ALAI, América Latina en Movimiento
2009-09-28
Colombia
El proyecto autoritario pretende perpetuarse
Pedro Santana Rodríguez
Muy pocos albergan dudas sobre las pretensiones de la coalición uribista de perpetuarse en el poder de manera indefinida. Los grandes sectores económicos y financieros tras expresar algunas dudas han salido recientemente a dar su apoyo al proyecto reeleccionista, es esta la posición pública de Luís Carlos Sarmiento Angulo. Otros cacaos han guardado silencio hasta ahora, pero, no demorarán en pronunciarse para tratar de presionar a la Corte Constitucional en el momento en que entre a definir la suerte de la ley que permitiría un referendo para la reelección de Uribe.
La coalición ha hecho todo lo posible para garantizar que por la vía del referendo se pueda volver a presentar Uribe a la contienda política haciendo uso de todo el poder sin mecanismos de control. El Procurador viene mostrando en sus determinaciones que está del lado del Gobierno. Actualmente sostiene un pulso con la Corte Suprema de Justicia para favorecer a los parlamentarios acusados de sostener nexos y recibir apoyos económicos y armados por parte de los grupos paramilitares. En efecto, el procurador Ordóñez ha señalado que se está violando el debido proceso con la reciente decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de retomar la competencia para proseguir con las investigaciones que había asumido la Fiscalía, sobre cerca de 45 parlamentarios que habían renunciado al fuero para que sus procesos pasaran a la Fiscalía General de la Nación. La decisión de la Corte profundizará el enfrentamiento entre ésta y el Gobierno de Uribe. La Corte Suprema además ha sentado nueva jurisprudencia sobre la calificación del delito de asociación para delinquir, delito por el cual se juzga o investiga a 83 parlamentarios, la mayoría de los cuales pertenecen a todos los partidos de la coalición de Gobierno. En decisión unánime, tomada este lunes 21 de septiembre, la Sala Penal ha señalado que los parlamentarios investigados por sus nexos con los grupos paramilitares podrían también ser enjuiciados por delitos de lesa humanidad cometidos por los grupos paramilitares y de los cuáles se beneficiaron los parapolíticos para deshacerse de líderes de oposición o líderes sociales que se oponían a su macabro proyecto. Esto pone las cosas en otro lugar por cuanto las penas ya no serían como hasta ahora de un máximo de ocho años sino que subirían por la gravedad de los delitos de lesa humanidad. La Corte ha señalado que los parapolíticos actuaban en la práctica como el brazo político de los grupos criminales y por tal razón deberán también responder solidariamente por los delitos de lesa humanidad cometidos por estos grupos. Se explica entonces la virulencia de los ataques de que es objeto la Sala Penal de la Corte por parte del Gobierno de Uribe.
Otro asunto que empeora las cosas para los parlamentarios investigados tiene que ver con las consecuencias que traerá la negativa de la Corte Suprema de extraditar a líderes paramilitares, que deben reparar prioritariamente a las víctimas en Colombia y responder por sus crímenes antes de ser extraditados. Esto ya lo sabe la justicia norteamericana que deberá cambiar su política de nula o muy baja colaboración con las investigaciones de la Corte Suprema y de la Fiscalía colombianas. El pulso también se ha trasladado a nivel internacional. La Corte Suprema ha hecho saber a los organismos judiciales norteamericanos que espera de ellos colaboración para proseguir con las entrevistas y diligencias judiciales tanto con los 14 jefes paramilitares extraditados como también con capos del narcotráfico que corrieron la misma suerte. Este jueves 24 de septiembre la Corte ha notificado a los jueces y fiscales norteamericanos, que buscará realizar nuevas entrevistas con estos actores armados para avanzar en sus investigaciones sobre la parapolítica. Igualmente ha notificado a la Procuraduría que no se detendrá en esas diligencias y que espera que el Ministerio Público nombre a sus delegados. Si no lo hace ha dicho la Corte: “las diligencias se realizarán de todas formas”. Aquí hay que reseñar las posibles consecuencias con estas decisiones recientes. La primera es que la justicia norteamericana ha recibido formalmente la solicitud de colaboración por parte de la Corte colombiana que al mismo tiempo ha señalado que en adelante las extradiciones por el delito del narcotráfico y conexos estará subordinada a las investigaciones sobre los delitos de lesa humanidad que estos actores armados cometieron en Colombia. Este pulso podrá abrir un nuevo capítulo de las relaciones entre los jueces colombianos y los jueces norteamericanos. Esperemos que para el bien de la justicia los jueces y fiscales norteamericanos entiendan la importancia que tienen los testimonios y las pruebas que puedan entregar estos jefes paramilitares y que permitan por fin conocer los nombres no sólo de los políticos ligados con ellos sino de los importantes apoyos que recibieron de las Fuerzas Armadas y de Policía y de sectores empresariales en Colombia. Este es el fondo de la cuestión.
