ALAI, América Latina en Movimiento
2003-12-09
La 8ª. Reunión Ministerial del ALCA en Miami: una salida evasiva para evitar un nuevo fracaso
Raúl Moreno
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Con
las imágenes todavía frescas del fantasma del fracaso
de la recién pasada Reunión de la Organización
Mundial de Comercio (OMC) en Cancún, donde los gobiernos de
Estados Unidos y la Unión Europea fueron adversados por los
países agrupados en el G-21, firmes en la convicción de
luchar por la eliminación del proteccionismo a la agricultura;
y con fuertes temores por parte de Estados Unidos de que en el plano
regional la historia pudiera repetirse, como producto de su
intransigencia demostrada en el proceso de negociaciones del Área
de Libre Comercio de las Américas (ALCA); el 19 y 20 de
noviembre de 2003, se llevó a cabo en Miami la 8ª.
Reunión Ministerial del ALCA.
La
8ª. Reunión se presentaba como un encuentro clave para el
futuro de esta iniciativa que pretenden implementar a partir de enero
de 2005. La franca oposición al ALCA de la República
Bolivariana de Venezuela, la postura crítica de Brasil en
materia agrícola, compras gubernamentales y derechos de
propiedad intelectual, y el posicionamiento de los gobiernos del
Mercosur, configuraban un escenario inequívoco de
confrontación y falta de entendimiento con el gobierno
estadounidense en los puntos sustantivos del ALCA; de allí la
ingente necesidad de darle una salida que evitara una ruptura y diera
continuidad al proceso conducido por Estados Unidos.
Era
evidente que la propuesta inicial estadounidense de un “ALCA
profundo” resultaba insostenible --sólo gobiernos
obsecuentes, como el de El Salvador, lo seguirían apoyando-- y
no superaría la oposición de algunos de los países
sudamericanos, con lo cual se correría el riesgo de ver
fracasar el proceso ALCA; de allí la táctica de Estados
Unidos –apoyada por Brasil-- de decantarse por una salida de
emergencia, que evada y postergue la discusión y los acuerdos
sobre los temas centrales y controversiales del ALCA, situación
que modifica --con relación al proyecto inicial--, el grado de
participación de los 34 países que lo integran.
Durante
cuatro días Miami se transformó en una ciudad
militarizada[1],
las calles del centro de la ciudad quedaron abandonadas de la
población oriunda y sus permanentes turistas, y varios
millares de policías y efectivos militares --equipados cual si
fueran a enfrentar una cruenta batalla con algún portentoso
ejército enemigo--, fueron el paisaje que recibió a
decenas de miles de personas que se dieron cita para expresar su
inconformidad con el ALCA.
Las
organizaciones sociales se dieron cita en Miami para presentar sus
diagnósticos, debatieron sobre las perniciosas implicaciones
que el ALCA generaría en la vida de los pueblos del continente
y delinearon sus propuestas alternativas. Otra de las actividades
importantes fue la marcha contra el ALCA, ésta se llevó
a cabo a lo largo de un circuito delimitado previamente y bordeado
por la policía; fue una auténtica fiesta pacífica
que contó con la participación de millares de mujeres y
hombres de los más diversos sectores sociales de todos los
países de las Américas; no obstante, al finalizar la
jornada el ambiente se malogró con las acciones violentas
producto del uso desproporcionado de la fuerza por parte de la
policía contra los manifestantes, esto derivó no sólo
en la detención de más de doscientas de personas, sino
de varias decenas de lesionados y heridos.
Previo
a la reunión de Miami se dibujaban al menos tres escenarios.
El primero pudo haber sido que Miami se convirtiera en otro Cancún,
con el coste que supondría para Estados Unidos un nuevo
fracaso –ahora en el marco de la negociación regional—,
derivado de su sempiterna posición proteccionista en materia
agrícola. En el segundo escenario, poco o nada probable,
Estados Unidos pudo haber cedido en su férrea postura
proteccionista ante los gobiernos del continente, pero esto le
hubiera reportado un importante retroceso respecto de su posición
unilateralista compartida con la Unión Europea en el seno de
la OMC, lo cual era simplemente inadmisible para ellos.
