, de la economía global y del predominio de las transnacionales sobre los intereses nacionales, incluso en el primer mundo; las élites económicas de Guatemala siguen en la época pre fordista del capitalismo y siguen sin comprender la necesidad de fortalecer el mercado interno, porque eso les obligaría a reducir un poquito sus enormes ganancias. La lógica de la acumulación desmedida por la vía de la utilización del Estado como mero instrumento al servicio de sus intereses sigue privando.

De qué otra manera se puede explicar que Guatemala tenga la carga tributaria más baja de América Latina (porque a Haití, dada su particular situación de desastre, no se le puede incluir en esta comparación), y que la falta de recursos provoca que el Estado padezca de insuficiencia financiera y eso le limite a cumplir con sus más elementales responsabilidades. Más allá de las reprobables prácticas de corrupción y venalidad, que por cierto son parte de las reglas del juego de quien favorece o permite esta situación para obtener las ventajas de siempre; la falta de una reforma fiscal nos está colocando en una situación insostenible.

Mientras tengamos menos de 20 mil policías, que en la práctica se reducen a menos de la mitad en servicio diario, mal entrenados, con sueldos que no permiten dignificar un trabajo de por sí peligroso; mientras tengamos maestros de educación primaria sub preparados y con salarios que dan vergüenza; y por otro lado seamos el país con más desigualdad en América Latina, en el que hay la mayor concentración de helicópteros privados, en términos proporcionales. Mientras exista un número indeterminado (entre 60 y 100 mil), guardias privados de seguridad; porque es mejor rodearse de guardias y hacer ostentación de protección en las calles y en las casas, que tributar al Estado para que la seguridad no sea un privilegio de clase; la solución a los graves problemas de inseguridad estará lejana.

Está claro que resolver la inseguridad que sufrimos no es un asunto del número de policías que podamos contratar, entrenar y armar; pero también está muy claro que en la medida en que no se resuelvan las enormes desigualdades sociales y las grandes carencias que vive la población hacen que la solución se vea más lejana.

Hay una estrecha vinculación entre la seguridad y el desarrollo, ya que la seguridad es la condición de bienestar a la que todas las personas tenemos derecho y que el Estado tiene la obligación y responsabilidad de proporcionar; por lo que sin desarrollo de las personas y, por tanto de la sociedad, no puede haber una seguridad que permita el desarrollo nacional. En las condiciones actuales de desigualdad e injusticia social, a lo más que podemos aspirar es a tener la sensación de protección que falsamente tenemos en estos momentos, lo que logramos con rejas en ventanas y negocios, con el cierre de los espacios públicos, con viajar con los vidrios de los autos subidos, o, peor aún, obteniendo armas de fuego las que provocan todavía más problemas e inseguridad.

Por todo ello, es preocupante que la gran mayoría de candidatos a la presidencia, con muy honrosas excepciones, digan que no crearán ni subirán los impuestos, por supuesto con el afán de hacerse aceptables frente al gran poder económico y tener “buena prensa”; eso además de demagógico es irresponsable. El país no puede salir adelante sin promover una reforma fiscal globalmente progresiva, como mandan los Acuerdos de paz (acuerdos de Estado, producto de la vigencia de la Ley Marco de los Acuerdos de Paz), en la que los que no tienen casi nada no paguen nada y los que tienen mucho paguen la mayor parte.

Hoy, respecto a la época del conflicto, tenemos desventajas y ventajas. Una grave desventaja es la debilidad institucional y la enorme capacidad que han adquirido las bandas del crimen organizado; otra, muy grave, es la enorme corrupción que se dejó penetrar en las fuerzas de seguridad. Una debilidad de importancia estratégica, es la incapacidad del país de contar con una justicia pronta y cumplida, a pesar de las grandes cantidades de dinero – de proveniencia interna y externa- que se han invertido en ella, desde la firma de los Acuerdos de paz.

Afortunadamente también tenemos ventajas, la principal es la voluntad de lucha de nuestros pueblos, la que nos ha hecho sobrevivir en las condiciones más desventajosas. Con el proceso de paz logramos hacer inviable el proyecto contrainsurgente, también tenemos una sociedad civil mucho más fortalecida y hemos tenido la capacidad de construir un desarrollo conceptual sobre Seguridad Democrática que nos da las bases de la auténtica solución a la inseguridad. Pero necesitamos acumular la fuerza suficiente para que se pueda operativizar este paradigma democrático.

La reciente creación del Sistema Nacional de Seguridad, es el primer gran paso en la construcción de la solución de largo plazo, con visión estratégica y más allá de cualquier interés particular. De la madurez y responsabilidad con la que actúen los principales partidos políticos y sus dirigentes en los próximos meses, en buena medida dependerá el futuro inmediato de Guatemala, del proceso de construcción de la democracia y del futuro de las actuales y nuevas generaciones.

A la ciudadanía le corresponde ejercer la fuerza de su decisión, en el momento de votar, y de su presión cívica, al momento de involucrarse en la auditoría social y de exigir responsabilidad; pero también de pedir cuentas.

Fuente: Incidencia Democrática (Guatemala)

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