Es en este marco en el que se libra otro pulso entre la Corte Suprema y el Gobierno. Nos referimos a la terna presentada por el presidente Uribe para que la Corte Suprema elija el Fiscal General de la Nación. La terna fue declarada “inviable” por parte de la Corte Suprema. Quiere decir que la Corte está solicitando el cambio de la misma. Uribe se niega a ello, pues, quiere garantizar que el Fiscal, y por esta vía el conjunto de la Fiscalía General, caiga en la orbita del Gobierno, garantizando la elección de un Fiscal que proteja los intereses de la coalición golpeados por las investigaciones que ha realizado la Corte Suprema. La terna como hemos dicho quiere garantizar la impunidad de los amigos y familiares de Uribe enredados en hechos de corrupción y profundamente ligados a los grupos paramilitares. Con la decisión de reasumir las investigaciones sobre los parapolíticos el margen de maniobra de la Fiscalía en éste caso se reduce, pero, mantiene la competencia para las investigaciones de sujetos procesales que no tienen fuero parlamentario. El grueso de las investigaciones sobre los falsos positivos o nexos territoriales con grupos paramilitares, seguirán en la Fiscalía General. Así lo entiende el Gobierno pero así mismo lo entiende la Corte que libra una batalla por que al frente del ente investigador, sea nombrado un personaje independiente que le permita llevar adelante las investigaciones judiciales. En el fondo se libra una batalla por reducir la impunidad. Este es el verdadero origen de la contradicción.
La oposición cambia sus propuestas y su lenguaje
Otro hecho significativo está relacionado con las propuestas políticas que comienzan a hacer los partidos de la oposición. En primer lugar comienzan a hacer un balance serio de las políticas de Gobierno durante los siete años en que Uribe ha estado frente al Gobierno. El balance es muy bueno para los grandes empresarios y para los inversionistas extranjeros así como para las multinacionales. Durante el Gobierno de Uribe han tenido no sólo exenciones para el pago de impuestos, zonas francas, convenios de largo plazo para el pago de impuestos, etc. Para ellos el Gobierno de Uribe no sólo es el mejor sino que quisieran que se perpetuara en el poder. Para los excluidos y los pobres en cambio la situación es terrible. Los recientes datos de la Comisión de expertos no dejan dudas sobre la crisis social por la que atraviesa el país. El 46% de los colombianos se encuentra en situación de pobreza. Un 17.9 de todos los colombianos se encuentra en situación de indigencia. Durante los siete años de Gobierno de Uribe se ha concentrado el ingreso aún más pasando de 0.57 a 0.59 en el coeficiente de Gini que mide esa tasa de concentración de la riqueza. En enero pasado la Corte Constitucional ordenó al Gobierno cambiar las políticas de vivienda, tierras, ingresos y atención humanitaria de emergencia para atender a los 3.2 millones de desplazados que reconoce el propio Gobierno. Las tasas de desempleo siguen en aumento y la crisis económica profundiza la crisis social.
Por todo ello el centro del mensaje político debe ser que Uribe no merece una nueva oportunidad en el Gobierno, pues, sus políticas sólo han favorecido a los poderosos. La oposición debe como lo concluyó la reciente Cumbre Social y política centrar su mensaje en el fracaso de las políticas públicas sociales. Al mismo tiempo debe señalarse que la llamada política de seguridad democrática debe modificarse drásticamente en puntos esenciales como la protección a la vida y la seguridad de los 12 millones de campesinos. Pertenecen al campesinado la mayor parte de los 4.5 millones de desplazados. Durante este Gobierno de la Seguridad Democrática se han desplazado más de dos millones de colombianos y colombianas que viven en un 97% por debajo de la línea de pobreza. Todo esto es lo que debe estar en el centro del mensaje político de la oposición. Pero también debe estar en el centro político todo el tema de la desinstitucionalización que ha traído la reelección de Uribe. De hecho 9 instituciones del Estado han sido tomadas por el Ejecutivo en desmedro de la división de poderes y del sistema de pesos y contrapesos definidos en la Constitución de 1991. El daño para la institucionalidad democrática ha sido enorme. Se requerirán muchos años para restablecer este sistema de pesos y contrapesos que es la esencia de un régimen democrático.
Pero también habrá que hacer un balance de la equivocada política frente al narcotráfico y el fracaso del Plan Colombia. Se requiere un balance serio en esta materia que lleve a levantar una política de despenalización como lo propuso acertadamente el informe de los ex presidentes Cardozo del Brasil, Zedillo de México y Gaviria de Colombia. Este tema debe ser planteado en los organismos internacionales. Uribe por el contrario y en contra de toda evidencia insiste en la ilegalización y penalización de las drogas. Pero también la oposición debe hacer un balance de la desastrosa política internacional de Colombia plegada a los intereses de los Estados Unidos y de espaldas a nuestros vecinos.
Debemos insistir como lo señaló la Cumbre Social y Política que Uribe no merece un nuevo período y que hay muchas razones para no votar por el referendo reeleccionista. Este debe ser el camino de la oposición, que debería como lo han propuesto diversos sectores y como señaló la Cumbre, marchar a la conformación de un frente o coalición con un claro programa de Gobierno y un candidato único de los sectores democráticos para que renazca la esperanza en el país.
Bogotá septiembre 25 de 2009
- Pedro Santana Rodríguez es Presidente Corporación Viva la Ciudadanía
Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 177, Corporación Viva la Ciudadanía, Bogotá, septiembre 25 de 2009. HUwww.viva.org.coU
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