ALAI, América Latina en Movimiento
2008-11-24
Colombia Las regulaciones no funcionan ni para los DD.HH. ni para los captadores de dinero
Pedro Santana Rodríguez
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En Colombia cada vez es más cierto que la magnitud de una tragedia oculta las anteriores. No nos hemos recuperado de la hecatombe que ha significado para el país el descubrimiento apenas parcial que señala que 1.123 ciudadanos fueron presuntamente asesinados por las Fuerzas Armadas estatales, en operativos que realmente constituyeron ejecuciones extrajudiciales de jóvenes humildes muchos de ellos con retraso mental, lo cual ha precipitado el llamado a calificar servicios a 27 miembros activos de las Fuerzas Armadas. En esas andábamos cuando aparece el fenómeno de la defraudación de cientos de miles de colombianos por captadores de dinero en lo que popularmente se ha denominado como las pirámides y al tiempo se presenta lo que es común en todas las épocas invernales en que cientos de miles de familias se ven damnificadas por aludes de tierra, desbordamiento de los ríos, etc. consecuencia de la inexistencia entre nosotros de una autoridad pública que intervenga, en frente de todos los casos.
En materia de derechos humanos la falta de intervención de los organismos estatales para su protección es evidente. Al contrario, muchas autoridades actuaron y siguen actuando para favorecer a los criminales. Salvatore Mancuso lo ha señalado desde su celda en los Estados Unidos. Ha afirmado que en el Norte de Santander pagaban mil millones de pesos mensuales a las fuerzas de seguridad del Estado para garantizar la impunidad para sus crímenes al tiempo que pagaban 700 millones mensuales en el departamento de Córdoba. Toda la Policía del municipio de Tierra Alta en este último departamento estaba en la nómina de los paramilitares. Confirma que se reunió dos veces con Pedro Juan Moreno cuando éste era secretario de Gobierno del entonces gobernador y actual presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, para coordinar acciones dentro de las cuáles se acordaron, entre otras, la infiltración de las Cooperativas de Seguridad Convivir, una de ellas, la Cooperativa Horizontes, autorizada por Herman Arias cuando era superintendente de Seguridad y que dirigía el propio Mancuso. Dice que varias masacres se coordinaron con el flamante Secretario de Gobierno de Antioquia y que en Córdoba las investigaciones no avanzaban porque altos funcionarios del CTI estaban a su servicio y que durante años fue escoltado por miembros de la SIJIN. Confirma que un helicóptero de la Gobernación de Antioquia estuvo por los días en que se perpetró la masacre del ARO en dicho departamento.
En muchas regiones del país este patrón de comportamiento se repitió durante años. Las estructuras políticas del Estado como las alcaldías, unas 251 en el año 2003 y un número similar en el año 2007, así como unos 12 departamentos fueron tomados por partidos políticos afines con los grupos paramilitares quienes pusieron a su servicio dichos poderes locales. Los organismos de las Fuerzas Armadas y de Policía estaban también infiltrados y a su servicio. La Fiscalía en Antioquia, en el Valle del Cauca, en Sucre, en Norte de Santander, en Córdoba, en Magdalena y otros departamentos del país estaba profundamente infiltrada y a su servicio. Muchas regionales de la Procuraduría General de la Nación también cayeron en manos de poderes ligados con la mafia y los paramilitares lo mismo que sectores amplios del poder judicial. Luego vino la toma del 35% del Congreso. Las investigaciones de la Sala Penal de la Corte Suprema ya cobijan al 22% del mismo.
Muchos organismos del Estado central fueron también infiltrados. Hay pocas dudas que el fiscal general, Luís Camilo Osorio colaboró ampliamente con los grupos paramilitares como lo ha afirmado Rafael García, jefe de Informática del DAS. A propósito este último organismo fue puesto al servicio del narcotráfico y del paramilitarismo cuando lo dirigió el señor Jorge Noguera quien sigue en libertad gracias a que el fiscal general, Mario Iguarán Arana, no asume la investigación como se lo ordenó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Precisamente hay que señalar que el gobierno del presidente Uribe es en buena medida corresponsable de todo este proceso de desistitucionalización del país y ha reforzado la cultura del atajo con múltiples actuaciones que han buscado favorecer a los criminales en contra de las víctimas; de la conquista y construcción de la verdad. Buena parte de sus proyectos buscaron favorecer a los criminales, para muestra algunos botones. La ley 975 de 2005 conocida como la Ley de Justicia y Paz buscó que los criminales y principales narcotraficantes del país, a cambio de su silencio, fueran favorecidos con penas blandas de máximo ocho años por sus crímenes de lesa humanidad sin exigirles a cambio confesar toda la verdad, entregar todos sus bienes para la reparación de las víctimas y señalar a los autores intelectuales de cientos de masacres y de miles de asesinatos así como señalar a sus cómplices dentro de la estructura del Estado. En buena hora la Corte Constitucional en fallo proferido el 18 de mayo de 2006, los obliga a confesar sus crímenes y entregar sus bienes si quieren ser merecedores de las bajas penas. Luego la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia investiga a 74 parlamentarios por sus nexos con los paramilitares de los cuáles siguen detenidos 32 a la espera de una decisión.
