ALAI, América Latina en Movimiento
2003-01-10
AmericaNorte,CostaRica Sociedad Civil frente al TLC
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San José, 16 de diciembre del 2002
Doctor
Abel Pacheco de la Espriella
Presidente de la República
Su Despacho
Estimado señor:
Expresamos a su digna autoridad el más atento y respetuoso de nuestros
saludos.
Ante la inminencia del inicio de negociaciones del Tratado de Libre
Comercio entre Estados Unidos y Centro América, son muchos los
sectores que hemos manifestado grandes e importantes preocupaciones y
temores, tanto en el sector de las organizaciones de la sociedad civil,
como en el sector de las organizaciones de productores.
A la fecha de hoy, únicamente se han abierto procesos de consulta que en
la realidad han sido simples procesos para compartir información por medio
del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX), que nosotros creemos son
absolutamente insuficientes, y que en otros procesos han servido para
hacer aparecer a diversas organizaciones como partícipes del proceso,
cuando en realidad esto no es así.
Creemos, señor Presidente, que no existe a la fecha de hoy ninguna
claridad ni transparencia en el proceso, y mucho menos de lo que el
equipo negociador costarricense ha planteado como la posición de
Costa Rica, en aspectos sumamente sensibles. Además, se hace
necesario garantizar que no existan conflictos de intereses en el
equipo negociador, sea por su vínculo con parte del sector
empresarial o por ostentar doble nacionalidad.
Es por ello que, con el más profundo respeto, pero con la
legitimación que nos da el ser costarricenses nos acercamos a Usted
solicitándole que el Gobierno de La República, de forma transparente,
clara y directa, deje claro ante la sociedad civil y ante los diversos
actores políticos, cuál es la posición que defenderá, al menos en los
temas específicos que más adelante indicamos, sin que por ello agotemos la
consulta o que en el futuro podamos preguntar por otros temas.
Debemos recordar don Abel, que Usted, en muchos de ellos, asumió un
compromiso directo con el pueblo y con las organizaciones de la
sociedad civil, incluso responsablemente en forma escrita, cuando le
planteamos una serie de aspiraciones frente a un eventual Gobierno
encabezado por Usted. Nos permitimos en ese sentido, anexar el detalle de
tales compromisos, suscritos por usted el pasado 21 de marzo de 2002 en el
Auditorio del Poder Judicial, ante una instancia de organizaciones
indígenas, campesinas, ambientalistas y sindicales.
Es por ello que, partiendo de que cada país tiene el derecho a
mantener dentro de sus decisiones soberanas, los mecanismos que
considere convenientes para promover y proteger la seguridad y
soberanía alimentarias, la agricultura de subsistencia, las prácticas
agropecuarias humanitarias y la agricultura sostenible, la educación, los
derechos laborales, los estándares ambientales, los derechos humanos y en
general una política pública incluyente que combata la pobreza y
distribuya solidariamente la riqueza, a continuación detallamos diversos
aspectos sobre los cuales solicitamos nos indique la posición de Gobierno,
relacionando los compromisos que Usted adquirió en aquel momento.
AGRICULTURA
1. Generación de políticas e implementación de programas para
fortalecer la soberanía alimentaria, entendida como el derecho a
proteger a la mayoría de sus productores, para que todas las personas
tengan en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos
inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus
preferencias en cuanto a alimentos a fin de llevar una vida activa y sana.
2. Respeto a los derechos tradicionales de los pueblos indígenas y
del derecho a la propiedad de los pequeños productores y trabajadores
rurales sin tierra.
3. Exclusión de liberalización de productos sensibles desde el punto de
vista social y ambiental.
4. En atención a que en el caso de los pequeños y medianos
agricultores y pescadores, en muchos casos los subsidios son
necesarios, nos preguntamos cuál será la posición del gobierno frente a la
política agrícola de los Estados Unidos. Asimismo, cuestionamos la
posición asumida por el país dentro del Grupo Cairns, por estar
desvinculada de la realidad de la producción nacional.
5. Estándares sanitarios y fitosanitarios desarrollados por medio de
consultas públicas, sin dejar a pequeños productores fuera del negocio y
sin permitir la imposición de estándares dirigidos a beneficiar a la mega
industria o a la agricultura química intensiva.
6. Apoyo a producción orgánica y soberanía para establecer
restricciones a productos transgénicos para proteger la salud y la
biodiversidad.
TRABAJO
7. Respeto de los países partes del tratado de los derechos laborales
fundamentales declarados por la OIT y por los instrumentos de derechos
humanos. 8. Procedimiento de verificación de cumplimiento por organismos
especializados e imparciales (OIT, tribunales arbitrales, etc.).
