ALAI, América Latina en Movimiento
2002-01-30
Vendiendo El Futuro
Conferencia Canadiense de Obispos Católicos
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| Clasificado en: | | Cultura: Cultura, Religion, | Política: Politica, Estado, Justicia, Legislacion, | Internacional: Internacional, Globalizacion, Integracion, Tratados, | Economía: Economia, Comercio, DeudaExterna, Finanzas, InstitucionesFinancieras, Modelos, PoliticasEconomicas, RecursosNaturales, | |
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Español
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Una reflexión sobre la relación entre inversionistas y estado en el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte y su expansión al resto
de América Latina
Un documento preparado por la Comisión de Asuntos Sociales (CCCB-
CECC)en vistas à la conferencia Humanizando la Economía Global
Patrocinado por:
La Conferencia Canadiense de Obispos Católicos (CCCB-CÉCC),
El Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM),
La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB)
Presentada en La Universidad Católica de América Washington, D.C.
Enero 28 al 30, 2002
Introducción
Los acuerdos de libre comercio son una experiencia nueva y
controvertida para Canadá. De las preocupaciones que resultan del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) una de gran
importancia es la que resulta de la capacidad de las compañías privadas
de poder demandar a los estados en el contexto de aparentes pérdidas de
ganancias. Estas demandas o reclamaciones afectan, en primer lugar, la
condición soberana de los estados, en segundo, la capacidad de proteger
legalmente el medio ambiente y, por último, la participación
democrática de pueblo en su futuro gobierno. Este contexto exige del
Pueblo de Dios una reflexión a la luz de la fe y del pensamiento social
católico.
Este breve documento ha sido preparado por la Oficina de Asuntos
Sociales de la Conferencia de Obispos Católicos de Canadá en vistas a
la conferencia Humanizando la Economía Global, que se llevara a cabo en
enero del 2002 en la ciudad de Washington, D.C. El objetivo de este
documento era el de explicar, de forma breve, los mecanismos de
relación entre el estado y los inversionistas según el contexto del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, subrayando algunas
controversias actuales relacionadas con el TLCAN en los tres países
firmantes del acuerdo. El documento presenta elementos de reflexión a
la luz de la tradición católica para promover respuestas al desafío de
la globalización. Se incluyen también algunas referencias que permitan
una reflexión y estudio posterior.
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA): Contexto
ALCA representa el último intento en el proceso de liberalizar el
comercio y la inversión. El acuerdo esta modelado en el TLCAN, firmado
en 1994 por Canadá, los Estados Unidos y México. De hecho, ALCA es
descrito como un TLCAN incrementado.
Desde la firma de TLCAN tanto el comercio como la inversión se han
incrementado en las tres naciones. También se ha visto un
correspondiente periodo de crecimiento económico generalizado, sin
embargo hoy en día se constata una preocupante recesión en
Norteamérica. Quienes apoyan el TLCAN señalan indicadores económicos
generales como prueba de los beneficios del tratado, pero bajo estas
realidades se esconde un substrato de sombras. Los tres países
presentan un distanciamiento creciente entre los ricos y pobres de sus
sociedades, con un aumento en las dificultades e incertidumbres sobre
el futuro para la mayoría de sus ciudadanos, mientras que un número
cada vez menor de inversionistas, ejecutivos y profesionistas se
vuelven cada vez más ricos.
En 1994, líderes de 34 países comenzaron las negociaciones para el
establecimiento de un Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
Desdichadamente, estas negociaciones se han hecho a puerta cerrada,
excluyendo tanto a la ciudadanía como a los grupos populares del
análisis y debate de las propuestas en los diferentes foros
comerciales. Un borrador del tratado fue discutido en abril del año
2001, poco antes de la reunión hemisférica de la Cumbre de Las Américas
en la ciudad de Quebec. El objetivo que se tiene en mira es completar
las negociaciones para el año 2005. Quienes observan con preocupación
el proceso del ALCA, lo describen como el tratado comercio e inversión
más arrollador de la historia. Serios indicios dejan ver en que forma
lo comercial y la inversión podrían desligarse de cualquier forma de
control ciudadano y de la autoridad de los gobiernos debidamente
elegidos, dejando a las corporaciones transnacionales y a los
tribunales comerciales operar de forma independiente y secreta.
