¿A dónde va México? - América Latina en Movimiento
ALAI, América Latina en Movimiento

2000-07-04

ALatina,Mexico

¿A dónde va México?

Pablo González Casanova


Pensar y hacer el futuro

Plantear el problema del futuro no sólo implica observar cuáles han sido las tendencias recientes y extrapolarlas en formas lineales o cíclicas. Y ni siquiera basta prever puntos de ruptura y cambios de tendencias. Todo eso es muy importante pero no basta. Prever el futuro implica también construir el futuro. Hay una especie como de juego entre el destino y la libertad. O para decirlo de otro modo: las luchas de un pueblo, sus organizaciones, su templanza, su firmeza en los objetivos y su flexibilidad táctica, su creatividad y destreza organizativa, o su capacidad de aprendizaje organizado y de acciones coordinadas, pueden permitirle alcanzar un futuro distinto en un mundo parecido. La fuerza organizada de los pueblos puede cambiar la historia de los pueblos.


El mundo y el país

En las dos últimas décadas del siglo XX, el mundo entero ha vivido bajo el dominio cada vez mayor de una política y una ideología a las que sus partidarios y promotores bautizaron con el nombre de neoliberalismo. Los estragos que esa política y esa ideología han causado entre los pobres y más pobres -y aún en las clases medias- son hoy reconocidos hasta por los ricos y más ricos, sus indudables beneficiarios. Pero aunque muchos de éstos reconozcan los estragos y hasta anuncien otros mayores, se las ingenian para seguir aplicando exactamente la misma política neoliberal al tiempo que reniegan de su nombre o le cambian de nombre, o dicen que van a aplicar una política distinta y “humanitaria”, o un “neoliberalismo social” o una “tercera vía”. En cualquier caso sostienen, sin la menor base científica, que los efectos adversos del neoliberalismo son provisionales y corresponden a medidas calculadas en que a la larga sí se van a resolver los problemas de las mayorías empobrecidas.


La filosofía del neoliberalismo consiste en decir: “la mejor forma de que administres tu casa es que me la des a mí; la mejor forma de que administres la república o la cosa pública es que la privatices; la mejor forma de que administres la nación es que se la entregues a las compañías transnacionales y a los nativos asociados a las transnacionales. Tan sencillo como eso, y como que nos tienes que seguir pagando por los siglos de los siglos los intereses crecientes de una deuda externa e interna cuyo “principal” cada vez es mayor y cuyos intereses lógicamente son y serán cada vez mayores, por lo que también, lógicamente, tendrás que irnos entregando, cada vez más, proporciones crecientes del ingreso y el producto nacional, y por qué no, de las empresas y las riquezas nacionales, incluidos energéticos como la electricidad y el petróleo y territorios como Baja California y el Istmo. Es más, como la proporción de lo que produzcas y transfieras a nuestros bancos y empresarios y a los bancos y empresarios asociados y subordinados a los nuestros, será una proporción creciente, los recursos públicos de que dispongas para educación, salud, alimentación, vivienda serán cada vez menores y se te irá planteando un problema de africanización, o depauperación universal que es una ley natural como las leyes naturales que hacen que la tierra se mueva alrededor del sol. Y te lo decimos con bases científicas, aunque..., a decir verdad, allí sí tenemos un problema pues a veces invocamos a Newton para sostener el carácter necesario de las leyes, y a veces a Darwin para sostener el carácter necesario de la evolución de las especies y el triunfo de los más fuertes, mientras otras planteamos problemas de moral o de ética, de “humanitarismo” y de “derechos” que llamamos “humanos”, y que nos parecen muy respetables como sentimientos de las personas generosas y caritativas que los invocan, siempre que por ningún motivo sus beneficiarios los declaren verdaderos derechos de pueblos y ciudadanos, y siempre que se limiten a aplicarlos de manera altruista, generosa, paternal, o para justificar el carácter “humanitario” de nuestras acciones militares en la “guerra de baja intensidad” que tenemos organizada contra los pueblos rebeldes, insumisos, o “inviables”, y para el control militar de las poblaciones civiles que viven en las áreas más depredadas, marginadas, discriminadas y en sus aledaños”.


Es necesario aclarar que el neoliberalismo incluye, en su rico pensamiento, un proyecto para la economía, otro para la política y otro para la sociedad, amén del cultural que hoy adquiere una dimensión especial con las tecnociencias. El proyecto neoliberal de la economía se resuelve con el reino del mercado al que controlan las transnacionales y el “Grupo de los Siete”; el de la política con una democracia electoral de pocos con pocos y para pocos a la que se le prohibe plantear alternativas de carácter económico, es decir a la que se le prohibe, so pena de graves sanciones, desestabilizaciones e intervenciones naturales e inducidas, plantear una política económica alternativa. En cuanto a la sociedad, el proyecto neoliberal alienta a los llamados movimientos sociales, a condición de que no tengan una proyecto histórico alternativo ni un proyecto de poder que articule lo social, lo cultural, lo ético o moral, lo político y lo económico.


El proyecto neoliberal en materia social es muy sofisticado. Combina, con costos mínimos y resultados máximos, la cooptación y la represión tanto de individuos como de pequeñas colectividades. Esa cooptación y represión atienden y atacan “blancos” previamente seleccionados. Corresponden a una política que los expertos llaman “focalizada”. Como cooptación, esa política es mucho menos costosa que la socialdemócrata o la populista que las clases dominantes, la banca y los oligopolios se vieron obligados a soportar, y hasta a alentar, cuando eran muy fuertes los movimientos de liberación nacional, o los de los trabajadores en las socialdemocracias avanzadas, o los de los comunistas en el bloque que encabezaba la URSS y que después se enfrentó al de China. La autodestrucción y destrucción de todos esos movimientos por divisiones internas, represión, corrupción, manipulación y amafiamiento, le dio el triunfo histórico a los neoconservadores y al capitalismo corporativo, quienes desde los años 70 y sobre todo desde los 80 pasaron a la ofensiva. Desde entonces el proyecto neoliberal, con ese u otros nombres, se propuso contribuir a la desestructuración del estado de bienestar, del estado post-colonial o neocolonial de carácter populista y del estado comunista “realmente existente” que correspondía a una especie de socialdemocracia de los pobres y de populismo totalitario cuya ideología oficial era conocida como marxismo-leninismo. El proyecto neoliberal aprovechó las contradicciones de los enemigos del imperialismo y el capitalismo para desestructurarlos y para estructurar una mundialización (o globalización) en que los complejos de empresas trasnacionales y los complejos financieros-militares, con sus sistemas de mediación y represión aumentaron su dominio y sus beneficios, a costa de los estados-nación que perdieron su fuerza mediante procesos de endeudamiento, des-regulación, e integración dependiente, y a costa de los trabajadores que perdieron la suya a raíz de un proceso de exclusión, marginación y desempleo que se combinó con la “flexibilización” o destrucción de los derechos laborales y sociales alcanzados en la etapa anterior y de los que se habían beneficiado sobre todo los trabajadores organizados y los sectores medios. El neoliberalismo, como nueva política del capitalismo corporativo, diseñó una globalización funcional a sus intereses y cuyos efectos laterales no sólo aumentaron la pobreza y la extrema pobreza, sino la explotación de los trabajadores y la transferencia de excedente de los países periféricos a los centrales, y de los negocios no organizados a los negocios organizados. A principios del siglo XXI las fuerzas dominantes se propondrían globalizar más, desregular más, flexibilizar más, mucho más de lo que habían globalizado, desregulado y flexibilizado al mundo hasta entonces , y con mayor profundidad y ventaja. El proyecto neoliberal, en marcha, no sólo abarca la llamada periferia del mundo, a la que nuestros publicistas y diplomáticos llaman por costumbre “en desarrollo”, sino a los países centrales a los que llaman “postindustriales” o “muy avanzados”...


Tal es, más o menos, el discurso y el curso directo e indirecto del neoliberalismo, aunque el discurso varíe según los públicos que lo escuchan y los voceros que lo pronuncian; aunque éstos se expresen de una manera en Inglaterra y de otra en México, de una manera en Harvard y de otra en Los Pinos. Así es el neoliberalismo. A su retórica tecnocientífica universal no sólo corresponden ideologías, mitos y mentiras nada desdeñables, sino técnicas muy efectivas y extraordinariamente novedosas en el conocimiento y manejo de los sistemas complejos, como ellos mismos los nombran. Bueno es por eso saber, lo más que se pueda, no sólo como son las nuevas ideologías sino también cómo son las nuevas técnicas, pues de otro modo no se entiende ni el mundo en que se vive ni la forma de actuar en él. Al ineludible análisis crítico del sistema se tiene que añadir el conocimiento profundo de las técnicas y prácticas con que el sistema domina.


