ALAI, América Latina en Movimiento
2002-02-08
El PPP: una pieza en el rompecabezas del ALCA
Raúl Moreno
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| Clasificado en: | | Política: Politica, Estado, | Internacional: Internacional, Globalizacion, Integracion, Tratados, | Economía: Economia, Desarrollo, Finanzas, Modelos, PoliticasEconomicas, RecursosNaturales, | |
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Español
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«Vivimos en un mundo en que es mucho más grave transgredir las
normas del comercio que violar los derechos humanos» -W. Allmand-
Los lazos visibles e invisibles del comercio Hoy en día resulta muy
difícil sustraerse de las dinámicas económicas mundiales; se hace
evidente que nuestras condiciones de vida están cada vez más
determinadas por las reglas del comercio internacional, a través de
lazos visibles e invisibles que directa e indirectamente trasladan sus
efectos desde los mercados internacionales hasta nuestra cotidianeidad.
La imposición planetaria de patrones de consumo que "estandarizan" a
millones de personas con Mc´Donalds, Coca Cola y Microsoft; la
precarización laboral en las empresas maquiladoras; las crisis
económicas generadas por el vaivén de los flujos de capital
especulativo; la instauración de la "santa" lógica del mercado; la
"universalización" de la pobreza y la cultura de la violencia; y la
homegeneización de la políticas económicas impuestas como panacea desde
los organismos financieros multilaterales, son solo algunos de los
elementos que identifican a este mundo "patas arriba" que subsume los
derechos humanos al principio superior del "libre comercio".
En este contexto, el comercio y la inversión aparecen como un binomio
fundamental, que podría constituirse en un instrumento para el
desarrollo justo y sustentable sólo en la medida en que se conciban
como instrumentos y componentes de una estrategia de inserción externa,
basada en los proyectos nacionales de desarrollo, y como el fin en sí
mismo.
La "sacralización" del mercado y la tendencia indiscriminada por la
desregulación y la apertura de las economías resultan inaceptables, no
sólo por la demostrada incapacidad del mercado para distribuir el
bienestar entre la sociedad o aminorar los problemas estructurales de
las pequeñas economías; sino porque no podemos dejar que el mercado
decida por nosotros y renunciar a constituirnos en sujetos activos de
nuestro futuro. La ley de oferta y demanda no puede regir la vida de
los pueblos.
Cabe enfatizar que no toda inserción externa es favorable, la
desregulación de las economías o la simple aprobación de los Tratados
de Libre Comercio (TLC) no garantiza en sí misma ventajas y beneficios
para las partes suscriptoras. La inserción externa debería enmarcarse
en las estrategias nacionales de desarrollo, lo cual supone zurcir la
política económica nacional con las medidas asumidas para vincularse
con la economía mundial. Para ello, primero debemos de "ordenar la
casa", atender los enormes problemas y cuellos de botella internos, los
cuales no se solventan desde afuera, pero si limitan la calidad de
nuestra inserción.
Abrazando iniciativas ajenas
La avidez con que los gobiernos hacen propias las iniciativas ajenas
sin el mínimo esfuerzo por identificar sus potenciales impactos en los
sectores nacionales, sigue siendo un rasgo característico de El
Salvador y del resto de pequeñas economías centroamericanas.
La ausencia de políticas económicas y sociales internas que contribuyan
a corregir los "desórdenes" que históricamente han existido en nuestra
casa, llevan a ponderar fuertemente las soluciones externas como el
remedio para los desequilibrios estructurales que padecemos. En este
contexto, las concesiones unilaterales a las exportaciones de algunos
productos nacionales a través del Acuerdo Bilateral de Alcance Parcial
y la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, así como la suscripción en
serie de Tratados de Libre Comercio y el advenimiento de un Área de
Libre Comercio de las Américas (ALCA), aparecen como una bendición para
un país con una política económica carente de rumbo y sin instrumentos
idóneos que le permitan sostener las tasas de crecimiento de la
actividad económica.
El Plan Puebla Panamá (PPP), recientemente presentado en sociedad con
la visita a El Salvador del Presidente Fox, constituye una propuesta
construida desde México -seguramente con la co-autoría del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)- siendo uno de sus propósitos más
relevantes impulsar la integración urbana y regional de algunas
ciudades mexicanas del sur sur-este a través de la construcción de un
conjunto de corredores que faciliten la circulación de las mercancías.