Capítulo 11 - Los Mecanismos de Relación entre el Estado y los
Inversionistas
Quienes negocian ALCA propone incorporar en este tratado el Capítulo 11
Del TLCAN. El borrador del ALCA fue publicado por el Comité de
Negociaciones del Tratado del ALCA en julio del año 2001. El análisis
realizado por grupos de investigación que participan en la Alianza
Social Hemisférica sugieren que: "el borrado incluye, virtualmente al
pie de la letra, la totalidad del texto de TLCAN en lo que se refiere a
los mecanismos de relación entre el estado y los inversionistas, lo que
permitiría a las corporaciones extranjeras gozar de derechos
particulares en la utilización de instancias de arbitraje internacional
a puerta cerrada y no sujetas a dar cuenta de sus acciones, en lugar de
utilizar las cortes domésticas, disolviendo así leyes y reglamentos
promulgados democráticamente en todas las Américas como está ya
sucediendo en Norteamérica".
Los gobiernos, de forma tradicional, han interpretado su mandato como
servidores del interés público regulando en parte las actividades de
las corporaciones. Esto significaba que el papel del gobierno, por
ejemplo, consistía en asegurar la protección del medio ambiente contra
la degradación, y asegurar el justo trato de los trabajadores. Pero el
mecanismo de relación entre inversionistas y el estado del Capítulo 11
del TLCAN está transformando esta relación histórica en su misma
cabeza.
El objetivo primario del Capitulo 11 ha sido el limitar la capacidad
del gobierno de proteger el medio ambiente, la salud y otros valores
públicos frente a los intereses comerciales. Estas medidas hacen cada
vez más difícil para los gobiernos el desempeñar el mandato de
protección de los derechos de los ciudadanos que los han elegido.
Las corporaciones, sin perdida de tiempo, tomaron ventaja de las
oportunidades que les abría el Capítulo 11. Cerca de 15 demandas
legales ya han sido presentadas para atacar en el corazón mismo, la
capacidad de los gobiernos de producir orientaciones políticas y de
salvaguardar la soberanía nacional, en particular en lo que se refiere
a la emisión de leyes para la protección del medio ambiente. La
información sobre estos casos relacionados con el Capítulo 11 es muy
incompleta, un directo resultado de las reglas del TLCAN que los cubren
de un manto secreto, en completo contraste con la apertura al público
de la jurisprudencia de las cortes domesticas. A pesar de esta
información tan reducida, este documento incluye ejemplos sobre México,
Estados Unidos y Canadá, en los que se hace la presentación de lo que
sabemos acerca de algunas demandas actuales presentadas bajo estos
mecanismos de relación entre el estado y los inversionistas. (ver los
Textos adjuntos)
El Capítulo 11 del TLCAN: El Mecanismo "Inversionista Estado"
Caso de Estudio
Caso # 1
Ethyl Corporation contra Canadá
Reclamación: 2 de Octubre de 1997
Arreglo fuera de la corte: $13 millones de dólares americanos, 1998
Canadá prohibe la importación de un aditivo para la gasolina llamado
MMT, producido por Ethyl Corporation con base en Virginia. El gobierno
Canadiense tenía evidencia de que el MMT era nocivo tanto para la salud
como para el medio ambiente.
Los oficiales canadienses estaban confiados en ganar el caso, sin
embargo a pesar de que el TLCAN supuestamente permite a los gobiernos
promulgar leyes para la protección de medio ambiente, las
deliberaciones del tribunal hacían ver con claridad que Canadá iba a
perder el caso. En lugar de verse obligados a pagar una indemnización
de $250 millones de dólares americanos, basados en la perdida de
futuras ganancias reclamado por Ethyl, Canadá acepto un arreglo fuera
de la corte bajo las siguientes condiciones: pagar a Ethyl $13 millones
de dólares americanos, la remoción de la prohibición del MMT en la
gasolina, una disculpa pública a Ethyl por implicar que su producto era
nocivo.
