Espionaje político y escándalo mediático

ALAI, América Latina en Movimiento

2008-02-06

Clasificado en:		Política: *Politica, Estado, Comunicación: Comunicacion, Medios*,
Disponible en:		*Español*

Ecuador

Gustavo Abad

Mediodía del 12 de febrero de 2007. Cinco hombres conversan en tono aparentemente confidencial en una habitación del hotel República, al norte de Quito. Uno de ellos es Ricardo Patiño, ministro de Economía del Ecuador, acompañado de su asesor, Héctor Égüez. Frente a ellos se encuentran Carlos Abadi y Alan Dayan, de la firma estadounidense Abadi & Company, que se dedica a la renegociación de bonos de la deuda externa de los países pobres. El quinto hombre es el ex ministro de Economía del Ecuador, Armando Rodas, quien actúa como enlace entre el ministro y los empresarios.

La reunión y lo que se dice en ella permanecen en secreto absoluto durante tres meses, y solo se conoce cuando Patiño despide a uno de sus asesores, Quinto Pazmiño, de quien sospecha que está involucrado en actos de corrupción. Lo que no calcula el ministro es que su ex hombre de confianza tiene en sus manos un video de la conversación con los empresarios y que está dispuesto a divulgarlo como venganza contra su antiguo jefe.

El 21 de mayo, Teleamazonas[1], un canal de televisión abiertamente identificado con la oposición al gobierno del presidente Rafael Correa, difunde el video como un trofeo de guerra, sin ofrecer pruebas de su autenticidad ni confrontar su contenido con la versión de los involucrados. El video dura una hora con cuarenta minutos, pero el canal solo difunde las partes que parecen comprometer al ministro, sin ofrecer información de contexto que permita a la audiencia hacerse un juicio cabal de lo que mira.

En lo que se conoce desde entonces como el “pativideo”, los empresarios sugieren al ministro que provoque el pánico de los mercados internacionales mediante el anuncio de que no pagará 135 millones de dólares correspondientes a los llamados Bonos Global 2030 (cuyo plazo termina el 15 de febrero, es decir, 3 días después de la reunión), con lo cual, según ellos, las empresas aseguradoras ganarían al elevar el precio de sus contratos con los tenedores de deuda, y el Ecuador se ahorraría 150 millones de dólares gracias a la magia de las transacciones bursátiles[2].

Pero si retrocedemos un poco, a fines de enero el gobierno ecuatoriano ya anuncia la posibilidad de acogerse a una moratoria de la deuda externa. Finalmente no lo hace y paga de manera puntual, por lo que no se sabe si existe alguna vinculación real entre estas decisiones y la reunión secreta, o todo es un simple escándalo mediático auspiciado por la oposición. Aparte de una censura al ministro por parte del Congreso Nacional, no existen resultados de alguna investigación confiable al respecto.

Se juntan de esta manera dos prácticas perversas: el espionaje político y el escándalo mediático. En las próximas semanas, los ecuatorianos miran, como si se tratara de un “reality show”, una serie de videos y grabaciones clandestinas de encuentros y conversaciones entre ministros, diputados, jueces y empresarios[3]. Los canales de televisión celebran la llegada de cada nuevo video a sus estudios y lo transmiten sin realizar investigación alguna sobre su origen.

El espionaje político alcanza su clímax cuando el presidente Rafael Correa inicia, el 9 de julio, un juicio contra 12 diputados a quienes acusa de intentar chantajearlo al exigirle prebendas y cargos burocráticos a cambio de sus votos para aprobar la Ley de Justicia Financiera, con la cual el gobierno pretende disminuir las ganancias de los banqueros ecuatorianos. La prueba que exhibe el mandatario es una grabación clandestina entre un diputado y un funcionario gubernamental disfrazado de policía.

Las tensiones entre los medios de comunicación ecuatorianos y el gobierno de este país comienzan con la llegada de Rafael Correa a la Presidencia de la República, el 15 de enero de 2007, con un discurso basado en la equidad social, la soberanía nacional, y la necesidad de una profunda reforma política en el Ecuador. Esto marca el alineamiento en su contra de la mayoría de los medios de comunicación tradicionales[4] los cuales construyen y difunden la idea de que el presidente ha dividido al país y de que gobierna con métodos autoritarios influenciado por su amistad con el presidente venezolano Hugo Chávez.

Sin embargo, la Consulta Popular del 15 de abril, convocada por el gobierno para preguntarle a la población si está de acuerdo en que se instale una Asamblea Constituyente con plenos poderes para reformar el marco jurídico del Estado y redactar una nueva Constitución, arroja un resultado del 81,7% a favor del Sí. Esto demuestra que los medios de comunicación difunden un falso divisionismo, al mismo tiempo que pierden credibilidad[5].