A la idea original de esta iniciativa, concebida para algunos Estados
mexicanos de la franja del sur sur-este de México (2) se le adosaron
las repúblicas centroamericanas, para dar una versión regional y más
amplia, que permitió imprimir una viñeta con el nombre de Plan Puebla
Panamá; aunque quizá hubiera sido más adecuado etiquetarlo como Plan
México-Panamá o Plan Puebla-Darién.
Esta iniciativa prontamente fue abrazada por los mandatarios
centroamericanos, observando fielmente los procedimientos que han
caracterizado las negociaciones de los diversos tratados y acuerdos
comerciales suscritos previamente por sus gobiernos: falta de
transparencia, ausencia de consulta y participación de los diferentes
sectores económicos y sociales en los procesos de negociación. Este
dato contrasta con la letra del PPP, que destaca entre sus objetivos:
"establecer procesos de participación social amplia"; sin embargo, la
ausencia de participación en el diseño del mismo luz de los hechos sólo
queda pensar que existe una confusión conceptual, quizá en el glosario
del PPP la participación social amplia se defina como las decisiones
asumidas por un grupo de funcionarios a puerta cerrada y de manera
inconsulta.
Existe otra notable coincidencia entre los TLC y el PPP en el estilo de
la negociación, pues en ambos casos se observa la ausencia de estudios
técnicos y de impacto que permitan visibilizar las secuelas derivadas
de la aplicación de las medidas, de manera que puedan dimensionarse los
beneficios y/o perjuicios generados, pero sobre todo identificar los
sectores ganadores y perdedores con el Plan.
Más allá de la retórica del PPP
Seguramente, la alternancia en la presidencia de la república mexicana
ha sido un factor importante para reconocer que "las políticas
instrumentadas por el gobierno federal en las últimas cinco o seis
décadas han desalentado el desarrollo en el sur de México" (2) y que el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ha contribuido a
la ampliación de las brechas de desarrollo entre el norte y el sur de
ese país.
Partiendo de un amplio diagnóstico en el que se dibujan los enormes
contrastes existentes entre los territorios del sur y el norte de
México (4), destaca el sur-sureste del país como una región que pese a
tener abundantes y diversos recursos naturales se ha mantenido
secularmente en el atraso y subdesarrollo. Levy identifica como uno de
los principales obstáculos al desarrollo, el marco jurídico-
institucional prevaleciente y la precaria situación de la
infraestructura de transporte y comunicaciones del sur-sureste; de allí
que la orientación de la propuesta mexicana tenga como elemento
fundamental la conectividad e identifique como ejes prioritarios: la
inversión pública en infraestructura y las reformas institucionales y
de los marcos regulatorios.
En este sentido, la reforma de aquéllas políticas públicas que han
reprimido el desarrollo del sur-sureste (5) de México se convierte en
el principal contenido del Plan y estímulo para el desarrollo de la
región. Tomando en cuenta que el sur-sureste está dotado de enormes
riquezas en petróleo, gas natural, cursos de agua, reservas forestales
y biodiversidad, no es azaroso ni gratuito que las propuestas estén
orientadas hacia la modificación de los derechos de propiedad sobre los
hidrocarburos y el agua, la supresión de la restricción constitucional
de poseer o arrendar grandes extensiones de tierra, así como también a
romper el control monopólico que el Estado mexicano ha mantenido en
actividades estratégicas como electricidad, gas y petroquímica, para
abrir el espacio que permita la incursión de las inversiones privadas.
Además de las reformas jurídicas e institucionales, el PPP incluye un
fuerte componente de inversión en infraestructura de transporte, como
elemento estratégico que permitiría mejorar los enlaces con los
mercados del TLCAN y la Unión Europea, y a la vez reducir los costes y
por esta vía ganar competitividad. Uno de los componentes principales
del Plan propone establecer un sistema integrado de transporte
(terrestre, ferroviario, aéreo y marítimo), trazando ejes carreteros
(6) que vinculen los centros de abastecimiento con los nodos (ciudades
de ensamblaje) y los puntos de exportación. También contempla
inversiones en infraestructura hidro-agrícola (obras de irrigación
hasta por 700 mil hectáreas: palma africana, convenios de bio-
prospección, la diversidad biológica) (7).