El
tercer escenario, que se convirtió en la opción asumida
en Miami, y que le representa a Estados Unidos una salida airosa, fué
lograr un acuerdo mínimo, que da pie a un “ALCA a la
carta”, con el cual momentáneamente le permite evadir la
discusión de los polémicos temas fundamentales,
destrabar la oposición y además deja las condiciones
establecidas para firmar un ALCA –incluso de contenidos más
radicales que los del proyecto inicial, un ALCA+—en la medida
en que abre la posibilidad de negociaciones subregionales y/o
bilaterales[2].
Así,
la resolución de la 8ª. Reunión Ministerial ALCA
permite a Estados Unidos asilar la oposición, excluir de las
negociaciones a los gobiernos en desacuerdo para incluir en acuerdos
subregionales y biliaterales sólo a aquellos países que
“lo deseen”, superando con ello lo que antes era una
limitación real para hechar a andar el ALCA en 2005, dado el
compromiso de asumir las decisiones por consenso.
Es
obvio que esta vía abre la puerta a escenarios más
adversos para las pequeñas economías, quienes en el
plano subregional –como Centroamérica—o bilateral
–como El Salvador—nada tienen que adversar a los Estados
Unidos, como lo demuestran los once meses de “negociaciones”
del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados
Unidos (TLC CA-EU ó CAFTA, por sus siglas en inglés)
durante los cuales los gobiernos de la región se han reducido
a “regatear” el acceso al mercado estadounidense para
algunos productos, mientras que responden “amén” a
todos los aspectos sustantivos del Tratado planteados por el equipo
negociador estadounidense[3].
La
Reunión prevista inicialmente para dos días, adelantó
sorpresivamente un día su finalización. El escaso
tiempo previsto para encontrar acuerdos en temas tan complejos y
polémicos como subsidios agrícolas, protección
medio ambiental, servicios, inversiones, derechos de propiedad
intelectual y pequeñas economías, se gastó en
extensos discursos y largas presentaciones, evidenciando que la
táctica era disponer del mínimo de tiempo efectivo para
la discusión y así evitar el debate sobre los puntos
críticos del ALCA. Sorpresivamente, en un abrir y cerrar de
ojos, en no más de quince minutos, el texto final de la
Reunión de Ministros del ALCA estaba aprobado.
El
documento aprobado representa un auténtico “ejercicio de
malabarismo”, sus partes están cuidadosamente pegadas
con hilos muy débiles, que hubo que cuidar para evitar que
pudieran romperse con una enorme facilidad; no obstante, la
declaración es todo lo general como para ser presentada por
cualquier gobierno como un resultado exitoso, en tanto deja abierto
amplios márgenes para negociar con los límites,
alcances y profundidad que cada gobierno defina.
Ahora
se dispone de un “ALCA a la carta” donde teóricamente
cada gobierno podrá servirse lo que desea del menú,
pero que en la práctica es conocido –como lo demuestran
la experiencia del Tratado de Libre Comercio de Norte América—que
el plato es escogido y servido por quien se adueña del
banquete, con independencia de las preferencias y gustos de los
“invitados”.
En
el texto precario y frágil de la declaración final, las
decisiones de fondo fueron evadidas por los Ministros y
trasladadas al Comité de Negociaciones Comerciales (CNC) y al
Comité Técnico de Asuntos Institucionales (CTI)[4],
con ello se logró saltar los cuellos de botella, se obvió
al fantasma del fracaso y ha permitido argumentar el éxito de
la 8ª. reunión. Transferir los nudos y desacuerdos del
ALCA al CNC resulta excesivo, dada la limitación de sus
competencias, que deja fuera de su alcance asumir decisiones sobre
los puntos pendientes de resolución. Sólo mediante un
acto de magia espectacular la próxima reunión del CNC
de febrero podría resolver esta compleja situación, que
ha de marcar el destino del ALCA.
Tanto
para los gobiernos que han propugnado por un “ALCA profundo”
–como Estados Unidos, El Salvador y Chile--, sin restricciones
para la inversión extranjera y con proteccionismo agrícola
estadounidense, como para otros países que buscaban un “ALCA
light” –cual es el caso de Brasil--, la declaración
final de la Reunión de Miami, les aporta elementos para
articular un discurso triunfalista.