Dos sectores están demasiado cerca de todos estos acontecimientos y tienen muchos intereses comprometidos, como para eludir su responsabilidad: la banca y los medios de comunicación, los cuales exhiben bajísimos niveles de credibilidad y respeto entre la población. La banca arrastra la vergüenza histórica de haberse beneficiado de la crisis de 1999[6], y los medios de comunicación la de estar vinculados a grupos económicos liderados por banqueros[7], lo cual es cierto en unos casos, pero no en la totalidad.

Desde el inicio de su gestión, el presidente Correa pone en evidencia esta peligrosa relación entre medios y poder económico, pero no hace diferencias entre los que son y los que no son, y eso genera críticas en su contra. Finalmente, la confrontación es directa cuando el mandatario inicia, el 10 de mayo, un juicio en contra del diario La Hora por dos titulares: “Vandalismo oficial” (9 de marzo de 2007) y “Correa asaltó Junta Bancaria”, (16 de abril). La Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresan su respaldo al diario quiteño, en contraste con la opinión de televidentes y radioescuchas que expresan su apoyo al presidente cuando periodistas de gran influencia como Carlos Vera (Ecuavisa) y Paco Velasco (La Luna) consultan en vivo a sus audiencias sobre el tema.

En marzo de 2007, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción (CCCC) cumple 10 años de funcionamiento, pero apenas el 10% de los casos que ha investigado ha seguido un proceso legal[8]. Poco después, en mayo, el gobierno crea una Comisión de la Verdad para investigar los crímenes de Estado durante el gobierno de León Febres Cordero (1984-1988)[9]. Se crea la Comisión Especial para la Investigación del Salvataje Bancario[10]. El gobierno propone dejar de explotar petróleo del Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía, a cambio de que la comunidad internacional compense al país por ese sacrificio en beneficio de la conservación ambiental[11]. La diplomacia ecuatoriana logra que Colombia se comprometa a no fumigar las plantaciones de coca en la frontera entre ambos países, pues eso causa daños a la salud humana[12].

Pero nada de eso ocupa tanto espacio en los medios de comunicación como los “Pativideos” o la confrontación del presidente con la prensa, que el propio mandatario se encarga de exasperar cuando califica a los periodistas de “miseria humana” y desata el mayor dramatismo mediático que se recuerde en el Ecuador.

El 18 de mayo, el presidente Rafael Correa envía al Congreso Nacional el proyecto de la Ley de Justicia Financiera, cuyo objetivo es poner límites a las ganancias de la banca privada por el dinero que presta a sus clientes, cuyos intereses pueden llegar hasta el 70%[13]. Para entonces, los diputados de oposición aceleran un juicio político al ministro Patiño por el caso de los “Pativideos”. El 13 de julio, día señalado para la comparecencia de Patiño, éste no acude bajo el argumento de que no está obligado a rendir cuentas a una institución desprestigiada como el Congreso[14]. Al mismo tiempo, la Asociación de Banco Privados del Ecuador (ABPE) realiza una campaña mediática en contra de la Ley de Justicia Financiera, mientras el presidente de esa entidad, César Robalino, visita a cualquier hora las oficinas de los diputados. El 18 de julio, el Congreso aprueba un texto que deja intactas las ganancias de la banca.

Mediodía del 12 de agosto de 2007, fecha de cierre de este informe. La banca privada mantiene todos sus privilegios y las tasas de interés alcanzan niveles de usura[15]. La abierta oposición de la prensa frente al gobierno solo benefician a los banqueros y nadie sabe a quién reclamar. Lo único cierto es que en este país, si una persona solicita un préstamo de 20.000 dólares para comprar una casa, al cabo de 10 años paga 16.000 en intereses. No es casualidad que en 2006 la banca privada reporte utilidades de aproximadamente 250 millones de dólares y que el país alcance un índice del 70% de pobreza. De eso, ningún medio hace escándalo.

[1] El “anchorman” de Teleamazonas es el periodista Jorge Ortiz, uno de los más radicales detractores del presidente Rafael Correa, principalmente, del concepto de Socialismo del Siglo XXI, que maneja el mandatario. Ortiz sostiene públicamente un discurso favorable al libre mercado, a la privatización de los recursos del Estado, y critica duramente las propuestas reivindicativas especialmente del movimiento indígena y de otros sectores sociales relegados cuando estos promueven la equidad social.