Aunque en el texto del PPP se dibujan interesantes iniciativas que
postulan por la búsqueda de un desarrollo humano y sustentable, así
como el estímulo de procesos participativos y democráticos; en el mapa
del PPP trazado por el BID se simplifica a una Mesoamérica conectada
por proyectos de in infraestructura (carreteras, interconexión
eléctrica, fibra óptica, puertos) y un corredor biológico, sin que
asomen el bosquejo de proyectos de educación, salud, vivienda y otros
vinculados con el directo bienestar de la población.
A juzgar por la información disponible a la fecha, el PPP representa
una iniciativa dominada por una lógica mercantil, que pretende la re-
localización regional de la producción en base de criterios económicos
de maximización de ganancias, que busca aprovechar las "ventajas
comparativas" de las regiones, lo cual supone promover la reducción de
los costes totales, mediante la obtención de bajos costes directos
(materia prima, mano de obra y energía) y bajos costes de transporte
(insumos y productos) (8). La idea de movilizar piezas desarmadas en
contenedores -que faciliten el traslado terrestre y marítimo- está
íntimamente relacionado con la interconexión de ciudades
"ensambladoras" o maquiladoras que se conectarían a través de los
sistemas de carreteras, y que dicho de paso disponen de mano de obra
barata (9).
En la letra del Plan se coloca "negritas" para destacar la inversión
pública en infraestructura, principalmente para la construcción de un
sistema de transporte que reduzca los fletes y facilite el traslado de
las mercancías por canales secos trazado en circuitos que unan las
zonas en que se hayan -o donde se instalarían- las empresas
transnacionales y los mercados de factores y productos (10).
Es evidente que en la arquitectura del PPP se percibe el influjo de un
enfoque de geografía económica, que aplica algunas extensiones de
modelos de competencia imperfecta y de programación mixta a fin de
identificar la localización de plantas productivas (11), siendo así, la
lógica que da coherencia al PPP es aquella que justifica la
maximización de beneficios y minimización de costes de las empresas.
Al igual que cualquier política o programa económico, el PPP no es una
construcción "inocua" y "neutral" como se podría desprender de la
retórica de su texto; el PPP no es un modelo abstracto, se trata de una
iniciativa amplia, que incluye un conjunto de megaproyectos a aplicar
en los países de Centroamérica y algunos Estados mexicanos. En este
sentido, el PPP se aplicará sobre realidades concretas, que pese a
tener un común denominador en indicadores de exclusión y pobreza,
presentan enormes asimetrías en sus marcos jurídicos e institucionales,
en sus capacidades competitivas y en sus estructuras productivas.
La carencia de propuestas nacionales con una visión integral del
desarrollo imposibilita que cualquier iniciativa pueda articularse a
esta lógica, que se convierta en un instrumento para la consecución de
un desarrollo sustentable, más que en una suma de proyectos dispersos y
con propósitos distintos.
El ALCA, los TLC y el PPP
Existe una notable coincidencia entre los propósitos del PPP, y los del
TLC y el ALCA. Esta última constituye una iniciativa del gobierno de
Estados Unidos que busca la consolidación de un bloque comercial
continental (12) por la vía de suprimir cualquier tipo de regulación a
las inversiones extranjeras.
El ALCA reafirma y profundiza los contenidos ya vigentes en los TLC,
entre los que destacan: el libre acceso de las empresas transnacionales
a contratos y licitaciones gubernamentales (13), la prohibición de
requisitos de desempeño a las inversiones extranjeras; la solución de
controversias en manos de árbitros internacionales y la posibilidad de
que una empresa pueda llevar a juicio a un Estado, con el inminente
riesgo de indemnización por pérdidas a las empresas "afectadas"; y la
protección de los derechos de propiedad intelectual de marcas y
patentes.
En consonancia con los objetivos del ALCA de crear una política
energética liberalizada --controlada por las empresas transnacionales
generadoras de energía--, un mercado continental de agua y un sistema
"agro empresarial" de producción de alimentos con fines de lucro -
transgénicos-(14), el PPP también se perfila hacia la liberalización de
actividades estratégicas -hasta ahora controladas por el Estado-como
son el petróleo, el gas natural, los cursos de agua, las reservas
forestales y la biodiversidad, que sin duda representan apetecidos
nichos para las inversiones privadas extranjeras.
