ALAI, América Latina en Movimiento
2010-02-01
Las movilizaciones indígenas en 2009
Diana de Horna Cicka
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Apenas han pasado cuatro décadas desde la fundación de las primeras organizaciones indígenas. Fue en los años setenta cuando la revitalización de la identidad indígena en el continente americano impulsó la forja de alianzas que, en muchos casos, aún siguen hoy articulando y amplificando las reivindicaciones de las comunidades, igual que continúan enfrentándose a gobiernos, organismos financieros e intereses económicos diversos.
Esencialmente, las necesidades de los pueblos indígenas son las mismas en 2009 que eran en 1970, como recoge la Declaración Universal aprobada por la ONU hace dos años: el derecho a preservar su identidad distintiva, su lengua y su cultura; el derecho a no ser objeto de violencia ni discriminación, menos aún a causa de su origen étnico; el derecho a ser dueños de su futuro -esa autodeterminación tan temida por los gobiernos- y de sus territorios ancestrales. Podríamos pensar que si estas necesidades han de ser todavía reclamadas es porque el grado de acoso al que se somete a estas comunidades no ha cambiado tampoco. Pero conviene no olvidar que, aunque es muy cierto que estamos aún lejos de que sus derechos se cumplan sin escollos, hoy los indígenas cuentan con un respaldo legal (a través de acuerdos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, por ejemplo), y con una capacidad de movilización que permite que en la actualidad la violación de sus derechos, en cualquier lugar, sea difundida en cuestión de horas por todo el mundo. Esto es así, también, porque en las últimas décadas se ha dado un cambio profundo en la percepción que la opinión pública “occidental” tiene del movimiento indígena: además de haberse avanzado mucho en el conocimiento de la realidad de estos pueblos, las reivindicaciones indígenas entroncan con una sensibilidad social hacia la preservación del medio ambiente y el respeto a los derechos humanos que ha venido a sustituir a las actitudes paternalistas y racistas que predominaban hasta la mitad del siglo XX, lo que hemos podido constatar el pasado mes de junio a raíz de los sucesos de Bagua, cuando se multiplicaron las muestras de apoyo y solidaridad con los indígenas amazónicos. [1]
La respuesta al creciente control del territorio por parte de las multinacionales
Algo que ha contribuido a dar cohesión a las movilizaciones indígenas desde hace al menos veinte años ha sido el reconocimiento de un agresor común, con nombre propio, que ha ido haciendo acto de presencia en todos los rincones del planeta: Shell, Repsol, Endesa, Texaco, por poner sólo algunos ejemplos, han provocado estragos medioambientales y humanos contra los que se han unido, no sólo las comunidades afectadas desde el Cono Sur hasta Siberia -gran parte de ellas indígenas-, sino también activistas políticos y sociales, sindicatos, asociaciones ecologistas y de derechos humanos en una red internacional que ha multiplicado el alcance que estos colectivos tendrían por separado. Un ejemplo serían las reuniones internacionales celebradas a lo largo del año 2009, como el Foro Social Mundial de Belem, en Brasil, o el V Encuentro contra Represas, en Panamá. Igualmente importantes son iniciativas como el Tribunal Permanente de los Pueblos, que realizó en marzo una sesión especial en Honduras, o la propuesta, presentada también este año por parte de dos relatores de la ONU, de crear un Tribunal para los derechos humanos que pueda juzgar a las multinacionales que se resisten a asumir responsabilidad por el impacto de sus actividades.