[2] Esa es la parte más relevante, luego de la demostración del video completo realizada por el propio ministro Patiño el 24 de Mayo en el auditorio del Centro Internacional de Estudios de Periodismo de América Latina (CIESPAL) ante una concurrencia mayoritariamente a su favor

[3] Patiño también aparece en otro video clandestino conversando con Jorge Cevallos, presidente del Congreso Nacional, respecto de la correlación de fuerzas parlamentarias antes de la aprobación de la Consulta Popular del pasado 15 de abril. Posteriormente, los medios difunden una conversación entre el candidato a la Asamblea Constituyente, León Roldós, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Acosta, respecto de un proceso penal en contra del ex presidente Abdalá Bucaram. También pasan una grabación entre Velasco y el diputado Ramsés Torres, respecto de los procedimientos de la Comisión de Fiscalización, de la cual Torres es presidente.

[4]En el Ecuador conocemos como medios tradicionales a los que tienen una trayectoria lo suficientemente extensa con una notable influencia en el debate público y, sobre todo, aquellos que mantienen un discurso favorable al establecimiento.

[5] La encuestadora Informe Confidencial consultó a 400 personas en Quito. De ellas, un 23% confía mucho los medios de comunicación; un 34% confía algo; un 30% confía poco, y un 12% confía nada. El oficio de periodista ha descendido notablemente en la valoración social especialmente por causa de la vinculación de los medios con los grupos de poder económico.

[6] En marzo de 1999, el entonces presidente del Ecuador, Jamil Mahuad, presionado por la banca, decreta un feriado bancario y la retención del dinero de los depositantes por un año. No existen cifras exactas, pero se calcula que los banqueros retuvieron alrededor de 6.000 millones de dólares, los cuales hasta le fecha no son devueltos en su totalidad. Desde entonces, en el léxico cotidiano de los ecuatorianos, la palabra banquero queda ligada al calificativo corrupto.

[7] En el Ecuador se multiplican las vinculaciones entre estos dos sectores. Sin embargo, los casos más visibles involucran al grupo Isaías, responsable de la quiebra de Filanbanco, en 1998, pero que actualmente maneja los canales Gamavisión, TC Televisión y Cable Visión. Este grupo mantiene una constante guerra informativa en contra del banquero Fidel Egas, dueño del Banco del Pichincha, de la tarjeta de crédito Diners Club, pero también del canal Teleamazonas y de la empresa editorial Dinediciones, la cual edita las revistas Mundo Diners, SoHo, Gestión y Fucsia. Un detalle minucioso de este tema consta en Estructura de poder de los medios de comunicación en el Ecuador, del catedrático Marco Villarruel, publicado por la Universidad Central del Ecuador en 2006.

[8] Entre 2000 y 2006, ese organismo recibe 4.533 casos, de los cuales solo el 35% (1.586) pasa a investigación. La mayoría de los casos proviene de la Función Judicial (cortes y juzgados, los organismos seccionales (consejos provinciales y municipios), el sector energético (empresas estatales y privadas relacionadas con el petróleo) y el sector financiero (bancos, mutualistas)

[9] Los casos más significativos de ese período son la represión en contra de los militantes del grupo subversivo Alfaro Vive Carajo (AVC) y la desaparición de los hermanos Restrepo. La comisión se plantea indagar 40 desapariciones y 200 casos de tortura. Sin embargo, algunos grupos de derechos humanos señalan 215 torturas y 20 ejecuciones.

[10] El feriado bancario de 1999 también es conocido como salvataje bancario.

[11] El Parque Nacional Yasuní y su zona de influencia son Patrimonio de la Biosfera y en él habitan pueblos en aislamiento voluntario como los Tagaeri y los Taromenane.

[12] Como parte del Plan Colombia, desde finales de 2000, las poblaciones fronterizas entre Ecuador y Colombia sufren los efectos de las fumigaciones con glifosato, un químico que afecta el ambiente y la salud humana, sin que se haya podido detener ese proceso por vía diplomática por lo que Ecuador plantea demandas internacionales.

[13] A la tasa de interés establecida por el Banco Central, la banca privada añade comisiones arbitrarias que incrementan el costo del crédito. En marzo de 2007, la tasa referencial del Banco Central es del 5,13%, pero, sumadas las comisiones de los bancos, el interés real gira alrededor del 15%.

[14] La encuestadora Informe Confidencial consultó a 400 personas en Quito. De ellas, un 6% confía mucho en el Congreso Nacional; un 10% confía algo; un 20% confía poco, y un 63% confía nada.

[15] El Congreso delega al Banco Central la tarea de establecer las tasas máximas de interés. El 31 de julio de 2007, esta entidad señala: 22,50% (crédito comercial), 32,27% (crédito de consumo). 17,23% (crédito para vivienda) y 41,86% (microcrédito), y legaliza de esta manera las comisiones arbitrarias.

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