ALAI, América Latina en Movimiento
2005-12-13
Manifiesto de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España (CONGDE) ante la Cumbre Ministerial de la OMC de 2005 en Hong-Kong
Mayor justicia en el comercio internacional, el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza
A lo largo de todo este año, la campaña “Pobreza Cero” ha venido movilizándose y recordando a los líderes mundiales su larga lista de compromisos incumplidos y la insuficiencia de las medidas adoptadas para erradicar la pobreza y asegurar el desarrollo humano y sostenible en el mundo.
Hace casi cuatro décadas que se estableció la necesidad de que los países desarrollados destinaran el 0,7% de su riqueza para el desarrollo de los países empobrecidos pero, en la actualidad, el conjunto de los países desarrollados apenas destina un 0,24%. Además, si el objetivo real fuera lograr el cumplimiento de los Objetivos del Milenio, sería imprescindible que se cancelara inmediatamente el total de la deuda a los 62 países más empobrecidos del mundo.
La falta de voluntad política condena a la mitad de la población mundial a vivir en la pobreza ya que existen recursos económicos, tecnologías y capacidades más que suficientes para afrontar el mayor reto al que se enfrenta la humanidad. La persistencia de la pobreza y la desigualdad en el mundo, hoy no se puede justificar. Actualmente, el 10% más rico del planeta disfruta del 70% de las riquezas, y las brechas de pobreza siguen creciendo.
El año 2005, ha sido un año crucial para abordar los problemas del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. Dos importantes eventos –La Cumbre del G-8 y la Asamblea de Naciones Unidas- han supuesto una oportunidad única para que las naciones ricas –incluida la UE- acordaran soluciones positivas y eficaces en cuestiones fundamentales -deuda, ayuda, comercio y cambio climático- cuyo cambio de rumbo es urgente para asegurar la vida de millones de personas que viven en la pobreza extrema y crear las condiciones que garanticen la sostenibilidad del medio ambiente. A lo largo de todo este año se ha desarrollado una creciente presión ciudadana a los líderes mundiales y más de 30 millones de personas en el mundo han tomado parte activa en acciones contra la pobreza y por un comercio más justo y sostenible.
Ya han transcurrido 10 meses y se han perdido oportunidades importantes para acordar nuevas respuestas frente a la situación actual. El modelo vigente de liberalización comercial se muestra inadecuado para garantizar la erradicación de la pobreza y la extensión de los derechos humanos a toda la población del Planeta.
El comercio internacional debe regirse por unas reglas justas que garanticen un reparto justo y equitativo de sus beneficios. Se debe permitir a los países más pobres desarrollar sus industrias locales, vender sus productos y garantizar su seguridad alimentaria. La Cumbre Ministerial de Hong Kong será la última oportunidad en el 2005 para incidir en la adopción de compromisos políticos a favor de la erradicación de la pobreza y por el desarrollo sostenible.
I. POR UN COMERCIO CON JUSTICIA QUE CONTRIBUYA AL DESARROLLO SOSTENIBLE Y A LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA
La vida de millones de personas pobres en el mundo se podría mejorar drásticamente, si se cambian las actuales reglas que rigen el comercio internacional. La Ronda de Doha fue concebida como una ronda de desarrollo que “pretendía situar los intereses y necesidades de los países en desarrollo en el lugar central de la agenda de trabajo”. No obstante, tras cuatro años de negociaciones, tras la retórica de una ronda “para el desarrollo”, lo único claro que permanece, son los agresivos intereses de los países ricos, incluida la OMC.
