ALAI, América Latina en Movimiento
2005-12-14
Colombia Indígenas desafían violencia con organización
Eduardo Tamayo G.
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28 de noviembre del año 2005, 7h30. El gobernador indígena
del resguardo la Concepción (norte del Departamento del
Cauca) recibe una llamada a su teléfono móvil en la que le
exigen la entrega en 48 horas de la suma de 12 millones de
pesos (unos 5454 dólares estadounidenses), doce pares de
botas pantaneras, doce machetes con sus respectivas
cubiertas y doce linternas, y le advierten que, si no
entrega lo solicitado, los asesinarían inmediatamente junto
con otros dos comuneros. La autoridad comunicó el hecho
inmediatamente a la comunidad y al resto de gobernadores
indígenas de la región, los cuales inmediatamente
respondieron al chantaje señalando que los “recursos de la
comunidad son exclusivos para el fortalecimiento social de
la comunidad” y no para “patrocinar o fortalecer
actividades delincuenciales, de grupos o de personas
internas o externas”.
Este es uno de los tantos casos de presiones y amenazas a
los que están expuestos los 84 pueblos indígenas de
Colombia, cuyos territorios han sido convertidos en zonas
de disputa por parte de los distintos actores armados que
intervienen en el conflicto. El Estado, las fuerzas
armadas, los paramilitares y las guerrillas de izquierda
pugnan por el control territorial y presionan de diversas
formas para tratar de someterlos o alinearlos bajo sus
propios intereses.
“Los pueblos indígenas estamos en el campo, estamos en
nuestros territorios. Los paramilitares pasan, amenazan,
desplazan, no quieren responder por las masacres, los
asesinatos de los indígenas. La guerrilla nos acusa de que
no colaboramos y nos matan y asesinan; el Estado nos
persigue porque nos acusa de que somos colaboradores o
encubridores de los paramilitares o de la guerrilla; no se
nos permite la neutralidad y el Estado quiere que los
indígenas seamos aliados como informantes, como guardias
cívicos financiados por ellos, y eso no es posible, porque
no estamos de acuerdo con la ´seguridad democrática’, eso
no forma parte de nuestros usos y costumbres como pueblos
indígenas, eso no forma parte de nuestra tradición de no
ser parte del conflicto armado interno”, afirmó a ALAI el
senador indígena embera, Francisco Rojas Birri, del
departamento del Chocó.
La violencia que no cesa
Para los actores armados es intolerable la resistencia y la
neutralidad que han proclamado los indígenas agrupados en
la Organización Nacional Indígena De Colombia (ONIC),
Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía
Colombiana (OPIAC), Autoridades Indígenas de Colombia
(AICO), Confederación Indígena Tairona (CIT).
El precio que han tenido que pagar por defender su proyecto
de vida que tiene como principios rectores el respeto, la
autonomía y la autodeterminación, la identidad, la
integralidad y la diversidad ha sido alto. Durante las
últimas tres décadas de guerra interna (1974-2004) se han
producido 6.726 violaciones a los derechos humanos de los
pueblos indígenas, de las cuales 1869 corresponden a
asesinatos políticos contra dirigentes, autoridades
indígenas y en general dirigentes de las comunidades (1)
La política de “seguridad democrática” inaugurada en el
2002 por el presidente Alvaro Uribe -y que ahora va para la
reelección- ha provocado un agravamiento de la situación de
los derechos humanos en general y particularmente de los
pueblos indígenas. “Durante el gobierno del Presidente
Uribe, se han incrementado los casos de violación a
nuestros DDHH, han surgido iniciativas legislativas para
desmontar garantías constitucionales y derechos adquiridos,
la guerra se fue a vivir en nuestros territorios para
obligarnos al desplazamiento y su abandono, se han
aposentado en nuestros territorios y comunidades los
batallones militares, las fumigaciones aéreas, las minas
antipersonales, las compañías multinacionales y, como sino
fuera suficiente, se han satanizado nuestras organizaciones,
desconociendo nuestras iniciativas y decisiones, y por
último hemos sido calificados por ministros, generales y
gobernadores departamentales como manipulados por la
guerrilla, auxiliares de subversivos e insurgentes”,
señalan las organizaciones indígenas participantes en la
Mesa Nacional de Concertación efectuada en Bogotá, del 24
al 28 de octubre del año 2005. (2)
Algunos datos ratifican estas afirmaciones. Si en el 2001
hubo 180 homicidios de indígenas, en el 2002 –año de
posesión de Uribe-, la cifra subió a 293, en el 2003 fue de
183, en el 2004 fue de 117 y hasta septiembre del 2005 fue
de 66, según datos de la ONIC-CECOIN. En los últimos meses
se ha registrado un incremento de la violencia selectiva
que tiene como víctimas a los dirigentes y a quienes han
optado por la resistencia civil, al mismo tiempo que han
aumentado los desplazamientos forzados que han afectado a
30.136 indígenas en los últimos tres años (3).