El arte de las mentiras tecnocientíficas conserva hoy muchos elementos clásicos. Se ha enriquecido también con otros que provienen de las nuevas técnicas de la publicidad, la propaganda y los mensajes subliminales persuasorios o intimidatorios. Opera en una sociedad relativamente nueva que se conoce como “la sociedad del espectáculo” en que la imagen suele tener una especie de peso óntico superior a la realidad. Y para colmo se mueve en un mundo de engaños y autoengaños que viene de la identificación de las formas profanas con el mundo real cada vez más alejado de las mismas, y de los símiles o representaciones con aquello a que se quieren asemejar o que pretenden representar. De la impresionante variedad del fenómeno baste señalar siete modos de mentir en los que es necesario poner atención a sabiendas de que hay muchos más. Está el arte de mentir con la verdad: por ejemplo, a veces (y si uno busca bien) todo se publica en relación a los horrores del empobrecimiento. Está el arte de mentir sobre las causas: por ejemplo, la miseria de hoy se debe a los populistas de hace treinta años. Está el arte de mentir sobre los efectos. Por ejemplo: se dice que el ajuste estructural y las políticas de choque sirven para modernizar la economía. Está el arte de decir verdades a medias: por ejemplo se ocultan los efectos secundarios o laterales del “adelgazamiento del estado”, de la “desregulación” de la economía y de la “flexibilización del trabajo”. Está el arte de mentir con “la verdad del poderoso” considerada como la verdad por antonomasia, científica, racional, ética, y, por si eso no basta, apoyada con estímulos y premios en favor de los intelectuales y científicos que precisan, amplían o difunden los “conocimientos políticamente correctos”, y con sanciones y amenazas, entre mensajes dobles, a quienes precisan, amplían o diseminan los conocimientos prohibidos que son ninguneados como propios de intelectuales anticuados o de jóvenes ultra-ignorantes. Está el arte de mentir con los derechos de igualdad ante la ley en circunstancias en que “el país formal” cada vez tiene menos que ver con “el país real”. Y está el dulce engaño de una democracia que no es el gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo, y que no permite la elección de una política económica alternativa. En tan opresivo mundo de mentiras, engaños y autoengaños la labor del pensamiento crítico tiene una importancia innegable. Pero no basta porque hay otra forma más de mentir, relaciona a los descubrimientos más recientes de las tecnociencias y que niega sus usos y efectos inequitativos y excluyentes en los textos sobre la equidad y la justicia social.


Las tecnociencias han optimizado las formas de conocer y actuar para alcanzar objetivos. Se aplican con gran rigor en unas cosas y se olvidan totalmente en otras. Ese hecho, de por sí, amerita una cuidadosa reflexión crítica sobre todo cuando se advierte cómo son usadas para maximizar el poder y las utilidades del sistema dominante, y también para desestructurar o destruir el poder y los recursos resistentes u opositores. La nueva mentira consiste en ofrecer empleo, alimentación, vivienda, educación y servicios de salud sin el menor razonamiento sobre las medidas que se requieren para alcanzar esos objetivos, sin mención alguna sobre las fuerzas en que se tendrá que apoyar una política que necesariamente va a afectar a las grandes compañías, potencias y grupos de poder y presión que dominan el mundo actual y el México actual. La crítica de las falsas ofertas de justicia y equidad tiene que aclarar que esas falsas ofertas se hacen en una época en que las ciencias y técnicas del pensar y el hacer se han desarrollado muchísimo. Si es necesario denunciar sus ocultamientos también es indispensable conocer sus comportamientos.


El neoliberalismo y sus autores intelectuales no se quedan en el campo de las mentiras, de los mitos, las ideologías y la publicidad, que constituyen parte de una riquísima retórica a menudo perfeccionada con métodos experimentales. Gozan también de los beneficios de una auténtica revolución científica en el pensar y el hacer, que es parte de una nueva lógica y de una nueva historia de la humanidad. No es exageración. La tecnociencia ha desarrollado el conocimiento y la técnica de manejar conjuntos y subconjuntos de relaciones humanas, y los de imponer subsistemas funcionales a la dominación y la apropiación; sistemas llamados abiertos o disipativos que han cambiado de manera notable la organización del conocimiento y el conocimiento de las organizaciones que dominan el mundo. Las tecnociencias de los sistemas auto-regulados han mostrado una eficiencia de tan largo alcance en el espacio y el tiempo que muchos de sus ideólogos consideran como un fenómeno eterno al sistema dominante. Pero aunque tal creencia sea vana, y ya esté disconfirmada empíricamente por los peligros de ecocidio que sin la menor duda amenazan a la humanidad y al planeta, es indudable que el poderío del gran capital y de las grandes potencias es enorme y que las técnicas de ese poderío entrañan novedades que la humanidad entera debe conocer.


La revolución tecnocientífica de nuestro tiempo plantea como uno de sus retos principales el inicio de una nueva “era del conocimiento” en que una de las más importantes luchas por la democracia es la que dé prioridad a la educación clásica y moderna, humanista y científica, política y técnica, de las mayorías de ciudadanos en cada polis, y de las mayorías de los pueblos, polis y etnias en cada Estado. Y es en ese mundo en el que tenemos que responder a la pregunta de ¿A dónde va México?.


Un mundo en que la educación y el conocimiento ocupan un lugar esencial para el triunfo, junto con la ética social, política y personal que replanteé el interés general y el bien común, la democracia, la justicia y la paz, la soberanía, el socialismo y la equidad, y que luche por ellos a sabiendas de que el futuro no está predeterminado y de que sí es posible construir una alternativa.


Las tendencias recientes

Todas las experiencias del mundo moderno y postmoderno parecen indicar que la construcción de la alternativa comenzará por la construcción de una nueva democracia. El proceso de democratización en el mundo es un hecho que no podemos desconocer. Pero el carácter limitadísimo de la democracia realmente existente es cada vez más visible en varios terrenos. Conforme la crisis mundial y nacional se acentúa frente a los objetivos de una democracia electoral de por sí limitada, los ideólogos de las clases dominantes tienden a priorizar la gobernabilidad. Los electores tienden a abstenerse de emitir su voto. Los líderes de la sociedad civil tienden a aislarse de los líderes de la sociedad política. Los partidos tienden a sustituir los argumentos por injurias personales, y usan la publicidad comercial como medio principal de persuasión. Las organizaciones patronales y financieras exigen abiertamente que “sea quien sea” el partido que gane deberá aplicar la misma política neoliberal que ha enriquecido a los grupos de más altos ingresos y empobrecido a los sectores medios y a las clases bajas.


El comprensible malestar social provocado por la política neoliberal se manifiesta en formas pacíficas y violentas, individuales y colectivas, que corresponden a acciones de defensa de las poblaciones afectadas y amenazadas en su seguridad y en sus comunidades. De manera todavía incipiente las organizaciones de defensa colectiva se articulan como movimientos de protesta, de presión y de proyectos alternativos tanto en el sistema social como en el político. Muchos de esos movimientos no son sólo de resistencia; plantean una democracia con justicia social e individual, con “sufragio efectivo” y con respeto a la dignidad de los pobres; recogen y renuevan sus legados cívicos y de acción colectiva, y una cierta cultura democrática de “los de abajo” en materia de “consensos”, de “tolerancia”, de “dignidad”, de “vergüenza” y “valentía”. Su proyecto social y ciudadano entra en contradicción con el régimen y con el sistema dominante local, estatal, nacional y mundial. A menudo deriva en enfrentamientos violentos o amenazadores y otras incluso en acciones de resistencia armada. La resistencia mayor proviene de una conciencia moral de los de abajo que se organiza y estructura articulando varios estratos y espacios sociales, culturales y políticos.


La respuesta principal de las fuerzas dominantes combina el uso amenazador y represivo de los órganos de seguridad, policiales, militares y para-militares, con algunas negociaciones para la cooptación y la claudicación de grupos utilizables y líderes disponibles. Las fuerzas dominantes actualizan sus teorías de las “democracias peligrosas”, de la “contrainsurgencia” y las “acciones cívicas”. Al mismo tiempo disponen acciones “preventivas” para la “gobernabilidad”. Esas acciones a menudo incluyen tácticas de desestabilización y autodestrucción de las fuerzas populares, locales o nacionales. Quienes las usan parten del supuesto de que al acentuarse la crisis hay peligro de ingobernabilidad, y que el sistema debe prepararse, desde ahora; para desestructurar, y eventualmente destruir, a sus fuerzas opositoras.


La resistencia al neoliberalismo se mueve así en un campo político acotado. El proceso de democratización del sistema político es vigilado y atendido por las fuerzas dominantes con una lógica de seguridad. Está enmarcado en una estructura de poder financiero, económico, mediático, tecnológico y policíaco-militar, que impone una gran cautela a los políticos que aspiran a ganar las elecciones. Esa cautela lleva incluso a muchos opositores a asumir la lógica de que cualquier alternativa a la política económica neoliberal es imposible. Los más empeñados en contenerla y cambiarla necesitan proponerse una recomposición de fuerzas no sólo políticas sino sociales. La tarea no resulta fácil ni sus resultados previsibles. Tanto las fuerzas políticas o ciudadanas como las sociales o populares se redefinen y recomponen en formas discontinuas. La crisis y las medidas neoliberales reblandecen a veces sus posiciones y otras las endurecen; a veces las cansan de resistir y las subyugan, y otras las llevan a quitarse el miedo y a organizarse. Las conductas de ciudadanos y pueblos oscilan entre el conformismo, el cinismo, la desesperación anómica o el endurecimiento emocional, e incluso calculado. También se dan en ellos fenómenos personales, existenciales, que son sorprendentes y que los cristianos llaman “conversión”. Se trata de algo así como, la esperanza. Pero ésta es espiritual y visceral y se halla íntimamente vinculada a la decisión de luchar y a lo que se conoce como “la opción por los pobres”.


Allí no paran las metamorfosis de personas y gentes, ni con esos cambios basta para alcanzar algo que se parezca a los caminos de la victoria. Ya en la lucha, las poblaciones insumisas y sus heroicos líderes, como si el drama no fuese suficiente, se ven obligados a controlar en su propio seno las políticas autoritarias, paternalistas y populistas, los compadrazgos, las mafias y las clientelas que tanto criticaron en sus enemigos y que reaparecen entre sus compañeros y aliados. Muchos de ellos rehacen intimidaciones, sanciones físicas y psicológicas arbitrarias, manipulaciones de personas y de grupos, control vergonzante de asambleas, fraudes en votaciones internas y hasta corrupciones en el manejo del bien común. Es así como a la crisis del sistema se suma la crisis de las propias alternativas al sistema, la auto destrucción de las alternativas. Si no se detiene a tiempo el autoritarismo, si los de abajo imitan o practican la violencia y las trampas de los de arriba, y empiezan a decir mentiras y le pierden respeto a su propia dignidad y a la dignidad de sus hermanos y compañeros, la autoderrota se vuelve una crisis dentro de la crisis. Para enfrentarla tienen que unirse firmemente los hombres y mujeres que “todavía tienen vergüenza”, como decía Zapata, y que hoy más que nunca viven a diario el múltiple reto de construir una sociedad del conocimiento y la organización, capaz de articular la moral pública a las fuerzas sociales y a sus redes, todo con disciplina y pluralismo...


