ALAI, América Latina en Movimiento
2009-09-17
Guatemala
Cambiarlo todo, para que todo siga igual
Camilo Salvadó
Actualmente, en Guatemala se pelea una serie de luchas entre actores de poder: oligarquía, grupos corporativos, partidos políticos, organizaciones populares, campesinas e indígenas, entre muchos otros. Estas luchas, al desarrollarse en diferentes planos como la economía, los derechos humanos o las políticas públicas, dan la falsa apariencia de no estar conectadas entre sí, fomentando de paso la división entre potenciales aliados.
Los lenguajes políticos utilizados por estos diferentes actores, pueden también dar la impresión de encontrarnos frente a luchas totalmente nuevas, sin relación alguna con el pasado. Sin embargo -y sin negar lo mucho de novedoso que realmente tienen-, escarbando más profundo en sus discursos, pueden encontrarse evidencias, no sólo de las conexiones entre estas luchas, sino también sobre su verdadero peso y trayectoria histórica.
Mencionemos rápida y esquemáticamente el caso de las organizaciones campesinas e indígenas, que poco a poco abandonan un discurso en el que se exigía o se pedía (dependiendo del gobierno de turno) una Reforma Agraria para dar paso a un nuevo discurso en el que se invoca la soberanía alimentaria o la resistencia contra la extracción petrolera o minera, o contra la implementación de megaproyectos viales, agroindustriales o hidroeléctricos.
Pese a las apariencias, no se trata de una renuncia a su histórica lucha por la tierra, o de un viraje radical en su ideario político. Hoy se habla de estos nuevos peligros, como en el siglo 20 se hablaba de Reforma Agraria, o en la época colonial se protestaba contra los tributos y trabajos forzosos. En cada caso, detrás del discurso está la lucha de los pueblos en defensa de los territorios, frente a diferentes formas de despojo históricamente determinadas.
En el otro lado de la moneda, tenemos ejemplos como el del proyecto de reformas a la constitución guatemalteca, impulsado por la Asociación Pro Reforma. Con un discurso fresco, novedoso y aparentemente neutral, en el que se mencionan la libertad y el Estado de derecho, esta Asociación propone reformar –y en otros casos eliminar– varios artículos de la constitución, en especial lo referido al régimen político y a la administración de justicia.
A primera vista, no existe conexión entre este proyecto de reformas parciales a la Constitución, centrado solamente en el campo de las leyes, y las históricas luchas de las organizaciones indígenas y campesinas, centradas en aspectos mucho más concretos. Sin embargo, al leer detenidamente el proyecto de Pro Reforma, pueden encontrarse, ocultas tras el discurso, varias conexiones entre ambos campos.
En primer lugar, la Asociación Pro Reforma se define como una agrupación "cívica", "apolítica" e "independiente", pero al hacer un repaso de los grupos que la integran, podemos encontrar a instituciones y colectivos ligados orgánicamente a la más rancia oligarquía guatemalteca, que históricamente ha ejercido la hegemonía en Guatemala, además de haber explotado, despojado y reprimido al campesinado y a los pueblos indígenas.
La amplia y costosa campaña de Pro Reforma en los medios de comunicación, presenta su proyecto como la solución final a la pobreza y la violencia. Sin embargo, presentar ambos problemas como "males" que simplemente "están allí", sin conexión entre sí, evade la responsabilidad histórica de la oligarquía en la construcción de estos y otros problemas (explotación, racismo, machismo, destrucción ambiental, etc.) ni siquiera mencionados en su texto.
Por otro lado, Pro Reforma no plantea ni una sola política explícita de combate a la pobreza y la violencia. Su argumento central es que, al implementarse las reformas, viviríamos en una sociedad de libre mercado, lo cual por supuesto acabaría con la pobreza y la violencia (de alguna mágica forma que tampoco se molestan en explicar).
Aún si fuera cierta la idea de que unos simples cambios al texto constitucional son suficientes para acabar con estos males, las reformas propuestas son tan incompletas que merecen unos comentarios. Las reformas podrían resumirse como sigue:
1) Eliminación de la violencia: aumentar la autonomía financiera y el poder represivo del organismo judicial; otorgar cargos vitalicios y poder ilimitado a los jueces; reducir el poder de los actuales organismos ejecutivo y legislativo; creación de un Senado con jerarquía y poder superiores al de las demás instancias del gobierno, supervisándolos (pero no siendo supervisado por nadie); emisión de legislación que garantice lo anterior, a cargo de la Cámara de Diputados, primacía de los derechos individuales en las sentencias judiciales.