Los
primeros porque ahora tiene “luz verde” para ir
completando el rompecabezas del ALCA colocando pieza por pieza, es
decir TLC por TLC, sin que enfrenten obstáculos a sus
propósitos; mientras que los segundos, que identifican una
“victoria” en la flexibilización táctica
que los Estados Unidos asumió en Miami, argumentando que ha
tenido que ceder a su propósito inicial de un “ALCA
profundo”, aunque es obvio que el ALCA continúa
adelante, hechando mano de nuevas tácticas.
Después
de Miami, de ninguna manera nos encontramos frente a una situación
victoriosa y mucho menos, favorable para los pueblos de las Américas,
pues simplemente los temas sustantivos han quedado relegados en otro
plano y el acuerdo alcanzado permite profundizar tanto como lo
permitan y/o deseen los gobiernos. Ahora en el plano regional no se
exigirá que los 34 países del ALCA lo suscriban, con lo
cual se obvia la oposición que Venezuela o Brasil pudieran
sostener, eliminando así las ventajas “no buscadas”
por el resto de países de la región que se derivarían
de la postura negociadora de la oposición. Quedamos
abandonados a una negociación subregional –donde se ha
hecho desaparecer la oposición inspirada en los intereses
nacionales—y bilateral, a través de los TLC, donde el
poder negociador para las pequeñas economías no existe.
Esta
salida táctica de Estados Unidos sólo pudo ser posible
con la aceptación de quiénes se han opuesto al proyecto
del “ALCA profundo”. Venezuela ratifica la declaración
con reserva de las fechas[5],
incluye en el texto que los compromisos deben ser compatibles con la
soberanía de los Estados y sus Constituciones[6]
y propone revisar el octavo párrafo[7];
esto último puso en pánico generalizado a la Reunión
durante los 15 minutos de debate, pues se veía fracasar el
intento, hasta que Brasil –que copreside la Reunión
juntamente con Estados Unidos-- diluye la situación,
compromentiéndose a un acercamiento bilateral y apoyando que
la propuesta venezolana se abordaría en la próxima
reunión de Puebla, México del CNC.
Por
otra parte, la declaración final de Miami tampoco define
mandatos, traslada al CNC esa respondabilidad; mientras tanto la
negociación permanece estancada, los diferentes grupos están
paralizados esperando el mandato que se espera dinamará
milagrosamente de la próxima reunión de febrero del
2004.
Para
la región centroamericana, que en diciembre del 2003 proyecta
finalizar las “negociaciones” de un TLC con Estados
Unidos, el resultado de la Reunión de Miami poco modifica su
situación actual, pues los gobiernos de la región ya
han avanzado en el otorgamiento de todas las condiciones que Estados
Unidos podría buscar en el ALCA, dada la enorme coincidencia
de contenidos y principios entre ambos proyectos; es en este sentido
que se ha planteado que para Centroamérica el TLC CA-EU es el
ALCA.
Además,
la vía adoptada en Miami, confirma que los tratados
bilaterales –como los TLC y Tratados Bilaterales de Inversión
(TBI)—constituyen el instrumento táctico utilizado por
Estados Unidos para consolidar un bloque económico continental
bajo su hegemonía.
La
obsecuencia y el entreguismo de los gobiernos centroamericanos,
aunado a la desproporcionada capacidad para determinar e imponer la
agenda por parte de Estados Unidos, convierte a estos tratados en un
medio que garantiza la transformación de privilegios en
derechos para las empresas transnacionales estadounidenses, en la
medida en que estos acuerdos internacionales subordinan toda la
legislación secundaria de nuestras naciones, modificando así
nuestros marcos jurídicos.
A
diferencia del discurso oficial y de las gremiales empresariales, que
identifican en el ALCA y el TLC como instrumentos eminentemente
comerciales, que se promocionan como medios para el fomento de las
exportaciones y generación de empleo; por sus contenidos y
principios es evidente que con el ALCA y los TLC estamos frente a
proyectos que tienen un alcance mucho más profundo y complejo,
que trasciende a todos los órdenes de la vida, su alcance está
sólo limitado por el interés de las inversiones
extranjeras de suprimir cualquier tipo de regulación por parte
de los estados nacionales y lograr un acceso irrestricto en todas las
áreas posibles.
