El Padre Luis Quintanilla, sacerdote católico comprometido en la defensa y promoción de los Derechos Humanos, ha sido víctima de agresiones físicas, amenazas de muerte e intento de secuestro y asesinato el lunes 28 de julio del 2009.
El sacerdote, que se conducía en su vehículo en la calle de ciudad Victoria a Sensuntepeque (Departamento de Cabañas), fue interceptado por cuatro hombres armados y encapuchados, quienes lo bajaron del automóvil con la intención de secuestrarlo o asesinarlo. Afortunadamente los criminales no lograron su objetivo, ya que el religioso pudo escapar saltando a un barranco.
Este acontecimiento se da a un mes del secuestro, tortura y asesinato del ambientalista y líder social Gustavo Marcelo Rivera y a pocos días de la denuncia pública de las amenazas de muerte recibidas por cuatro reporteros de la Radio Victoria.
Tanto el Padre Luis Quintanilla, como Marcelo Rivera y los periodistas de la Radio Victoria, han asumido un papel protagónico en la defensa de los Derechos Humanos y de oposición a todos los proyectos que atentan contra el medioambiente y la Democracia, como la explotación minera y el fraude electoral en San Isidro.
Como los reporteros de la Radio Victoria, en los últimos días el sacerdote ha recibido mensajes telefónicos en los cuales se amenaza de muerte; entre ellos podemos mencionar “que acabarán con los malditos rojos disfrazados de cura”, “que guarde silencio si no quieren que le pase lo mismo que a Marcelo”, haciendo referencia al asesinato de Marcelo Rivera y demostrando un hilo conductor entre estas intimidaciones.
Similarmente a las anteriores violaciones, señalamos que grupos de ultraderecha vinculados con grupos de criminalidad organizada pretenden mantener atemorizada a la población del Departamento y atentan contra la vida de los líderes sociales y activistas políticos y ambientales. La negligencia de la Fiscalía y de la Policía a nivel departamental favorece, refuerza y ampara estas violencias.
Por lo anterior y una vez más, la población y las organizaciones sociales demandamos de las autoridades competentes y del nuevo gobierno, garantizar la vida e integridad física de los ciudadanos y realizar investigaciones exhaustivas de estos hechos.
A la comunidad internacional pedimos atención frente a las persecuciones políticas que sufren los ciudadanos y ciudadanas de El Salvador y apoyo en denunciar y presionar a las autoridades salvadoreñas por el cumplimiento del Estado de Derecho y el respeto de los Derechos Humanos.
Asociación de Desarrollo Económico y Social – ADES Santa Marta
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