9. Participación activa de organizaciones sindicales y ONGs para
presentar conflictos, quejas y reclamaciones
10. Procesos de asistencia técnica entre países, y entre países y
organismos internacionales especializados para promover el
cumplimiento de los derechos laborales fundamentales.
11. Sanciones comerciales adecuadas y solo una vez que se agoten los
procedimientos de cooperación y de investigación.
12. Sanciones dirigidas e empresas responsables y sólo si existe
complicidad activa y recurrente de los Gobiernos se aplicarían
sanciones relacionadas con las exportaciones de un país.
13. Generación de políticas y mecanismos que promuevan la producción
laboral, ambiental y socialmente limpia, incluyendo incentivos para
creación de empleo, financiamiento compensatorio, capacitación, desarrollo
de infraestructura, apoyo científico y tecnológico, etc. para las empresas
que participen y cumplan con programas de certificación gubernamental de
producción limpia.
14. Considerando el hecho de que los trabajadores migrantes y sus
familias contribuyen a la economía del país receptor y hacen
contribuciones en sus comunidades y en sus centros de trabajo, deben
disfrutar de todos los derechos que les corresponden en sus centros de
trabajo y gozar de todas las protecciones de la ley. Para tal efecto se
deben estimular políticas de generación de empleos dignos, suficientes y
productivos para descartar la competencia comercial vía salarios bajos y
condiciones laborales deplorables.
MEDIO AMBIENTE
15. Prioridad de los acuerdos ambientales sobre las reglas
comerciales y de inversión, de acuerdo a la decisión que el país ha
hecho de contar e impulsar un desarrollo sustentable que se plasma en
parte en el proyecto de reforma constitucional para incluir un capitulo de
garantías ambientales en nuestra carta magna.
16. Exigir que los países firmantes se comprometan a cumplir los
convenios internacionales que como el de Kyoto y otros entendimientos
mundiales buscan la protección del planeta.
17. Primacía y aplicación del principio precautorio (en caso de duda se
llevará a cabo la acción más cautelosa a favor del ambiente).
18. Obligación de que la inversión privada cuente con tecnología que
preserve el medio ambiente y se apliquen las cláusulas contenidas en
diversos tratados internacionales referidas a la transferencia de
tecnología, así como compartir tecnologías que preserven el ambiente.
19. Eliminación de subsidios para energía de combustibles fósiles,
para tala, y otras actividades que degraden el medio ambiente y
atenten contra los derechos ambientales de la población, creación de
incentivos para conservación de suelos y recursos naturales, y moratoria
de exploración de minería metálica y exploración petrolera.
20. Reconocimiento de la deuda ecológica de los países
industrializados con respecto a los países en desarrollo, para
efectos de subsidios, transferencias tecnológicas, etc.
21. Prohibición de patentes y derechos de propiedad intelectual sobre
formas de vida y en el conocimiento asociados a ellas, y protección de
derechos colectivos de las comunidades locales en torno a conservación,
siembra y cultivo de biodiversidad. 22. Soberanía de los países para
establecer regulaciones a empresas e inversionistas para garantizar el
cumplimiento de objetivos de desarrollo sustentable.
23. ¿Cómo se tratara el tema de las pretendidas patentes y propiedad
intelectual así como de los transgénicos?, conociendo la posición que ha
asumido Estados Unidos y los estudios científicos que alertan sobre los
impactos en la salud, medio ambiente, sistemas productivos que estos
conllevan y los derechos de los pueblos.
ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES
24. Prioridad a micro, pequeña y medianas empresas nacionales en las
adquisiciones gubernamentales.
25. Criterios de competencia que incorporen variables laborales,
ambientales y sociales en políticas de adquisición gubernamental, así como
formas organizativas solidarias de participación comunitaria, sin fines de
lucro enmarcadas en la economía social.
INVERSIONES Y DEUDA
26. Las disputas deben ser resueltas por cortes del país anfitrión de la
inversión, y solo posteriormente por tribunales internacionales.
27. Prohibición a inversionistas extranjeros de demandar contra leyes de
interés público.
28. La compensación por la expropiación directa de bienes de un
inversionista se determinará conforme a las leyes nacionales,
considerando el monto de riqueza extraído al país mientras duró la
inversión.
29. Derecho de ciudadanos de demandar a inversionistas por
violaciones del acuerdo.
30. Soberanía nacional para establecer requisitos de desempeño de las
inversiones extranjeras, para colaborar con entorno macroeconómico
adecuado, con la transferencia tecnológica y con metas sociales, laborales
y ambientales.
31. Posibilidad de que los gobiernos promuevan sectores estratégicos e
inviertan en ellos por medio de gasto público.