Todo lo anterior puede servirnos para comprender las motivaciones, dificultades y estrategias de las movilizaciones indígenas, así como para entrever un hilo conductor entre las diferentes protestas que en 2009 han dado la vuelta al mundo: el 6 de enero, en Colombia, los indígenas embera se instalaron pacíficamente en un lugar conocido como Cerro Careperro, en el territorio de Jiguamiandó, donde la multinacional Muriel Mining Corporation tenía previsto iniciar la explotación de dieciséis mil hectáreas para la extracción de oro, cobre y molibdeno durante 30 años. Continuaron allí hasta que, a mediados de febrero, la empresa decidió abandonar el lugar y suspender su actividad. El 9 de abril comenzaron las protestas de los indígenas de la Amazonia peruana para exigir la derogación de las llamadas “leyes de la selva”, nueve decretos que vulneran su derecho a la propiedad y el control sobre sus propios recursos naturales. Después de haber declarado el estado de excepción, el gobierno envió a la policía contra los manifestantes, intervención que se saldó el 5 de junio con la muerte de más de treinta personas. A principios de mayo, en Bolivia, los quechuas del sur del país forzaron a la multinacional Vista Gold a que abandonase su proyecto de explotación de la mina de oro de Amayapampa.
En agosto, en la isla de Borneo, doce comunidades penan se aliaron para bloquear el acceso por carretera de las compañías madereras y agrícolas que están talando la selva para plantar palma aceitera. El 28 de septiembre se iniciaron en Ecuador las movilizaciones de comunidades indígenas agrupadas dentro de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). Con el corte de carreteras tanto en la Sierra como en la Amazonia, los indígenas exigían al Gobierno, entre otras cosas, el fin de la ocupación de sus tierras por compañías transnacionales, y denunciaban los “impactos negativos en el ambiente y en el deterioro de la calidad de vida y depredación de nuestros territorios por la explotación indiscriminada de los recursos naturales”. [2] También a finales de septiembre, la empresa minera Linear Gold Corporation abandonó sus instalaciones en Chiapas, y suspendió sus actividades, cerrando el proyecto de Ixhuatán. Aunque es posible que en el futuro la empresa retome la extracción de oro y plata de sus concesiones en Chiapas, la decisión de suspender sus actividades ha venido condicionada en buena parte por la presión social que la población local ha venido ejerciendo. [3]
El 5 de octubre, en la ciudad de Muniguda, en la India, tres mil personas bloquearon la carretera principal, culminando una marcha que había durado una semana. Los manifestantes pertenecían a comunidades locales, especialmente a la tribu dongria kondh, de cuya montaña sagrada la multinacional Vedanta Resources pretende extraer bauxita. Un día más tarde, el 6 de octubre, y después de haber marchado durante 370 kilómetros, llegaban hasta la Asamblea Nacional de Diputados de la capital de Panamá 150 indígenas, acompañados por unos mil simpatizantes. En la Asamblea, donde se les otorgó cortesía de sala, exigieron la derogación de todos los contratos de concesión que provocan expropiación de tierras y desalojos masivos de comunidades por parte de empresas transnacionales. Y por último, el 28 de octubre, los indígenas kayapó de Brasil comenzaron, en la comunidad de Piaraçú, una protesta de una semana de duración contra la construcción de cinco presas a lo largo del río Xingú.