a) Una ofensiva política de la UE y defensivos intereses en la OMC
En lugar de orientar los esfuerzos hacia resultados reales por el desarrollo sostenible, lo que verdaderamente predomina en las actuales negociaciones es el intento de cerrar compromisos que permitan el libre acceso a los mercados de las empresas de servicios e industrias de los países ricos. Fruto de ello, los productores de los países en desarrollo están perdiendo cuotas de mercado interno, viendo disminuir sus escasas perspectivas de compensar sus pérdidas de ingreso a través de las exportaciones. Sin un cambio radical en la dirección actual de las negociaciones comerciales de la OMC, poco podremos esperar en relación a los objetivos del desarrollo sostenible en favor de los más pobres. La UE y los países miembros deben dejar de presionar para conseguir una liberalización comercial que restringe el espacio político de los países en desarrollo respecto de sus prioridades en las cuestiones sociales, medioambientales y de lucha contra la pobreza,. Sus recientes propuestas de 13 y 28 de octubre de 2005, dirigidas a presionar para conseguir acuerdos comerciales injustos basados en el intercambio de ofertas entre agricultura por una parte, y servicios y productos industriales por otra. ahondan en el actual desequilibrio de las negociaciones con los países en desarrollo y sólo benefician a los intereses de los países ricos.
b) Por una política comercial basada en los derechos humanos y orientada al desarrollo, la sostenibilidad medioambiental, la igualdad de género y el empleo. Frente a una agenda de negociaciones comerciales dirigida básicamente por los intereses empresariales, la UE debería estar exclusivamente ligada por los compromisos internacionales suscritos en materia de derechos humanos, sostenibilidad ambiental y cumplimiento de los Objetivos del Milenio, ejerciendo un liderazgo que sirva para reorientar el actual desequilibrio que ejerce la OMC en el sistema de gobernabilidad mundial. En este sentido, la UE debería garantizar que las políticas y prácticas comerciales no disminuyan los estándares sociales y medioambientales alcanzados, en especial los laborales, y establecer vínculos más estrechos con la OIT, la FAO y la UNCTAD, con el fin de que las decisiones de Naciones Unidas y los Acuerdos Multilaterales sean respetados. La gobernabilidad mundial está profundamente afectada por la ausencia de garantías en el respeto de las condiciones las condiciones de trabajo digno y aplicación de los tratados de la OIT relativos a los derechos laborales. Sin abordar una agenda política de transformación y de redistribución de la riqueza y de los recursos, los derechos y la participación de las mujeres se verán definitivamente conculcados al no incidir en la corrección del incremento de las profundas desigualdades que ha generado el proceso de globalización económica y liberalización comercial.
Un proceso que, desde la perspectiva de género, ha agudizado la feminización de la pobreza e intensificado la explotación del trabajo no asalariado de las mujeres en la economía, ha destrozado las estrategias de supervivencia de las mujeres pobres urbanas y rurales, expulsando a las mujeres emigrantes y a las miles de mujeres desplazadas en todas las regiones del mundo.
Por otra parte, para la OMC, las negociaciones de Doha son asimismo un decisivo test respecto del cumplimiento de su propio mandato constitutivo, ya que la ampliación del comercio y el objetivo del crecimiento de la producción aparecen estatutariamente ligados al “óptimo uso de los recursos mundiales en relación el desarrollo sostenible”. Por tanto y en coherencia con dicho mandato, toda negociación comercial debería estar necesariamente precedida por evaluaciones de impacto en todas aquellas cuestiones medioambientales, relativas al empleo, al enfoque de género y demás aspectos sociales, que afectan desarrollo.
Por último, las negociaciones comerciales internacionales deberían abrirse necesariamente hacia procesos de participación social que las legitimen a nivel nacional y, a su vez, la OMC debe establecer un procedimiento específico y escrutable para examinar la repercusión de de sus decisiones en el ámbito social, medioambiental y, en general, sobre el desarrollo sostenible, con el fin de determinar si apoya y promueve sociedades sostenibles.