La coyuntura de fin de siglo parece estar acumulando varias crisis que se acentúan. Algunas ya se han desatado en el sistema social y político; otras están por desatarse. Entre las crisis manifiestas en México, se encuentran las siguientes: l. La de los pueblos indios cada vez más discriminados, empobrecidos, asediados, despojados, explotados, excluidos, hambrientos y enfermos y cada vez más dignos y rebeldes; 2. La de los estudiantes universitarios en lucha por la educación superior pública y gratuita y porque no les quiten el futuro; 3. La del gran subsidio del pueblo a los banqueros que quebraron en formas fraudulentas y no fraudulentas y en cuyo salvamento, mediante tributo impuesto al pueblo, se comprometió y desprestigió la “clase política” gubernamental, a instancias de las élites económicas beneficiadas y de los propios organismos financieros nacionales e internacionales; 4. La de los asesinatos de varias centenas de periodistas y de políticos; 5. La del campo mexicano, en especial de los productores de maíz y frijol, con grave perdida de nuestra independencia alimentaria a favor de los productores norteamericanos, y con crecientes manifestaciones de desnutrición y amenazas de hambrunas; 6. La de los pequeños y medianos empresarios sin créditos, o con créditos a plazos más cortos que la producción y con tasas de interés incosteables. 7. La de la violación de los derechos individuales y sociales con medidas macroeconómicas que afectan a las cuatro quintas partes de la población; 8. . La del narcotráfico y el crimen organizado que se articulan en forma sistémica a la banca nacional y mundial y a los círculos gubernamentales de Estados Unidos y de México, con crímenes que hasta en las películas van más allá de las meras explicaciones personales y a los que se vincula el terrorismo de Estado denunciado y documentado por autores muy serios como Noam Chomsky; 9. La de las inflaciones y devaluaciones que favorecen a los especuladores y a un empresariado corporativo para el que el mercado interno no cuenta: los grandes ganadores; 10. La de salarios nominales congelados y de salarios reales disminuidos que permite a las transnacionales y sus asociados aprovechar las diferencias de salarios que son de l a 10 entre los trabajadores de México y los de Estados Unidos para “abatir costos” (aquí) y “maximizar utilidades” (allá y acá); 11. La de los servicios públicos de educación, salud, alimentación, seguridad social, infraestructura, con subsidios y presupuestos cada vez más reducidos, mientras sumas crecientes de subsidios y concesiones se reorientan a las empresas privadas y, para el caso, a la educación privada, a la salud privada, a la alimentación privada, a la seguridad social privada, cuyos costos son inaccesibles para el 85 o 90% de la población; 12. La de la retórica oficial y la pretendida bondad de la política neoliberal, que tanto enaltecen los voceros de la Secretaría de Hacienda y de los organismos internacionales, mientras millones de mexicanos comprueban su notoria falsedad en carne propia; 13. La de una política de altas inversiones y sueldos en fuerzas policíaco-militares y en armamento para una guerra interna llamada “de baja intensidad” que se libra con el pretexto de guerra al narcotráfico, y que afecta al conjunto de la población civil, en especial a la excluida y marginada, o a la que promueve protestas cívicas y exige políticas alternativas. Esa política pone en crisis al régimen institucional al imponer un marco policíaco-militar a cualquier movimiento o fuerza que limite el modelo neoliberal de dominación y acumulación.


Las crisis señaladas tienden a acentuarse. A ellas se añaden otras que en plazos relativamente cortos pueden colocar a México en una situación explosiva y en un camino acelerado de africanización, esto es, en un proceso de liquidación de sectores medios, con pérdida de empleos calificados y reducción de fuentes de trabajo profesional para médicos, ingenieros, dentistas, abogados, economistas, arquitectos, y con políticas genocidas, o de exterminio de pueblos, en especial de pueblos indígenas, a quienes desde ahora cada vez más se expulsa de sus tierras y caseríos, infestando sus campos de labranza, incendiando sus chozas, destruyendo sus enseres domésticos y sus aperos de labranza, y arriando a los sobrevivientes por brechas de fieras acosadas para que emigren a las montañas, donde se enferman y fallecen de hambre y de frío, de virus y bacterias.


Los miembros de las clases medias y empresariales sin empleo y sin empresas serán un tremendo factor de inestabilidad y de ingobernabilidad democrática neoliberal, aunque algunos se conformarán con su suerte y aprenderán a vivir sin la esperanza de un futuro mejor para sus hijos. En cuanto a los campesinos, indios y no indios expulsados por el mercado y por los paramilitares y asesinos a sueldo de ganaderos, hacendados y compañías en ocasiones podrán escaparse a las ciudades donde se integrarán a los nuevos barrios marginados, hacinados, malolientes, inseguros. Otros se irán a Estados Unidos y arriesgarán su vida y su libertad con tal de conseguir trabajo de “mojados”, un triste trabajo sin garantías, y más bien con discriminaciones y amenazas de cárcel. Pero, extranjeros en su propia tierra, sentirán que viven en el país vecino una vida mejor que millones de mexicanos indios y no indios, a reserva de ser cazados, atropellados, deportados o encarcelados por los rancheros y la “migra”.


Si esa es la triste verdad, y lo es, una crisis aun mayor parece a todos previsible. Se puede desarrollar en dos etapas: la pérdida de propiedades públicas y nacionales que hoy todavía generan empleos y servicios para el conjunto del país, y la suspensión de pagos de los servicios y el principal de la deuda externa cuando los acreedores decidan suspender las políticas de “salvamento” y “blindaje” con que hasta ahora han permitido “pagar la deuda con más deudas”. Es obvio que la situación tiende de por sí a empeorar. Cada vez se expresan de manera más abierta las presiones por la privatización y desnacionalización (escalonadas) de los recursos energéticos del país, en especial de la electricidad y el petróleo.


Tanto la privatización como la desnacionalización son formas simuladas de depredación y de expropiación. Las propiedades nacionales y públicas pasan a las empresas privadas que pagan sumas simbólicas, por debajo del valor de lo que “compran”, al tiempo que “sacan del mercado” a la propiedad pública y nacional para meterse al mismo, como propietarios privados, predominantemente transnacionales. A la fecha ya se han privatizado y desnacionalizado la banca, los teléfonos, los ferrocarriles, las supercarreteras, los aeropuertos y numerosas empresas mineras, industriales, de distribución de artículos básicos y de servicios de primera necesidad. Al mismo tiempo, el gobierno ha perdido fuentes de ingreso que precisamente lo obligan a endeudamientos crecientes y a pagos acumulados de intereses. Estos absorben una parte cada vez mayor de los ingresos públicos, de por sí reducidos y que se han reducido todavía más con el Tratado de Libre Comercio y las políticas de estímulo a los inversionistas extranjeros y nacionales.


La autonomía de la Banca Central respecto al Gobierno de la República y su integración a la red encabezada por el Banco Mundial aumentó la tutoría de los organismos internacionales y las grandes potencias sobre los programas de inversión y gasto público en México, sobre las políticas de estímulo o falta de estímulo a las empresas medianas y pequeñas, sobre el empleo calificado y no calificado, así como sobre el subempleo, el desempleo y la llamada economía informal con creciente presencia de marginados y excluidos, en especial jóvenes y viejos.


La autonomía de la Banca Central privó al Estado de la posibilidad de enfrentar la crisis con una política monetaria y de inversiones orientada al crecimiento del mercado interno. Las altas tasas de intereses y la baja tasa impositiva al capital y a los altos ingresos, como supuestos estímulos a la inversión derivaron, junto con el empequeñecimiento del mercado interno de artículos de consumo general, y la quiebra generalizada de pequeños y medianas empresas en estímulos al capital especulativo más que al productivo. El excedente, que antes generaban los servicios públicos gratuitos y la producción social subsidiada, pasó de ser un impuesto útil al sector público a ser fuente de utilidades para las empresas privadas. Los productos y servicios públicos transformados en mercancías “adelgazaron” el ámbito de los derechos sociales, limitaron la prestación de servicios y el aprovisionamiento de bienes a aquéllos y sólo a aquéllos que tienen la capacidad de comprar en un mercado cada vez más entregado a satisfacer la demanda de grupos de ingresos altos y medios y que para muchos bienes y servicios de primera necesidad deja fuera a las 2/3, a las 4/5, y a las 9/10 partes de la población.


La amenazante desnacionalización de la electricidad y del petróleo –de por sí descapitalizados y desarticulados de la economía y el desarrollo científico y tecnológico de la Nación-, de llevarse a cabo, acentuaría fatalmente la crisis presupuestal del Estado y aumentaría todavía más la dependencia de las empresas y del gobierno respecto de las políticas del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Oficina del Tesoro de Estados Unidos. Es decir, colocaría a México en una crisis de pagos, sometido a enérgicas exigencias globalizadoras y neoimperialistas para la entrega de más riquezas, recursos y territorios.


En caso de no detenerse el proceso, la culminación de la privatización dejará a la República, al Gobierno, y a las empresas particulares y sociales no integradas a los oligopolios, en situaciones insuperables de debilidad, con una sobrevivencia precaria, o camino de una desaparición de que ya han sido víctimas numerosos pequeños y medianos propietarios y a cuya suerte se sumarían muchos más. La importación del desempleo (sic) en materia de un trabajo calificado y profesional que dejaría de realizarse en México para llevarlo a Estados Unidos y otros países hegemónicos, y la exportación de los mejores trabajadores calificados y altamente calificados a Estados Unidos y demás países dominantes, se combinaría con una mayor inseguridad del empleo en México.