La violencia se ensaña con las mujeres indígenas, las
cuales han sido víctimas de violación y ataques sexuales y
sicológicos por parte de los diversos grupos armados.
“Solo en el Vaupés, en Carurú, aproximadamente 20 han sido
violadas por la Fuerza Pública más una adolescente del
pueblo Kokonuco del Cauca”, señalaba un comunicado de la
ONIC a propósito de la conmemoración del día internacional
por la no violencia a la mujer. En el pueblo de Kankauo
hay más de 180 viudas que tienen bajo su responsabilidad a
700 huérfanos. Los grupos armados reclutan a jóvenes
indígenas utilizando los lazos emocionales y las obligan a
cumplir tareas domésticas y de otro tipo. Mujeres y niños
emberas, inganas, pastos, yanaconas sufren las
consecuencias del Plan Colombia financiado por Estados
Unidos, el cual contempla fumigaciones indiscriminadas con
glifosato que destruyen no solo las plantaciones de coca
sino que afectan a su salud, a sus cultivos alimenticios y
a sus animales domésticos. Como secuelas del conflicto,
muchas mujeres indígenas se ven obligadas a desplazarse a
las ciudades en donde les espera el servicio doméstico, la
mendicidad o la prostitución. (4)
Pueblos en resistencia
Para hacer frente a la violencia y asegurar su
supervivencia como pueblos, pero también para enfrentar las
políticas neoliberales y recuperar la tierra, los indígenas
colombianos han puesto en marcha diferentes estrategias de
resistencia que han combinado la movilización, las
consultas populares, la denuncia y las actividades de las
guardias indígenas. Este el caso de la Asociación de
Cabildos del Norte del Cauca (ACIN).
La ACIN nació en 1994 para coordinar y fortalecer el
proceso organizativo y la gestión y defensa de los derechos
e intereses de las comunidades Nasa (Páez) que están
conformadas por 110.000 habitantes asentados en 17
resguardos (territorios) que tienen una extensión de
193.370 hectáreas. El reconocimiento legal de sus
territorios fue una de las conquistas logradas con la
Constitución de 1991. Aunque el área que habitan es
extensa, sin embargo se trata de zonas de páramos (ricas en
agua) y de bosques. Solo un 12% del total de los
resguardos es apta para la producción pecuaria y de
alimentos. Las tierras de cultivo son insuficientes: de
las 25.000 familias que ocupan el territorio, 6000 carecen
de tierra para producir sus alimentos. El 56% de los niños
padecen de hambre y desnutrición. (5)
Esta es una de las razones que llevó a los Nasa a ocupar,
desde el 12 octubre de 2005, 11 haciendas en el
departamento del Cauca para exigir que el gobierno adopte
medidas efectivas de reforma agraria. Estas luchas fueron
denominadas “por la libertad de la madre tierra” puesto que
“para nosotros, la tierra es la madre y contra ella se
comete un crimen del que vienen todos los males y las
miserias. Nuestra madre, la de todos los seres vivos, está
sometida, según la ley que se impone, tiene dueños, es
propiedad privada. Al someterla como propiedad para
explotarla, le quitaron la libertad para engendrar vida y
de proteger y enseñar el lugar, las relaciones y el tiempo
de todo lo que vive. Le impiden producir alimentos,
riqueza y bienestar para todos los pueblos y seres vivos.