Los procesos fuero hechos de forma secreta, en acuerdo a lo estipulado
en el capítulo de previsiones para las inversiones en el TLCAN y fueron
criticados ampliamente en Canadá. Fue un duro despertar a los impactos
de las previsiones de expropiación del TLCAN. Además, quedó como
resultado una deterioro directo de la salud en Canadá y de la
protección del medio ambiente.
Caso # 2
S.D. Myers contra Canadá
Reclamación: 30 de octubre de 1998
Reclamo $20 millones de dólares americanos
Resultado: Pendiente
En octubre de 1998, S.D. Myers Inc., empresa basada en los Estados
Unidos, que se dedica al tratamiento de transformadores eléctricos
conteniendo el tóxico PCB, hizo un reclamo de $30 millones de dólares
americanos por perdidas supuestamente incurridas durante la prohibición
entre los años 1995 y 1997 de la exportación de desechos de PCB desde
Canadá.
El gobierno canadiense mantiene que Canadá está obligado por
convenciones internacionales que estipulan que los desechos de PCB
deben ser destruidos de una manera que proteja el medio ambiente y que
las normas de los Estados Unidos para desembarazarse de desechos de PCB
no son tan altas como las canadienses. Los desechos fueron destruidos
en un sitio canadiense en Alberta y la prohibición se revoca en 1997.
El gobierno de los Estado Unidos, por su parte, también controla el
movimiento transfronterizo de desechos de PCB. En noviembre del año
2000 el tribunal declaró que la prohibición contravenía, en efecto, al
capítulo de inversiones del TLCAN en lo que se refiere al trato de
nacionales y a las normas mínimas del trato de inversionistas
extranjeros. El panel está ahora determinando si S.D. Myers sufrió
daños.
Canadá ha presentado una demanda de amparo ante la corte federal
canadiense para protegerse de la determinación del tribunal,
argumentando, entre otras razones, que la determinación está en
conflicto con una política establecida en Canadá que requiere que el
desembarazarse del PCB y de los desechos de PCB se tiene que hacer en
Canadá cumpliendo con la Convención de Basilea que regula estrictamente
el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y su disposición.
Caso # 3
Methanex Corp. contra Estados Unidos
Reclamación: 3 de diciembre del 1999
Reclamo: $970 millones de dólares americanos.
Esta compañía, con sede en Vancouver, esta demandando al gobierno
americano por $970 millones de dólares americanos porque el Estado de
California ordenó la terminación del producto químico MTBE, un aditivo
para el gas basado en el metanol, para el año 2002.
A mediado de los noventas, se introdujo el MTBE para incrementar la
eficiencia en la combustión del gas y reducir la contaminación, pero
existía la preocupación de que si había una fuga en los tanques
subterráneos podría contaminar los mantos de agua.
Usando las reglas del TLCAN, Methanex sostiene que el precio de sus
acciones y su ganancia potencial han sido drásticamente afectados por
la controversia, resultando en una expropiación de sus ganancias
futuras, precios menores para el producto e incremento de costos.
Reclama daños basados en la perdida de negocios futuros y compensación
por la perdida de valor de sus acciones.
Debido a las preocupaciones sobre la contaminación de las aguas, el
gobernador de California habla del MTBE como "un gran riesgo" para el
medio ambiente de su estado.
En una carta dirigida a Robert Zoellick, representante comercial de los
Estados Unidos, 14 miembros de la asamblea y senadores expresan sus
inquietudes relativas al caso del MTBE:
"Como legisladores del Estado de California consideramos un problema el
que se nos indique por oficiales comerciales, lejanos a nuestro medio,
y que no han sido democráticamente elegidos, qué tipo de paradigmas y
normas tenemos que aplicar en la promulgación de leyes para la
protección del medio ambiente y de la salud del pueblo en nuestro
estado."