En la vida cotidiana, en el futuro de los niños y los jóvenes, al igual que en otros países donde el proceso se ha adelantado, se viviría un clima de inestabilidad generalizada con resistencia civil y armada –al estilo centroamericano o sudamericano- en que las clases dominantes, o los intelectuales neoliberales y “los medios” dizque explicarían lo que ocurre y anunciarían el futuro, entre vanalidades, injurias y acusaciones personales contra quienes encabecen la resistencia, acusándolos de ignorantes o necios, de representar a fuerzas oscuras, de ocultar intereses puramente personales. Los responsabilizarían de agudizar una crisis que podría resolverse si no fuera por su conducta de pseudolíderes pretenciosos, ignorantes e interesados, de agitadores profesionales y no profesionales, que enredan y manipulan a “los trabajadores responsables”, a “los jóvenes ingenuos” y a “los pobrecitos indios”. Y si los líderes de la resistencia contaran con el apoyo popular, las élites tecnocráticas y sus fuerzas de choque no dejarían de calificar al pueblo de corresponsable como lo hicieron en el gobierno de Allende. En todo caso, y sin el menor empacho, sostendrían que sin la presencia de los populistas desplazados, de los fósiles o “dinos”, de los idealistas equivocados, de los “indecisos y” “cobardes”, todos “los buenos ciudadanos” y “el conjunto” del país, apoyarían “la mejor política posible, la del neoliberalismo” (que de paso se seguirá avergonzando de su nombre).


Las críticas de los soberanos de la globalización –encabezadas por el Grupo de los Siete- se harían extensivas a los gobernantes nativos. Con los argumentos y términos acostumbrados para defender “el modelo neoliberal” afirmarían que los gobernantes locales a su servicio, “no han aplicado bien el modelo por ineficacia y corrupción”. Por supuesto les seguirían prestando su apoyo mientras (y sólo mientras) les sirvan para seguir haciendo negocios y no necesiten sustituirlos con otros que los ayuden a controlar a los pueblos levantados mediante políticas populistas de derecha en que se dé un cambio par que no haya cambio, o mediante regímenes policíaco-militares con fachada democrática al estilo centroamericano, colombiano o peruano.


Las resistencias, en efecto, serían frenadas en combinaciones crecientes de cooptación y represión, y mediante el fomento generalizado de una cultura individualista y egoísta que internalizaría la filosofía del conformismo y el cinismo o del “rational choice”, en que “yo compito contra todos y todos compiten contra mí”, y “así es la vida y así seguirá siendo”. La persecución y decapitación de los movimientos de avanzada y sus líderes continuaría en nombre de la lucha contra el narcotráfico, y mediante agentes policiales disfrazados de “ultras” que fomenten acciones descabelladas para que las fuerzas paramilitares, los pistoleros a sueldo o los porros tengan la justificación necesaria de actuar, mientras se emplea a los policías, a las fuerzas de seguridad y los soldados en “operaciones abiertas”, que serían cada vez más frecuentes, “otros factores iguales”. La llamada “guerra de baja intensidad” mostraría su verdadero carácter de control militar del territorio y de la población al estilo chiapaneco, siempre a reserva de subir de intensidad cuando sea necesario.


Ese anuncio de futuro no tiene nada de “pesimista”. Hoy mismo, en los círculos académicos y políticos de Washington abiertamente se publica lo que el México oficial quiere ocultar y ocultarse. En la vasta literatura sobre el peligro de una guerra civil en México destaca un famoso artículo de Foreign Affairs (Enero-febrero de 1999) que se titula: “Saving America from the Coming Civil Wars” (“Salvando a Estados Unidos de las Guerras Civiles que Vienen”). En ese artículo México aparece como uno de los países amenazados de guerra civil. Otro texto, no menos famoso, es el que pide cerrar el camino de la paz a los zapatistas. Publicado por la “Rand Corporation” bajo el título “The Zapatista Social Netwar in Mexico”, Mayo de 1995, sus autores son el distinguido politólogo David Randfeldt de la Rand Corporation, y su colaborador John Arquilli de la Escuela Naval Superior (El texto se puede bajar del Web en la dirección: kedzi(a)rand.org). En él sus autores declaran que las redes de paz de la sociedad civil propuestas por el EZLN y el sub-Marcos son Redes de Guerra; inducen a la solución militar del problema de Chiapas como supuesta forma de impedir la guerra social en México. Aseguran –en forma impresionante- que las redes de la sociedad civil llevan a la guerra social. No advierten ni parecen dispuestos a considerar que precisamente las redes de la sociedad civil han presionado y pueden presionar por un diálogo que reconozca y haga respetar los derechos sociales, culturales, políticos y económicos de los excluidos y marginados, y que así asegure la paz con justicia y dignidad. De antemano juzgan ingenua y sin base toda lógica que lleve a la paz. Y desde luego no se plantean la necesidad de contrariar la política neoliberal para alcanzar una paz con democracia y justicia.


Tal vez, al leer a esos y otros ideólogos del neoliberalismo se pensará que no hay alternativa posible de solución negociada. Puede ser. Pero no intentar la solución negociada con concesión de derechos a los pueblos –y en este caso a los pueblos indios- es la mejor forma de contribuir a una catástrofe que envolverá a México y a Estados Unidos. El Apartheid mexicano tiene sus manifestaciones más graves en las zonas de refugio de los pueblos indios; pero afecta por lo menos a las cuatro quintas partes de la población de México, y hace ridículo y falso cualquier proyecto de democracia, paz y justicia que no plantée los derechos de los pueblos indios y una política que acabe con los remanentes del racismo y el colonialismo.


La democracia de pocos para pocos con pocos se seguirá llamando democracia y dirá luchar por el bienestar de todo México. Sus partidarios pretenderán que al aplicar la misma política económica que nos ha llevado al desastre nacional y social, sólo por un corto tiempo sacrificarán a los pobres y más pobres, a los menos ricos o menos acomodados y a los que “nomás la van pasando”, pero a todos les dirán que obran con la certeza de que si les va mal en el corto plazo, a la larga serán los más beneficiados: Y como apostilla al bello discurso, que ya no ofrece la gloria después de la muerte sino un futuro neoliberal en el porvenir de los excluidos, los tecnócratas seguirán validando sus afirmaciones con una sabia y sonriente retórica de tecnócratas en favor de un supuesto “liberalismo social” al que según ellos sólo los “demagogos” y “conservadores” no aceptan por perversidad, frustración, tontería, o falta de conocimientos.


Las alternativas posibles

Malo adelantar vísperas y que éstas se vuelvan vísperas de nada, pero peor todavía pensar que es imposible un futuro mejor o anunciar que los jóvenes no tienen futuro, ni el país tiene futuro, ni el mundo..., o que todo será igual que ahora o incluso peor. Eso es una opción personal más que una reflexión atendible. Las bases científicas del optimismo se comprueban a lo largo de la historia humana por lo menos en un sentido. Hasta en los períodos más siniestros de pronto volvió a arrancar la lucha por un mundo mejor. Hoy, las ciencias sociales más avanzadas confirman con creces que la historia no es sólo una extrapolación de tendencias pasadas mediatas o inmediatas. Si se basa uno exclusivamente en las tendencias no se puede sacar ninguna conclusión sobre el futuro de la historia. El optimismo se asocia en gran medida a la historia de la voluntad y de la creación. En la voluntad aparece como iluminación, o conversión o claridad y en la mente creadora como boceto que no tiene todas sus líneas precisadas desde el comienzo. El optimismo se materializa en el pensamiento organizado para conocer y actuar, en el pensamiento organizado para experimentar y corregir de acuerdo con lo experimentado, y para readaptarse a las condiciones en función de valores y objetivos a fin de forjar nuevas condiciones que permitan construir efectivamente caminos-mundos nuevos. A esa conclusión llegan los estudios más precisos sobre el determinismo y la libertad en la historia.


Por ejemplo, en el México de l999 tenemos dos proyectos de alcance universal, uno, el de los zapatistas y otro el de los partidarios de la Revolución Democrática. Ambos proyectos recogen y recrean la historia universal y nacional. Se trata de proyectos radicales en el sentido martiano de la palabra. Son los más radicales porque uno y otro recogen las experiencias de lucha de los excluidos y oprimidos, y de quienes han organizado su conocimiento y acción para enfrentar a los regímenes de opresión y exclusión. Pueden ser los proyectos más radicales si no sólo van a las raíces políticas de una moral que iguale con la vida el pensamiento sino convencen a los sujetos sociales que se beneficiarían de una política más libre y más justa. En ese sentido son potencialmente los más radicales. También son los más radicales, porque al replantear los movimientos liberales, nacionalistas y socialistas del pasado van encontrando que los fracasos anteriores se deben a no haber organizado en la práctica un gobierno democrático y plural del pueblo, para una mayor equidad hacia el pueblo y con el poder participativo y sufragante del pueblo. De allí van concluyendo que para no fracasar necesitan organizar ese tipo de gobierno.


La redefinición del proyecto democrático tiene muchas contradicciones teóricas y prácticas. Quienes plantean más concretamente el proyecto, y lo hacen parte de su vida cotidiana y de sus formas de lucha son los indios de México, y los revolucionarios que surgieron de ellos o se unieron a ellos, o los que en el campo político dieron una creciente prioridad a la Revolución Democrática.


A la redefinición de los objetivos y medios de lucha han contribuido también las fuerzas populares, patriotas y socialistas que advirtiendo los límites y contradicciones del populismo, del nacionalismo, de la socialdemocracia y del comunismo, desde la sociedad civil urbana y rural, laica y religiosa acuerdan primordial importancia a una revolución democrática que no se ha hecho, que se intentó de manera descuidada e indecisa, que fue cooptada, traicionada, o destruida en sus primeros pasos y que es necesario hacer bien.


En los dos grandes proyectos ha tendido a prevalecer la idea de una revolución pacífica, y de la necesidad de hacer todo lo posible por lograr la paz con democracia y justicia. Ambos proyectos son muy ricos. Es imposible caracterizarlos en pocas palabras. Sin embargo pueden destacarse algunas de sus contribuciones.