Más allá de la lucha por defender sus tierras de la avalancha de proyectos de explotación y “desarrollo” auspiciados por las compañías transnacionales y promovidos por los gobiernos, los pueblos indígenas son conscientes de que lo que está en juego es, como declaró Alberto Pizango, [4] “un modelo de vida” en el que, efectivamente, la tierra adquiere un valor fundamental en el plano de la supervivencia material, pero sobre todo también en la vida espiritual y la identidad de las comunidades. En este sentido, organizaciones indígenas de Guatemala han manifestado recientemente que “la economía de mercado capitalista ha representado un peligro para las formas propias de organización social, minando la solidaridad, perdiendo nuestros territorios, negándonos procesos de autonomía y haciendo cada vez más lejano el alcance de la justicia social”. [5] La forma legal que más se acerca a la concepción indígena del territorio sería el reconocimiento del derecho a la propiedad territorial comunal, en tanto que los indígenas tienen “una visión distinta del territorio porque para nosotros es un bien colectivo, no individual, y además está relacionado a costumbres y valores culturales”. [6]
Las vías de lucha de los pueblos indígenas
Los acuerdos internacionales hacen referencia a los derechos colectivos de los pueblos indígenas de una forma aún insuficientemente definida, [7] y no exigen que la propiedad territorial que se les reconoce deba ser exclusivamente de carácter comunitario. Sin embargo, las organizaciones indígenas sí han podido basar su estrategia legal en determinados artículos, en particular en lo referente a sus derechos de propiedad sobre las tierras que ocupan de forma tradicional, y a la exigencia de que se les consulte acerca de cualquier medida legal o administrativa que les afecte, o antes de iniciarse cualquier programa de explotación de los recursos existentes en sus territorios. A este respecto es importante señalar una de las conclusiones del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas, en su octavo periodo de sesiones celebrado en mayo de 2009: “El Foro Permanente ha prestado particular atención al considerable aumento del presupuesto del Banco Mundial destinado a infraestructura, de 15.000 millones de dólares a 45.000 millones de dólares en 2009, para las economías primarias de los Estados en desarrollo. Es preciso entender claramente las consecuencias de este hecho en lo que atañe al respeto y la protección de los derechos de los pueblos indígenas, y garantizar que se respete el deber imperativo de obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados por los proyectos de infraestructura”. [8]
El marco legal internacional tiene en cuenta otro elemento clave en la estrategia actual de las movilizaciones indígenas: la comunicación. En el Convenio 169 de la OIT, de 1989, se recoge ya la necesidad de que los medios de comunicación reflejen debidamente la diversidad cultural indígena, y de que los indígenas puedan acceder sin discriminación a los medios públicos y privados.
Una muestra de la importancia de la difusión de información es el encuentro de comunicadores indígenas convocado el pasado mes de junio en Bolivia por la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de Pueblos Indígenas. Entre las conclusiones de este encuentro estaría no sólo la definición de comunicación como “herramienta de lucha ideológica, al servicio de nuestros pueblos y de aquellos proyectos que abogan por una transformación social y cultural” sino como medio para el establecimiento de alianzas “con todos aquellos sectores y grupos que comparten con nuestros pueblos el desafío de una comunicación que sea sinónimo de construcción de comunidad, impulsora de una nueva relación entre los pueblos y las personas”, [9] lo que viene a enlazar con el afán transnacional de las movilizaciones indígenas. Este aspecto quedó también patente en la declaración de la IV Cumbre de Indígenas de las Américas celebrada en mayo en la ciudad de Puno, Perú, en la que se expresó “la necesidad de continuar la lucha indígena mediante su unión internacional”. [10] Unión que se torna visible en la forma que adoptan las protestas indígenas: bloqueo de carreteras y vías fluviales de acceso a sus territorios, toma de instalaciones de compañías transnacionales, manifestaciones pacíficas que podemos ver de un rincón a otro del planeta.
Después de siglos de resistencia, es ahora cuando la visibilidad y repercusión social que ha alcanzado el movimiento indígena hace que sea considerado como una fuerza importante, especialmente en Latinoamérica, en la oposición a la globalización neoliberal. [11] En este sentido, el año 2009 marca un punto de inflexión, al quebrarse la impunidad con la que hasta ahora se permitía actuar a las compañías transnacionales: en mayo, una de las principales compañías petroleras, la Royal Dutch Shell, ha debido comparecer ante los tribunales acusada de graves violaciones de derechos humanos cometidas contra el pueblo ogoni en Nigeria. Según los demandantes, la compañía fue cómplice del gobierno dictatorial en la ejecución, en 1995, de “los nueve ogoni”, entre los que se encontraba el escritor y activista medioambiental Ken Saro-Wiwa. A pesar de que la petrolera ha decidido pagar quince millones y medio de dólares para evitar el juicio, el hecho de que se le haya exigido responder de sus actividades y que haya sido expuesta a escrutinio público sienta un precedente legal y social que contribuirá a seguir rompiendo el silencio.