La resolución de este caso va a ser importantísima en lo que se refiere
Al Capítulo 11 del TLCAN. Si se decide a favor de Methanex, muchas
otras compañías van a presentar demandas similares contra las leyes del
medio ambiente que no les gustan. Esto colocaría a Canadá y a los
Estados Unidos bajo una inmensa presión para cambiar el acuerdo del
TLCAN.
Caso # 4
Metalclad contra México
Reclamación: Octubre de 1997
Determinación: $16.7 millones de dólares americanos en agosto del
2,000
Esta reclamación contra el gobierno de México fue hecha por una
compañía americana dedicada al tratamiento de desechos. Metalclad
compró una compañía mexicana dedicada al tratamiento de desechos, la
cual, con conocimiento de causa, había contravenido la ley de
Guadalcazar, el lugar en el cual Metalclad proponía establecer su
planta de tratamiento.
El sitio había sido administrado pésimamente y las reservas locales de
agua habían sido contaminadas. La municipalidad había negada una
licencia de operación. El gobernador había considerado este sitio un
peligro ambiental para las comunidades circunvecinas, y ordenó el
cierre de dicha planta. Más tarde declara el sitio como parte de una
zona ecológica de 600,000 acres.
Metalclad reclama que el estado contravino el Capítulo 11 del TLCAN
declarando su sitio de tratamiento de desechos una zona ecológica
especial, causándole la perdida en su inversión y en las ganancias
potenciales. La compañía pretendía conseguir una indemnización de $90
millones de dólares americanos por razón de expropiación, una cifra más
grande que la ganancia anual combinada de cada familia del municipio en
el que se encuentra la planta de Metalclad.
En agosto del 2000, un tribunal determina que México ha contravenido a
Las estipulaciones del capítulo sobre las inversiones y otorga a
Metalclad la suma de $16.7 millones de dólares, cantidad que esta
empresa había gastado en la inversión. El gobierno de México ha
apelado dicha resolución ante la Suprema Corte de la Colombia
Británica, ya que las averiguaciones de caso se han realizado en la
Colombia Británica. La apelación aún está en proceso.
Este caso presenta importantes cuestiones en lo que se refiere a la
capacidad de los gobiernos de poder conservar la autoridad para
implementar controles sobre el medio ambiente en el caso de
inversionistas extranjero y el poder de los gobiernos locales.
Fuentes
Civilizing Globalization: Trade and Environment, Thirteen Years On,
Michelle Swenarchuk, Canadian Centre for Policy Alternatives, Octubre
2001.
NAFTA's Big Brother: The Free Trade Area of the Americas and the
Threat Of NAFTA-style "Investor-State" Rules, Murray Dobbin, Council of
Canadians, Marzo 2001.
ALCA y el Futuro
Muchas cosas están en juego en las negociaciones del ALCA. Los
procesos legales que han resultado como consecuencia del Capítulo 11,
nos hace ver lo que se viene encima a los gobiernos soberanos si el
ALCA se firma en su estado actual.
Quienes promueven los tratados de libre comercio los describen, con
benignidad, como una forma simple y fácil de promover el intercambio de
bienes entre los países. De hecho, los tratados se refieren no tanto
al comercio sino más bien a las inversiones, permitiendo a las
corporaciones el mover el capital a donde sea más ventajoso.
Curiosamente, el capital puede cruzar sin problemas las fronteras, pero
de forma interesante los mismo tratados, incluyendo el TLCAN, no
permiten a los trabajadores moverse con una libertad semejante.
El objetivo del ALCA es extender los alcances del TLCAN a 31 países más
localizados en el hemisferio occidental, combinando, como se encuentra
en el Capítulo 11, poderosas restricciones en la autonomía de las
decisiones políticas con un proteccionismo sin precedentes de los
derechos de propiedad de las corporaciones.
El gobierno canadiense se encuentra sometido a una abundante presión
pública a medida que los canadienses se van dando cuenta que el TLCAN,
y en particular el Capítulo 11, erosiona el poder de todos los niveles
de gobierno tanto en la provisión de servicios públicos como en su
capacidad de actuar buscando el mejor beneficio de sus ciudadanos. El
ministro de comercio canadiense había hecho la promesa de usar su
influencia para que el Capítulo 11 fuera modificado, pero un grupo de
corporaciones hizo pública una carta antes de la Cumbre de Quebec
(abril 2001) en la que pedían que el Capítulo 11 no se modificara. El
gobierno de Ottawa parece, ahora, dar marcha atrás a su intento,
sugiriendo que desea más bien clarificar la intención de esta cláusula.