El proyecto de los indios de México y en especial el de los zapatistas propone y procura una democracia plural, participativa y representativa, a la vez étnica y local, y también nacional y universal. Propone la construcción del poder y la ética en la sociedad civil, y de las autonomías en la sociedad civil y el Estado. Redefine las comunidades como localidades, municipalidades y regiones internas e internacionales. Lucha contra la discriminación y la exclusión racial, económica y cultural, de género o inclinaciones sexuales, y por la justicia social e individual. Defiende el disfrute de los pueblos a sus territorios y recursos naturales, y sus derechos a las tierras ejidales y comunales. El proyecto zapatista supera varios problemas que debilitaron e hicieron fracasar a proyectos anteriores. El pluralismo ideológico no sólo obedece a la tolerancia y la libertad de expresión como valores respetables sino como valores necesarios a fin de construir actores sociales que teniendo distintas creencias, filosofías e ideologías integren organizaciones y redes para acciones comunes victoriosas. El pensar en un protagonista plural al que se sume la clase obrera industrial sin reclamar para ella un puesto ontológico de vanguardia, no menosprecia el papel que los trabajadores manuales e intelectuales cumplen en las luchas de la revolución democrática; simplemente no les asigna un papel privilegiado al margen de la historia real. El combinar la democracia participativa con la democracia representativa y una y otra con las ideas de justicia, y el combinar las ideas de justicia individual, con las de justicia a las etnias, y con las de justicia social establece puentes entre luchas necesarias y posibles. Esas luchas incluyen a quienes piensan desde ahora en una democracia socialista, por elusivos que sean en el uso de ese término o concentrados que se hallen en el proyecto democrático, y a quienes defienden los derechos de los pueblos indios, la paz y las autonomías, dentro de un proyecto de democracia efectiva en las comunidades autónomas, locales, municipales o regionales, en las entidades federativas y en el país.


La construcción del poder y la ética en la sociedad civil va más allá de los planteamientos estatistas que predominaron en el corto siglo XX, supera a los anarquistas que no se plantearon a fondo los problemas de la resistencia y la rebelión y que quisieron construir repúblicas justas y libres sitiadas y al fin liquidadas por el Estado, y deja atrás a los eticistas que desprestigian a la moral con la moralina. En la práctica, el proyecto zapatista se plantea los necesarios vínculos de la moral y la lucha, en medio de una “guerra de baja intensidad” que combina el conflicto y el consenso, el enfrentamiento y la negociación-transa, la represión y la cooptación de individuos y colectividades como formas de eliminación moral y física de líderes y pueblos cuando unos y otros defienden sus derechos y desean construir un mundo mejor.


El proyecto zapatista concede a la moral y al poder un papel principal para enfrentar sin miedo al enemigo y para dialogar con él sin hacer transas, es decir, sin hacer negociaciones y concesiones que beneficien a los líderes o clientelas cooptados contra los intereses de las colectividades. El proyecto también convoca a cohesionar a la comunidad y a los que al mandar obedecen los valores de la comunidad y de la humanidad. En todos sentidos se propone forjar un mundo que se organice en torno a los derechos humanos individuales y colectivos para hacer de ellos una realidad generalizada. Concibe los derechos humanos individuales y colectivos como el atractor familiar y práctico de un sistema alternativo.


La novedad y riqueza del proyecto zapatista se advierte en el uso sistemático de la combinación allí donde el pensamiento maniqueo plantea la disyuntiva. La combinación, como forma predominante de un pensar concreto, combina lo universal y lo particular; así por ejemplo en el idioma -combina la necesidad de saber el castellano y el tzotzil u otra lengua vernácula o internacional-; en la moral combina el respeto a lo humano, a lo nacional y a lo local; en el conocimiento, valora la civilización mundial y la cultura propia. La combinación concreta se da también en el terreno político, en que lejos de oponer la democracia participativa a la representativa al estilo de la antigua izquierda y de Rousseau, hermana a una y otra; y en que postula la lucha por los derechos humanos individuales y personales y también enarbola la lucha por los derechos sociales, los comunitarios, nacionales y globales. La combinación concreta estructura un pluralismo ideológico, religioso, étnico que ve en la comunidad, la sociedad, la nación, la humanidad, algo así como una unidad en la diversidad que debe y puede organizarse. Al mismo tiempo vincula las reformulaciones del Desarrollo, la Modernidad y la Post-modernidad con formas de expresión locales y tradicionales de culto a la naturaleza y a las civilizaciones pasadas, prehispánicas e hispánicas -piénsese en el Popol Vuh y en El Quijote-, y con un ecologismo actualizado, no sólo postmoderno en la defensa de la naturaleza, sino moderno en la defensa de los bosques, las aguas y las tierras de las etnias frente a los caciques y las compañías depredadoras. Esboza así los planteamientos de una globalización alternativa a la del capitalismo salvaje y corporativo en la que lo primero a imponer es un gobierno cuyos dirigentes mandan por elección o consenso de los ciudadanos y las comunidades, y en que como mandatarios obedecen los mandatos de sus mandantes. El rico planteamiento no olvida las categorías históricas, sociales y antropológicas de la dominación y la apropiación; pero de todos los legados antiguos y recientes que la inteligencia revolucionaria y radical le deja forja un proyecto seminal en que a la libertad, la igualdad y la fraternidad añade la dignidad concebida como dignidad de la persona humana y como condición del pobre que se respeta a sí mismo y que merece respeto.


Proyecto de los descendientes de los mayas, el zapatista lo es también de los guerrilleros y luchadores latinoamericanos: con ambos crea una filosofía realmente nueva y un proyecto alternativo particularmente creador. Las contradicciones en que incurre por la necesaria política de seguridad, disciplina y cohesión en condiciones de cerco y guerra muestran altibajos en que siempre busca volver a una política hegemónica sin que se haga de la disciplina político-revolucionaria un dogma sin dudas o un paradigma sin empatías. Como filosofía revolucionaria, política y democrática, representa un extraordinario avance en el respeto a creencias e identidades distintas de la propia. Realmente es un proyecto de alcance mundial por su rico juego de respetos y empatías. Ni hace de Occidente el Centro del Universo, ni es ajeno al dulce encanto de Occidente. Se opone a su dominación como a cualquier vasallaje mundial o local.


En cuanto a los partidarios de la revolución democrática, entre los que destaca el partido de ese nombre, el PRD, desde la memoria e imaginación colectiva de las izquierdas, priorizan y profundizan en un fenómeno particularmente descuidado por los teóricos e ideólogos de la democracia y el socialismo, en el que no profundizaron nunca o al que no priorizaron nunca como movimiento, aunque de los liberales haya surgido aquello del gobierno del pueblo, con el pueblo y para el pueblo; de los socialistas el concepto de la socialdemocracia, y de los comunistas el de dos supuestas etapas de la revolución mundial, una, la revolución democrática y, otra, la revolución socialista. El caso es que hoy mismo se requiere mucho más elaboración teórico-práctica sobre la revolución democrática. Pero en el caso de México ya se han dado importantes contribuciones entre las que destacan: lo. El plantear, en los conceptos y los hechos, el que los sistemas electorales, los equilibrios de poderes, las autonomías municipales, institucionales y empresariales así como la soberanía nacional estén vinculados a la democratización del Estado y a la democratización de las organizaciones de la sociedad civil; 2o. El proponer políticas de alianzas cuyo objetivo primordial sea el cambio de régimen político, dando a ese cambio una importancia que la izquierda tradicional no le reconocía y que quedaba inserto en una política “reformista” frente a la “revolucionaria” de los bloques históricos encabezados por la clase obrera. La nueva propuesta supone que un régimen de alternancia de partidos es particularmente valioso dentro de un proyecto de revolución democrática. La alternancia es fundamental frente a la perpetuación de un mismo grupo o partido en el poder, y el cambio de régimen político necesario frente a las estructuras autoritarias que impiden una creciente representación y participación del pueblo en las decisiones. Pero la alternancia es insuficiente si choca con la alternativa democrática que efectivamente permite un mayor poder del pueblo y una política de justicia social; y el cambio de régimen político es insuficiente si no se acopla con cambios en el sistema social que den creciente poder a la sociedad civil y a las mayorías que en ella actúan. En general la nueva propuesta parte del postulado de que la democracia político-electoral y partidaria es un valor, en sí mismo muy importante, que se articula a los valores relacionados con la justicia y la equidad; 3o. En cuanto, a los problemas en que aparecen los intereses de las clases dominantes, se esboza el proyecto de resolverlos mediante lo que podríamos llamar un modelo alternativo negociado, que en lo económico y lo social resuelva problemas fundamentales de: 1. Protección y fortalecimiento de la propiedad pública, nacional y social en las leyes, tratados y políticas correspondientes; renegociación del Tratado de Libre Comercio para proteger la producción del maíz, el frijol y la libre migración de trabajadores, entre otros objetivos; así como medidas que detengan los procesos de privatización por etapas y/o de golpe, de la Educación, la Electricidad, el Petróleo, la Seguridad Social, el patrimonio cultural de la Nación y de los pueblos indios, la política monetaria y financiera, la política de defensa y seguridad nacional. 2. Rearticulación o integración de complejos y redes empresariales de crédito, conocimiento, tecnología, producción y servicios para un mercado interno que incremente su capacidad de producir lo que consume y de distribuir en forma menos inequitativa lo que produce y los servicios que presta de alimentación, salud, educación, vivienda, seguridad social. 3. Reorientación hacia una política de desarrollo equitativo en los puntos más sensibles: el de los derechos de los pueblos indios, el de la autonomía de las organizaciones sindicales y de trabajadores, el de un subsidio elevado para la educación pública, para el pago de mejores salarios y de estímulos al magisterio, y para la educación gratuita desde la primaria hasta la superior; el de la lucha contra la inflación aumentando el empleo para la producción de los bienes y servicios que demandará una población menos desempleada y subempleada, y con salarios que permitan por lo menos adquirir la canasta básica, y aumentar los niveles de la población en forma sostenida. Todo lo anterior implica la reconversión de la actual política de seguridad policiaco-militar en una política de seguridad basada en una sociedad menos inequitativa, desigual y excluyente y en una democracia más representativa y participativa, así como en el control tanto moral como político, jurídico, policial y militar de la corrupción hasta hacer del ejercicio público un ejemplo de transparencia con periódicas auditorias internas y externas 4. Estructuración de fuerzas ciudadanas y de la sociedad civil que apoyen el proyecto frente a las oposiciones que necesariamente presentarán las fuerzas neoliberales con sus redes de caciques políticos, compañías transnacionales y partidos, cuyas bases de poder se centran en las viejas y nuevas oligarquías del PRI y el PAN. 5. Los objetivos anteriores no sólo suponen una reorientación de la intervención del Estado para que asuma como propia la responsabilidad del desarrollo equitativo y sustentable, sino una creciente participación de la sociedad en la toma de decisiones que permitan ese desarrollo. El proyecto propone entre otras medidas la realización de plebiscitos ciudadanos que lejos de plantear una lucha de clase contra clase -informe y metafísica- planteen una lucha ciudadana contra quienes pretendan preservar y aumentar sus privilegios a costa de la soberanía nacional, de la propiedad pública y de las políticas de subsidio y excensión; se enfrentará también a la tolerancia consuetudinaria de la evasión fiscal, ese otro privilegio convertido en derecho de privatización de impuestos por los pudientes.