El Banco Mundial, todo un icono del efecto devastador de las grandes infraestructuras sobre las poblaciones indígenas, ha tomado también este año, en el mes de septiembre, una decisión histórica: tras las numerosas protestas recibidas por parte de organizaciones indígenas y ecologistas, anunció el cese de toda financiación a empresas productoras de aceite de palma hasta poderse garantizar que estos proyectos no ocasionan daños sociales ni medioambientales.
Por último, la reivindicación de los derechos territoriales indígenas recibió un espaldarazo el pasado mes de marzo, cuando tras años de conflictos, el Supremo Tribunal Federal de Brasil dictaminó la ilegalidad de los arrozales que ocupaban gran parte del territorio de indígenas en Raposa-Serra do Sol, al norte del país. Los terratenientes fueron obligados a abandonar las tierras a partir de mayo, reconociéndose así el derecho de más de veinte mil indígenas macuxí al uso exclusivo de sus territorios.
Son muchas las asignaturas que los “nape” [12] tenemos pendientes con los pueblos indígenas. Si por parte de la sociedad civil las barreras a superar son el desconocimiento y la indiferencia, por parte de los gobiernos es prioritario el cumplimiento de los derechos reconocidos a estos pueblos. Escamotearlos o pervertirlos podrá entorpecer pero no detener ya el avance de un movimiento que tiene raíces muy profundas, y que seguirá dando fruto incluso en los climas más adversos.
- Diana de Horna Cicka
Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)
Notas
[1] Puede verse un mapa con la distribución geográfica de los actos de apoyo a los indígenas peruanos en la página de Políticas Públicas.
[2] Agenda de Diálogo entre CONAIE y Gobierno de Correa, Diálogo por un Estado plurinacional y el Sumak Kawsay.
[3] Véase el Boletín del Frente de Trabajadores de la Energía de México.
[4] Alberto Pizango era Presidente de la organización indígena AIDESEP (Asociación Interétnica del Desarrollo de la Selva Peruana) en el momento de las protestas, y solicitó asilo en Nicaragua debido a la orden de detención emitida contra él por sedición y motín en agravio del Estado.
[5] “Posicionamiento de organizaciones de Pueblos Indígenas ante la situación nacional” El Periódico de Guatemala, 14 de junio de 2009. Véase en la página de Rebelión.
[6] Robert Guimaraes, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), en “Campaña jurídica contra decreto sobre inversiones” Inter. Press Service, 28 de mayo de 2009 (véase en la página de Inter Press Service). En relación con las movilizaciones de las organizaciones indígenas de la Amazonia peruana contra los “decretos de la selva”, Robert Guimaraes afirmó también que, en concreto, el decreto legislativo 1.015 fomenta la desarticulación del sistema de propiedad colectiva de los pueblos indígenas.
[7] Por ejemplo, el Convenio 169 de la OIT, en su Artículo 13, Parte II: Tierras, establece que “los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación”.
[8] Consejo Económico y Social de la ONU. Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Informe sobre el octavo período de sesiones. Naciones Unidas, Nueva York, 2009. Véase en la página de la ONU.
[9] “Comunicadores indígenas del continente se dieron cita en Santa Cruz, Bolivia”, Azkintuwe, 10 de julio de 2009. Véase en la página de Azkintuwe.
[10] Artículo 32 de la Declaración sobre Pueblos Indígenas de la ONU: “Los gobiernos deberán tomar medidas apropiadas, incluso por medio de acuerdos internacionales, para facilitar los contactos y la cooperación entre pueblos indígenas y tribales a través de las fronteras, incluidas las actividades en las esferas económica, social, cultural y del medio ambiente”.
[11] Véase el informe del National Intelligence Council de Estados Unidos para el año 2020, Retos para la Gobernanza. Disponible en la página del National Intelligence Council.
[12] Persona extraña, y por extensión los blancos, en lengua yanomami.
http://www.alainet.org/active/35861
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