Fue aparente el malestar mostrado por varios lideres de América Latina
y el Caribe en la ciudad de Quebec, quienes pusieron en duda la
afirmación de que un modelo neo-liberal de la economía sea la respuesta
a los problemas de sus países. Estos lideres pedían, en cambio, que se
dirijan fondos a los países económicamente pobres, permitiéndoles a
éstos una gradual y planificada transición a la zona del libre
comercio. Países caribeños y andinos empujaron por un trato legal
preferencial al interior del ALCA. Aunque Canadá, los Estados Unidos y
México son países sólidos e independientes, el Capítulo 11 del TLCAN a
afectado, sin embargo, de forma negativa a sus poblaciones. Otros
países firmantes del ALCA se encontrarían en una situación aún más
vulnerable.
Ya hoy en día, países económicamente pobres son forzados por el Banco
Mundial y el Fondo Monetario Internacional a desregular sus economías,
mientras luchan por mantener medidas que les ayuden a fortalecer sus
industrias y programas sociales. Con una cláusula semejante al
Capítulo 11 del TLCAN, el ALCA podrá ser utilizado como un instrumento
para limitar tales iniciativas de los gobiernos en beneficio de sus
ciudadanos.
Tanto grupos de ciudadanos como organismos de la sociedad civil están
promoviendo un camino alternativo para las reglas del comercio y de la
inversión. Desde su punto de vista, consideran que las regulaciones
comerciales deben asegurar que el respeto a los derechos humanos
básicos, a los derechos de los trabajadores, al medio ambiente y los
derechos de los pueblos indígenas, como han sido definidos por
protocolos internacionales, tienen precedencia sobre los derechos de
los inversionistas.
Fuentes:
Canadian Government Retreats on NAFTA Investor-State Concerns, Scott
Sinclair, Canadian Centre for Policy Alternatives, Junio 2001.
Análisis del Borrador del Capitulo de Inversiones del ALCA, Alianza
Social Continental, Junio 2001, ver: www.asc-hsa.org
NAFTA's Big Brother: The Free Trade Area of the Americas and the Threat
of NAFTA-style "Investor-State" Rules, Murray Dobbin, Council of
Canadians, Marzo 2001, ver: www.canadians.org
The FTAA After Quebec: What Happened? What¹s Next?, Marc Lee, Canadian
Centre for Policy Alternatives, Junio 2001, ver:
www.policyalternatives.ca
The Free Trade Area of the Americas and the Threat to Social Programs,
Environmental Sustainability and Social Justice in Canada and the
Americas, Maude Barlow, Council of Canadians, Enero 2001.
Preliminary Analysis of Free Trade of the Americas Text, Hemispheric
Social Alliance, Octubre 2001.
Viviendo en el TLCAN
Las estipulaciones del Tratado del Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) entraron en vigor en 1994. Ya que el ALCA va ser moldeado de
una manera cercana a ese tratado, la revisión del TLCAN y sus efectos
en los países miembros es una tarea importante.
Un reporte producido en el año 2001 por analistas de los Estado Unidos,
México y Canadá llega a la conclusión que: "Una evaluación del Tratado
del Libre Comercio de América del Norte, en su séptimo aniversario,
encuentra a lo largo del continente una tendencia a la disminución de
las ganancias de los trabajadores, a la perdida de oportunidades de
empleo, al incremento en la inseguridad y una desigualdad creciente."
(NAFTA at Seven: Its Impact on Workers in All Three Nations, Robert E.
Scott, Carlos Salas y Bruce Campbell, Economic Police Institute,
Washington, D.C. Abril 2001.)