No
obstante, los gobiernos centroamericanos en ningún momento han
cuestionado los aspectos medulares del TLC y ALCA que minan la
soberanía de nuestras naciones, limitan la posibilidad de
definir nuestras propias políticas nacionales de desarrollo,
amarran a las empresas públicas para la competencia con
transnacionales; además amenazan con acabar la
producción agropecuaria, apropiarse de nuestros recursos
naturales y biodiversidad, avanzar en las áreas de los
servicios públicos que aún no han sido privatizadas y
desplazar a las empresas nacionales en las licitaciones públicas.
Frente
al estado del ALCA y el TLC sería ridículo esperar que
los gobiernos garantizaran para nuestros pueblos acuerdos que
salvaguarden sus intereses y derechos. Los compromisos de
transparencia y participación de la sociedad civil son sólo
recursos discursivos que buscan imprimirle un barniz democrático
a un proceso esencialmente antidemocrático, como lo demuestra
la mal llamada consulta de la sociedad civil organizada en San
Salvador con ocasión de la última reunión
Vicemisterial del ALCA, que en esencia fue una reunión en un
lujoso hotel capitalino donde algunas universidades privadas –de
manera engañanda—planteraron sus puntos de vista
respecto del ALCA.
Después
de Miami se hace más evidente aún la necesidad de
profundizar la lucha desde lo nacional y local, y fortalecer las
articulaciones continentales. Parar el ALCA y construir “Otra
América” impone el reto de avanzar en la organización
y resistencia coordinada desde los territorios, elevar la
articulación de los movimientos sociales, continuar en los
esfuerzos de alfabetización y de movilización social, y
trabajar en el desarrollo de propuestas alternativas que, desde
principios de participación democrática, reducción
de las desigualdades y sustentabilidad, afirmen nuestro proyecto de
desarrollo nacional.
*
Raúl Moreno. Economista, catedrático
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El
Salvador, Presidente del Centro para la Defensa del Consumidor y
miembro de la Red Sinti Techan.
[1]
Se conoce que el Congreso Estadounidense aprobó un
presupuesto superior a los US $ 8 millones para cubrir la
“seguridad” de la 8a. Reunión Ministerial del
ALCA.
[2]
En la Declaración Ministerial ALCA, 8ª. Reunión
Ministerial de Comercio de Miami, Estados Unidos, 20 de noviembre de
2003, se plantea expresamente que “...reiteramos que el ALCA
puede coexistir con acuerdos bilaterales y subregionales ...”
párrafo 3, p. 1.
[3]
La estrategia negociadora de los gobiernos centroamericanos se
reduce a consolidar las ventajas arancelarias ya vigentes para
algunos productos del área, otorgados por la Iniciativa de la
Cuenca del Caribe y el Sistema Generalizado de Preferencias,
expandir la inversión maquiladora y proyectar en el mercado
estadounidense la exportación de “productos
nostálgicos” o “étnicos” entre la
población nacional residente en Estados Unidos; mientras
tanto, los intereses del norte buscan: acceso irrestricto a nuestros
mercados, eliminación de cualquier regulación al
funcionamiento de sus inversiones, fortalecer sus derechos de
propiedad intelectual, acceso de sus transnacionales a las compras
gubernamentales y a la privatización de los servicios
públicos. En este proceso de “negociaciones”, la
única objeción sustantiva viene del gobierno de Costa
Rica quien ha planteado su oposición de incluir en el TLC
CA-EU los servicios de telecomunicaciones, energía y seguros
que todavía son proveídos por empresas pública,
para evitar su privatización; esto ha sido objeto de fuertes
presiones por parte de Estados Unidos, tales como plantear un TLC
CA-EU con cuatro y no cinco.
[4]
Ver: Declaración Ministerial, párrafo 10, Op cít.
[5]
Venezuela reitera su reserva expresada en la Declaración de
Québec en cuanto a la entrada en vigor del ALCA en el 2005.
[6]
Declaración Ministerial, párrafo 4, Op cít.