32. Toda apertura económica debe ser vinculada directamente a un
proceso de reducción y eventual condonación de deuda como parte de
una estrategia económica integral para los países socios del
comercio. Por esta razón un tratado de integración económica de
nuestros países debe incluir medidas para aliviar la deuda de los
países centroamericanos, crear mecanismos de arbitraje internacional para
reducir la deuda y permitir a los gobiernos imponer controles sobre el
flujo de capital para evitar o aliviar situaciones de crisis financiera o
para canalizarla hacia actividades productivas.
ACCESO AL MERCADO
Consideramos que las más altas aspiraciones de la Sociedad
Costarricense en búsqueda de una relación verdaderamente armoniosa
con la Naturaleza deben ser un eje orientador de las políticas
públicas, es decir también de las políticas de apertura comercial.
Conforme a esto, toda inversión extranjera debe ser regulada en el
marco de la construcción de sociedades verdaderamente sustentables,
es decir con claros objetivos de desarrollo social verdaderamente
justo, en armonía con la Naturaleza y respetando los equilibrios que toda
economía demanda, incluyendo aspectos como balanza de pagos, reservas
monetarias y otros. En razón de lo anterior, queremos conocer la posición
del gobierno sobre los siguientes puntos:
33. El Gobierno debe velar por que los criterios de acceso a mercados no
menoscaben su facultad de adoptar medidas para la protección de la salud,
el bienestar de las personas y del ambiente, los derechos laborales, los
derechos humanos y muchos otros.
34. Definición de productos y servicios con aranceles más bajos
mediante un proceso transparente y participativo.
35. Definición de políticas de apoyo a la producción y asistencia
técnica para generar mayor competitividad.
36. Trato especial diferenciado según tamaño de país y tamaño de la
unidad productiva.
37. Eliminación de barreras no arancelarias salvo en materias
sociales, laborales y ambientales.
RESOLUCION DE DISPUTAS
38. Los mecanismos nacionales e internacionales de resolución de
disputas comerciales, sociales, laborales y ambientales deben
garantizar el derecho de los Estados a la promulgación y aplicación
de leyes de protección, como un principio superior frente a la
generación de ganancias para las corporaciones. Estos mecanismos
deben garantizar también la participación de expertos no solo en
temas de comercio.
39. Participación de sociedad civil en todos los niveles de
resolución de disputas.
40. Publicidad y transparencia de procesos.
POLITICAS DE COMPETENCIA Y SERVICIOS
41. Servicios reservados al Estado deben ser producto de decisión
soberana de cada país, al menos en las siguientes áreas:
-Energía
-Telecomunicaciones
-Manejo de agua potable
-Seguros
-Seguridad Social
-Refinamiento de petróleo
42. Exclusión de servicios públicos estratégicos de evaluación
exclusiva basada en precio y competencia.
DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL
43. Primacía de acuerdos sobre derechos humanos, salud, seguridad
alimentaria y biodiversidad frente a los acuerdos de propiedad
intelectual y los acuerdos comerciales, tales como el Acuerdo de
Propiedad Intelectual Relacionada con el Comercio (ADPIC) y el UPOV.
44. Licencias obligatorias para garantizar acceso a medicamentos
esenciales así como a variedades vegetales.
45. Prohibición de patentes y derechos de propiedad intelectual sobre toda
forma de vida.
46. Derecho de agricultores, comunidades locales y pueblos indígenas a
guardar, usar, vender e intercambiar sus semillas, así como el deber del
Estado de tutelar ese derecho.
47. Prioridad de los derechos colectivos a la propiedad comunal sobre las
reglas de propiedad intelectual.
GENERO
Recordando que el estancamiento de la pobreza y la concentración de
la riqueza en Costa Rica se acentúa durante el proceso de apertura
comercial, mediante la promulgación de diferentes tratados de libre
comercio y legislación afín (derechos de propiedad, etc.), y en
atención a que el mismo Informe de Estado de la Nación señala
claramente que la pobreza adquiere cada vez más un rostro femenino,
es necesario definir una posición regional con respecto a lo
siguiente:
48. Evaluación de impactos comerciales sobre las mujeres.
49. Políticas y leyes para cumplimiento de derechos civiles,
laborales, reproductivos, sexuales y humanos.
50. Programas de asistencia y desarrollo para reinserción laboral de
mujeres desplazadas por el tratado.
51. Programas para garantizar acceso a crédito, capacitación
tecnológica y propiedad de la tierra
52. Implementación de iniciativa 20/20 de la ONU.
TRANSPARENCIA:
Partiendo de que los pueblos deben gozar del derecho a la
autodeterminación y del derecho a conocer y decidir sobre los
compromisos comerciales internacionales adquiridos por los Gobiernos, es
decir el Derecho a Elegir en su acepción más profunda, se requiere que los
procesos de toma de decisiones en las negociaciones y resolución de
diferencias de las instituciones comerciales internacionales sean
democráticos, transparentes, e inclusivos. Por esto solicitamos la
posición del gobierno en los siguientes aspectos:
53. Las negociaciones de los tratados de integración económica deben
hacerse en una forma transparente, sin "secretismos", y deben incluir
mecanismos de negociación real y efectiva con los actores sindicales y
sociales, incluyendo los actores de economía social, de los países socios
del comercio.