Los autores reconocen que se han incrementado el comercio y las
inversiones entre los tres países en los últimos siete años, y que ha
habido un periodo de crecimiento económico. Pero también que los tres
países han experimentado el incremento de la brecha entre ricos y
pobres en sus sociedades.
La falta de poder adquisitivo, tanto del salario como de otros
ingresos, se ha incrementado en cada país para la mayoría de la gente.
Al mismo tiempo, han ido desapareciendo programas sociales que
protegían a los ciudadanos y al medio ambiente.
En Canadá el 20 por ciento de las familias, situadas en lo alto de la
escala económica, vio incrementar su parte de ingresos, antes de
impuestos, y transferencias del 41.9 por ciento al 45.2 por ciento en
1998. El 20 por ciento de las familias situadas al fondo de la escala
vio, por su parte, desminuir sus ingresos y transferencias del 3.8 por
ciento al 3.1. El ingreso de los trabajadores asalariados mexicanos se
deslizó en un 25 por ciento entre 1991 y 1998, mientras que el ingreso
de trabajadores autónomos se desplomó en un 40 por ciento. Durante los
noventas, el poder adquisitivo del salario mínimo en México disminuyó
de casi un 50 por ciento. En la manufactura los salarios disminuyeron
de un 21 por ciento entre 1993 y 1999. El TLCAN eliminó un número
estimado de 760,000 oportunidades de empleo en los Estados Unidos entre
1994 y el 2000, y el déficit comercial entre los Estados Unidos y sus
vecinos del norte y sur se incrementó substancialmente.
Los autores del reporte advierten que los efectos negativos del TLCAN
amenazan ser consagrados en el ALCA. "La experiencia [con el TLCAN]
sugiere que un tratado comercial de gran amplitud no es viable si no da
igual o más prioridad a los trabajadores y al desarrollo social como la
que da a la protección de los inversionistas y financieros."
Estos mismos analistas aconsejan que: "En lugar de tratar de extender
un tratado lleno de fallas a todas las Américas, los lideres de todas
las naciones norteamericanas deberían sentarse de nuevo a diseñar un
modelo de integración económica que trabaje en beneficio del mundo
laboral del continente."
Los Obispos de Canadá y el Debate Comercial
Los obispos católicos canadienses tienen una fuerte tradición de
vigilancia sobre las problemáticas sociales y económicas y de levantar
la voz cuando la necesidad lo exige. Como obispos son conscientes de
la responsabilidad de la Iglesia de la promoción del bien común a la
luz de los valores evangélicos.
Durante el debate sobre el tratado de libre cambio entre los Estados
Unidos y Canadá, La Conferencia de Obispos Católicos Canadiense no tomó
partido, pero puso una serie de preguntas en busca de claridad en su
carta de mayo de 1987, Free Trade: At What Cost? [Libre Cambio: ¿A qué
precio?] También se desarrolló un instrumento de trabajo que ayudara a
los canadienses a clarificar su decisión sobre las problemáticas
envueltas.
En 1998 las naciones afluentes pertenecientes a la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se encontraban en medio de
la negociación de lo que sería el Tratado Multilateral de Inversión
(TMI), un tratado internacional sobre la inversión, que eventualmente
protegería a las corporaciones transnacionales para poder invertir de
una forma casi completamente libre.
Las negociaciones ocurrieron en secreto, pero una fuga de información
permitió el darse cuenta de su existencia generando la alarma en el
ámbito internacional. En 1998 la Comisión de Asuntos Sociales de la
Conferencia de Obispos Católicos de Canadá envió una carta al ministro
de comercio canadiense en la que expresaba su "gran preocupación" con
el cándido apoyo del gobierno canadiense al TMI.[i] La comisión
describe este tratado como "una estrategia de desarrollo basado en la
liberación comercial, la desregulación y la privatización económica."
Los obispos, miembros de la comisión, temían que el propuesto tratado
fortaleciera, aún más, a las largas firmas transnacionales "a costa de
la debilitación de otros actores en los niveles local, regional y
provincial."