El PPP en tanto iniciativa para la inversión cobra sentido en el marco
jurídico que los TLC han dejado establecido en los países
centroamericanos. La subsunción de toda la legislación secundaria
nacional a los TLC ha llevado a suprimir cualquier tipo de regulación a
las inversiones extranjeras por parte de los Estados, lo cual se
convierte en un importante incentivo para las empresas transnacionales
que operan y operarían en la región.
El Capítulo XIV del TLC suscrito entre México y los Países del
Triángulo Norte de Centro América (TLCTN) imposibilita el
establecimiento de requisitos al desempeño y funcionamiento de las
empresas extranjeras (15).
En este marco no es posible regular las cuotas o el tipos de bienes o
servicios a exportar, establecer el grado de contenido nacional de
bienes y servicios, otorgar preferencia a bienes y servicios locales,
restringir las ventas en el territorio generadas por la inversión,
transferir tecnología u otro conocimiento reservado, actuar como
proveedor exclusivo de los bienes que produzca o servicios que preste o
imponer requisitos relativos a localización geográfica, generación de
empleo, capacitación de mano de obra. Todas estas limitaciones para
los Estados que han suscrito TLC se convierten en un marco muy
atractivo para las empresas transnacionales instaladas en la región,
pues les permite actuar sin regulación alguna.
Además, en el marco del TLC se abre la posibilidad que cualquier
empresa transnacional pueda llevar a juicio a un Estado ante un
tribunal privado ad-hoc para reclamar perjuicios o expropiación por
alguna regulación impuesta por los Estados. A la fecha se conocen
varios casos en los cuales los Tribunales, integrados por árbitros
independientes, han resuelto el pago de millonarias sumas a las
empresas transnacionales por parte de Estados que han aplicado alguna
regulación que se considere como inhibición de las ganancias (16).
En agosto del 2000 el Tribunal del Centro Internacional para la
Resolución de Disputas de Inversión (ICSID) estableció un laudo a favor
de la empresa estadounidense Metalclad, por medio del cual obliga al
gobierno de mexicano a pagarle más de 16 millones de dólares por trato
discriminatorio y expropiación de la inversión, luego que las
autoridades locales cerraran un basurero de residuos peligrosos -
propiedad del Metalclad-- en Guadalcázar (San Luis Potosí, México),
zona que el gobierno estatal reconociera posteriormente como reserva
estatal el área natural protegida de Real de Guadalcázar con
características de Reserva de la Biósfera.
Esto constituye un peligroso precedente para los países de la región,
porque ha quedado reiteradamente evidenciado que los intereses de las
empresas y la lógica comercial tienen primacía, y están por encima de
las consideraciones de salud y bienestar de las poblaciones y
comunidades.
En la Declaración Conjunta de San Salvador del 15 de junio del 2001,
los presidentes de Centroamérica y México acuerdan impulsar las
"Iniciativas Mesoamericanas", un paquete de ocho componentes que
integra: desarrollo sustentable, desarrollo humano, prevención y
mitigación de desastres naturales, promoción del turismo, facilitación
del intercambio comercial, integración vial, interconexión energética e
integración de los servicios de telecomunicaciones. Existe alguna
convergencia entre el PPP, la Estrategia de Centroamérica para la
Transformación y Modernización en el Siglo XXI --preparada por el
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)-- y los megaproyectos
regionales presentados ante el Grupo Consultivo de Madrid.
Pese a que la retórica del PPP alude a proyectos para el desarrollo
humano y mejora de la calidad de vida de la población, hasta la fecha
sólo se conoce de iniciativas para la conectividad de la región, como
la construcción de un corredor logístico de Centroamérica (carreteras,
ferrocarriles, transporte marítimo y cabotaje, transporte aéreo,
telecomunicaciones) y la interconexión eléctrica (generación
hidroeléctrica y termoeléctrica, hidrocarburos) (17).
Es evidente que estos proyectos serán financiados con préstamos
otorgados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y por el
Banco Mundial (BM), empréstitos que pagaremos los ciudadanos y
ciudadanas (18), por lo cual merecería la pena identificar aquéllas
áreas de inversión que resultan estratégicas para el desarrollo humano.
Todavía falta por ver dónde están los proyectos que impulsarán las
iniciativas anunciadas en los ámbitos social, cultural y ambiental,
aspecto importante de retomar desde las reivindicaciones de las
organizaciones sociales.