Uribe absolvió a los militares por masacres como la de Guaitirilla en Nariño; a los militares por los asesinatos en Cajamarca, Tolima; a los militares por la masacre en la comunidad de Paz de San José de Apartadó, entre muchas otras actuaciones interesadas para mantener el respaldo de las Fuerzas Armadas. Pero alentó a los asesinatos con su sistema de pago de recompensas por cualquier éxito en los operativos militares contra las FARC. En México señaló que el Estado Colombiano pago tres millones de dólares por la información para la localización de alias Raúl Reyes, comandante de dicho grupo abatido en territorio Ecuatoriano. Alentó a las deserciones de militantes de las guerrillas y recompensó a quien asesino a sangre fría a otro de los miembros del secretariado de este grupo, alias Iván Ríos, a quien el asesino llevó como prueba una de las manos de dicho jefe subversivo. Los resultados a cualquier precio, esa es la ética del Presidente de la República. El mismo Presidente que promueve la aprobación de un estatuto rural para facilitar el despojo de los más de cinco millones de hectáreas de tierra arrebatadas a los cerca de cuatro millones de desplazados. La misma política que uribito, Andrés Felipe Arias, su flamante ministro de agricultura emplea para entregar crédito a narcotraficantes en el Caquetá como Micky Ramírez o crédito a los palmicultores en el Urabá Chocoano que arrebatan las tierras a las comunidades negras. Se rodea de Ministros que tienen hermanos acusados de complicidad y de delitos graves contra el Estado. Se acude al cohecho para hacerse aprobar la reelección presidencial. Todo ello no es más que la práctica de unos estilos muy afines a la cultura mafiosa del soborno, la infiltración, el espionaje, los chantajes y el montaje de calumnias e investigaciones ilegales contra la oposición y contra los magistrados de la Corte Suprema que investigan a sus aliados políticos en el Congreso.
Por ello no es extraño que no se haya intervenido a los captadores de dineros del público pues ellos todos eran -ahora dicen que no lo son- uribistas de primera línea. De dónde provinieron los más de dos mil millones con que se pagó a los recolectores de firmas para la segunda reelección de Uribe. Luís Guillermo Giraldo, político acusado en Caldas del “robo del departamento” en su momento deberá explicarle al país de dónde provinieron esos fondos. Acaso como lo afirma la oposición no tendrán relación con quienes generosamente contribuyeron al traslado de las firmas a la Registraduría.
En el tema de la captación masiva de dinero no es que no se haya alertado. Aún el diario El Tiempo tan afecto a este Gobierno el día tres de febrero del presente año, alertaba sobre las pirámides y pedía la intervención del Estado. Intervención que llegó tarde aunque desde 1982 el Gobierno tenía herramientas jurídicas para actuar. Ahora se dice que hay indicios serios de relaciones de estas captadoras de dinero del público con narcotraficantes y paramilitares. Pero es obvio que no se intervino porque esta administración es presa de las teorías que siempre Uribe ha defendido sobre las bondades del mercado y sobre la no intervención del Estado en la Economía. Qué se puede esperar de un gobierno que por boca de se jefe máximo le recomienda a los parapolíticos que antes de ser detenidos voten sus proyectos y que de contera hunde una reforma política que buscaba castigarlos.
Pues bien el tema no solo compete al Gobierno. También a una sociedad embrujada por la cultura del atajo que sigue manifestando respaldo a estas prácticas y a esta ética. El narcotráfico ha permeado profundamente a la sociedad. Sectores amplios de la población consideran que los paramilitares fueron un mal necesario, el 32% de los encuestados así lo afirmaron. Una sociedad que tolera que el Ejecutivo vapulee a sus jueces que buscan desmantelar al crimen, pero, no exige la depuración de sus Fuerzas Armadas o no exige resultados de una Fiscalía que sólo los ofrece cuando las evidencias son publicadas en los medios de comunicación. Se requiere ahora más que nunca una profunda reforma moral, como aquella proclamada por Gaitán en su famosa oración por la paz, que ahora tendría nuevos contenidos en cuanto a temas como cero tolerancia frente al crimen, defensa de la vida, protección de los derechos humanos y justicia y verdad para las víctimas, preocupación porque las políticas públicas saquen al 50% de la población que vive en la pobreza y en la exclusión. Esta es la verdadera urgencia Nacional.
Bogotá noviembre 20 de 2008.
- Pedro Santana Rodríguez es Presidente Corporación Viva la Ciudadanía
Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas
Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org
http://www.alainet.org/active/27601&lang=es
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