Refiriéndose a la encíclica Populorum Progressio del Papa Pablo VI, los
obispos recordaban al ministro que: "todos los derechos, incluyendo el
derecho a la propiedad y al libre comercio, deben estar subordinados al
bien común." La carta expresa la preocupación de la comisión con la
falta de consultación ante un acuerdo de posibles graves consecuencias,
urgiendo al gobierno de Canadá el organizar "un proceso consultivo a
largo plazo" con relación a las negociaciones. Finalmente, la carta
preguntaba el por qué un acuerdo que va, eventualmente, a ser extensivo
a casi todos los países del mundo es negociado sólo por 29 de las
naciones más ricas.
Ese mismo año, la Comisión de Asuntos Sociales aparece ante una
Iniciativa Ciudadana de Indagación sobre el TMI. Ya para entonces la
Comisión había hecho un llamado a hacer una pausa en el avance de las
negociaciones. En su presentación en la indagación, la Comisión
reitera la preocupación de la Iglesia de que los sistemas económicos
deben estar al servicio del bien común. [ii]
En la intervención se expresaba el miedo de que el TMI y otras
iniciativas comerciales llegaran a minar el principio de la
subsidiaridad, removiendo la capacidad de decisión de los poderes
locales y nacionales. "La remoción del poder de decisión de oficiales
elegidos a ejecutivos y, todavía un paso más, a los accionistas, no es
una mejora de la democracia, y no es, para hablar claro,
subsidiaridad." La comisión vuelve a insistir su preocupación con el
hecho de que un grupo de países ricos esté negociando un tratado que
intentan imponer en países pobres. "No es de ninguna manera aceptable
que algunos lideres crean que pueden y aún deban negociar un acuerdo y
después ofrecerlo (y de hecho imponerlo) a los países en desarrollo."
Las negociaciones del TMI se derrumbaron en octubre de 1998, pero sus
principios básicos siguen influenciando por todas partes, de una forma
notable a través de la Organización Mundial del Comercio pero también
en una variedad de tratados bilaterales y continentales, incluyendo el
propuesto ALCA.
¿El Bien Común o la Exclusión?
En febrero del 2001, la Comisión de Asuntos Sociales de la Conferencia
de Obispos Católicos de Canadá envió una carta abierta a los
legisladores canadienses, urgiendo a los parlamentarios a "trabajar por
el bien común y en vistas a la terminación de la exclusión
económica."[iii]
Los obispos hacían notar que la brecha entre las familias más ricas y
las familias más pobres de Canadá se ensanchaba dramáticamente, incluso
Durante años de crecimiento económico. La carta de la Comisión
subrayaba de forma particular la constante pobreza entre mujeres y
niños, una pobreza incrementada "cuando se están reduciendo los
presupuestos de los programas sociales y de la salud y los puestos de
trabajo se tambalean."
También describe de que forma la "desbocada búsqueda" de ganancia
industrial incrementa la destrucción ecológica, refiriéndose además al
continuo endeudamiento de las naciones pobres. " Seguramente, en un
mundo que se globaliza más y más," dice la comisión, "el bien común
debe también volverse global."
La Cumbre de las Américas
Se inició a hablar en serio sobre el ALCA desde 1998 y se continúa
hasta el día de hoy. En abril del año 2001 se encuentran en la ciudad
de Quebec presidentes y primeros ministros de las Américas en un
complejo protegido por la policía y una alambrada metálica. Se estima
entre 50,000 y 60,000 el numero de personas reunidas para protestar
contra el contenido del ALCA y la forma oculta del proceder de las
negociaciones.
El 4 de abril de 2001, el arzobispo de la ciudad de Quebec, y primado
de Canadá, da una conferencia de prensa y presenta un enunciado
intitulado That None Be Excluded [Que nadie sea excluido], aprobado por
el Consejo Permanente de la Conferencia de Obispos Católicos de Canadá
y preparada en conjunto con la arquidiócesis.[iv]
En su análisis de la liberación del comercio y la inversión, la
Conferencia de Obispos Católicos de Canadá ha sido afortunada en poder
extraer del rico depósito de la enseñanza social católica, incluyendo
la exhortación apostólica Ecclesia in America, publicada en 1999.