Partiendo de las anteriores consideraciones y adhiriéndonos a las propuestas de diversas campañas europeas que se movilizan en el Llamamiento Mundial de Acción contra la Pobreza, planteamos las siguientes reivindicaciones:
1. El derecho a proteger la seguridad alimentaria para la producción y el consumo locales Las negociaciones agrícolas de la OMC continúan protegiendo y favoreciendo a los grandes negocios agroindustriales y de cadenas comerciales y supermercados, en detrimento de las explotaciones agrícolas sostenibles, de las necesidades de los colectivos sin tierra, de los/as trabajadores/as agrícolas, de los/as consumidores/as y del medio ambiente, teniendo efectos especialmente adversos para la vida y derechos de las mujeres. Las actuales reglas comerciales, así como las recientes propuestas planteadas amenazan el desarrollo rural, los derechos alimentarios y la capacidad de los gobiernos para protegerlos. Por otra parte, se está haciendo muy poco para frenar el creciente dumping de productos agrarios subvencionados en los mercados mundiales, un proceso que continúa afectando a la bajada de precios y a los escasos ingresos de los productores agrícolas más pobres.
En consecuencia reclamamos que:
• Todos los países que dependen de la agricultura puedan optar por un nivel de protección y apoyo a su producción agrícola sostenible, capaz de hacer frente al dumping comercial y a aquellas importaciones que amenacen sus derechos humanos y sociales, protegiendo la sostenibilidad, subsistencia y formas de vida de sus productores más vulnerables.
• Los países desarrollados fijen un plazo inmediato para eliminar los subsidios a la exportación y cualquier otro tipo de subsidio interno que genere dumping, reorientando las ayudas internas hacia un desarrollo rural sólido y sostenible a nivel local. Estas medidas nunca podrán ser utilizadas como mecanismo de chantaje para forzar la liberalización de las economías en los países en desarrollo.
• Se generalice la adopción de medidas de Trato Especial y Diferencial para los países menos avanzados cuyas economías dependen de productos agrícolas clave.
• La adopción de mecanismos o acuerdos internacionales que sirvan para regular las fluctuaciones del precio y la sobreproducción de productos agrícolas, impidiendo la concentración y oligopolios en las cadenas de distribución.
2. El derecho a decidir sobre productos y bienes “no agrícolas” En las negociaciones que actualmente se denominan de “acceso al mercado no agrícola” (NAMA por sus siglas en inglés), los países en desarrollo están siendo intensamente presionados para que reduzcan sus tarifas arancelarias industriales y estén permanentemente obligados por los acuerdos de la OMC. Ésta no ha sido la práctica de anteriores rondas de comercio, en las que incluso a los países desarrollados que así lo requerían, se les daban facilidades para determinar qué tarifas reducían y en qué cuantía.
Actualmente se reclama de los países en desarrollo “más que una completa reciprocidad” respecto de la reducción de tarifas arancelarias industriales, contraviniendo el mandato de Doha. Una liberalización tan drástica supondría hacer tabla rasa de todo tipo de flexibilidad para las actuales industrias de los países en desarrollo y asimismo limitaría considerablemente cualquier perspectiva futura de apertura hacia nuevos sectores industriales, arrastrando a dichos países hacia un irreversible proceso de desindustrialización. Sus actuales industrias no serían por otra parte capaces de competir con las poderosas y durante mucho tiempo protegidas, empresas industriales del norte. Ello significará el cierre de fábricas, la pérdida de empleo y el aumento del desempleo, así como una creciente presión sobre los estándares aplicables a los derechos laborales, así como la consiguiente pérdida de ingresos públicos para gasto social.
Las negociaciones NAMA pueden asimismo tener serias repercusiones para el medio ambiente y el desarrollo sostenible mundial. El actual borrador de dicho acuerdo, presentado inicialmente en Cancún y reiteradamente rechazado por muchos países en desarrollo, continua sin embargo guiando las actuales negociaciones y, aunque actualmente se esté prestando especial atención a los bosques, la pesca y sus productos pesqueros, los diamantes y minerales, todos los recursos naturales están en la mesa de negociaciones, sujetos a su completa o parcial liberalización.
Por ello reclamamos:
• Rechazar el texto del NAMA incluido el actual enfoque de sus premisas negociadoras.
• Apoyar a los países en desarrollo para que con la necesaria flexibilidad determinen por sí mismos la cuantía, vía y método adecuados para adoptar sus correspondientes compromisos de reducción de tarifas arancelarias.