Por otra parte, llama la atención la celeridad con que las iniciativas
para la conectividad presentadas ante el Grupo Consultivo de Madrid
encontraron las promesas para su respectivo financiamiento, mientras
que antiguas reivindicaciones -de enorme trascendencia en el desarrollo
nacional y regional-como la necesidad de una banca para el desarrollo
rural, la solución a la problemática de generación y abastecimiento de
agua potable, las precarias condiciones de desempeño de la micro y
pequeña empresa, han encontrado la secular limitación de la falta de
recursos financieros.
Los potenciales impactos del PPP
El énfasis en la inversión pública ya había sido planteado previamente
entre las recomendaciones que Michael Porter hiciera a los gobernantes
centroamericanos (19), en esa ocasión proponía como ejes estratégicos
para el desarrollo sustentable de la región: la inversión en
infraestructura, el fomento de la maquila tecnológica, el ecoturismo y
la construcción de un corredor biológico mesoamericano, entre otros.
No cabe duda que la propuesta de conectividad del PPP se acopla
plenamente con la apuesta de los gobiernos de la región por el fomento
de la actividad maquiladora. Ante el divorcio de la política económica
salvadoreña y el sector real, durante el último lustro, la maquila se
convirtió en la actividad económica más dinámica y que junto a la
expulsión anual de un importante número de ciudadanas y ciudadanos
hacia Estados Unidos, representan las dos piezas claves para el
crecimiento de la economía.
La lógica de la conectividad también contribuye a consolidar un modelo
regional basado en la actividad maquiladora, que además de servir a la
contención migratoria de la población mesoamericana hacia Estados
Unidos, perfila a la región como una zona de ensamblaje, con el
atractivo de los incentivos fiscales para las empresas, fuerza de
trabajo barata, y la inminente posibilidad de reducir los costes de
transporte con la construcción de los canales secos y puertos marítimos
que favorezcan el traslado de los productos hacia los mercados de
exportación.
A pocos escapa el conocimiento de las precarias condiciones en que
laboran la mayoría de las mujeres y hombres en las empresas
maquiladoras. En un contexto en el cual la economía crece sin generar
empleo, la consolidación y extensión de la actividad maquiladora supone
avanzar hacia una mayor flexibilización del mercado laboral y
precarizar aún más las condiciones de vida de la población.
Por otra parte, la ratificación de la adhesión de El Salvador a la OMC
en 1995, exige a partir del año 2000 la observancia de los Acuerdos de
Propiedad Intelectual (TRIPS), elemento clave para las empresas
transnacionales dedicadas a la bio-prospección que ven en las selvas y
bosques del sureste mexicano y de Centroamérica un apreciado botín que
les permitiría apropiarse, por medio de las patentes, de los
microorganismos y otras formas de vida allí existentes.
Si además tomamos en cuenta que los TLC vigentes imposibilitan que los
Estados impongan requisitos de desempeño, es evidente que la apertura
otorgada a las inversiones privadas en áreas estratégicas como
biodiversidad, causes de agua, petróleo y gas, se convierte en un
cheque firmado en blanco para las empresas transnacionales, cuyos
propósitos no son precisamente el bienestar de la población oriunda y
menos el manejo sustentable de los recursos naturales. No será remoto
presenciar en la región un corredor de bio-piratería.
En este marco, no sería extraña la posibilidad de que se repitan casos
como el de Metalclad en Guadalcázar (San Luis Potosí, México); dada la
imposibilidad de regular las inversiones --aunque éstas atenten contra
la salud de la población y el medio ambiente--; y además, porque la
exitosa industria de la basura en los países desarrollados requiere de
nuevos botaderos, lo cual también podría facilitarse con la apertura
del sistema de transporte que el PPP contempla.
La experiencia salvadoreña de privatización en la distribución de la
energía eléctrica es lo suficientemente ejemplificadora de los impactos
negativos que tiene sobre los usuarios el control monopólico y privado
de servicios públicos (20). Hablar de conectividad eléctrica en la
región nos refiere al proyecto de inversión de alguna empresa
transnacional que está dispuesta a incursionar en el mercado de
generación eléctrica, y que sin duda llevará a la privatización de los
últimos activos públicos como son las plantas geotérmicas e
hidroeléctricas.