Los que se apropian de ella causan hambre, miseria y muerte
que no deben ser”. (6)
Con esta lucha, pese a estar localizada en un solo
departamento, los indígenas del Cauca pusieron el dedo en
la llaga de uno de los problemas no resueltos y considerado
como causa del conflicto armado: la injusta distribución de
la tierra. El 0,4 por ciento de los propietarios, o sea
cerca de 15.000 personas, controlan el 61 por ciento de la
tierra registrada en el país. Según un informe de la
Contraloría, Colombia vive una auténtica contrarreforma
agraria pues en los últimos 20 años se ha producido una
aberrante concentración de la tierra que está en manos de
grupos ilegales y de los narcotraficantes. Estos últimos
poseen el 48% de las mejores tierras ubicada en 409 de los
1.039 municipios del país, mientras el 62% de los
propietarios (pequeños) campesinos solo posee el 5,2 por
ciento. (7)
El desafío que hacen los Nasa a la sacrosanta propiedad
privada es lo que llevó al gobierno de Uribe a declarar que
las “invasiones son terrorismo” y a ordenar el desalojo
policial de los indígenas de la hacienda Jipio en el
municipio de Caloto en la que murió el indígena Belisario
Camayo de 18 años. La presión pública, sin embargo, obligó
al gobierno de Uribe a reconocer la legitimidad, la justeza
y la fuerza de la lucha indígena y mestiza y a sentarse a
buscar soluciones.
Pero los pueblos indígenas se han constituido “en la piedra
en el zapato” del gobierno de Uribe por otra razón: por su
enérgica y masiva oposición al Tratado de Libre Comercio
que Colombia, Ecuador y Perú, negocian con Estados Unidos.
“El TLC afectará al agro colombiano, y los indígenas son
agricultores, son productores, tanto para la pervivencia o
para el mercado, el productor con una tecnología muy
primitiva no va estar en capacidad de competir con la
tecnología y los subsidios que tienen los productores de
EE.UU”, afirma el senador Rojas.
El 12 de octubre del 2005, 14.000 indígenas embera y
algunos pijao se concentran en Santa Rosa de Cabal, Belén
de Umbría, Puerto Rico (Risaralda) y Chinchiná (Caldás) y
marcharon a Pereira y Manizales para protestar contra el
Tratado de Libre Comercio, la reelección de Uribe, y contra
los procesos de paz (con los paramilitares) sin justicia y
reparación y con prebendas para los victimarios. La
policía antidisturbios lanzó gases lacrimógenos provocando
40 heridos y la muerte del indígena Marcos Soto Guevara de
60 años.
Un año atrás, en el mes septiembre de 2004, los indígenas
del norte del Cauca y de otros departamentos organizaron la
denominada “Minga por la vida, la autonomía, la libertad,
la justicia y la alegría” en la que participaron 55.000
personas, misma que partió desde el Municipio de Santander
de Quilachao y llegó a la ciudad de Cali teniendo como
demandas centrales la defensa de los derechos consagrados
en la Constitución de 1991, la oposición al ALCA y al TLC y
el respeto y defensa del Derecho a la Vida. (8)
La guardia indígena
“La lucha en el Cauca ha puesto el direccionamiento
político de la resistencia, y en el Cauca lo lidera el
norte, al punto que la UNESCO ha declarado al proceso de
paz que impulsamos como un laboratorio de ideas, de
pensamientos, es un dinámica muy constante, todos los días
estamos en encuentros, asambleas, discusiones, y ahora
hemos fortalecido el acercamiento con organizaciones
sociales, con los afro- colombianos y campesinos, es una
propuesta muy fuerte que se vislumbra como una opción
diferente de vida”, dice un dirigente de ACIN que prefiere
no dar su nombre.