• Que la UE reconozca y garantice el espacio político de los Gobiernos para proteger y apoyar sus industrias nacionales, asegurando asimismo la gestión sostenible de sus recursos.
• Excluir de la negociación comercial a los sectores que afecten a la gestión de recursos naturales como los bosques, la pesca, el petróleo y el gas, metales y minerales.
3. Defender el derecho a los servicios sociales básicos protegiéndolos de la liberalización y la desregulación Las negociaciones del actual Acuerdo General de Comercio en Servicios de la OMC (AGCS) 1 pretenden liberalizar y desregular todos los servicios sin ninguna excepción. Cuestiones sociales relevantes y muy sensibles desde la perspectiva de género, como la salud, la educación, la seguridad social, el acceso al agua y a la energía, así como los transportes públicos, están todos ellos en la mesa de negociaciones. Dada la tendencia a considerar que las normativas nacionales sean “lo menos restrictivas para el comercio” posible, se corre el riesgo de suprimir o ser ignorada cualquier regulación referida a la provisión de servicios sociales o que haya sido establecida con fines de protección medioambiental.
La UE, presionada por sus grandes empresas de servicios, está liderando la liberalización de los servicios financieros y de infraestructuras especialmente, incluyendo sectores tan sensibles como el agua, la energía, los transportes y las comunicaciones, cruciales tanto para la producción agrícola e industrial como para asegurar la igualdad en las condiciones para garantizar su acceso, como derecho básico para todos. Frente a la importancia de asegurar flexibilidad en las negociaciones en materia de AGCS y el derecho de los países a regular estos servicios básicos, la UE, rompiendo criterios anteriormente defendidos, actualmente está proponiendo que se introduzcan “mecanismos complementarios”, que determinen metas y criterios cuantitativos y cualitativos de liberalización que todos los países deberían alcanzar. Y ello significa imponer un nivel de liberalización que resulta tremendamente perjudicial para los países en desarrollo.
En consecuencia reclamamos que:
• La UE deje de presionar a los países en desarrollo para que liberalicen y desregulen el sector de los servicios, respetando el derecho de sus gobiernos a proteger a su población y medioambiente, con el fin de que dichos países determinen el nivel de sus propias ofertas y compromisos.
• La UE abandone su propuesta de metas y mecanismos complementarios para introducir niveles mínimos obligatorios de liberalización de los servicios.
• Se modifiquen los actuales términos del AGCS, excluyendo los servicios públicos de las negociaciones. La salud, la educación, el sector audiovisual y cultural, la seguridad social, el agua, los servicios postales y de energía, así como las clasificaciones en materia de nuevas tecnologías, deben ser servicios expresamente excluidos de cualquier negociación liberalizadora de carácter multilateral.
• Los acuerdos comerciales internacionales no deben establecer condicionantes en la reglamentación interna de carácter nacional que limiten la posibilidad de los gobiernos en el establecimiento de requisitos de protección respecto de su población o medioambiente, ni que antepongan la supremacía del comercio internacional sobre el desarrollo y bienestar social.
• Las competencias y la estructura de la OMC no autorizan a intervenir en la regulación de los movimientos migratorios –incluyendo, entre ellos, los de carácter temporal, tal y como se prevé en el Modo IV de Comercio en Servicios. En cualquier caso, las ofertas
1 GATS por sus siglas en inglés que incluyan el traslado temporal de trabajadores deberán garantizar el respeto a las normas fundamentales del trabajo y de la legislación laboral nacional.
4. Otras cuestiones específicas sobre el desarrollo Debe tenerse en cuenta que mientras prosigue la defensa de intereses ofensivos de la UE que amenazan a los países en desarrollo, las demandas de estos países están siendo arrinconadas. Las mejoras incorporadas a los acuerdos de la OMC, especialmente las referidas al régimen de “Tratamiento especial y diferenciado” (SDT por sus siglas en inglés) aplicable a una docena de artículos que provienen de los países en desarrollo, son tan importantes como la Ronda de Doha, la revisión de los acuerdos agrícolas, el NAMA o el AGCS. Estos regímenes especiales deben ser asimismo aplicables a la revisión de los Acuerdos sobre Patentes (TRIPS). Como condición necesaria para la aplicación y puesta en marcha de sus correspondientes acuerdos comerciales, los países ricos deberán acordar un sistema de “ tratamiento especial y diferenciado” para los países en desarrollo.