La importancia de la democracia político-electoral y de la democratización del Estado, del Sistema Político y de la Sociedad Civil parece ser hasta hoy la principal aportación en los planteamientos actuales de una Revolución Democrática, que con las nuevas prácticas político-morales de los ciudadanos requiere negociar la doble transición a un régimen democrático en la política con un modelo alternativo en la economía, objetivo que sólo en una lógica conservadora está de antemano condenado al fracaso, y que en la actual coyuntura histórica requiere una atención creciente de la inteligencia orgánica y la voluntad colectiva, organizada.


El PRD y numerosos líderes encabezados por Cárdenas apuntan su política a la posibilidad de una alternancia en que también haya alternativa. El triunfo electoral del PAN puede significar una alternancia al PRI; pero está lejos de presentar una alternativa al modelo neoliberal. La filosofía que en inglés corresponde a las siglas TINA (There Is No Alternative) en castellano corresponde a NAP (Ninguna Alternativa Posible). Ambas se refieren a un mundo sin modelo económico-social alternativo. Los tecnócratas y los neoliberales sostienen esa tesis mientras se limitan a proponer falsos objetivos sociales de participación y justicia con las mismas políticas económicas que han aumentado la injusticia y la exclusión. El bosquejo de un proyecto alternativo por el PRD y la izquierda democrática integrada en la llamada “Alianza por México” recoge las mejores experiencias de la Periferia y el Centro del Mundo en su lucha contra los estragos del neoliberalismo. Pero hay algo todavía más importante: coincide con un trabajo muy serio de precisión de un modelo económico social alternativo al neoliberal elaborado como “Agenda Ciudadana” en octubre de 1999 por numerosas organizaciones de la sociedad civil agrupadas como “Acción Ciudadana por la democracia y por la vida: el poder es la gente”. Ese trabajo constituye un extraordinario esfuerzo de elaboración teórico-práctica, desde abajo, de un modelo de desarrollo que con la justicia social asegure la democracia y con el poder de la gente organizada el apoyo para implantarlo. La Revolución Democráctica en México aparece así tanto en la sociedad política como en la sociedad civil y no se limita a modelos abstractos ni a medidas generales que en la práctica rehuyan sus líderes y bases. Tal vez no sea esa la revolución democrática del porvenir; pero sí será una importante etapa que ponga a prueba lo posible en la historia y lo construya sobre una base heredada e innovadora en que el nacionalismo sea democrático, la intervención social del Estado democráticamente organizada y controlada, y la democracia participativa y representativa, respetuosa de la autonomía de las personas, de las comunidades y de las empresas de la sociedad civil.


A las grandes corrientes del zapatismo y la revolución democrática se añaden movimientos en que aparece puntualmente el proyecto alternativo profundo, como los movimientos de los electricistas y trabajadores independientes, de los pobladores urbanos marginados, de los deudores del Barzón y, más recientemente, de los estudiantes universitarios y el Consejo General de Huelga de la UNAM. Todos ellos viven problemas angustiosos en que el legado teórico de las luchas nacionales y mundiales es importantísimo, pero también insuficiente para profundizar y precisar el proyecto de una democracia con paz y justicia, y de una soberanía del pueblo ciudadano que defienda y decida en la República y la Nación, contribuyendo a un proceso alternativo de globalización en que la democracia universal tienda a prevalecer como democracia plural y no excluyente.


Entre los aciertos estratégicos de todos esos movimientos se encuentran ciertas formas de romper el conformismo y el cinismo impuestos por el proyecto neoliberal. También destaca la creciente atención a las contradicciones internas en proyectos creadores que tiendan a superarlas mediante estructuraciones democráticas y prácticas del “mandar obedeciendo”. En los zapatistas sobresale el acierto de haber aceptado el camino de la paz que le demandó insistentemente la sociedad civil y que en medio de todas sus contradicciones es el único que permitirá construir el mundo alternativo, acumular fuerzas y hacer posible lo imposible. Entre las contradicciones del zapatismo ameritan una reflexión profunda las que se dan entre las políticas de democracia y consenso, y la necesaria disciplina de una lucha de resistencia contra el dominio policiaco-militar que busca someter a los pueblos insurgentes del Estado de Chiapas y eventualmente al conjunto del territorio nacional. También exigen esclarecimiento (tanto narrativo como normativo) las contradicciones que surgen entre la política de alianzas y la política hegemónica para la formación del bloque liberador. Destaca en el PRD la decisión de priorizar la lucha democrática en el interior del partido y de construir, con otros partidos, la transición democrática a un Estado que se base en el “Sufragio Efectivo”; que ponga en marcha un sistema electoral controlado por la ciudadanía, y un régimen en el que sea real el equilibrio de poderes, una federación con gobiernos estatales democráticamente elegidos y por eso soberanos; un sistema de autonomías municipales que se enriquezca con las autonomías y regiones indígenas en un Estado pluriétnico. El PRD y otros partidos de la izquierda asumen, además, como propio un proyecto que hasta hace muy poco se consideró como un proyecto de “democracia burguesa” o de “democracia formal”. El cambio es limitado y a menudo recuerda las limitaciones de los movimientos socialdemócratas y populistas. Una parte importante de la izquierda llega a dar más importancia a las luchas y asociaciones políticas y a descuidar, e incluso a olvidar, las luchas o las asociaciones de intereses y clases; no pocos de sus miembros vuelven a caer o se quedan en el clientelismo y el populismo y más que ocuparse de aumentar sus fuerzas con las del “bajo pueblo” y la sociedad civil de los excluidos dan prioridad a las luchas partidarias y electorales y a la “política de élites”... En todo caso, una y otra vez regresan las presiones y los movimientos contra el sectarismo, contra la corrupción, contra la manipulación de los electores, contra el oportunismo politiquero, y por una cultura de democracia plural, participativa y representativa que se disemine y organice, y que logre constituir un nuevo tipo de bloque histórico con la sociedad civil y el pueblo trabajador.


En los electricistas, destaca el convocar desde uno de los más antiguos y prestigiados sindicatos no sólo a la clase obrera sino a todos los ciudadanos y fuerzas nacionales para defender el patrimonio nacional, empezando por la industria eléctrica y el petróleo. Su lucha tiende a crecer y consolidarse en nuevas alianzas obrero-campesinas independientes y democráticas. Destaca en los pobladores urbanos la reformulación de las acciones colectivas del pueblo y de sus formas de cooperación en proyectos de defensa del vecindario y también democráticos. Destaca en el movimiento de los deudores del Barzón el enriquecimiento espiritual de los pequeños y medianos propietarios y de sus perspectivas. Muchos de ellos se identifican con las víctimas de la llamada “deuda social”, con los excluidos y explotados de la sociedad formal e informal y levantan su voz al lado de las fuerzas democráticas nacionales. Destaca en la “sociedad civil” su resistencia al golpeteo que sufre entre represiones y corrupciones, y la forma en que a sus caídas suceden recomposiciones y rearticulaciones, todo en medio de un proceso cuya memoria histórica es innegable, y que en el pasado inmediato recuerda las hazañas de las acciones colectivas del 81 (Nava), del 85, del 88, del 93, el 97 y el 99. Y las recuerda como experiencias para actuar mejor, más coordinada y eficazmente en el futuro. Destaca en los estudiantes, la voluntad de luchar más allá de los intereses individuales por el derecho a una educación superior pública y gratuita de primera calidad y por una sociedad que dé empleo público a los médicos de los pobres, a los ingenieros y arquitectos de los espacios de la pobreza, y educación y trabajo público a los pobres y a los hijos de los pobres considerando que quienes tienen un más alto nivel educativo padecen menos desempleo, y que el actual nivel del empleo es muy inferior al que puede darse con otra política macroeconómica que entierre a la neoliberal y mida sus éxitos por la solución de problemas sociales y no sólo por la acumulación de riquezas y utilidades en favor del gran capital. En todo caso el movimiento estudiantil nos recuerda que un ciudadano educado es mejor como empleado o desempleado, que un ciudadano al que se le niega la educación con el pretexto de que “¿para qué se le va a dar educación si no va a tener empleo?”, o con el no menos falso de que la educación superior debe ser de pocos, para pocos, y con pocos, argumento falso de toda falsedad, sobre todo hoy en que los nuevos medios electrónicos combinados con los métodos clásicos de diálogo, seminario, y grupo de trabajo nos permiten dar una educación pública y social de excelencia no sólo a los descendientes de Sócrates y Netzahualcoyotl sino a los de sus esclavos, todo en seguimiento de las lecciones de esos maestros y poetas y de sus sucesores idealistas y materialistas, positivistas y dialécticos, o incluso constructivistas y post-modernistas. En las fallas del movimiento estudiantil del 99 cabe el no haber estructurado más sus organizaciones y redes en relación a un proyecto participativo de Universidad Alternativa, y el no haber sido consistente con su vocación democrática o el no haber podido controlar los desplantes autoritarios que han prevalecido en momentos críticos y que tanto lo debilitan. Destaca en el movimiento magisterial -que sucedió al estudiantil- una lucha que no se limita a la defensa de sus intereses gremiales seriamente afectados por la política neoliberal, sino que acomete la defensa de la educación nacional, de su carácter laico, público, gratuito y universal, y de su necesaria mejoría en el campo pedagógico.