2) Eliminación de la pobreza: reducir el peso de los derechos y la propiedad colectivos y aumentar el de los derechos individuales y la propiedad privada; eliminar los supuestos obstáculos al libre mercado (como el impuesto a la renta, las políticas sociales o las regulaciones relativas a los derechos laborales o al ambiente); emisión de Leyes económicas «generales y abstractas» a cargo del Senado, por ejemplo las que garanticen la existencia de derechos de propiedad privados sobre tierra, bosque, agua y otros recursos naturales.
No nos detengamos mucho tiempo en el hecho de que cada una de estas reformas proviene del ideario neoliberal (a pesar de que Pro Reforma está supuestamente "más allá de las ideologías"). A fin de cuentas: ¿Por qué oponerse a la plena vigencia de los derechos individuales o a la reducción del poder estatal sobre la vida privada de las personas? El problema es que de forma paralela a esto, y bajo pretextos como la defensa de la "soberanía nacional" y la "igualdad legal" (pero no material) se ataque sistemáticamente la vigencia en Guatemala de convenios internacionales relativos a los derechos de los pueblos indígenas o de las mujeres, por ejemplo Pro Reforma tampoco explica con claridad (más allá de la repetición de otros mantras neoliberales) cómo la violencia será eliminada otorgando cargos vitalicios a los jueces, lo cual en realidad sólo acrecentaría el riesgo de corrupción. Mucho menos explican cómo la pobreza será erradicada conformando un Senado que será pagado por los impuestos de todos, pero al cual sólo podrán acceder los individuos mayores de 50 años.
En teoría, todo hombre y mujer guatemalteco mayor de 50 años podrá aspirar a ocupar un cargo en dicho Senado y todos podrán votar para el mismo una vez en la vida (al cumplir 50 años). Pero en la realidad concreta, las cosas no podrían ser más diferentes. Dada la persistencia histórica de grandes desigualdades materiales y políticas, y la concentración de poder y riqueza en las áreas urbanas, es evidente que tanto los Senadores como sus electores serán hombres blancos y ricos de la ciudad capital. Esta contradicción ha sido señalada incluso por columnistas neoliberales, pero la única respuesta de Pro Reforma ha sido afirmar, en el colmo del cinismo, que dado que el Senado emitirá Leyes "generales y abstractas", la clase, etnia o procedencia de los Senadores es irrelevante.
En defensa de la institución del Senado, Pro Reforma incluso ha acudido a mencionar los Consejos de Ancianos del pueblo maya como una de sus supuestas fuentes de inspiración, lo cual es totalmente falso. Si esto fuera cierto, tendrían que haber estudiado y rescatado –cosa que no hicieron– la llamada democracia multepal, vigente desde hace milenios en las comunidades mayas, y de la cual pueden verse hoy por hoy ejemplos vivos en las comunidades zapatistas de Chiapas o en las consultas comunitarias contra la minería, en el Altiplano guatemalteco.
Desde su primera hasta su última línea, Pro Reforma es un proyecto oligárquico, patriarcal y racista, construido de espaldas al país concreto (mayoritariamente joven, pobre, indígena y campesino). Un proyecto sostenido en hombros de Von Hayek y Aristóteles, y en sus propias palabras, sobre "los valores y principios que han hecho grande a la civilización occidental".
Incluso tomando literalmente estas afirmaciones, es evidente que el Senado de Pro Reforma no se parece mucho al Consejo de los 400 de Atenas. Se parece mucho más a la institución de los Gerontes que dirigieron con mano dura el estado oligárquico-militar espartano. Pro Reforma también pasó por alto mencionar que la famosa democracia ateniense se levantó sobre la exclusión y el despojo de campesinos, mujeres, esclavos y extranjeros.
En síntesis, pese a utilizar un discurso aparentemente novedoso y neutral, que le garantiza el apoyo de amplios sectores de la población, Pro Reforma no es sino más de lo mismo. En palabras de una lúcida columnista, se trata de "una reforma con olor a naftalina". El riesgo NO ES que al implementarse las reformas se lleven a cabo profundas transformaciones en el Estado guatemalteco que afectarán a los pueblos y los territorios. El verdadero peligro es que, de aprobarse las reformas, se sentarían las bases para perpetuar y dar estatus legal a las más antiguas y retrógradas formas de explotación y despojo.
- Camilo Salvadó es Investigador de AVANCSO, Guatemala
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