En consecuencia, reclamamos que:
• La prioridad del sistema de tratamiento especial y diferenciado con el fin de integrar los objetivos del desarrollo y las necesidades e intereses de los países pobres.
• Detener el desmantelamiento de la Declaración de Doha que se está produciendo como consecuencia de la inclusión de las denominadas previsiones ‘TRIPS plus’, suspendiendo la aplicación de los correspondientes acuerdos bilaterales y regionales; hasta que se realice la correspondiente auditoría independiente sobre los Acuerdos adoptados en agosto 2003, no podrá enmendarse el actual acuerdo sobre patentes; asimismo se deberá evaluar el impacto de dicho Acuerdo sobre la biodiversidad y el acceso de los medicamentos.
• El artículo XXIV del AGCS debe ser modificado con el fin de garantizar que el régimen de tratamiento especial y diferenciado sea asimismo aplicado en los acuerdos comerciales bilaterales y regionales que se suscriban con los países en desarrollo.
II. POR UNA ACCIÓN TRANSPARENTE, COHERENTE Y PARTICIPATIVA, ANTE LAS NEGOCIACIONES INTERNACIONALES SOBRE COMERCIO
Una opción más decidida por el desarrollo de los países pobres y la sostenibilidad ambiental en el comercio internacional, significa cuestionar los intereses de los países ricos, gobernados en la OMC por la agenda de las grandes empresas. Y ello significa regular y reducir la influencia de las grandes empresas, incrementando la transparencia de las negociaciones mediante la introducción de mecanismos de democracia participativa en los correspondientes procesos de toma de decisión que afectan a las cuestiones comerciales. El cambio en la actual posición comercial europea no debe limitarse únicamente a la OMC, sino que tiene que quedar asimismo reflejada en sus negociaciones bilaterales con los países ACP, de la Cuenca mediterránea o de América Latina y ante los organismos financieros internacionales, incluyendo el principio coherencia con su política de cooperación internacional para el desarrollo. Por ello , de cara a la cumbre de Hong-Kong, las organizaciones de la CONGDE reclamamos en especial a la delegación española, la defensa de una política comercial centrada en tres pilares: coherencia, transparencia y participación
• La posición del Gobierno en relación a las negociaciones de la Cumbre Ministerial de Hong-Kong debe cumplir con lo expuesto en el Plan Director de Cooperación Española en relación al principio de Coherencia de las diferentes políticas con los objetivos marcados para la cooperación española. Ello quiere decir que la posición española ante las negociaciones comerciales deberá tener en cuenta el impacto de las mismas sobre los países en desarrollo, sin que se puedan menoscabar los objetivos indicados al respecto por la Ley de Cooperación.
• De igual manera, la delegación española debe exigir a la Comisión Europea en la fase final de las negociaciones el cumplimiento del citado principio de coherencia, cumpliendo con los tratados de la Unión Europea que así lo establecen en materia de política de Desarrollo.
• Entendemos que la posición y acciones desarrolladas por la delegación española debe ofrecer transparencia al conjunto de la sociedad, a través de una adecuada información sobre las diferentes opciones, la marcha de las negociaciones, la posición española ante las mismas y la explicación de los resultados y su impacto. De la misma manera, la delegación española deberá exigir a la Comisión Europea que negocie con transparencia para con su ciudadanía y opinión pública.
• Por último, la delegación española en Hong-Kong, debe tener en cuenta las opiniones de los diferentes agentes implicados en las negociaciones incluyendo a la sociedad civil, tomando en cuenta sus posiciones y opiniones en lo relativo a los contenidos de las negociaciones, tanto en las sesiones formales como en las rondas de preparación y seguimiento posteriores.
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