En Ecclessia in America, el Santo Padre menciona que bajo ciertas
circunstancias la globalización puede tener consecuencias positivas.
Pero añade la siguiente observación:
"Sin embargo, si la globalización se rige por las meras leyes del
mercado aplicadas según las conveniencias de los poderosos, lleva a
consecuencias negativas. Tales son, por ejemplo, la atribución de un
valor absoluto a la economía, el desempleo, la disminución y el
deterioro de ciertos servicios públicos, la destrucción del ambiente y
de la naturaleza, el aumento de las diferencias entre ricos y pobres, y
la competencia injusta que coloca a las naciones pobres en una
situación de inferioridad cada vez más acentuada."[v]
En ese mismo espíritu el Consejo Permanente dice en su enunciado en la
ciudad de Quebec: "Es evidente que la producción de mayor riqueza no
lleva por sí misma a una distribución más equitativa de tal riqueza, y
que la Œn ueva economía) produce mayor desigualdad de una manera aún
más veloz que antes."
También menciona que los gobiernos han recibido el mandato de sus
ciudadanos para promover el bien común, por lo que no deben abandonar
su poder de intervención. Si esto pasara, los gobiernos se "volverían
impotentes ante las fuerzas económicas capaces de incrementar
producción y ganancia pero incapaces de garantizar de los beneficios
resultantes."
El Consejo Permanente repite lo que ya antes se ha dicho, que la Cumbre
de las Américas mejoraría si se hiciera con mayor transparencia. Se da
grande importancia a la Cumbre "paralela" organizada por la Alianza
Social Hemisférica. "Los ciudadanos del continente necesitan ser
capaces de contribuir más a estos debates tan cruciales que determinan
nuestro futuro común."
El enunciado urge a los líderes enfrentar el impacto social y ecológico
de un mercado abierto, enfatizar los derechos humanos y las estructuras
democráticas, y promover un desarrollo que respete la dignidad de
individuos y comunidades.
Una Presencia Constante
Por más de 500 años la Iglesia ha permanecido como una presencia
constante en la vida de los pueblos de las Américas. Comercio e
inversión no son realidades nuevas para nuestras naciones. De hecho,
el mundo experimenta en el siglo XV y en siglos posteriores una forma
de globalización. Con el paso de los siglos han cambiado las teorías
económicas y las tecnologías, pero para la Iglesia la pregunta es la
misma - ¿De qué forma puede la economía ayudar al pueblo a vivir en
dignidad y plenitud, libre de la penuria y la miseria?
Si, en efecto, la globalización es en cierta forma inevitable, entonces
es claro que la Iglesia tiene una misión esencial en humanizar sus
objetivos y fines. Con el desarrollo del ALCA, La iglesia debe de
prestar aún más reflexión ética a estas temas tan criticas.
Fuentes (ver: www.cccb.ca)
[i] Carta del Reverendísimo Francois Thibodeau al Honorable Sergio
Marchi, Marzo 1998.
[ii] Brief Presented to the MAI Inquiry: A Citizens¹ Search for
Alternatives, Comisión de Asuntos Sociales de la Conferencia de Obispos
Católicos de Canadá. 13 de noviembre de 1998.
[iii] The Common Good or Exclusion: A Choice for Canadians, Carta
Abierta a los Miembros del parlamento de la Comisión de Asuntos
Sociales de la Conferencia de Obispos Católicos de Canadá, 2 de febrero
de 2001.
[iv] That None Be Excluded, Enunciado del Consejo Permanente del
Conferencia de Obispos Católicos de Canadá con ocasión de la Cumbre de
las Américas, Ciudad de Quebec, 4 de abril de 2001.
[v] Ecclesia in America, 1999, sección 20.
Copias de este documento también están disponibles en inglés y francés
al contactar la:
Oficina de Asuntos Sociales,
Conferencia Episcopal Canadiense.
90 Avenida Parent, Ottawa, Ontario K1N 7B1 /Teléfono: (613) 241-
9461
extensión 231 /Fax: (613) 241-5087/Correo e:
http://www.alainet.org/active/2205
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