En cualquier caso no podemos ignorar los muchos problemas de corto y largo plazo que se plantean en la construcción de la alternativa. Constituye un reto creador la universalización conceptual y efectiva del planteamiento zapatista a fin de que se convierta en un proyecto del pensar y el hacer de las redes virtuales de reflexión, información y acción que puedan actuar en las distintas partes del país y de la tierra. Es también un reto creador en las prácticas morales e intelectuales, el control y la eliminación de la cultura priísta en materia de trampas electorales, y de la dogmática o sectaria que viene del oscuro sendero “revolucionario” con su aritmética contrarrevolucionaria que reaparece cuando menos se piensa. Algo semejante ocurre con la tendencia a pensar en alianzas sólo en términos políticos, o en alianzas sólo entre organizaciones de la sociedad civil, sin plantear profundamente el juego sucesivo y simultáneo de las alianzas políticas y sociales, y la necesidad primigenia de construir las redes y organizaciones de la sociedad civil. Urge diseñar y realizar una educación política incluyente, que se proponga enseñar a pensar-actuar, y que se organice en forma práctica y efectiva como ya lo han hecho las iglesias de los curas que “optaron por los pobres”, o partidos y movimientos como el PT y los “Sin Tierra” de Brasil que han plasmado en realidad orgánica la “pedagogía de los oprimidos” y las “ciudades-escuela”. En fin, en una lucha concreta que una lo diverso y enfrente represiones y cooptaciones, hace falta impulsar la cultura del diálogo, y de la negociación sin transa, un diálogo que no sea mera racionalización de las políticas neoliberales, y una negociación que obedezca a las bases y planee rigurosamente las líneas de acción y concesión que precisan. A ese respecto la educación acerca de la firmeza en los principios y la flexibilidad en las tácticas, y acerca de lo que hoy es ser radical en las explicaciones y coherente en las políticas, reclaman una reflexión que actualice constantemente las experiencias imprevistas, y las que se confirman en los hechos para lograr negociaciones exitosas con concesiones concretas y con acuerdos que se cumplan.


Las respuestas posibles a la crisis serán de dos tipos principales, las de aquéllos que piensan seguir aplicando la misma política económica y social neoliberal con pequeñas variantes, y las de quienes, hasta sin querer, necesitan que se abandone la política neoliberal para resolver sus demandas vitales y soberanas. Entre los primeros, la dura realidad de lo que ocurre, las falsas propuestas de solución que avizoran -como “la Tercera Vía” o el “neoliberalismo social”-, y los intereses de las fuerzas en que piensan apoyar sus políticas los colocan en terrenos muy superficiales e incongruentes. Ellos mismos se dividen entre los que preveen una crisis de gobernabilidad democrática y están decididos a enfrentarla por todos los medios -incluso los más sangrientos y autodestructivos- con tal de seguir beneficiándose de la depredación neoliberal y de las transferencias de excedente que genera, y los que en forma vaga e irresponsable no creen, o no quieren ni pensar en esos peligros, y por lo pronto siguen aplicando o proponiendo, con necia terquedad, las mismas políticas neoliberales que están llevando a México y al Mundo a la devastación.


Entre quienes advierten la necesidad de un cambio de política, que enfile a la solución de los problemas sociales, a la defensa de la Nación y a la consolidación de una gobernabilidad constitucional sólo cabe incluir a quienes exploran un nuevo proyecto de democracia con poder de la sociedad civil y con propuestas concretas de justicia social y de paz. Y sólo a ellos, en tanto formulen esos objetivos como prioritarios y no los conviertan en meros programas de gobierno, sino busquen apoyar su cumplimiento en las fuerzas democráticas de los propios discriminados y excluidos únicas que permitirán lograr un camino alternativo.


Junto con los problemas de alcanzar una máxima claridad mental, narrativa y creativa, las fuerzas realmente democráticas necesitan forjar conceptos-organizaciones eficientes en la sociedad civil y en la sociedad política, y redes intercomunicativas que actualicen conceptos y palabras, planes y prácticas, textos y contextos. La concepción de la democracia en su doble sentido de sistema político y de poder obliga a replantear la economía como forma de ejercer el poder por la ciudadanía y como un poder basado en la sociedad y que responda a las mayorías y al interés general de la sociedad. A la organización de sistemas de gobierno con equilibrio en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial y con todo género de soberanías y autonomías colectivas y personales que respeten la pluralidad de culturas, creencias, gustos, ideas, no sólo se añadirá el impulso a la democracia participativa y representativa, así como el control de los procesos electorales por los pueblos y los ciudadanos, sino la recomposición de redes de producción y servicios que vuelvan a articular financiamiento, conocimiento, tecnología y derechohabientes y/o beneficiarios, en formas que reorienten la actual intervención del Estado para que ésta deje de priorizar la militarización, la seguridad policial y el apoyo a las grandes corporaciones económicas y sus redes y logre la constitución y puesta en marcha de redes sociales y empresariales manejadas con los controles técnicos y democráticos adecuados. La dificultad del proyecto no implica su imposibilidad. Como único proyecto que asegura el camino a la paz y a la gobernabilidad democrática tiene muchas probabilidades de corresponder a un realismo político enemigo de la locura intervencionista y militarista. La creatividad consistiría en ir más allá de las experiencias democráticas y socialistas anteriores y en construir, desde las bases, núcleos democráticos de poder y organizaciones de producción y servicios que pasen de la resistencia frente a las fuerzas privatizadoras a la organización efectiva de redes socio-políticas y socio-económicas auspiciadas por el gobierno federal, y por los estatales, municipales y locales.


En el proyecto alternativo, la herencia teórica e ideológica de los grandes movimientos que articularon a las revoluciones y a las reformas tendrá que ser considerablemente enriquecida por el diálogo público y privado, y por las prácticas de valores y creencias para llegar a consensos y cumplir compromisos. Todo tendrá que organizarse en y por las personas y las colectividades críticas, político-morales, y productivas o de servicios y seguridad, con difusión creciente de la cultura general científica y humanística y de los métodos y técnicas para especializarse y cambiar de especialidad.


En la gran creación colectiva, y de personas o caracteres pensantes y actuantes que se anuncia para el nuevo milenio más que las categorías de centro, derecha e izquierda, contarán las categorías de lo superficial y lo profundo, de lo provocador y lo radical, de lo abortador y lo constructivo, de lo coherente y lo incoherente entre la conducta y el pensamiento. La adicción a la incongruencia será “el enemigo principal” del proyecto alternativo.


La esencia del problema consistirá en que no podrá darse un proyecto democrático si no se negocia otro modelo económico, y que la negociación democrático-económica no podrá darse si no se toman en cuenta los vínculos del país con el mundo y también su autonomía y soberanía relativas -y variables- para la toma de decisiones y la aplicación de medidas. Tamaña empresa requiere un importante apoyo: el de la sociedad civil organizada y articulada a la sociedad política para que ésta sea el instrumento de sus luchas y negociaciones. No hay otra alternativa posible; pero incluso esa necesita enfrentarse a la lógica hegemónica, “contrainsurgente” y depredadora que continúa presionando en el Pentágono y el Banco Mundial al amparo de las megaempresas y el “Grupo de los Siete” y sus asociados de la periferia. El proyecto requiere por eso un mensaje de firmeza en lo no negociable y de disposición a negociar la transición a la democracia, a la justicia y a la paz.


El país en crisis y la bifurcación inminente

No cabe duda que el futuro se va a decidir en una lucha cuyo final es incierto. En la coyuntura del año 2000 se da una acumulación de tendencias cuyo desenlace parece inminente e implica un punto de quiebre hacia un autoritarismo exacerbado o hacia una auténtica democratización. La crisis es múltiple y aparece de distintos modos: como crisis de autoridad y de poder, como crisis de políticas que llevaron al empobrecimiento económico-social y a la pérdida de autonomía y soberanía del Estado, y como presión para que se sigan aplicando esas mismas políticas privatizadoras y desnacionalizadoras a cualquier precio y por cualquier medio, incluidos los que sirvieron para derrocar a los regímenes constitucionales del ex-Tercer Mundo en la década de los sesenta y principios de los setenta. No puede así descartarse el que en un plazo relativamente corto se pase de la desestabilización inducida por un propósito predominante de lucro financiero a una desestabilización que abiertamente busque imponer un “régimen de excepción”.