54. El texto borrador de cualquier tratado debe ser publicado en
intervalos regulares; los procesos de consulta deben hacerse bajo
reglas de juego claras para el pueblo, e incluir mecanismos que
permitan que éstas se reflejen en las propuestas y posturas de los
gobiernos y de sus equipos negociadores, así como de mecanismos para
lograr acuerdos nacionales frente a la negociación.
55. Todas las decisiones que se toman en el marco de las
negociaciones comerciales deben ser conocidas por el pueblo, el
equipo negociador debe rendir cuentas de sus negociaciones y
posiciones, y debe abrirse espacios que permitan una discusión sobre
integración, no solo sobre libre comercio.
Es nuestra firme convicción, señor Presidente, que solamente si los
anteriores temas son abordados por el tratado de libre comercio entre
Estados Unidos y los países centroamericanos, será posible revertir los
graves procesos de exclusión y concentración de la riqueza, de los que
desdichadamente ya Costa Rica no escapa, así como para generar verdaderas
sinergias entre los temas laborales, ambientales, productivos y las
políticas públicas estratégicas para un desarrollo sustentable, de lo
contrario, se agravarán seriamente todos los problemas.
Don Abel, respetuosamente le instamos a explicar al pueblo la
posición de nuestro gobierno ante estos temas, y a abrir verdaderos
procesos de construcción colectiva y no simples procesos de consulta que
no permiten la generación de verdaderos acuerdos sobre el país que todas
las personas queremos.
Atentamente,
Isaac Rojas, Federación Ecologista Nacional (FECON).
Fabio Chaves, Coordinador Frente Interno de Trabajadores del
Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE ).
Klaus Beisswenger, Grupo Indígena IETSAY
Cristina Zeledón, Colectivo Antipetrolero ADELA
Pedro Pablo Aguirre, Mesa Nacional Campesina
Víctor Morales Zapata, Presidente Consejo Nacional de Cooperativas
(CONACOOP)
José Merino Del Río, Coordinador del Foro Acción Política "Otra
Costa Rica es posible, otro mundo es posible".
Donald Rojas, Mesa Nacional
Indígena.
Albino Vargas, Secretario General Asociación Nacional de
Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Manuel López, COECO Ceiba-AT
Rodrigo
Carazo Odio, Presidente Consejo de Defensa de la Institucionalidad (CDI),
ex Presidente de la República.
Rodrigo Aguilar, Presidente, Central de
Trabajadores Rerum Novarum (CTRN)
Rafael Mora, Federación Nacional de
Trabajadores de los Servicios Públicos.
- o -
RESPUESTA DEL PRESIDENTE DE COSTA RICA
8 de enero del 2003
Señores
Isaac Rojas, FECON
Pedro Pablo Aguirre, Mesa Nacional Campesina
Albino Vargas, ANEP
Fabio Chaves, FIT-ICE
Víctor Morales Zapata, CONACOOP
Manuel López COECOCeiba-AT
Kalus Beisswenger, Grupo Indígena IETSAY
José Merino del Río, Foro de Acción Política
Rodrigo Carazo Odio, CDI
Cristina Zeledón, Colectivo ADELA
Donal Rojas, Mesa Indígena
Rodrigo Aguilar, CTRN
Rafael Mora, Fed. Trabajadores Servicios Públicos
Estimados Señores:
Gracias por su carta.
Como he dicho en muchas ocasiones, mi apoyo a cualquier tratado de
libre comercio depende de los beneficios que puedan obtener de éste
los productores nacionales.
Ninguna negociación que atente en contra de la ecología, la justicia
social, los derechos laborales, los grupos culturales minoritarios, etc.,
tendrá el apoyo de este gobierno.
Reitero también que todo se hará con absoluta transparencia. Ustedes, casi
todos, me conocen desde hace muchos años y nunca me vieron esconder cartas
ni realizar triquiñuelas.
Cuando comience a perfilar lo que pretenden nuestros socios
eventuales, tendré mucho gusto en reunirme con ustedes y con todos
los grupos que han mostrado interés patriótico.
Esto será a corto plazo. Hoy, sólo nos reuniríamos para hacer
suposiciones, lo que no considero de utilidad alguna.
Cuento con ustedes para encontrar los caminos que den a Costa Rica
prosperidad y justicia.
Cordialmente,
Abel Pacheco de la Espriella.
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