A medida que se han hecho visibles las propuestas indígenas,
estas han recibido muestras de solidaridad y apoyo pero
también han surgido enemigos, “celosos” del protagonismo
indígena. La insurgencia les ha declarado objetivo militar
porque “nos sublevamos a lo que nos querían imponer al
interior de los territorios”. El proyecto contra-
insurgente del Estado, con sus fuerzas militares y
paramilitares, “también no ha visto con buenos ojos esta
propuesta y han tratado de cooptarla y cortar el proceso de
avance”.
Para hacer frente al conflicto armado, la ACIN ha
organizado la guardia indígena como “proceso de resistencia
y pervivencia del territorio”, la que tiene como principal
función controlar, vigilar los resguardos y alertar a la
comunidad de los diferentes peligros. (9) En la zona norte
del Cauca, la guardia se compone de 7.500 personas que
están listas para actuar, pero 4.500 funcionan en forma
permanente. No solo participan hombres jóvenes sino
mujeres, niños y personas mayores.
La guardia es una instancia ancestral de las comunidades
indígenas, sus principios están inspirados en la tradición
espiritual y el derecho propio. Este organismo humanitario
no imparte justicia, pero ayuda y acompaña a los cabildos y
alguaciles en el proceso de impartir justicia.
La guardia actúa en forma permanente y sobre todo en casos
de emergencia. A mediados de abril del 2005, una columna
de las FARC atacó a los municipios de Jambaló y Toribío, en
el departamento del Cauca. El ejército entró y se
entablaron combates que se prolongaron por varias semanas.
La ACIN exigió el cese al fuego, la desmilitarización
integral de la zona y la búsqueda de una salida negociada
al conflicto armado. Rechazó, asimismo, tanto las
declaraciones de Uribe en el sentido de erradicar “la
guerrilla en el Cauca” como la posición de las FARC de
fortalecer el control militar sobre su territorio. La
guardia, en esta oportunidad, organizó el proceso de
evacuación, de suministro de alimentos, de atención médica
a las comunidades, etc. Por su labor de prevención de la
violencia, fue reconocida en el año 2004 con el Premio
Nacional a la Paz. Así resisten los pueblos indígenas de
Colombia y su propósito es ganar aliados para su proyecto
de paz con diálogo, justicia y reparación.
Notas
(1) Houghton J., Violencia política contra los pueblos
indígenas en Colombia. 1974-2004. Altovuelo Editores,
Medellín, 2005
http://www.semillas.org.co/articulos.htm?x=868306&cmd%5B111
%5D=c-1-24
(2) ONIC, OPIAC, AICO, CIT, “Los pueblos indígenas y su
problemática territorial”,
http://www.onic.org.co/img_upload/3068e9df14b050d72c4fa19fa
bbab2d7/PRONUNCIAMIENTO__MESA_DE_CONCERTACION.pdf
(3) Boletín ‘Hechos del callejón’ No. 9 – Noviembre 2005,
Área de Desarrollo Humano del PNUD. Fuente: Actualidad
Colombiana, boletín Nº 420
http://www.actualidadcolombiana.org/
(4) ONIC: Colombia: Mujeres indígenas víctimas de la
violencia,
http://movimientos.org/enlacei/show_text.php3?key=5912
(5) El Pueblo Nasa y el derecho a la tierra
http://www.actualidadcolombiana.org/
(6) (7) Ibid
(8) León Osvaldo, “Minga por la vida”, (2004-09-16)
http://alainet.org/active/6769〈=es
(9) Guardia indígena:
http://www.nasaacin.net/prg_guardia.htm
Publicado en América Latina en Movimiento, No. 403: http://alainet.org/publica/403.phtml
http://www.alainet.org/active/11766
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