El desenlace se dará en condiciones distintas a las que prevalecían cuando las guerrillas y guerras revolucionarias sucedieron a la Revolución Cubana y a menudo coincidieron con la agudización de las presiones del bloque soviético y de los países árabes contra el dominio de Estados Unidos, Europa, y Japón. La desestabilización deliberada y posible, más que parte de una estrategia contrainsurgente, sería hoy parte de una política de globalización que reestructura al colonialismo en el mundo entero, incluso en las fronteras del imperio. Se daría para imponer, por la fuerza, la privatización y desnacionalización del país, y para detener el avance incontenible de las corrientes democráticas que plantean una política económica y social alternativa y un auténtico proyecto de democracia. La ruptura del orden Constitucional se daría -incluso con la apariencia de respetar ese orden-, ante la imposibilidad de controlar institucionalmente al Congreso, a los partidos y a los movimientos ciudadanos y sociales. Se daría igualmente para controlar a la Nación empobrecida mediante un reposicionamiento a lo largo de su territorio de las fuerzas policíaco-militares que quedarían a la cabeza del poder efectivo del Estado y del control de la población. Por supuesto serviría también para asegurar los procesos de privatización y desnacionalización a costa de los territorios públicos, comunales, de las pequeñas propiedades que se hallan en posesión de los pueblos indios y no indios. El carácter autoritario y represivo del régimen se legitimaría con un sistema político electoral simulado. También buscaría legitimarse con la persecución creciente y selectiva de la delincuencia organizada y no organizada, y “criminalizaría” a todos los opositores cívicos y políticos que sea necesario.


La posibilidad de que en la bifurcación, México siga ese camino, no puede descartarse. Para crecientes círculos dominantes las protestas sociales y los movimientos de resistencia legal y de acciones directas exigen una política firme en defensa del orden establecido. Esa es la única alternativa en que creen élites y oligarquías: mediante una profecía autorrealizada cierran todos los caminos pacíficos y políticos a los movimientos populares, y claman por el orden que asegure sus privilegios.


El problema ya es grave. Los políticos más conservadores del gobierno y la oposición ven actos subversivos y delictuosos en cualquier movimiento de protesta urbana o rural, y acusan a sus líderes -estudiantes, profesores, obreros, indios- de ser los causantes de las movilizaciones de masas, sin aceptar que éstas manifiesten su inconformidad por la grave situación a que las ha llevado la política neoliberal, un argumento por cierto que ni siquiera atienden y al que descartan como explicación poco seria. Su lógica ultra-conservadora, los lleva a sostener que “la violencia legal” es la mejor forma de resolver los problemas sociales. Por supuesto muchos no dejan de justificar y organizar “las operaciones encubiertas” como eufemísticamente llaman a los crímenes de Estado. El peor escenario imaginable es que la bifurcación tome el camino de la vieja y la nueva ultra-derecha mexicana. No necesariamente va a ocurrir, aunque en lógica de probabilidades parece indispensable hacer todo lo que se pueda para alejar semejante peligro.


En la larga crisis ha sido notable la actitud pacífica del pueblo mexicano, su inquebrantable oposición a cualquier acto terrorista, su movilización multitudinaria en favor de las políticas de paz, su creciente conciencia de lo que ocurre en una historia imprevista, en que originalmente creyó luchar contra los males del populismo dejando hacer o incluyo apoyando al neoliberalismo. Ahora gran parte de ese pueblo ve con claridad que la política neoliberal no llevó a un régimen más democrático y más justo, sino a uno más inequitativo, excluyente y represivo con libertades sumamente limitadas que la ruptura del orden constitucional anularía en forma aun más violenta e injusta. Su lucha, pues, tiene que orientarse hacia la construcción de una fuerza de paz con democracia que desde la sociedad civil presione para que la sociedad política imponga una política alternativa.


Esa política tiene que distinguirse del populismo nacionalista de los años treinta, del populismo de derecha del Partido Acción Nacional que quiere encabezar la herencia conservadora de la historia de México y combinarla con las luchas populares y cívicas que vienen del movimiento democrático-liberador representado por Heberto Castillo, del movimiento cívico representado por el Dr. Luis Nava, del movimiento contra los desaparecidos políticos representado por Rosario Ibarra de Piedra. Como alternativa al neoliberalismo priista y a sus recientes y vagas versiones de “neoliberalismo-social” el movimiento alternativo tiene que enarbolar un proyecto democrático de participación y representación popular, y de respeto al pluralismo religioso, ideológico y político, un proyecto de paz con democracia y con justicia social que construya las redes del desarrollo y del poder desde la sociedad civil y con la sociedad política.


La verdadera alternativa se dará entre las fuerzas que reconozcan la crisis terminal del neoliberalismo y construyan políticas y fuerzas democráticas en distintos niveles. Entre las medidas urgentes a concertar y consolidar se encuentran el alto a la salida policíaco-militar de los problemas sociales, y el apoyo a las alianzas políticas de los partidos que se comprometan con los movimientos sociales para tomar medidas concretas. En el primer terreno se encuentra el apoyo a la desmilitarización y la paz en Chiapas y el apoyo a la “Alianza por Chiapas” en que postula como candidato a gobernador a Pablo Salazar con el apoyo del PRD y del PAN, así como de una amplia gama de fuerzas democráticas. En el segundo terreno se encuentra un programa mínimo de medidas concretas contra la privatización escalonada o definitiva de la Electricidad, del Petróleo, y por un proyecto de recuperación de nuestra soberanía para la toma de decisiones en el desarrollo económico-social: ese programa mínimo no sólo requerirá la renegociación del TLC y de la deuda externa, sino el impulso a empresas sociales y públicas de producción de artículos y de prestación de servicios de primera necesidad. Exigirá una reforma fiscal para un sistema tributario menos inequitativo y más moderno, que empiece por anular tributos como el FOBAPROA-IPAB; el establecimiento de sistemas democráticos de auditorías autónomas y públicas para el control de la corrupción; la organización de un Estado democrático pluriétnico con reconocimiento de derechos a los pueblos indios y de la autonomía a los gobiernos democráticos locales, municipales, regionales, estatales; la reestructuración del sector público con los recursos necesarios para hacer efectivo el derecho a la educación desde sus niveles elementales hasta los universitarios y superiores; la reestructuración de la salud pública, de la seguridad social, y del mercado interno para aumentar las fuentes de trabajo profesional, calificado y no calificado con fines sociales. El nuevo proyecto, concertado y democrático, tendría que estructurar un nuevo equilibrio de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) que acabe con el presidencialismo sin disminuir la capacidad ejecutiva de la sociedad y el Estado. Su realización supone el acuerdo inmediato de un respeto claro tanto al proceso electoral como a sus resultados. Con dos de los tres grandes partidos que lo avalen la gobernabilidad democrática quedaría fortalecida para las elecciones y en el período post-electoral.


En el corto plazo la sucesión presidencial plantea la posibilidad de un verdadero voto útil, que escape a la falsa alternativa neoliberal por la que se supone que el PAN cambiaría el curso histórico de México en un sentido contrario a la globalización avasalladora y al neoliberalismo del México-mercancía. La alternancia sin alternativa nos llevaría a un voto inútil para detener al neoliberalismo en sus versiones priistas y panistas. La alternancia en el sistema gubernamental es necesaria; pero no menos importante es un cambio de política económico-social que basado en el apoyo ciudadano defienda una alternativa para la sobrevivencia nacional y para la solución acumulativa de problemas sociales, económicos, culturales y políticos que interesan al conjunto de la población.


Lograr el triunfo de las fuerzas que pugnen por esa política y que se apoyen en los ciudadanos y los pueblos, implica luchar contra el abstencionismo, por el sufragio efectivo y por la más amplia participación de la ciudadanía en el proceso electoral. El triunfo del PAN puede significar un cambio del régimen de partido de Estado a un régimen de partidos de Estado, y la continuidad del neoliberalismo. Para acercarse a la opción democrática de la bifurcación, las candidaturas de Cuauhtémoc Cárdenas, de Andrés Manuel López Obrador y del PRD son, sin duda, las que presentan una mayor garantía de alcanzar las metas mínimas que aseguren la paz con democracia. Considerar la alternancia sin alternativa como un paso mínimo y práctico es un engaño mayúsculo desde el punto de vista de una paz negociada y de una democracia gobernable. A lo único a que nos llevaría es a enfrentamientos y conflictos de altísima peligrosidad para México y para los propios Estados Unidos. Sólo un acuerdo de partidos que no se quede en las vaguedades democratizantes y falsas del neoliberalismo avasallador impedirá en forma lógica y práctica el que México enfile a la salida policíaco-militar de la bifurcación.


Desde el punto de vista de la lógica de la seguridad que prevalece en los círculos hegemónicos, el problema ha sido planteado con toda claridad por James F. Rochlin: “Con respecto a México –escribe- un doble proceso parece estar en camino: (1) Más represión por parte del Estado para contener un caos en ascenso; o un (2) progreso creciente hacia la democracia...” Y más lejos añade: “Para que el progreso hacia la democracia pueda reducir el ‘racket’ de la “seguridad” y la fuerza de los grupos subversivos, necesitará acompañarse de un reparto más equitativo de la riqueza si quiere tener éxito”. Y concluye con certera profundidad: “Un vínculo crucial entre las estructuras de producción y de seguridad es el concepto de un buen gobierno. La estabilidad y la paz sustancial pueden ser cultivadas por un buen gobierno mediante políticas que generen consenso social. Una integración económica exitosa, por lo tanto, implicaría impulsar la hegemonía (el poder por convicción o persuasión), y por lo tanto la fusión conceptual de la seguridad estatal y de la seguridad social”.1 Reflexiones como esa pueden llevar a una política alternativa que se base en una auténtica democracia y en una seguridad con justicia social. Previendo el futuro necesario construirán el futuro posible. Exigiendo lo que hoy parece imposible descubrirán lo posible.


Ciudad Universitaria, junio del 2000


1 James F. Rochlin. Redefining Mexican “Security” Society, State & Region Under Nafta, Boulder, Lynne Rienner, 1997, p. 190.

Publicado en América Latina en Movimiento, No. 316: http://alainet.org/publica/316.phtml





http://www.alainet.org/active/840&lang=es




[Página de búsquedas]  [Página principal]  [Main Page]  [Regresar]
Quienes somos | Área Mujeres | Minga Informativa de Movimientos Sociales