No cabe duda que aunque la conectividad tendrá como beneficiario
directo a las empresas transnacionales instaladas en la región, siendo
que algunas verán reducidos sus costes laborales y de transporte y
otras verán ante sus ojos el negocio de la vida al incursionar en áreas
estratégicas y muy rentables -como bio-prospección, petróleo, gas y
energía eléctrica--; también podrían observarse algunos efectos
indirectos y colaterales que favorezcan a algunas comunidades, a los
pequeños productores y trabajadores en general.
Buscando que los eternos perdedores de las reformas económicas vean
dibujadas con este Plan algunas oportunidades que vayan más allá de
emplearse en alguna empresa maquiladora situada en los contornos de su
territorio o vender "fruta en bolsa" o "pupusas" transgénicas en alguno
de los desvíos de las carreteras del sistema de transporte por donde se
deslizarán los furgones de las empresas transnacionales; se hace
urgente activar la participación ciudadana desde las localidades y
regiones, pues sólo la movilización y presión social podrían mediatizar
los potenciales impactos negativos y afianzar las posibles ventajas
generadas.
Lo "irremesible" de los fenómenos propios de la globalización, nos
impone el reto de imprimirle a las acciones ciudadanas la mayor
creatividad y audacia posible, lo cual exige mantener un profundo
conocimiento del fenómeno, pero también una estrecha coordinación
ciudadana en los planos locales, nacional e internacional. La magnitud
de los procesos generados por la Organización Mundial de Comercio
(OMC), el ALCA y el TLC, que desbordan nuestras capacidades y la
posibilidad de lograr su modificación en los aspectos esenciales,
usualmente nos mueven a cruzarnos de brazos o hacia la búsqueda de
situaciones que generen los menores impactos negativos, y en el mejor
de los casos, hacia la obtención de algunas "astillitas de los
beneficios".
En esta situación es evidente la necesidad de definir el rumbo de
nuestras vidas, no podemos renunciar a ese derecho y cederlo al
mercado, por ello resulta impostergable la definición de una estrategia
nacional y regional de desarrollo sostenible. Sólo desde esta lógica y
con la movilización ciudadana desde los territorios podremos tener
alguna seguridad que abrazando las iniciativas ajenas podemos generar
el bienestar que la población demanda.
En el contexto planteado en este artículo y tomando en cuenta los
saldos netos negativos para la población, derivados de las diversas
experiencias de inversión en muchos países, puede entenderse que muchas
personas pongan en duda las intenciones expresas en el texto del PPP.
Aunque esto, desde luego, abre la oportunidad de tomarle la palabra a
los presidentes a efecto de que se concreticen aquellos proyectos que
respondan a los objetivos suscritos en el Plan.
Desde las organizaciones sociales y la ciudadanía en general, habría
que retomar los objetivos planteados en el PPP y exigir las medidas
concretas que respondan a sus enunciados, los cuales trascienden de un
conjunto de proyectos para la inversión en infraestructura. La
aprobación del Plan también posibilita el planteamiento de nuestras
exigencias sobre aquellas temáticas que están indisolublemente ligadas
con los temas del desarrollo y los propósitos enunciados, como son la
mejora en las condiciones de vida de la población, el fomento de la
micro y pequeña empresa, una adecuada distribución de los ingresos y
activos, la precarización de las condiciones de empleo a través de la
flexibilización del mercado de trabajo, con iniciativas como la Ley de
Emergencia para la Reactivación del Empleo (LERE).
Habría que destacar la necesidad de aplicar proyectos para la
mitigación y prevención de los desastres por su especial relevancia en
el país, cuyo grado de vulnerabilidad social y ambiental se ha puesto
de manifiesto con los dos terremotos, las inundaciones recurrentes, los
períodos de sequía, la crisis en la generación y distribución de agua
potable y la pérdida constante del patrimonio nacional -nuestro suelo--
que se desliza por los causes de los ríos hacia el mar.
La construcción de carreteras y puentes podría ser beneficiosa para los
consumidores y comunidades, aunque ello no es automático, se requiere
garantizar que los marcos jurídicos e institucionales respondan a sus
intereses ante posibles casos de acciones lesivas. En este sentido, la
movilización ciudadana desde los territorios es una pieza clave y
fundamental, no sólo para el seguimiento y observancia, sino también
para la denuncia en casos violatorios al desarrollo humano y
sustentable. También merece la pena volver la mirada hacia los
potenciales impactos sociales y culturales derivados de estos procesos,
para ello basta mirarnos en el espejo mexicano, que a siete años de
TLCAN, ha visto como se incrementa el desarraigo cultural, la trans-
culturización en las zonas rurales e indígenas, la pérdida y erosión de
los tejidos sociales (21), la proliferación de la prostitución y el
consumo de drogas entre la población más joven.
Finalmente, cuando en una propuesta el "valor superior de las cosas" se
ubica en el beneficio económico y prevalece una lógica comercial,
resulta muy difícil creer en la autenticidad de su retórica. Conceptos
como "desarrollo humano", "calidad de vida", "desarrollo sustentable" y
"participación democrática" se convierten en palabras huecas para
adornar el discurso. Sólo anteponiendo los derechos humanos y el
respeto a la vida por encima de la lógica mercantil podremos tener la
certeza de que los puentes, la conectividad de las redes de energía
eléctrica, las carreteras y los puertos serán para el beneficio de la
gente.
Notas
(1) Raúl Moreno: Economista, profesor de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador y presidente del
Centro para la Defensa del Consumidor de El Salvador.
(2) El sureste de México incluye los Estados de Chiapas,
Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y
Puebla. La región abarca el 25% del territorio y el 28% de la
población mexicana.
(3) Levy, Santiago; Kessel, G., y Dávila, E. (2000), El Sur
También Existe: un Ensayo el Desarrollo Regional de México, Julio,
México DF. Este estudio constituye la base teórica y analítica en que
se fundamenta el diseño del Plan Puebla Panamá.
(4) Ver: www.ppp.presidencia.gob.mx
(5) Levy, S. y otros, Op Cít.
(6) En México, los principales ejes carreteros son: a)
Matamoros-Tampico-Veracruz-Viillahermosa- Campeche-Mérida; b)
Tapachula-Arriaga-Salinas Cruz-Acapulco-Lázaro Cárdenas; c) El enlace
Tuxtla Gutiérrez con Cárdenas -Tabasco; c) Los puertos de Progreso,
Salina Cruz, y Coatzalcos.
(7) Levy, Santiago y otros, Op Cít.
(8) Ibíd.
(9) Ibíd.
(10) El PPP generará descomposición del "tejido social",
entrevista realizada por La Jornada de México al Dr. Andrés Barreda,
http://www.jornada.unam.mx/2001/jun01/010627/oriente-ppb.htm.
(11) Levy, S. y otros, Op Cít. p. 10.
(12) El ALCA incluye 34 países del hemisferio (con la
excepción de Cuba), integra 800 millones de personas, representa un
tercio del Producto Interno Bruto mundial y más 20% del comercio
global.
(13) Se abre la posibilidad que empresas transnacionales
liciten proyectos
en áreas como: sanidad, cuidados hospitalarios, educación primaria y
secundaria, museos, bibliotecas, servicios hídricos, seguros, turismo,
servicios postales, transporte, entre otras.
(14) Ver: El Observatorio Internacional, FUNDE, Año 2, Primer
Trimestre 2001, pp. 1-8, San Salvador.
(15) Tratado de Libre Comercio entre México y los Países del
Triángulo Norte de Centroamérica, Cap. XIV, SECOFI, México.
(16) Ver: Hilda Salazar y Carlsen, (2001): Impactos
socioambientales del TLCAN. Respuestas sociales ante la integración,
RMALC, México.
(17) Ver: www.iadb.org/regions/re2/ppp.
(18) Sin duda que estos préstamos presionarán aún más la ya
deficitaria situación de las cuentas del sector público no financiero
salvadoreño, que después del terremoto ha registrado niveles tan altos
que se podrían tornar inmanejables.
(19) Ver propuesta de Michael Porter y Lucía Marshall:
Estrategia para el Desarrollo Sustentable de Centroamérica, presentada
en 1998 en INCAE, Alajuela, Costa Rica.
(20) La reforma del sector eléctrico que derivó en la
privatización de la distribución de la energía eléctrica ha desvirtuado
los argumentos esgrimidos en la apología de la privatización. Ahora se
tiene una empresa transnacional que controla el 80% del mercado de
distribución, las tarifas eléctricas son las segundas más altas del
mundo, el servicio es de muy mala calidad y no existe expansión de la
cobertura del servicio.
(21) Barreda, Andrés, Op Cít.
http://www.alainet.org/active/2197
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